El escenario en la casa de la
transición del presidente electo no podría haber sido más explícito. Andrés
Manuel López Obrador escoltado a su izquierda por el futuro secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y a su derecha por su
próximo jefe de Oficina, Alfonso Romo, y por su amigo y asesor, José María
Riobóo. Romo, que dio garantías al sector privado y los inversionistas de que
la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco se mantendría, convertido en rehén de
la realidad política de la Cuarta Transformación. Riobóo, quien convenció a
López Obrador que Texcoco no era el camino sino una nueva terminal en Santa
Lucía y subordinó a sus deseos a Jiménez Espriú, era el gran ganador. Si no
pudo ganar una licitación en Texcoco, nadie haría negocio en ese lugar. Romo
fue perdedor, pero el que más sufrirá la derrota en el mediano plazo, fue quien
no estuvo siquiera invitado a la fiesta: Carlos Urzúa, próximo secretario de
Hacienda.
Urzúa había analizado el
modelo de negocios y el financiamiento de la obra en Texcoco y le había
explicado al presidente electo que sería un buen negocio para el próximo
gobierno. Parecía haberlo convencido, pero fue una ilusión. Romo pensaba lo
mismo, y comprometió su palabra con quienes veían con preocupación la
cancelación del proyecto. El resultado de la consulta de Morena para validar lo
que López Obrador había prometido en la campaña, cancelar esa obra “faraónica”,
rubricó su derrota ante el sector duro -o interesado, como en el caso de
Riobóo- del equipo del presidente electo, y envió un mensaje a los
inversionistas: los próximos funcionarios más amigables a inversionistas y
empresarios, carecen de poder real sobre López Obrador. Que ni siquiera hubiera
invitado a Urzúa al anuncio de su postura sobre la consulta, tratándose de un
tema profundamente financiero, confirmó el poco respeto que tiene de su carta hacendaria.
El próximo secretario de
Hacienda tendrá que lidiar con la decisión sobre el futuro de Texcoco,
entregada por López Obrador a 748 mil personas, ubicadas en las zonas donde
obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. No había forma de
perder la consulta, diseñada para que a través de una urna, se sustituyera la
mano alzada de la asamblea en la plaza pública. Urzúa tendrá que resolver cómo
pagar las multas por la cancelación de contratos, neutralizar la caída de casi
20 centavos de dólar en los bonos comprometidos en Texcoco, y cerrar la
operación financiera del próximamente cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional
de México. De acuerdo con un reporte del periódico The Wall Street Journal, los
tenedores de seis mil millones de dólares de bonos que fueron adquiridos sobre
el proyecto de Texcoco, podrían demandar su pago inmediato.
El problema para Urzúa, sobre
todo, será convencer a los inversionistas de que el asambleísmo para decidir
políticas públicas de gran envergadura, como lo hizo López Obrador, no debe
inquietarlos. El nerviosismo registrado en el mercado de divisas, aunque más
efímero que duradero porque no hay depreciación por un problema estructural de
la macroeconomía, refleja sin embargo la manera como reaccionan los mercados
ante la percepción de las señales que no les gustan. Pocas horas después de
anunciarse el resultado de la consulta, UBS, el banco de inversión suizo, envió
un informe a sus clientes, donde señaló:
“El mercado reaccionará
probablemente en forma negativa, ya que esta decisión desafía el Estado de
Derecho en México. El sentimiento del mercado sigue arrastrando los efectos de
la perspectiva negativa de Pemex y la posibilidad de que las agencias
calificadoras revisen el rating de la deuda soberana. Dada la alta sensibilidad
a la aversión de riesgo de los inversionistas, el peso y el mercado de renta
variable podrían estar bajo presión durante los próximos días. Nuestra
perspectiva para México sigue cautelosa. Vemos el potencial de un referéndum
público como una vía válida para que constitucionalmente se refuercen cambios
en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de
seis años. El uso de las reservas en el Banco de México podrían ser sujetas
también a la elección de la gente”.
El primer análisis de una
institución financiera internacional es ominoso para un gobierno que aún no
tiene su primer día como gobierno legalmente instituido. Pero reconoce la
fuerza de López Obrador para que, como presidente electo, sin ninguna
atribución legal, pueda cancelar una obra que se encuentra con un avance de 30%
y tirar a la basura una inversión de 300 mil millones de pesos, por una obra
que no existe siquiera como proyecto ejecutivo. La preocupación es que escudado
en la legitimidad de 30 millones de votos que le dieron la Presidencia, podría
torcer los instrumentos democráticos que le dieron la victoria en las urnas
para instaurar un régimen que le de la vuelta a la Constitución.
No lo dice UBS, pero en las
analogías no escritas se encuentra lo que sucedió con Hugo Chávez y Nicolás
Maduro en Venezuela, donde utilizando los recursos de la democracia,
subrepticiamente la trastocaron, como también sucedió con Evo Morales en
Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. La interpretación que hicieron los suizos
por la forma como organizó la consulta y avaló con ella su promesa de campaña,
fortaleció los temores detonados por el cambio de ley en Tabasco para que pueda
hacer obras públicas sin necesidad de licitarlas, y la iniciativa para acabar
con los órganos autónomos reguladores creados por la Reforma Energética, como
el principio de un régimen autoritario.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 30 DE OCTUBRE DE 2018)
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