Gobierno municipal se contradice; por un lado clausura y, por el otro, “no ve problema”
Autoridades estatales y municipales restringen la instalación de casinos, pero no su ampliación. Mientras Mega Wynn continúa un proceso legal para reabrir, Skampa crece a la vista de todos
Ricardo Meza Godoy
Nuevamente, el casino Mega Wynn en Ensenada fue clausurado temporalmente por el gobierno municipal.
El 15 de diciembre, dos días después de que el XX
Ayuntamiento enviara un comunicado informando que el Juzgado Décimo de
Distrito había dictado el día 12 una resolución en la cual negaba la
suspensión definitiva a la empresa Play Entertainment, S. de R.L. de C.V.,
sellos de clausura fueron colocados por inspectores municipales en las
puertas de ese negocio, ubicado en Avenida Reforma, entre Calle Delante y
San Marcos.
Nuevamente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
asignó una patrulla para montar guardia las 24 horas del día frente a
las instalaciones del casino, vigilando el local que en su interior,
tiene decenas de máquinas tragamonedas.
El gobierno de Enrique Pelayo afirmó lo siguiente: “Para
negar la suspensión definitiva al casino, la juez consideró que con
toda la documentación exhibida por el XX Ayuntamiento, a través de la
Dirección de Catastro y Control Urbano Municipal, se demuestra
ampliamente que la empresa carece de las autorizaciones necesarias para
operar como casino. Tras el resolutivo, la juez concluyó que la empresa Play Entertainment, S. de R. L. de C.V.
viola las leyes de orden público y de interés social, además de que se
demostró que no tienen ninguna autorización necesaria para operar”.
En respuesta a la clausura, en un correo electrónico que
fue circulado a medios locales, y enviado a nombre de dos abogados de
la empresa, Marco Antonio Díaz Durazo y Francisco Javier Álvarez
Padilla, se asegura que los sellos de suspensión violentan los derechos
de la empresa para operar. Dicen, pues, tener los permisos necesarios.
El litigio entre ambas partes se desarrolla en el Juzgado Décimo de Distrito, a través de amparos promovidos por Play Entertainment
contra distintas autoridades del gobierno de Enrique Pelayo Torres; e
involucrando a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos
Públicos, Dirección de Control Urbano y Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.
Dos audiencias constitucionales están programadas en dicho Juzgado, en dos amparos de esta empresa contra el XX Ayuntamiento.
La primera bajo expediente 861/2012, a realizarse el 27
de diciembre de 2012 a las 10:15 am; y la segunda bajo expediente
907/2012, programada para el 17 de enero de 2013 a las 11:00 am.
Mientras el asunto de Mega Wynn se desenvuelve, durante las últimas semanas el casino Skampa,
ubicado en Bulevar Costero y Sanginés, comenzó cambiar su fachada. Este
centro de juegos, que tampoco aparece en el listado de casinos de
Ensenada ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), está siendo ampliado.
Asunto que nunca consideraron los diputados locales,
cuando el 15 de mayo de 2012 y tratando de inhibir la proliferación de
casas de apuestas en Baja California, modificaron la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, restringiendo los permisos de uso de suelo y
construcción de casinos.
La omisión dejó la puerta abierta a los ya instalados y
podrá captar más jugadores, sin competencia nueva. A simple vista, las
modificaciones al edificio de Skampa parecen duplicar su tamaño. La ampliación del establecimiento trascendió a todos los niveles de gobierno.
El alcalde Enrique Pelayo Torres conoció el tema y, el
martes 18 de diciembre, aseguró que ese casino tiene en curso los
permisos ante el gobierno municipal, en la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano. Consideró que ahí no habrá problema, mientras se
encuentre dentro del mismo inmueble.
“Sí existe una restricción en materia de construcción”,
expresó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Francisco Javier Sánchez Corona, en relación a los acuerdos en el
Legislativo estatal.
