Desde que Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de
México, Televisa le construyó una andadera política mediante la publicidad
integrada en radio y televisión (promoción disfrazada de contenido informativo
o de entretenimiento). Si bien la televisora niega esa relación política y
comercial que hizo del mexiquense una estrella más, en la nueva iniciativa de
reforma a la Ley de Telecomunicaciones el Ejecutivo impulsa la prohibición de
ese tipo de propaganda. En su lógica, lo que se vio desde 2005 en las pantallas
del país puede quedar prohibido, aunque oficialmente jamás existió.
JENARO VILLAMIL/ REPORTAJE ESPECIAL
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Durante décadas los concesionarios de radio y televisión negaron
que vendieran sus entrevistas o las coberturas informativas de gobernantes,
políticos o funcionarios en general. El gobierno del Estado de México y
Televisa una y otra vez rechazaron lo publicado por Proceso desde octubre de
2005 sobre la existencia de un plan mediático para impulsar la carrera de
Enrique Peña Nieto hacia la Presidencia de la República a través de un convenio
subrepticio para desplegar publicidad presentándola como si fuera información o
cobertura favorable a través de sus brokers TV Promo y Radar Servicios
Especializados.
“Son papelitos sin
sustento”, gritó el comentarista Héctor Aguilar Camín, colaborador de Televisa,
cuando descalificó en MVS Radio lo publicado por Proceso. “Mentirosos”,
descalificó la empresa de Emilio Azcárraga Jean a este reportero y a la
periodista Carmen Aristegui por ventilar en 2009 la existencia de este plan,
cuyo monto original fue de 742 millones de pesos tan sólo en el primer año de
Peña Nieto en el gobierno mexiquense. De ese monto, 691 millones se destinaron
a esa “publicidad integrada”.
Hace menos de 10
meses, el 16 de julio de 2012, en pleno proceso de calificación de la elección
presidencial, Televisa interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) un recurso para negar la existencia de ese presunto
plan de “adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, así como
revistas para la promoción personal del C. Enrique Peña Nieto”, planteado por
el PRD en su queja presentada el 9 de junio anterior.
Juan Alejandro
Daniel Araujo Delgado, representante legal de Televisa ante el tribunal
electoral, calificó lo publicado en Proceso y en el libro de este reportero Si
yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto como “un ejemplo de
ejercicio especulativo que en su momento será dirimido por las instancias
competentes, pero que dista mucho de constituir una verdad legal”.
No sólo eso.
Televisa descalificó los reportajes publicados por el periódico británico The
Guardian, cuya corresponsal Jo Tuckman aportó nuevos datos e información sobre
más contratos relativos a esta adquisición encubierta del gobierno de Peña
Nieto. La empresa de Emilio Azcárraga Jean interpuso una querella con The
Guardian, amenazó con llevar su inconformidad ante los tribunales ingleses y el
rotativo decidió, a principios de febrero, pedir una disculpa pública sin
desdecirse de lo publicado.
En el colmo de la
negación, Televisa presentó ante el TEPJF sus propios desmentidos y desplegados
en prensa, incluyendo la carta que el conductor Carlos Loret de Mola le envió a
la periodista Carmen Aristegui la tarde del 8 de junio para reiterar que “no
hay pruebas” de la relación entre el consorcio televisivo y los brokers TV
Promo y Radar Servicios Especializados.
Ambas empresas están
vinculadas al vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro
Quintero, artífice de esta ambiciosa y fructífera estrategia que llegó a su
máxima expresión con Peña Nieto: convertir a los gobernadores en “productos” a
los cuales hay que “vender” de manera implícita y subrepticia en los
noticiarios, programas de espectáculos y “coberturas especiales” de televisión.
El éxito de Televisa
en el caso de Peña Nieto se ha reproducido con otros gobernadores y jefes de
gobierno capitalinos, pero también lo ha aplicado su presunta competidora TV
Azteca. La empresa de Ricardo Salinas Pliego también ha creado un auténtico
mercado negro de propaganda política disfrazada de información a través de
empresas paralelas como Jeshom Publicidad y Mercadotecnia y Mercadotecnia y
Servicios Avanzados, mejor conocida como MAZ.
En su edición del 26
de noviembre de 2012 Proceso documentó que tan sólo entre 2008 y 2010 la
inversión del gobierno chiapaneco (encabezado por Juan Sabines) en “publicidad
integrada” pasó de 74.2 millones de pesos a 209.5 millones de pesos en los tres
canales de TV Azteca: 7, 13 y Proyecto 40.
Otros clientes
importantes de esa cadena son los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y
de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como Pemex y otras paraestatales. Hasta la
fecha, TV Azteca no ha negado la información publicada por Proceso.
Prohibición
constitucional
En las negociaciones
de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones
llegó a la mesa del Consejo Rector del Pacto por México una propuesta del
exsenador y exsecretario de Gobernación Santiago Creel para prohibir lo que en
otros países se conoce como “publicidad integrada”.
El primer borrador,
fechado el 23 de febrero, planteó: “Se prohibirá la transmisión de publicidad o
propaganda presentada como información, y se establecerán las condiciones que
deben regir la contratación de los servicios para la transmisión de contenidos
al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los
concesionarios respecto de la información transmitida por terceros”.
Esta última frase no
les gustó a los representantes de Televisa. Se tuvo que rehacer la redacción de
la siguiente manera:
“Fracción IV,
sección C del artículo 6 Constitucional.-
“Se prohíbe la
transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística
o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y
la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas
aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la
información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de
expresión y difusión.”
Esta última frase se
agregó en la redacción final de la iniciativa, durante la noche del domingo 10
de marzo, en la última sesión del Consejo Rector del Pacto por México.
De aprobarse, sería
la primera vez que se prohíbe en el nivel constitucional una práctica que ha
sido negada por los concesionarios y que hace suponer la existencia de una
“doble contabilidad” en las empresas que la realizan, pues lo hacen a través de
brokers o intermediarios y no son fiscalizadas ni informadas a sus propios
accionistas.
El Congreso de la
Unión tendría 180 días, a partir de la publicación del decreto de reforma
constitucional, para establecer los mecanismos específicos que identifiquen y prohíban
la “publicidad engañosa o subrepticia”. Los detalles para regular esta práctica
quedarían pendientes para la ley secundaria.
El dirigente
nacional del PRI, César Camacho Quiroz, admitió ante este reportero que éste
fue uno de los temas más difíciles para su partido. “Sin embargo, lo aceptamos
con todo lo que esto implica”, aclaró.
Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1898, ya en circulación.
(PROCE3SO/ JENARO VILLAMIL/ REPORTAJE ESPECIAL /19 DE
MARZO DE 2013)
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