Al arrancar su gira de
agradecimiento en Nayarit a mediados de septiembre, el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, dijo que por la difícil situación económica y
social por la que atravesaba el país, “posiblemente” no podría cumplir con
todas las promesas que hizo en campaña, a las cuales les invertiría “hasta
donde nos alcance el presupuesto”. Aquella afirmación se modificó. El viernes
dijo que todo lo prometido será cumplido, sin sorpresas presupuestales. Los
expertos no saben cómo va a acomodar López Obrador sus promesas con lo
constreñido del presupuesto, pero esperarán a que presente su paquete económico
para 2019, para ver los acomodos logra hacer.
Un borrador del presupuesto
al que se tuvo acceso, muestra en dónde aparecerá una sorpresa, no en términos
presupuestales sino cómo, dentro de los acomodos empieza a construir un régimen
de muy largo plazo. Al cruzar los egresos con los planes de la Cuarta
Transformación, se puede apreciar que su base social recibirá recursos directos
como nunca antes habían tenido, supervisados y controlados por 32 comisarios
políticos en cada entidad y 16 representantes en cada alcaldía en la Ciudad de
México, con lo cual podrá ir edificando una maquinaria política-electoral como
no se ha visto en décadas—quizás nunca antes bajo el régimen político que
estará vigente hasta el 30 de noviembre.
De acuerdo con el borrador
del presupuesto, tendrá 12 programas sociales bandera, algunos ampliamente
conocidos como el programa de la pensión aumentada para los adultos mayores y
el programa de empleo para jóvenes, pero también agrícolas, forestales y
educativos, que incluirá la construcción de cien universidades en las zonas
marginadas del país, así como otros de empleo de mano de obra intensiva, para
la construcción del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para la
que tiene presupuestado 50 mil millones de pesos.
Los programas sociales
recibirán de 300 mil a 324 mil millones de pesos anuales, entre 25 y 27 mil
millones cada mes, según el borrador del presupuesto, con lo cual casi
incrementará en 400% el presupuesto anual de Prospera, el principal programa
social del gobierno federal, que asciende a 82 mil millones de pesos. El dinero
que entregará López Obrador será mediante transferencias electrónicas, lo que hará
impoluto ese programa social en términos de política pública, pero sobre todo,
será un recurso que al no tener intermediario alguno, como es Prospera y los
programas sociales que lo precedieron, no habrá ningún desvío.
Cada peso que salga del
presupuesto, llegará íntegro a cada beneficiario del padrón que será controlado
y supervisado por los comisarios del gobierno federal, manejados desde Palacio
Nacional por Gabriel García Hernández, quien será el coordinador general de
Programas de Desarrollo. García Hernández, senador de Morena, fue secretario de
Organización de ese partido –uno de los tres que integraban la nomenklatura al
servicio de López Obrador-, responsable de haber creado, junto con los hijos
del presidente electo, 60 mil comités territoriales y seccionales que operaron
durante la campaña presidencial.
García Hernández, quien
también fue el apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente,
mediante la cual se recaudaron fondos para la campaña presidencial de López
Obrador en 2006, será responsable también de 300 coordinadores regionales, que
trabajarán en los 300 distritos electorales en los que está dividido el país.
Es decir, a través de él, López Obrador tendrá el control directo de una
estructura político-electoral, que utilizará los recursos de los programas
sociales para construir lealtades y dependencias a largo plazo para él y para
su proyecto.
Lo más cercano que se
recuerde de este tipo de división del país en capas, bajo el control del
Ejecutivo, fue el Programa Nacional de Solidaridad, implementado por el
gobierno del presidente Carlos Salinas a través de comités de Solidaridad con
un delegado en cada entidad, mediante el cual se administraban los programas
sociales, sin que el recurso pasara por el gobernador. Ese modelo rompió con el
clientelismo manejado por el gobernador en turno, que creaba lealtades y
dependencias para él, y el corporativismo, al perder poder los sindicatos poder
porque no pudieron disponer de recursos para poder seguirlos manejando
discrecionalmente para premios y castigos.
Aquello fue el principio del
fin del PRI como maquinaria electoral, que después de las elecciones
intermedias de 1991, donde arrasó, tuvo su último jalón en las elecciones
presidenciales de 1994, celebradas en medio del miedo tras el asesinato del
candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, antes de empezar su declive
irreversible como partido dominante. El modelo de López Obrador es más
ambicioso que el diseñado por Salinas, porque además de controlar los programas
sociales en el Ejecutivo, construirá a través de ellos la maquinaria
político-electoral transexenal que su antecesor no se atrevió a concretar hace
27 años.
El presupuesto incorpora la
otra parte de la pinza para ese control: la reducción de los dineros para los
partidos políticos. Al deshidratarlos bajo el argumento de la austeridad
republicana, los dejará sin dinero para operar, e incluso, para cubrir sus
gastos diarios de administración. Los partidos de oposición, disminuidos en el
voto y acotados por la disminución de las participaciones presupuestales, se
convertirán en figuras testimoniales en el Congreso y el Senado, impotentes e
incapaces de evitar el surgimiento de un gigante llamado Morena.
El presupuesto no ha sido
terminado de afinar, como reconoció López Obrador, y está revisando los gastos
de operación y subsidios para que existan los recursos necesarios para sus 12
programas bandera, cabezas de playa para un modelo de país que atienda
discrecionalmente a las generaciones venideras que apuntalen su proyecto de muy
largo plazo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/5 DE NOVIEMBRE DE 2018)
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