Foto: Cortesía.- Joven motociclista de
18 años de edad, ejecutado en plena luz del día en el Zacatal, para los
ciudadanos ya es normal.
A los 18 cuerpos encontrados en una fosa
clandestina la semana pasada, se suman otros 18 homicidios, lo que podría convertirse
en el mes más violento en la historia de la entidad. “La limpia también viene
hasta la parte turística de Los Cabos, que es Cabo San Lucas. Y eso ya
preocupa”, dijo una fuente policial a ZETA
“Se está poniendo canija la
cosa, pensaban que todo iba a tranquilizarse o al menos bajar desde la
detención, pero parece que le echaron más leña al fuego”, dio a conocer un
agente del Mando Mixto de La Paz, tras la ola violenta de los últimos días.
Con 37 muertos en los
primeros 13 días de junio, todo apunta a que, si no hay respuesta de las
autoridades, este mes termine siendo el más violento en la historia de Baja
California Sur.
Mientras tanto, los detenidos
son: Juan Antonio “N”, de 24 años de edad, originario de La Paz; Sergio “N”, de
21, de San José del Cabo; José de Jesús “N”, de 36, proveniente de Sinaloa; Jonathan “N”, de 24,
de San José del Cabo; Santos “N”, de 21, natural de la Capital; Nicolás Alberto
“N”, de 27, originario de Sonora; Jesús Roberto “N”, de 20, del Estado de
Sinaloa; Rubén “N” y Rubén Eduardo “N”, ambos de origen desconocido.
Desde la captura de miembros
de “Los Dámaso”, asegurados por Fuerzas Federales, las instituciones de
seguridad sintieron un “fuerte respiro ante la ola de violencia, tanto así que
las mismas cabezas” del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública “cantaron
con bombo y platillo la captura de los nueve presuntos delincuentes”, afirmó el
agente del Mando Mixto.
Sin embargo, “mientras
permanecía la noticia de la detención en los medios, las corporaciones de
seguridad fueron menos vistas, es decir, bajaron la intensidad de los
recorridos”.
Agentes de seguridad
inmiscuidos en la lucha de los Carteles de la Droga trae consecuencias como el
que contrarios ataquen a las corporaciones.
Según un miembro del Grupo de
Coordinación, los blancos específicos “señalados en las carpetas de
investigación, compañeros o amigos de los detenidos, daban referencia de que
algo se tenía que hacer”, pero las investigaciones al parecer se “congelaron y
digamos, cantamos victoria antes de tiempo”, reconoció el agente del selecto
grupo.
En las carpetas de
investigación se encontraban nombres y apellidos de supuestas víctimas o
miembros de la organización delictiva, o blancos específicos en “zonas de
vulnerables y de conflicto”, sin embargo, la falta de atención llevó a una
víctima más del crimen organizado.
La noche del lunes 12 de
junio, en la colonia Los Olivos de La Paz, fue privado de la vida Benito
Guadalupe, de 24 años, originario de la Capital y hermano de Santos “N”,
detenido en el fraccionamiento Las Islas en La Paz; según las investigaciones y
el expediente, este joven podría haberse “encargado de la logística en La Paz
para llevar a cabo los crímenes en la Capital, además de ubicar y poner
narcomenudistas contrarios”, reveló un agente de investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Según la versión oficial, el
joven contaba con antecedentes penales por robo de vehículo, principal motivo
que lleva a los agentes a pensar que “pudieran ser dos motivos por los cuales
haya sido incriminado y ejecutado”, agregó el servidor público de la PGJE.
Por ello hay dos líneas de
investigación:
* “El Benny” podría estar implicado en
el suministro de vehículos. Esto pudo llevar a contrarios a buscar la amenaza y
todo aquel que apoye en el suministro y apoyo a sus contrincantes”, señala el
investigador.
* Pudo ser eliminado por la misma
estructura criminal, “pues a raíz de la captura de Santos o ‘El Santín’, muchas
ubicaciones de casas de seguridad (tres según la Marina; Ocho de Octubre, Santa
Fe y Camino Real) fueron reveladas, así como miembros de la organización
criminal y parte de las fosas; podría ser parte de la presión para callarlo,
pero también hay otros dentro del penal”, aseguró la fuente de investigación de
la PGJE.
Gran parte de lo ocurrido en
los últimos 15 días deriva de “una lucha de poder, uno (Los Dámaso),
demostrando que pese al golpe duro tiene fuerza y el valor para seguir adelante
con la estructura; el otro (Los Chapitos o Cártel de Sinaloa) en busca de
aplastar al contrincante; pero el que sorprende es ‘La Barredora’ (CJNG o
CTNG), se les ha visto atacando y saliendo del mapa con la complicidad de las
corporaciones”, explicó el miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad
Pública del Estado.
