Ni Fiscalía de Jalisco ni PGR conocen móvil del
asesinato de Jesús Gallegos
ZETA Investigaciones/Semanario Zeta
Levantones y
asesinatos de funcionarios públicos han caracterizado por los primeros meses de
la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sin resultados la investigación del
homicidio del secretario de turismo de Jalisco. El colmo: privaron de su
libertad a más de 40 militares en Michoacán en represalia por la detención de
miembros de las llamadas autodefensas
El asesinato del
recién nombrado secretario de turismo en Jalisco, J. Jesús Gallegos Álvarez, se
sumó a una serie de ejecuciones que durante los primeros meses de la
presidencia de Enrique Peña Nieto se han registrado en altos puestos de los
gobiernos estatales, municipales y hasta federales.
A Gallegos Álvarez
lo “cazaron” sus homicidas el sábado 9 de marzo después de haberse reunido en
Casa Jalisco con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien lo había
designado como secretario de estado apenas nueve días antes.
El victimado,
empresario de la industria de la construcción, fue perseguido cuando viajaba
con su chofer en una camioneta Toyota Highlander, durante varias cuadras sobre
la avenida Acueducto, en el lujoso fraccionamiento Colinas de San Javier, en
los límites de los municipios de Guadalajara y Zapopan.
Sicarios que
abordaban una camioneta tipo Blazer y un automóvil Volvo le dispararon al menos
en 16 ocasiones, de acuerdo al número de casquillos y ojivas calibre 9
milímetros localizados en la escena del crimen. Solo acertaron tres de los
balazos en la humanidad del funcionario, suficientes para privarlo de la vida.
La policía municipal
de Zapopan detuvo a cuatro personas sospechosas por el rumbo, sin que les
localizaran armas de fuego y se les puso a disposición del Ministerio Público
para su investigación.
Sin líneas de investigación
De inmediato
trascendió la noticia a través de las redes sociales. Autoridades estatales
confirmaban: El secretario de turismo fue victimado.
El secretario
general de gobierno, Arturo Zamora Jiménez, a través de su cuenta de Twitter
lamentó el hecho. En seguida el gobernador Aristóteles Sandoval hizo lo propio
y envió condolencias a la familia Gallegos. Y fiel a su estilo, el presidente
Enrique Peña Nieto también utilizó el mismo medio para anunciar que ordenó el
esclarecimiento del crimen.
En rueda de prensa
realizada tres horas después, Zamora Jiménez informó a los medios de
comunicación sobre los escuetos datos que había hasta el momento y de inmediato
deslindó el asesinato de las funciones que el nuevo secretario de estado
realizaba en el gabinete de reciente creación y enfocó la investigación a las
actividades económicas y empresariales del fallecido.
Las siguientes
ruedas de prensa corrieron a cargo del fiscal central de Jalisco, Rafael
Castellanos, que solo abonó a la incertidumbre informativa, al carecerse de
líneas de investigación sólidas, que había testigos oculares de los hechos y
que los sospechosos retenidos horas antes habían sido liberados al probarse que
no habían disparado armas de fuego ni fueron señalados por los testigos.
Las cámaras de vídeo
vigilancia que existen en la zona son de propiedad privada, por lo que las
autoridades realizan las gestiones para obtener las imágenes, si es que estos
aparatos funcionaban y grabaron el suceso.
Los liberados
La Fiscalía Central
informó en su momento de la libertad de los cuatro hombres que inicialmente
parecieron sospechosos. Dos sinaloenses y dos colombianos. Lo que no se informó
es que uno de ellos tuvo extraños vínculos con un joven hijo del extinto
narcotraficante Gonzalo Araujo Payán “El Chalo Araujo”, que fuera lugarteniente
de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel del Pacífico.
Los retenidos eran
los sudamericanos originarios de la ciudad de Cali, Óscar Sevillano Quiñones,
de 35 años y Julio César Caicedo Riascos, de 25; así como los mexicanos Juan
Loo Gómez y su hijo Juan Carlos Loo Lugo. Ninguno con antecedentes penales,
desconociéndose la situación migratoria de los extranjeros.
Sin embargo, en el
caso de Juan Carlos Loo Lugo se conoció de sus vínculos con el hijo de “El
Chalo Araujo” a través de notas periodísticas que datan de finales de agosto de
2008, cuando se informó del hallazgo de dos cadáveres encobijados a unos pasos
de la Casa de Gobierno de Sinaloa.
Según trascendió,
uno de los cuerpos correspondía al de Miguel Emilio Araujo, hijo del sicario al
servicio del “Mayo” Zambada y el crimen se atribuyó a una venganza del cártel
de los hermanos Beltrán Leyva, de acuerdo a un narcomensaje localizado en el
sitio.
Derivado de las
investigaciones del doble crimen, las autoridades sinaloenses conocieron que
ambas víctimas fueron privadas de su libertad horas antes junto con otros
jóvenes en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Entre los levantados figuraba
el nombre de Juan Carlos Loo Lugo.
Meses después, las
notas publicadas en Internet aseguraban que los jóvenes continuaban
desaparecidos.
Avisos a la víctima
J. Jesús Gallegos
Álvarez, el fallecido secretario de turismo, era un hombre millonario con una
sólida trayectoria como constructor y había formado parte de la directiva de
Mayan Palace hasta que dejó de laborar con ese grupo empresarial en marzo de
2006.
Construyó y era
propietario de impresionantes edificios y desarrollos turísticos en Nayarit,
Puerto Vallarta y Zapopan. También era concesionario de la importante firma
automotriz Ferrari y contaba con una agencia de autos en Jalisco.
Su vida de lujos, aficiones
y algunas de sus obras se hacían transparentes a través de las fotografías que
aún permanecen en sus perfiles de redes sociales, como el sitio:
http://www.facebook.com/jjesus.gallegosalvarez?ref=ts&fref=ts.
Una de las más
grandes creaciones de Gallegos Álvarez fue la torre Icon23, ubicada en el
lujoso fraccionamiento zapopano Puerta de Hierro, misma zona donde vivía el
empresario. El portento de obra era rechazado por vecinos del lugar que
estimaban hubo corrupción al modificarse los planes de urbanización e impacto
ambiental por parte de las autoridades municipales en 2006, precisamente cuando
el alcalde de Zapopan era Arturo Zamora Jiménez, hoy secretario general de
gobierno.
Hasta el momento el
crimen del incipiente secretario de turismo no se ha aclarado.
Otros funcionarios
El homicidio de
Jesús Gallegos no es el único asunto pendiente para la justicia, también hay
crímenes y levantones en contra de funcionarios en distintos ámbitos que están
a la espera de ser resueltos desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia
del país el primero de diciembre de 2012.
En una fosa
clandestina del ejido Guadalupe Victoria, en Saltillo, Coahuila, el 17 de
diciembre pasado fueron localizados los cadáveres de seis personas, entre ellos
el del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), Natanael Rivera Gutiérrez. Días antes había desaparecido. El
gobierno de Rubén Moreira designó a un fiscal especial para investigar el
homicidio múltiple y aunque ha habido algunas detenciones el móvil no ha
quedado claro.
El día de Navidad
fue levantado Gilberto Alonso Saggiante García, director de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán. Un día después hallaron su cadáver en el sitio conocido
como “El Columpio”, en la carretera Pátzcuaro-Uruapan. Presentaba diversos
impactos de bala. Autoridades ministeriales se curaron en salud al afirmar que
el servidor público no desempeñaba funciones operativas, sino de orientación a
la comunidad.
El domingo 3 de
marzo, en su casa de Chilpancingo, fue asesinado a golpes y con objeto
punzocortante el auditor especial de la Auditoría General del Estado de
Guerrero, Salvador Becerril Gómez “La Pantera”. Los homicidas se llevaron una
camioneta Honda modelo CRV, propiedad del gobierno guerrerense.
El mismo día que
mataron al secretario de turismo de Jalisco, 9 de marzo, fue secuestrado en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ramiro Garay Medina, Consejero Distrital Electoral
número 2. Sujeto armados irrumpieron en las oficinas electorales y privaron de
su libertad al abogado. Autoridades estatales informaron preliminarmente que el
levantón pudo haberse debido a “actividades de la abogacía”. A la fecha no se
tiene noticia de su paradero.
Militares retenidos
Luego de la
detención de 51 miembros de grupos de las llamadas “autodefensas” en el
municipio de Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán, habitantes de La
Ruana a manera de protesta mantuvieron privados de su libertad a más de 40
militares durante varios días.
Uno de los primeros
en reconocer la información fue el presidente municipal Luis Torres Chávez y el
procurador de justicia michoacano le asegundó, al afirmar que los militares ya
habían sido liberados el 12 de marzo, justificando que la retención había sido
durante unas cuantas horas.
La Secretaría de
Gobernación informó esa misma noche, a través de un comunicado, que la
Secretaría de la Defensa Nacional intensificaría su presencia en la región y
que estas acciones son parte de los acuerdos obtenidos de la coordinación entre
autoridades municipales, estatales y la SEDENA.
Los habitantes de
Buenavista Tomatlán justificaron la existencia de los grupos de autodefensa, ya
que según ellos la población está a merced de la delincuencia sin que las
autoridades de ningún nivel hagan algo por paliar el fenómeno.
Por su parte, la
Procuraduría General de la República argumenta que los detenidos están ligados
al Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera principalmente en los estados de
Jalisco, Colima y Michoacán, bajo las órdenes de Nemesio o Rubén Oceguera
Cervantes “El Mencho”.
Las armas aseguradas
en diversas acciones a los detenidos son largas y de altos calibres como AK-47,
AR-15, Galil, subametralladora UZI, mini 14, P-90 “mata-policías” y calibre 30.
Otros calibres son de escopeta 12 y pistolas 9 milímetros, 45, 38 súper, 38
especial.
El grave hecho de la
privación de libertad de soldados del Ejército Mexicano es investigado por
mandos castrenses y el Ministerio Público de la Federación.
(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones /marzo 18, 2013)
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