Alrededor de 200 solicitudes de juicio
político ha recibido el Poder Legislativo en dos años, la mayoría cuenta con
“pre-dictamen”, pero permanecen “congelados” en la Presidencia del Congreso del
Estado. A dicho del diputado Bernardo Padilla, se trabaja intensamente en el tema,
pero el “mayoriteo” panista es el que toma las decisiones. Mientras tanto, los
abogados Juan Manuel Molina y Hernán Cortez contraponen opiniones sobre la
utilidad de esta figura que no ha ofrecido resultados desde 2001, cuando nueve magistrados
fueron destituidos y reinstalados cuatro
años después, con costos millonarios
La última vez que una
solicitud de juicio político generó una destitución, no tenía ni un año de
gobierno el Presidente Vicente Fox Quesada. Las cosas eran muy distintas aquel
2001, cuando los magistrados Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, Jesús
Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Óscar Valenzuela Ávila, Marco Antonio
Jiménez Carrillo, Víctor Vázquez Fernández, Emilio Castellanos y Sergio
Peñuelas Romo, fueron destituidos por cuestiones meramente políticas.
Después de cuatro años de
juicio lograron su reinstalación por decisión de un juez federal, quien avaló
el pago de salarios caídos por aproximadamente 45 millones de pesos, lo cual
resultó un verdadero desastre que cubrió la ciudadanía.
A 17 años del penoso
episodio, la figura que pretende sancionar a los servidores públicos corruptos,
omisos o abusivos, sólo ha sido utilizada con fines partidistas, sobre todo
cuando se trata de amenazar o intimidar a un grupo contrario.
Según el diputado Bernardo
Padilla, presidente de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional,
durante la XXII Legislatura se han recibido alrededor de 200 solicitudes de
juicio político contra diversos servidores públicos, entre diputados,
magistrados, alcaldes, ex ediles; pero terminan en la “congeladora”, pues la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) no da fecha para tratarlos en pleno.
Para los abogados Juan Manuel
Molina y Hernán Cortez, es necesario sacar a los políticos de los temas
relacionados con el combate a la corrupción, o por lo menos instalar candados
que impidan que negociaciones entre partidos permitan impunidad, sobre todo en
una sociedad que -aseguran- ya está cansada de los malos manejos del dinero
público.
LA MAYORÍA SON POR LA LEY DEL AGUA
Más de 200 juicios, la
mayoría de ellos contra diputados de la actual Legislatura, permanecen
“congelados” porque la Jucopo no ha ofrecido agenda para dictaminarlos, lo que
ha generado un rezago importante que poco parece importar a la presidencia del
Poder Legislativo.
El diputado priista y
presidente de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, Bernardo
Padilla, comentó que se ha trabajado de forma importante en este tema y que en
próximas semanas se llevará a cabo una reunión con legisladores para definir
“en bloque” un paquete de solicitudes.
La mayoría de esas denuncias
fueron interpuestas en los primeros meses de 2017 y tienen como objetivo la
destitución de varios diputados que aprobaron la polémica Ley del Agua,
propuesta por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y que fue abrogada
gracias a la intensa presión social ejercida desde diversos sectores
inconformes. Cabe recordar que estos movimientos dieron origen a los colectivos
de “Resistencia”.
Padilla aseveró que tales
querellas fueron ejercidas por diversos colectivos y a raíz de ellas se
emitieron pre-dictámenes ante la presidencia del Legislativo, donde fueron
“congeladas”.
“Se presentaron más de 200
denuncias de juicios políticos por la Ley del Agua, de las dos funciones que
tenemos respecto al tema jurisdiccional, todos esos juicios ya resolvimos,
sesionamos hace meses, se enviaron a presidencia, pero no los han subido”.
Cuestionado sobre los motivos
que se tienen para impedir su avance, comentó que ello ya no es su
responsabilidad, pues él no pertenece a la Jucopo, pero siempre tiene que ver
el mayoriteo panista.
“Te la pongo de otra forma:
Marco Corona y nosotros, Luis Moreno, hemos presentado iniciativas en los
procesos y siempre hemos sido mayoriteados como este tema. Ojalá hubiera una
agenda real del Poder Legislativo y no la de terceros”.
ZETA buscó reacciones de dos
diputados panistas de la comisión, como Andrés de la Rosa y Victoria Bentley
Duarte, además de Luis Moreno, pero al cierre de esta edición, no atendieron la
solicitud, argumentando cuestiones de trabajo.
PRIORITARIO, JUICIO CONTRA VÁSQUEZ
Aunque son la mayoría,
existen otros juicios pendientes de resolver que se encuentran en etapa de integración.
Sin embargo, Bernardo Padilla reconoce que existe uno que sobresale entre los
demás.
El 8 de octubre, el abogado
Elías Flores Gallegos solicitó investigar al magistrado Jorge Armando Vásquez,
por el supuesto desfalco de casi 3 millones de pesos por equipamiento que-
según el litigante- nunca fue entregado.
La empresa Sinergia
Estratégica del Golfo. SA de CV, establecida en Ciudad de México, debía
entregar el equipo para habilitar las salas de los Juzgados mercantiles en
Mexicali, gracias a un recurso obtenido a través de la Secretaría de Economía.