La mayor potencia se ha
concentrado en San José del Cabo, donde un hombre fue ultimado a balazos frente
a una menor de 5 años de edad que lo acompañaba en un vehículo Nissan Sentra
color gris, localizado en las calles 16 de Septiembre y Severo Garduño de la
colonia Santa Rosa.
“Hay versiones de que se han
reforzado y empezado a movilizarse más al descubierto y con la complicidad de
cuerpos policíacos”, refiriéndose a miembros de “La Barredora”, que hasta
cierto punto, se habían mantenido en la oscuridad y sin ser vistos o exhibidos,
pero “la limpia también viene hasta la parte turística de Los Cabos, que es
Cabo San Lucas. Y eso ya preocupa, tanto así que es la zona más protegida, pese
a que la violencia se ha desatado principalmente en la zona de San José”,
lamentó la fuente policial.
Pero lo lamentable, ya se
acercaron y están amenazando con secuestrar uno de los destinos más importantes
de México.
TURISMO EN RIESGO
“Están generando una
situación muy complicada, violencia genera violencia de ambos lados, con esto
se está incrementando el número de eventos”, comentó un catedrático de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ante la ola de ejecuciones
que se han presentado.
Tras los hechos violentos que
ahora amenazan con adentrarse en la zona turística de Cabo San Lucas, uno de
los dos destinos más importantes del país y que enfrenta una severa crisis de
seguridad pública, ha llamado la atención de expertos en la materia y
empresarios.
Incluso, recientemente
empresarios de Los Cabos se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario
de Gobernación, para hacer hincapié en los hechos violentos que ponen en riesgo
la imagen de uno de los destinos más importantes del país.
La petición fue hecha gracias
a que llegaron más de mil 500 elementos federales, entre Policía Federal
División Gendarmería; efectivos de la Secretaría de Marina; Inteligencia de la
Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, “parecen de adorno, no conocen
bien la ciudad o a qué jugamos, ni nosotros que estamos en la zona y la
conocemos hemos podido detenerlos, ahora ellos ante los golpes que le han dado,
y ahora con el hallazgo más afecta”, dijo el policía adscrito al Mando Mixto en
Los Cabos.
Al evento que se refiere la
fuente, es al hallazgo en las calles del centro de Cabo San Lucas, según
fuerzas de inteligencia, “en las calles de Zaragoza y 16 de Septiembre había
una hielera de color blanco y un par de cartulinas con mensajes. ‘Me tomas paya
o quedas como camarón… ya regreso tu mera verga putos chapulines’”, refiere el
mensaje, lo cual denota que la violencia apenas inicia, pues cuando se creía
que podría disminuir, repunta de nuevo y con miras a incrementarse.
La hielera con restos humanos
fue denunciada a primera hora de la madrugada del domingo 11 de junio, apareció
a solo 150 metros de la Zona Dorada de Cabo San Lucas, a 70 metros de la zona
de restaurantes y solo a tres minutos de centros nocturnos, donde miles de
ciudadanos locales, nacionales y extranjeros se dirigen a divertirse. Así de
cerca se encuentra el turismo de ser tocado por la delincuencia organizada.
Una prueba contundente son
los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que da a conocer los datos de “homicidios dolosos” de los
años 2014, 2015 y 2016; en una comparativa del mes de junio, se puede
establecer que en 2014 ese mes registró dos personas sin vida; en 2015
fallecieron siete; mientras que en 2016 la cifra se incrementó a 20. Sin
embargo, a 14 días del mes de junio de 2017, cierre de edición de ZETA, se
tenía la cifra de 37 personas ejecutadas al estilo del crimen organizado,
apenas a mitad de mes.
“En qué se ha convertido
nuestro destino… las policías también
están bien metidas, por qué no empiezan por ahí… pobre gente inocente que ha
perdido la vida, también los que están metidos, pero ya están en su santa
gloria, pronta resignación a sus familias. Tanto que decíamos que en La Paz
estaba la mera mata, y ahora ya no hallamos dónde meter la cabeza para
escondernos. Nomás escuchamos un tronido y corremos, pensando que son balazos”,
son algunas de las opiniones recolectadas de ciudadanos que han visto como el
destino cambió desde octubre de 2016 a
la fecha.
“Debemos entregarle la
operación de la lucha, el combate y persecución de los delitos a profesionales
de la materia, entender que ya no puede ser un interés político que determine
quién va a estar al frente de las corporaciones, mientras no tengamos
profesionales de la seguridad pública encargados de la seguridad pública, esto
va a seguir siendo un campo excelente de cultivo para las operaciones de la
delincuencia organizada”, expuso un criminólogo consultado por ZETA.
Gran parte de lo que ocurre
en Los Cabos deriva de la podredumbre en que se encuentran las corporaciones,
solo “en Cabo San Lucas dejan operar a los grupos de la droga con toda
tranquilidad. Corporaciones de seguridad trabajan al servicio de los malos y la
población solo calla”, aclara el especialista.
IMPOTENCIA DE POLICÍAS
De acuerdo al maestro en
Derecho Javier Agustín Valencia López, de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), “el uso de la fuerza en una corporación de seguridad pública es
el último recursos que debe utilizar”, pero en ciertos actos ha quedado mucho a
deber.
Pues en gran medida, abusando
de las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado y en el país
entero, los uniformados abusan de eso, de su uniforme para infringir temor y
realizar procedimientos fuera de norma, lo que termina siendo una violación de
los derechos humanos de la población, pero ellos no son del todo responsables;
esto tiene un trasfondo o un factor que lo ha originado y que se ha dejado
crecer.
“El propio Estado mexicano ha
incurrido en una negligencia, por ejemplo no se ha calificado el tipo de
violencia que estamos enfrentando, si estalla una situación de violencia en el
Estado, lo primero es determinar el desafío que estamos enfrentando si es una
crisis de seguridad pública o de plano es conflicto armado (una guerra
interna). Según el gobierno mexicano califica a la violencia provocada por la
delincuencia organizada en una crisis de seguridad pública, no se califica de
conflicto armado; como es una crisis de seguridad pública, las instituciones
deben intervenir las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas entran en
coadyuvancia”, así lo ha justificado el
representante de la CNDH.
En la mayoría de las
ocasiones, la impotencia e inoperancia de los cuerpos de seguridad, el ser
incapaces de detener a sicarios o miembros de la delincuencia organizada, lleva
a los elementos a abusar de la ciudadanía, realizando operativos disfrazados
para buscar armas o drogas y terminan siendo abusos de poder y uso excesivo de
la fuerza, lo cual deja como resultado lesiones en ciudadanos que nada tienen
que ver con algún delito.
Claro ejemplo tuvo lugar el
10 de junio en la calle Petronilo Flores de la colonia Indeco en La Paz, donde
Roberto Morales, de 19 años de edad, caminaba a escasos metros de su casa
cuando fue abordado por elementos del Mando Mixto, quienes le advirtieron -a
las 10:40 am- sería revisado de manera rutinaria. Roberto cuestionó a los
agentes, pues no había reporte alguno, se molestaron y, según el denunciante,
provocó que tres elementos de seguridad emplearan técnicas para someterlo.
“Sin algún reporte, sin
alguna denuncia en papel o ellos no tenían en sí mi nombre, no me estaban
buscando a mí y aun así me estaban subiendo, entonces lo que hago es tirar mis
objetos y evidenciarlos a mis vecinos que yo no tenía ninguna sustancia ilícita
o algo así que justifique que me tengan que subir, expongo que yo conozco mis
derechos, ellos me dicen que quizá no conozca mis obligaciones, entonces yo les
digo que conozco mis derechos y las reglas de convivencia en una calle y me
dicen que me calle”, declaró.
El joven fue sometido como
ladrón por tres policías estatales, dejándole marcas en cuello y manos. Por los
gritos, una vecina salió a cuestionar a los elementos, asimismo, el padre de
Roberto tuvo que intervenir por el
supuesto operativo de inspección.
“Me someten entre tres
personas, una vecina se interpone, pero ellos le comentan que es una revisión
de rutina, que es un procedimiento normal, que tome calma, que lo que está
sucediendo es por mi culpa”, comentó.
El expediente LPZ/4588/2017
quedó establecido ante la PGJE, bajo el delito de abuso de autoridad y uso
ilegal de la fuerza pública, el cual fue firmado por la agente del Ministerio
Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, de nombre Lizeth Adilene
Pérez Espinoza.
“Tengo que ir con mi asesor
jurídico que me otorga la Ley, también voy a interponer una queja en Derechos
Humanos. Más que nada es exhortar que este tipo de eventos no son aislados, que
esto sigue sucediendo en la ciudad, ha sucedido por mucho tiempo, quizá la
ciudadanía tiene mucho miedo en denunciar este tipo de cosas por represalias
que pueden surgir”, agregó Roberto, quien decidió hacer público su caso.
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) reveló que en el
año en curso ha habido cinco quejas por uso desmedido de la fuerza y abuso de
autoridad, “hemos recepcionado de principio de año para acá, cinco quejas aquí
en La Paz, que tienen que ver con alguna acción similar a la que estamos
hablando ahorita, en contra de algunos elementos por alguna detención como lo
decíamos, que le llaman detención de rutina”, refirió Silvestre de la Toba
Camacho, titular de la CEDH.
En su Artículo 18, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Ningún mexicano
puede ser privado de su libertad sin una orden de una autoridad competente”, Es
decir, ningún policía puede realizar una revisión o inspección sin una orden
emitida por alguna autoridad federal o estatal.
“Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud del
mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive las causas
legales del procedimiento; nadie puede ser molestado bajo ninguna
circunstancia, solamente que haya una orden judicial, una orden o de una
autoridad competente para hacerlo”, cerró De la Toba Camacho.
FALTA DE COORDINACIÓN FOMENTA IMPUNIDAD
“Tenemos una enorme
complicación en cuanto a la falta de coordinación de los diferentes grupos de
seguridad pública, la presencia de las Fuerzas Armadas ha venido a imponer una
obligación que no tienen por la naturaleza de sus funciones y han salido al
rescate. Vemos en todos los operativos que se ha logrado una detención o destrucción
de probables células de alguna institución u organización delictiva, han sido
resultado de la inteligencia de la Naval y el operativo táctico de esa Fuerza
Armada”, declaró el criminólogo entrevistado por este Semanario.
A raíz de la incompetencia
que han demostrado las corporaciones policiales del Estado y los municipios, el
orden federal han sido enviado desde la Ciudad de México y sacado a las fuerzas
militares de los cuarteles en Baja California Sur para trabajar en una
instrucción desde Los Pinos, contener la violencia y regresar la tranquilidad a
los sudcalifornianos, sobre todo a paceños y cabeños.
Pero la encomienda ha sido
desacatada, hay 37 cuerpos que lo demuestran en los últimos 14 días, casi tres
muertos por día; récord para la entidad en su historia, pues el mes de marzo
registró más muertos -75-. El promedio entre los 31 días es de 2.4 personas
ejecutadas por día; 37 personas fallecidas entre 14 días, el total da como
resultado 2.6 por día.
La gran incógnita siempre ha
sido el trabajo del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, donde los
miembros y cabezas de las principales instituciones encargadas de la seguridad
del Estado hacen acto de presencia, sin embargo, en la operatividad la realidad
es otra.
“No hay una coordinación en
cuanto a la información, si tú vas con Inteligencia Militar, ves el mapa de
criminalidad bastante delimitado, entras a la oficina del Estado Mayor de la
Zona Naval, vas a ver el mapa perfectamente delimitado dónde están los
vendedores de droga, que vende, los flujos de tráfico delimitados en la pared.
Ambas corporaciones tienen un magnífico plano delictivo del Estado”, comentó el
experto en criminología, resaltando que a diferencia de las Fuerzas Armadas,
“eso no lo encuentras en ninguna corporación policiaca, todos tienen la
información fragmentada y no hay una coordinación, más bien es una simulación;
hacemos como que trabajamos, pero realmente no trabajamos”.
Cada vez es más común, sobre
todo en aseguramientos grandes de droga, detenidos u operativos sorpresa, “uno
de ellos fue el operativo por los aires, nadie supo nada, solo la Marina estuvo
enterada, reventaron tres casas de seguridad
y eso solo salió de los nueve detenidos del fraccionamiento Las Islas”,
destacó un agente de Investigación de la PGJE.
Pese a la movilización de las
fuerzas de seguridad federal, Gendarmería, Marina y Sedena, hay un fuerte costo para el país y está
siendo pagado por los ciudadanos, y a la fecha los resultados son los mismos:
detenciones y sicarios muertos, pero los grupos criminales regresan con mayor
fuerza.
“Un diputado federal
comentaba que desde la llegada de las Fuerzas Armadas al Estado de Baja
California Sur, son más de mil millones de pesos en alimento de tropas,
traslados, gasolina, lo que se ha gastado para tratar de rescatar a la entidad,
y la verdad es que no se ve el resultado; se gasta mucho en gasolina en
patrullajes, en gran parte de los casos estériles, que un par de buenos
halcones, hace inoperante cualquier despliegue de disuasión de vehículos, muy
pesados, con mucho personal con alto
costo operativo”, indicó un especialista en delincuencia organizada.
