En el Consejo Estatal de Seguridad lo incriminan como
parte de una célula
Investigaciones Zeta/Semanario Zeta
Dos hermanos
denuncian cómo han sido hostigados por el Ejército Mexicano y la Policía
Estatal Preventiva, luego que tras unos cateos anulados, sus nombres se
integraron a una averiguación. En la última edición de ZETA aparecieron sus
fotografías, proporcionadas por el área de inteligencia que los tiene dentro de
un organigrama delictivo. Acompañado de su abogada y con los expedientes que lo
exculpan en mano, Gerardo Miramontes aduce inocencia
Mexicalenses y
empresarios, los hermanos Miramontes Zavala se dicen inocentes.
Gerardo y Federico
aparecen en un expediente de los servicios de inteligencia del Estado, como
miembros de una célula del crimen organizado en Mexicali. Incluso les pusieron
el mote de “Los Zavala”.
La realidad, al
menos la palpable, es que los hermanos Miramontes están libres. No tienen
órdenes de aprehensión, y su abogada, Sandra Esquer Montoya, los ha
representado en las instancias federales hasta dejar a sus clientes, libres de
cargos.
En las oficinas de
ZETA, a propósito de la nota “Pugnas de Células en Mexicali” publicada en la
edición 2029 (del 1 al 7 de marzo de 2013), donde autoridades de la Secretaría
de Seguridad Pública ubicaron a los hermanos Miramontes como líderes de una
célula dedicada al narcotráfico, Esquer explicó que eso es falso. Que de hecho,
sus clientes han sido hostigados por fuerzas del orden como el Ejército
Mexicano y la Policía Estatal Preventiva desde enero de 2008 hasta la fecha,
periodo en el que les han cateado propiedades de manera constante. “Hay por lo
menos 14 denuncias por esos hechos”, aseguró la abogada.
“Todo ese asunto es
falso”, recalca Gerardo Miramontes Zavala en alusión a la insistente
vinculación que autoridades federales han pretendido fincarles desde hace cinco
años.
El mexicalense y
empresario de la construcción comenta que a raíz de estos infundados
señalamientos ha sido hostigado, se le ha intentado extorsionar y ahora es
exhibido públicamente por un delito
donde nada tuvo que ver.
Su abogada muestra
un voluminoso expediente ya archivado en el Juzgado XII de Distrito en
Mexicali, donde ha sido exonerado.
“Tengo familia,
tengo hijos, tengo mis negocios, todo eso está en riesgo”, expone el
entrevistado en las afueras del edificio del Poder Judicial en Mexicali.
La historia se gestó
a raíz de un incidente donde Luis Aguilar, un agente de la Patrulla Fronteriza
norteamericana, fue atropellado y muerto por presuntos narcotraficantes el 19
de enero de 2008m en la zona de dunas entre Yuma y Calexico.
A raíz del suceso y
la presión del gobierno norteamericano, las autoridades de México buscaron una
respuesta inmediata.
Acusaron a un hombre
llamado Albino Navarro y, de acuerdo al expediente de la investigación, en las
oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada recibieron una llamada anónima donde aseguraron que Albino estaba
vinculado a Gerardo Miramontes, empresario dedicado a la construcción en
Mexicali.
El expediente
incluye la declaración de Navarro, donde especifica que nunca conoció a
Miramontes Zavala. “Albino nunca dijo que lo conocía, nunca lo mencionó”,
explica la abogada, para agregar: “El que los mencionó fue el delegado de la
PGR, Alfredo Becerril, en una conferencia”.
Luego y a raíz del
incidente con el agente fronterizo, agentes de la Procuraduría General de la
República, catearon una serie de lugares en la zona Poniente de Mexicali, entre
éstas un taller mecanismo ubicado a dos cuadras de la residencia de Miramontes.
En el taller los agentes localizaron cerca de 180 motocicletas y cuatro kilos
de marihuana.
“De ahí para acá han
estado metiéndose a mi casa, ha habido denuncias, me han querido extorsionar”,
expone Miramontes, apoyado por la versión de su abogada, quien refiere que cada
año, en estas fechas, a su casa llegan operativos encabezados por el Ejército.
Han sido al menos cuatro ocasiones que se han metido en su casa.
La primera, el 18 de
julio del 2008 ahí en la colonia Santa Clara. De acuerdo a la versión, ahí un
funcionario federal le exigía 50 mil dólares. Del hecho hubo una denuncia ante
la PGR, que nunca tuvo seguimiento.
Otra ocasión, en
octubre de 2011, cuando en un operativo conjunto entre militares y federales,
allanaron su casa en la colonia Santa Clara. Miramontes asegura que se robaron
245 mil pesos en efectivo, producto de un cheque que acabañan de hacer
efectivo. Que los federales abrieron dos cajas fuertes, en una tenía
documentos, en la otra el dinero, pero cuando tuvieron el efectivo salieron
inmediatamente.
“Tengo hijos ya
grandes, están estudiando, mi hija se ha desmayado dos veces por la presión”,
refiere Miramontes respecto a los señalamientos de las autoridades hechos
públicos.
La abogada Sandra
Esquer Montoya dice que hasta a ella la han hostigado, ya que le abrieron una
averiguación previa, acusada de violar sellos oficiales; incluso intentaron
girarle orden de aprehensión: “Era para presionarme que yo no fuera la
abogada”.
(SHC/ANB/RMC)
(SEMANARIO ZETA/ZETA Investigaciones /marzo 10, 201316.-
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