Es absolutamente irrelevante
el resultado final sobre la consulta ciudadana que resolvió, en primera
instancia, en dónde se levantará el nuevo aeropuerto internacional de México.
De principio a fin, era una ruta que tenía sólo dos pistas de aterrizaje. Si
era Santa Lucía, era la consecuencia directa de la promesa de campaña de Andrés
Manuel López Obrador y a donde se había inclinado todo su próximo equipo de
gobierno. Si era Texcoco, entonces era la coartada perfecta para que el
presidente electo, que dijo que respetaría la voluntad popular, decidiera sobre
lo que él ha definido como “el pueblo sabio”.
La consulta fue cuestionada
desde un principio como ilegal. Sin embargo, no se puede ubicar en el marco de
la legalidad cuando es organizada por quien no representa nada, ni está en
funciones de gobierno o de nada, ni tampoco utilizó recursos públicos. Un
partido (Morena), organizó una consulta con coperachas(un millón y medio
aportados por sus legisladores), para darle cuerpo a los deseos de su jefe
político que lo único que había dejado claro era su falta de compromiso con una
decisión que, como presidente electo, políticamente tenía que asumir: construir
o cancelar la obra en Texcoco.
Ciento sesenta y nueve
salarios mínimos y mucho circo es lo que barnizó la puerta de salida. La
consulta estuvo llena de irregularidades, para efectos de legitimidad del
ejercicio. El 70% de las urnas colocadas se hizo en municipios con una gran
presencia de Morena. El mismo porcentaje de la gente que votó, se calcula,
nunca se han subido a un avión, mucho menos tiene experiencia con aeropuertos.
Pero al mismo tiempo, no se instaló ninguna urna en Las Lomas, Polanco o Santa
Fe, en la Ciudad de México, donde se vende el 59% del boletaje de avión. No
hubo seguridad para evitar fraudes, por lo que la gente pudo votar de manera
múltiple, ni se cuidaron los datos personales (que es un delito). Fue, se puede
argumentar, un montaje para que López Obrador pudiera manejar el conflicto que
él mismo construyó con su discurso determinista desde la campaña presidencial.
Un millón de personas
aproximadamente, de 130 millones de mexicanos, fueron incentivados para decidir
el futuro de una obra de casi 300 mil millones de pesos. Incurría la consulta
en una abominable falta de representatividad, que durante la semana había
levantado objeciones. Estudios, impactos y riesgos se pusieron sobre la mesa, y
López Obrador insistía que sería la voluntad del pueblo la que regiría sus
acciones. Daba igual que ganara Santa Lucía o Texcoco porque cualquier
resultado tenía el mismo origen, el andamiaje propagandístico para que López
Obrador, como Poncio Pilatos, se lavara las manos y fijara en la gente, mucha
de la cual que participó ni tenían idea de lo que estaban votando, la coartada
para su decisión.
La decisión sobre dónde
quedará el nuevo aeropuerto, relevante en términos económicos, de conectividad
y de confianza entre inversionistas, no lo era para el próximo gobierno en
términos de lo que desnudó la consulta ciudadana: cómo va a gobernar López
Obrador. No asumir la responsabilidad es una irresponsabilidad. Si bien la
consulta no tenía ningún valor legal, el haberla hecho vinculante modificó el
ecosistema político. Un presidente no delega las responsabilidades para las
cuales fue electo, las asume y paga sus consecuencias.
Para eso fue electo
presidente por la vía las urnas, donde una mayoría abrumadora de mexicanos le
entregó con su voto, el mandato para tomar decisiones colectivas en nombre de
ellos. No le dio ese mandato para que en los temas espinosos le devolviera la
decisión a los ciudadanos. Una cosa es, como dice López Obrador, escuchar lo
que piensa la gente, y otra es gobernar a partir de sus deseos. Hay decisiones
difíciles que se tienen que tomar, aún a sabiendas que no son populares, y
demostrar con los resultados los porqués de esas decisiones.
Querer gobernar con base en
lo que quiere la gente es tramposo, sobre todo cuando es discrecional. ¿Por qué
no hubo consulta ciudadana sobre el Tren Maya? ¿Por qué no organiza una
consulta para que votemos si queremos seguir pagando impuestos? Ahí no. En el
primer caso ejerció el mandato que le dio la gente en las urnas, y en el
segundo sería un disparate que llevaría a cualquier gobierno al suicidio.
Hablar de democracia participativa cuando huele más a una incipiente democracia
tutelada, es un recurso que esconde la motivación real de la consulta ciudadana
del fin de semana, que fue exclusivamente política.
El método para su toma de
decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, es lo que preocupa a los
analistas. Su declaración el viernes que vayamos acostumbrándonos, porque las
consultas ciudadanas marcarán su gobierno, los debe haber alterado mucho más.
Pero no adelantemos vísperas. López Obrador ha mostrado con el paso de los años
que aplica, quizás empíricamente, los siete pasos clásicos para tomar
decisiones: identificar que tiene que hacerla, tener la mejor información
posible, identificar las alternativas, sopesar la evidencia sobre cada una,
escoger entre las alternativas, tomar acción, y revisar la decisión y sus
consecuencias.
Siempre controló el proceso,
que siempre fue político. La consulta ciudadana es como el plantón en Reforma
en 2006 o las marchas de Tabasco a la Ciudad de México en los 90s, que le
sirvieron para abrir válvulas de escape social sin ser desbordado. Es lo que
hizo con la consulta ciudadana, encauzar para no ser rebasado. Lo que todavía
no vemos, pero se irá desvelando en los próximos días, es cómo reconstruye los
puentes que quedaron dinamitados, y si puede hacerlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/29 DE OCTUBRE DE 2018)
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