Lo lamentable es que
instituciones de los tres niveles de gobierno “reciben su mochada para operar
con Cártel Jalisco, quizá de otras células, eso es lo que nos tiene jodidos y
en riesgo de crecer la violencia por el nivel de infiltración de las
corporaciones”, y la cero operación para erradicar a los grupos criminales”.
MIEDO ENTRE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
“Mucha inseguridad, o al
menos se siente un ambiente hostil, tanto, que se respira”, dio a conocer uno
de los miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, pues tras la
muerte de Carlos Paul Hernández Cota, subdirector del Centro de Reinserción Social
(Cereso) de San José del Cabo, en Los Cabos, la sensación de inseguridad la
vive en carne propia el propio personal administrativo y operativo del centro
penitenciario de mediana seguridad.
Según el parte oficial,
pasadas las 6:30 pm del lunes 5 de junio, un hombre fue herido a balazos en las
calles de Costa Dorada entre Playa Altata y Avándaro de la colonia Costa Dorada
en SJC. Desde esa fecha negra para los servidores públicos, una renuncia masiva
encabezada desde altos mandos y medios del penal provocó incertidumbre, pues
“la delincuencia estaba ganando terreno, logrando su cometido, que desertara el
personal y dejar libre el camino”, pues gran parte de los que se encuentran en
las líneas de investigación, tienen que ver con la venta y distribución de
estupefacientes al interior del Cereso, afirmó uno de los agentes del Mando
Mixto en activo en San José del Cabo.
En las declaraciones
realizadas por el personal administrativo, técnico y operativo, el personal
dijo trabajar “bajo protesta desde el lunes, no tenemos las condiciones
laborales adecuadas y mucho menos gozamos de buenas prestaciones, mucho menos
un salario digno. Además, falta personal para laborar adecuadamente”.
En las rejas del penal
colocaron mantas donde hicieron evidentes sus inconformidades, incluso fueron
atendidos por el subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, quien
escuchó las inquietudes, las cuales no son nuevas, pero sí sentidas.
“Estamos trabajando para
tomar acuerdos y establecer mecanismos que permitan seguir garantizando el
correcto funcionamiento al interior del Cereso de San José del Cabo, así como
el bienestar de los servidores públicos”, expuso Sigala.
Según las líneas de
investigación dadas a conocer a ZETA, el problema se concentra principalmente
al interior del penal, pues la “inestabilidad que se muestra fuera, también
repercute dentro”, ya que los grupos de internos que controlan la venta y
distribución de estupefacientes, buscaron atacar a quien favorece a grupos
rivales en la distribución, o bien, venganza por intentar abandonar a uno de
los grupos con que se movía y actuar en contra de esa banda delincuencial.
De acuerdo al segundo punto,
Hernández Cota “intentó salirse y dejar de recibir su parte como sin nada, y
les cortó agua y luz a ese grupo con que trabajó”, lo que ocasionó el enfado de
los internos, evidenciando un grave problema de corrupción al interior del
penal, incluso desde julio de 2014, en que fue dado de alta, ya eran sabidas
las “trácalas” que se hacían dentro, pues en ese entonces se desató un motín
por la repartición del terreno donde fluyen las drogas, situación que
disfrazada por el gobierno en turno como una “manifestación por los alimentos”.
Personal operativo y mandos
fueron evaluados a nivel nacional mediante Exámenes de Control y Confianza,
donde se determinó que de los policías evaluados, el 87% aprobó; mientras que
el 10% reprobó y el 2% quedó pendiente de resultado.
Pero Baja California Sur se
fue por debajo de la media nacional, solo el 60% aprobó y el 38% salió reprobado -resultados
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 30 de
abril de 2017-.
En lo particular, de una
plantilla de 350 elementos de Seguridad Pública del Estado, el 75% aprobó su
evaluación, mientras que el 24% lo reprobó; de Prevención y Reinserción Social,
aproximadamente 370 fueron evaluados, el 59% pasó y el 40% no es apto para
seguir en la institución; de la PGJE, de poco más de 500 agentes calificados,
57% pasó y el 40% reprobó; y por último, en las corporaciones municipales, más
de mil 900 agentes fueron evaluados y solo aprobó el 58%.
Es decir, alrededor de
84 agentes estatales, 148 de centros
penitenciarios, 200 de la PGJE y 800 municipales, siguen en las calles
atendiendo la seguridad de los ciudadanos, quienes denuncian la inseguridad que
se vive, pero lo peor es que son víctimas de la corrupción e impunidad
implícitas en los casos que se presentan.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 20 JUNIO, 2017
12:00 PM)
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