El 15 de mayo de 2012, el Congreso aprobó mediante el
decreto Número 211, reformar el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, algo que ya fue publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el 25 de mayo.
La modificación al Artículo 4 establece en su segundo
párrafo lo siguiente: “Quedan prohibidos los usos de suelo y de
construcción para casinos, casas, centros, o cualquier establecimiento
que opere juego con apuestas, apuestas remotas, salas de sorteos de
números, mesas de juego, máquinas electrónicas de juego, videojuegos
electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de videojuegos
electrónicos o electromecánicas de habilidad y destreza, juegos de azar y
demás similares. Los planes y programas de desarrollo urbano a que se
refiere el Artículo 24 de esta Ley, deberán establecer la prohibición de
uso de suelo y de construcción para dichos establecimientos”. No
obstante, Skampa está en proceso de construcción.
Sánchez Corona asegura estar en contra de la
proliferación de casinos, y opina que hay contradicciones entre lo que
el gobierno municipal dice y hace. Asimismo, refiere que si el gobierno
de Ensenada está en contra de las casas de apuestas, podría modificar
sus reglamentos y prohibirlos, pero no lo ha hecho.
“Planteamos cobrar más impuestos a casinos y el PRI se
negó, en la discusión del presupuesto en el Congreso, como alternativa
para abatir el déficit que traíamos”, afirmó el diputado.
Aun con una restricción por parte del gobierno local, “el casino podría ampararse”, agregó Sánchez.
Y es que los amparos han sido la principal herramienta
legal utilizada por los casinos para mantenerse en operación en Baja
California. Ejemplo claro es el más reciente caso, Mega Wynn.
El amparo bajo expediente 861/2012 contra la autoridad
municipal fue gestionado ante el Juzgado Décimo de Distrito, días antes
de que comenzara a operar por primera vez.
El casino, propiedad de Homero Alejandro Martínez
García, Rafael Martínez Torres, Mario Salman Palacios, Guillermo Salman
Palacios y Óscar Gilberto Torrero Trujillo, abrió sus puertas el 21 de
noviembre, sin embargo, desde el día 15 del mismo mes había ingresado el
amparo en el Juzgado federal. Así se encuentra en los registros del
Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación.
Fue recibido en la Mesa I.
Por su parte, la empresa Play Entertainment
estimaba de antemano la acción del gobierno local, al especificar en su
amparo estar en contra de la “orden de clausura del giro comercial o
establecimiento ubicado en Avenida Ejército Nacional”, adelantando que
se violaban los artículos constitucionales 5, 4 y 16.
De acuerdo a registros del Poder Judicial, el 20 de
noviembre el Juzgado desahogó el trámite y admitió el amparo,
programando audiencia constitucional para el 27 de diciembre. La
admisión del amparo derivó en la apertura del negocio un día después.
El caso siguió en curso y se programó la suspensión
definitiva el 23 de noviembre, a partir de las 10:20 horas. La acción
fue negada y luego concedida según los registros, y notificada el día 26
del mismo mes. Esto significó que se aceptaba y respaldaba el amparo
por parte del Juzgado.
La actividad en este expediente fue registrándose el 20,
el 23, el 27 y el 29 de noviembre, destacando el nombre de una persona
en la presentación de documentación, Marcela Irene Torrero Peñúñuri.
El 2 de diciembre, el gobierno municipal clausuró el
casino por primera vez. Fue reabierto el 10 de diciembre y nuevamente
cerrado el 15 de diciembre, permaneciendo así al menos hasta el 19 de
este mes.
Díaz Durazo, uno de los abogados de la empresa, aseguró
el miércoles 19 de diciembre seguir con la presentación de documentos
dentro de alguno de los amparos.
Uno de sus objetivos, como lo hicieron ver en el
comunicado que siguió a la última clausura del casino, es avanzar en una
supuesta denuncia penal interpuesta contra quien resulte responsable en
el gobierno municipal por el cierre.
