Por una razón inexplicable,
Andrés Manuel López Obrador sigue cosechando enemigos antes de que asuma la
Presidencia. El tiempo de construir lo ha dedicado en buena media a destruir,
al pelear con diferentes sectores. Internamente la emprendió contra las Fuerzas
Armadas y contra la burocracia, a los que acusó de violadores de los derechos
humanos, corruptos y llenos de privilegios. Hacia fuera, se ha confrontado
notoriamente con empresarios y medios de comunicación. No son todos, pero esta
muestra permite ver hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr lo que
denomina la Cuarta Transformación. No tiene tiempo que perder, y a 40 días de
asumir el poder está clara la ruptura.
Las reacciones por los
agravios han surgido de diferente manera. Hacia el interior de la
administración pública, el ejemplo más sobresaliente es la burocracia, que no
ha chocado con él; simplemente, lo está abandonando. Cerca de mil funcionarios
han solicitado su jubilación anticipada o piensan renunciar, que es una acción
colectiva, no consensuada, que López Obrador ha desestimado. Hacia fuera de lo
que será su gobierno, agentes económicos y sociales están observando el
reordenamiento del régimen que quiere edificar, para ir encontrando su nuevo
rol.
Al no ser aún presidente
constitucional, la ruta la señala el legislativo, donde las mayorías de Morena
en el Congreso y el Senado avasallan a la oposición para apurar los cambios
legales que necesita la Cuarta Transformación. El Poder Legislativo, uno de los
tres pilares del Estado Mexicano, está sometido al presidente electo, quien los
tiene subordinados, convertidos en obreros de la fábrica de leyes donde
trabajan como autómatas parlamentarios. No hay espacio para la discusión ni
para el cuestionamiento en las cámaras. El aplastamiento a las minorías se da
con sevicia política. La urgencia por servir al jefe político de una forma
acrítica, peligrosamente, ha eliminado al Poder Legislativo como uno de sus
pesos y contrapesos.
Elizur Arteaga, amigo de
López Obrador y uno de los más brillantes constitucionalistas que ha dado este
país en los últimos 50 años, escribió en septiembre en Proceso: “Morena ha
asumido parcialmente el poder; lo ha hecho durante unos días. A pesar de ello,
ya tuvo salidas en falso; ha violado la Constitución Política, las leyes, los
reglamentos y las prácticas parlamentarias… Morena pretende aglutinar a hombres
libres y dignos. Nos comprometimos a realizar un cambio verdadero, y este
únicamente se puede alcanzar dentro de la ley”. La descripción de los primeros
días legislativos de Morena realizada por el maestro Arteaga y su crítica
legalista, no tuvo mella alguna. En las cámaras abandonaron el papel de
contrapeso del Ejecutivo y está hincada ante López Obrador.
Ahí, en el intento de
conculcar la Constitución, es donde está la resistencia de fondo más abierta.
El Poder Judicial, otro de los tres pilares del Estado, escogió una ruta
diferente a la de muchos actualmente: confrontar al presidente electo. Dentro
del Poder Judicial están decididos a enfrentar el proceso de
desinstitucionalización implícito en la Cuarta Transformación, y oponerse al
proceso de destrucción de las instituciones como las conocemos. Si acaso a
alguien se le olvida, el cambio en el proyecto de López Obrador no es el
reemplazo de cuadros únicamente, sino la transformación de instituciones, que
no sean autónomas –de ahí los ataques al INE, al Tribunal Electoral, al Banco
de México, o al INAI-, o que no estén bajo su control, como lo esfuerzos por
acotar y transformar al Poder Judicial.
El ataque al Poder Judicial
comenzó con la presión para que reduzcan sus salarios, bajo el discurso de la
austeridad republicana, que no sólo viola la ley al vulnerar su autonomía, sino
afecta su funcionamiento. Siguió con una serie de iniciativas de Morena para
que el legislativo sea quien fije los plazos de las asignaciones de los jueces
y magistrados, y no el Consejo de la Judicatura. En la cocina del presidente
electo se encuentra también la desaparición de la Suprema Corte por un Tribunal
Constitucional.
Los jueces y magistrados
están en desacuerdo. Colectivamente están analizando estrategias para defender la independencia
judicial. La separación de poderes no es algo nimio, ni su defensa algo que
deba ser liquidado por lo pericos del presidente electo en las redes sociales.
La separación de poderes surge de siglos de desarrollo político y filosófico, y
tiene en Aristóteles, con su tratado Política, a su padre. La independencia del
Poder Judicial es uno de los principios más importantes del Estado de Derecho
y, en palabras de James Madison cuando se escribía la Constitución de Estados
Unidos, busca protección de la “tiranía de la mayoría” al formar parte de un
diseño de gobierno balanceado, con tres ramas iguales pero separadas, el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Desaparecido o disminuido el
Legislativo como poder, el Judicial llevará su defensa al Instituto
Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, cuyo presidente
Víctor Rodríguez Rescia, quien actualmente también preside el Centro Civiles y
Políticos en Ginebra, ya sostuvo su primer encuentro con jueces y magistrados
mexicanos para tomar el asunto. Es decir, la estrategia es internacional.
Llevarán el caso a tribunales extranjeros, donde lo que está sucediendo en
México no pasará desapercibido, porque el alegato de cómo se está afectando la
independencia y autonomía del Poder Judicial, es persuasivo.
Si López Obrador no comprende
o no quiere ver el daño que le está empezando a hacer a su Presidencia antes de
entrar en funciones, su equipo tiene que hacérselo notar. Debe corregir para
evitar que lo vean y traten en el mundo como un político empeñado en destruir
el funcionamiento de una democracia para convertirse en autócrata.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/23 DE OCTUBRE DE 2018)
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