Ricardo Anaya, dirigente del Partido
Acción Nacional, habría sido víctima del programa espía Pegasus. Credit Henry
Romero/Reuters
CIUDAD DE MÉXICO.- El
programa espía Pegasus, que fue encontrado en los teléfonos celulares de
destacados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México,
también habría afectado a políticos de la oposición.
El grupo de expertos de
Citizen Lab, el centro de la Universidad de Toronto que ha estudiado el
programa y los rastros que este deja en los aparatos que infecta, confirmó que
hubo intentos de intervenir los celulares de tres políticos del opositor
Partido Acción Nacional (PAN).
Se trata de Ricardo Anaya, el
dirigente del PAN y posible candidato presidencial para las elecciones del
próximo año; Roberto Gil Zuarth, el expresidente del Senado de México, y
Fernando Rodríguez Doval, el vocero de la dirigencia del partido.
Los tres recibieron mensajes
de texto similares en el verano de 2016, de acuerdo con Citizen Lab, que los
instaban a darle clic a un vínculo para revisar una noticia presuntamente poco
favorable o conseguir más información de un supuesto rumor sobre el PAN.
“Buen día, presidente Anaya. Le comparto la
nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose”, dice uno de
los mensajes SMS, en referencia a una revista mexicana de tono combativo.
El programa Pegasus se
infiltra en los teléfonos celulares por medio de los vínculos enviados en el
mensaje y se vuelve casi un micrófono oculto para espiar al usuario: es posible
ver contactos, calendarios, correos, activar la cámara de manera remota e
incluso ver qué teclas son pulsadas.
NSO Group, el fabricante de
Pegasus, indica que el programa solo puede ser adquirido por gobiernos y que
únicamente puede ser operado con el software y hardware que NSO instala en las
agencias gubernamentales. En el caso mexicano, está documentado que la
Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (la agencia de inteligencia) y la Secretaría de la Defensa Nacional
habrían pagado alrededor de 80 millones de dólares a NSO.
Los intentos de intervenir
los teléfonos de periodistas como Carmen Aristegui y Rafael Cabrera, o de defensores
de derechos humanos como Mario Patrón se dieron en momentos clave de su
trabajo. Aristegui y Cabrera, por ejemplo, acababan de publicar un reportaje
sobre un posible conflicto de interés en la compra de una residencia por parte
de la primera dama de México a un empresario que después recibió contratos de
obra pública. Patrón es director del Centro Prodh, que defiende a víctimas de
abusos de derechos humanos, y habría recibido los SMS con el vínculo para
descargar Pegasus de manera inadvertida antes de que se presentara un reporte
que acusa que hubo un mal manejo por parte del gobierno en la investigación de
la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014.
En el reporte de Citizen Lab,
los expertos dicen que no están “al tanto de las razones detrás del momento”
por el que los políticos del PAN recibieron los mensajes a mediados de junio de
2016.
Sin embargo, a principios de
ese mes el PAN –por sí solo o en alianza– ganó siete de doce gubernaturas en
disputa; tres de ellas antes eran bastiones del gobernante Partido
Revolucionario Institucional. Ricardo Anaya ya era líder del partido para ese
momento e incluso dijo en entrevistas posteriores que el PAN, con el triunfo
electoral en los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas –antes siempre
gobernados por el PRI–, estaba “en condiciones de ganar la presidencia de
México”.
En el caso de Gil Zuarth, al
momento de los intentos de intervenir su teléfono presidía el senado cuando
este discutía el Sistema Nacional Anticorrupción, primero en su tipo en el
país, así como la llamada Ley 3de3. Esta fue promovida por la sociedad civil,
en particular por el Instituto Mexicano para la Competitividad —cuyo director
Juan Pardinas también fue afectado por Pegasus– y pretendía que los
funcionarios públicos dieran a conocer sus declaraciones patrimoniales,
fiscales y de intereses para descartar que hubiera conflictos de interés
financieros. La medida después fue vetada parcialmente por el presidente
Enrique Peña Nieto, quien indicó que la iniciativa debía discutirse más a
fondo.
Actualmente, Gil Zuarth
también es promotor de una versión de la Ley de Seguridad Interior, que
activistas acusan que militarizaría la seguridad en México e incluso volvería
más fácil justificar el uso de espionaje.
“Es inaceptable que el
teléfono de integrantes del PAN haya pretendido ser infectado por un programa
cuya licencia solo puede adquirir el gobierno para combatir la delincuencia
organizada”, expresó Anaya este jueves en un comunicado.
“Que el gobierno espíe,
invadiendo la intimidad de las personas en esta magnitud, es absolutamente
inaceptable”, añadió. “No vamos a descansar hasta que los responsables
renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”.
El PAN también fue parte de
un caso de espionaje en 2014, cuando algunos partidarios de uno de los entonces
candidatos a la dirigencia fueron afectados por otro programa espía, de acuerdo
con un reportaje de The New York Times Magazine.
(THE NEW YORK TIME/ MARINA FRANCO /29 DE
JUNIO DE 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario