A 272 días de haber asumido el cargo como presidente nacional del
PRI, Humberto Moreira anunció su dimisión ayer, con el telón de fondo de los
señalamientos públicos por irregularidades y manejos dudosos de los recursos
durante su paso por el gobierno de Coahuila, por el crecimiento exorbitante de
la deuda pública de esa entidad y por la presunta falsificación de documentos
oficiales.
El precedente ineludible de esa dimisión es lo dicho por el precandidato del
PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quien la víspera sostuvo que
el priísmo está a la espera y atento a las definiciones personales que él asuma, y advirtió que los señalamientos en contra del ex mandatario coahuilense
le han generado desgaste como presidente nacional del partido.
Así, la renuncia de Moreira no puede interpretarse sino como una
operación de control de daños: de hecho, los cuestionamientos a la probidad del
hasta ayer dirigente partidista han empezado a afectar la imagen del ex
gobernador del estado de México –si se atiende a la caída en las preferencias
que le atribuyen varias encuestas a raíz del llamado moreirazo– y es
previsible una intensificación de ese daño, sobre todo si el golpeteo contra el
primero llega a traspasar la línea entre lo político y lo legal.
Por otra parte, más allá de lo que Moreira haga o deje de hacer para defender
su posición, la conducta del priísmo en las horas posteriores a su renuncia da
cabal cuenta de un ambiente enrarecido y de virtuales reacomodos políticos
dentro del tricolor.
A raíz de la dimisión de Moreira, e incluso antes
de que ésta se hiciera oficial, se realizaron pronunciamientos a favor de los
senadores priístas Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell, como
candidatos para relevar al ex mandatario coahuilense.
Asimismo, durante varias
horas cundió la percepción pública de que la cúpula priísta buscaba hacer un
nombramiento fast track del nuevo dirigente, como ocurrió a finales de
2005, cuando César Augusto Santiago sustituyó por unos minutos a Roberto Madrazo
sólo para que se nombrara, en ese mismo día, a Mariano Palacios Alcocer como
nuevo líder del partido.
Posteriormente, se anunció que la presidencia priísta sería asumida en forma
interina por Cristina Díaz, la ex secretaria general, y que el nombramiento del
nuevo dirigente tendría lugar el próximo 8 de diciembre. Más tarde, sin embargo,
en los corrillos del priísmo cobró fuerza la versión de que Pedro Joaquín
Coldwell será el elegido.
Con independencia de que esto se confirme o no el próximo jueves, la
incertidumbre que imperó es indicativa de pugnas por el control de la estructura
política del partido.
En fechas recientes, esas fricciones se han expresado con
la renuncia del propio Beltrones a continuar en la contienda por la candidatura
presidencial del tricolor por inconformidades de su parte ante la
convocatoria correspondiente –a la sazón redactada por el propio Joaquín
Coldwell, en su condición de presidente de la Comisión de Procesos Internos–,
así como con sus cuestionamientos a la política de coaliciones establecida con
los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza.
Adicionalmente, es inevitable
sospechar que la determinación de no dar la dirigencia nacional del PRI a
Beltrones está relacionada en alguna medida con la animadversión personal que
existe entre la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el
líder de la bancada priísta en el Senado, y con la creciente capacidad de veto
que la segunda ha adquirido dentro del tricolor en fechas recientes, a
raíz de su acercamiento político con Peña Nieto y pese a no pertenecer
formalmente a la estructura de ese partido.
Ciertamente, el eventual nombramiento de Joaquín Coldwell puede ser
interpretado –como hicieron ayer diversos analistas– como gesto de distensión
hacia el Senado y el legislador sonorense.
Pero también es posible que sea
indicativo de lo contrario: un realineamiento, dentro del partido, entre los
intereses de su único precandidato y las fuerzas gordillistas que hace seis años
salieron defenestradas del PRI; una victoria parcial de éstas en la
confrontación política con la corriente que representa Beltrones, y un pago a
los buenos oficios prestados por el ex gobernador de Quintana Roo a operadores
políticos de Peña Nieto que, como ocurre con el ex mandatario hidalguense Miguel
Ángel Osorio Chong, tienen una gran influencia en la estrategia política y
electoral del partido.
En días y meses próximos podrán confirmarse o descartarse
estas posibilidades.
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