El Órgano de Control
Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas inhabilitó hasta por diez años para
ejercer un cargo público al ex alcalde y actual candidato del PRI a la
diputación federal, Otto Claussen Iberri.
Dentro del expediente
CMQ56/16 la dependencia resolvió también aplicar al ex alcalde priista una
sanción económica de 22 millones de pesos por el daño patrimonial causado al
municipio al contraer de manera irregular una deuda de 365 millones de pesos.
Además de Claussen Iberri
también fue inhabilitado Héctor Hernández García, ex Contralor Municipal y
actual encargado de la oficina local de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El Órgano de Control
Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas además amonestó por el mismo proceso
administrativo a Oralia Sánchez Hernández, ex Síndico, a Ramón Leyva Montoya,
ex Secretario del Ayuntamiento y al ex tesorero, Manuel Ibarra Salgado.
La resolución establece que
los servidores públicos antes mencionados incurrieron en irregularidades a la
hora de la contratación del crédito, causando con ello graves daño al
patrimonio financiero del municipio.
Como se recordará, el 11 de
noviembre del 2012, en sesión extraordinaria 6 se autorizó al entonces
presidente municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero
Municipal, la gestione y contratación de un financiamiento, a través de la
figura de crédito, hasta por la cantidad 365 millones de pesos.
En esa misma sesión de
cabildo quedó establecido que una vez autorizado el crédito y convenido con la
entidad federativa la fecha para la suscripción del contrato el Presidente
Municipal debería comunicar al Ayuntamiento dicha fecha, así como las
condiciones propuestas, lo cual nunca ocurrió.
Lo anterior, según la
Contraloría Municipal fue una clara violación a lo establecido ya que el
cabildo nunca conoció las condiciones del contrato con BANSI ni la fecha en la
que se firmó.
Además, los regidores de la
administración que encabezó Claussen Iberri autorizaron que los recursos que se
obtuvieran de la contratación del financiamiento se destinaran a: hasta la
cantidad de $50,000,000.00 para el prepago de la deuda pública actual del
Municipio, como reestructura y/o refinanciamiento de la misma, y que se deriva
de crédito contratado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el ejercicio 2007.
El resto, los 315 millones de
pesos se autorizaron para inversión pública productiva cubriendo con dicha
cantidad entre 30 y 50 por ciento del costo total de las obras a realizar en
materia de inversión pública productiva de conformidad con la Fracción VIII del
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También se autorizó el plazo
máximo para cubrir el financiamiento que fue de 20 años, los cuales se
contarían a partir de la fecha de la primera disposición del crédito.
Entre las irregularidades
detectadas en la contratación del crédito con BANSI se encontró que en la tabla
de las amortizaciones contenida en el contrato de apertura de crédito simple
incluye sólo el pago de capital, es decir que no se contempla en ésta el pago
de los intereses.
Sin embargo, la suma total
del capital no es por el orden de los 365 millones de pesos, sino que la suma
es de 400 millones de pesos, es decir, la diferencia es de 35 millones de
pesos, sin que exista una justificación, por lo que se está pagando un crédito
sobre la base de 400 millones de pesos.
Por haber firmado con BANSI
ese lesivo contrato a 20 años con el pago de 240 mensualidades la Contraloría
encontró responsabilidad administrativa a Otto Claussen Iberri y demás
funcionarios.
PARA ILUSTRAR UN POCO
Desde que se empezó a pagar
esta deuda con BANSI S.A en septiembre de 2013 hasta el mes de mayo de 2016,
por ejemplo, se pagaron 59 millones 089 mil 147 pesos, de los cuales casi la
totalidad del pago se ha ido a pagar sólo interés, que es por el orden de 56
millones 964 mil 202 pesos, mientras al capital sólo se ha amortizado la
cantidad de 2 millones 124 mil 945 pesos.
Durante el año 2017 el
Ayuntamiento de Guaymas pagó cerca de 55 millones de pesos, de los cuales,
también cerca de 2 millones de pesos se fueron a capital.
(EL
PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS ONTIVEROS/ 20 ABRIL 2018)
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