El candidato a senador por Morena expone
en una carta su explicación a la compra de un inmueble en Sonora, luego de que
El Financiero publicara que la adquisición habría sido hecha a un hijo de Amado
Carrillo
A continuación el texto íntegro del político:
La operación a la que hace
referencia El Financiero en su nota de hoy fue realizada ante notario público,
con recursos de procedencia legítima, mediante cheque certificado a nombre del
señor Gabriel Mendoza Gutiérrez y reportada al SAT y a la Secretaría de
Hacienda estatal en tiempo y forma. No hay pues nada ilegal ni turbio en esta
operación. Agrego a este texto los documentos que sustentan la operación,
mismos que tienen carácter público.
La operación, insisto, se realizó ante notario
público, el número 4 de Hermosillo, Miguel Ángel Murillo, actualmente, por
cierto, contralor del Gobierno del estado de Sonora.
No soy ingenuo políticamente, sé cómo hace
política en Sonora el grupo en el poder; estoy tratando con gánsteres. Esta
información aparece luego de que ayer denuncié en dos programas de radio
locales la intimidación de que han sido objeto diversos candidatos de Morena
para retirarse de sus aspiraciones, pidiéndole a la Gobernadora que dejara de
utilizarse la fuerza del gobierno para dichos fines y se atendieran los
problemas que afectan a Sonora, como es el caso de la corrupción, en el que de
acuerdo a una reciente encuesta del INEGI, Sonora ocupa el primer lugar a nivel
nacional.
La guerra sucia es una de las expresiones más
nocivas que existen en el quehacer político mexicano y la he venido
experimentando con particular intensidad desde el momento en que tomé posesión
como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Sonora. El método ha
sido el mismo: videos de producción en estudio, voz de locutor profesional en
off, fotografías de alta definición, textos alusivos al tema e, incluso, música
de fondo.
Estos videos, de los cuales me han sido
dedicados ya cinco, se divulgan en páginas anónimas en las redes sociales y a
través de periodistas afines a las líneas gubernamentales. Son, claramente,
resultado de una acción emprendida desde alguno de los tres grupos políticos
que gobiernan Sonora. La narrativa del gobierno del estado es que soy narco y
despojador, luego también matón y ahora me encuentro en tratos con el
narcotráfico. En pocas palabras, todo un criminal de altos vuelos. No tardan
seguramente en atribuirme el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
ESTAS ACCIONES
TIENEN UN CLARO TUFO DEL GOBIERNO PRIISTA DE SONORA
El ataque que ahora me dirigen quieren
fundarlo en que este inmueble fue propiedad en alguna etapa de Amado Carrillo
Barragán, hijo supuestamente de un Amado Carrillo que fue famoso como
narcotraficante y que murió 20 años antes de esta operación. A partir de ello
quieren concluir, malintencionada y gratuitamente, que participo en actividades
vinculadas al crimen organizado. Es una especulación atroz. En las redes
sociales existen infinidad de cuentas bajo el nombre Amado Carrillo; entre
ellas 110 cuentas de Facebook, 52 cuentas de Twitter y 95 cuentas de Instagram.
Como ya dije, la compra la hice hice al Sr. Gabriel Mendoza Gutiérrez mediante
cheque certificado y fue reportada al SAT.
No es mi papel como comprador en la operación
mencionada averiguar antecedentes familiares de las personas. Se trata de una
responsabilidad del gobierno y no de los ciudadanos. Ahora, si hubiese alguna
irregularidad en la posesión de ese inmueble, cabría hacernos la pregunta de
por qué el gobierno federal no ha realizado las tareas que le corresponden en
materia de fiscalización y control de los bienes y recursos que presuntamente
pertenecen a personas cuyos familiares están vinculados con actividades
delictivas.
No vengo a darme golpes de pecho ni a
presentarme como una hermanita de la caridad, porque no lo soy. Tengo muchos
defectos, pero no he ido por la vida pública haciendo negocios, metiendo la mano
en el cajón ni asaltando gente. No tengo cola que me pisen ni quién me jale las
orejas. No me he robado un solo clavo ni he hecho un solo negocio al amparo de
mis responsabilidades públicas. Jamás. Ahora, si hubiese alguna irregularidad
en el proceso de compraventa en el que participé, pues que proceda la autoridad
contra quien resulte responsable.
Atentamente,
Alfonso Durazo
(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: EL FINANCIERO/
2018-04-20)
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