Flores Gallegos entregó un
contrato y documentos relacionados con la adjudicación directa que -a su
juicio- se hizo de manera ilegal, por lo que pidió se le destituyera del cargo
e iniciara un proceso judicial en su contra.
Padilla no proporcionó muchos
detalles, pero afirmó, existe información importante y delicada sobre este
caso.
“En el del magistrado
Vásquez, sí nos acreditaron información, contrario a los otros juicios donde
pedimos información, mañana (jueves) tenemos reunión con los denunciantes que
son con abogados de Mexicali; estaremos recibiendo más información porque es un
tema que realmente preocupa”, sentenció el legislador.
No es la primera vez que
Vásquez es señalado por abogados. En 2016, un grupo de abogados encabezados por
Hernán Cortez, presentaron la solicitud
para combatir el intento de imponer un reglamento para el haber de
retiro que a todas luces fue excesivo.
En entrevista, Cortez afirmó
que la denuncia presentada en febrero iba dirigida a cuatro consejeros de la
Judicatura, entre ellos el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, el juez
Raúl Luis Martínez y Salvador Juan Ortiz Morales, este último, actual
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Meses después, el Congreso lo
consideró procedente y, a días de llevar a cabo la sesión donde pretendían
destituirlos, el Poder Judicial dio marcha atrás al reglamento, por lo que
diputados deciden no ejercer acción contra ellos.
Según Cortez, los acuerdos
partidistas impidieron que el procedimiento continuara, pues aunque se logró el
objetivo de origen -eliminar el reglamento-, la acción dolosa nunca fue
sancionada.
Por ello, los temas contra
relacionados con el mal actuar de los funcionarios y servidores públicos, deben
alejarse de las manos de los partidos e incluso el abogado pidió una mayor
participación de la sociedad, de los colegios y agrupaciones, en el
nombramiento de puestos clave en el gobierno.
MÁS JUICIOS PENDIENTES
Existen otras solicitudes
“congeladas” por otras cuestiones, como la falta de información entregada por
parte de alguna autoridad o los mismos denunciantes, por lo que no se ha podido
avanzar en diversos temas.
Como ejemplo se cuenta con
las denuncias contra César Moreno, pues Sindicatura Municipal no ha entregado
cierta información que el Congreso solicitó para robustecer la investigación en
su contra.
También una denuncia contra
Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, en la que pidieron información a la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
pero el Ministerio Público no lo ha realizado.
De igual manera la presentada
por el Ayuntamiento de Tijuana contra Flora Arguilés Robert, magistrada
administrativa que dio un fallo en favor de la empresa Taxis Amarillos, en un
juicio emprendido durante esta administración y que podría quedar sin efecto,
al existir otro proceso judicial.
Incluso afirmó que hay
vigencia en una denuncia interpuesta contra el ex alcalde Jorge Astiazarán
Orci, en la que se solicitó documentación a Sindicatura Municipal, pero tampoco
se ha entregado.
Bernardo Padilla indicó que
dichas acusaciones no están prescritas y podrá fincarse responsabilidad cuando
presidencia decida analizarlas en pleno.
ES UNA
FIGURA INÚTIL: MOLINA
Más agresivo sobre el tema
fue el ex diputado Juan Manuel Molina, quien opinó, mecanismos como el juicio
político y la declaratoria de procedencia, son herramientas que no sirven de
nada, pues se prestan para negociaciones políticas en las que logra prevalecer
la impunidad.
Molina fue uno de los
legisladores que empujó las sanciones contra magistrados por el tema del haber
de retiro, pero aseguró que cuando fue momento de tratarlo en la Jucopo, última
instancia para llevarlo a pleno, legisladores de los partidos Acción Nacional y
del Revolucionario Institucional, decidieron bajarlo, argumentando que no
habría sanción porque se dio marcha atrás al reglamento.
Uno de los mecanismos que
intentó plantear para volverlos más eficientes fue reformar la Ley para que
requirieran sólo el 33 por ciento de los votos para iniciarse una
investigación, lo que permitiría a las minorías denunciar irregularidades.
Otro punto a modificar es la
prescripción de uno a cinco años al salir de la administración, pues considera
que muchas veces las irregularidades no se descubren hasta mucho tiempo
después, además, evitaría que el servidor público sea protegido por su sucesor
inmediato.
Ejemplo de ello es el caso
del ex presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, quien provocó
un terrible desfalco a las arcas del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja
California (Issstecali), pero como la XX Legislatura no llevó a cabo las
diligencias correspondientes, cuando la XXI tomó protesta, el delito o
acusación ya había prescrito.
“No es que no quisiéramos
sancionarlo, es que ya había pasado el tiempo”, subrayó Molina, quien agregó,
fue la propia Victoria Bentley la que interpuso las denuncias correspondientes,
cuando el Issstecali debió hacerlo, por lo que considera, hubo una negociación
entre PRI y PAN para absolver al también empresario mexicalense.
Por su parte, Hernán Cortez
aseveró que debe hacerse a un lado el compadrazgo y las intenciones políticas o
partidistas, sobre todo en instancias encargadas de combatir la corrupción e
impunidad.
En su opinión, no se
necesitan fiscalías extra o sistemas “independientes”, sino reforzar las leyes
y a los cuerpos policíacos o investigadores, además de brindarles una libertad
para trabajar conforme al marco jurídico.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO
/LUNES, 29 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)
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