Arturo Rodríguez García/Reportaje Especial
MÉXICO, D.F.
(apro).- El pasado 25 de diciembre, las actividades no cesaron en un pocito de
carbón clandestino ubicado cerca de la villa de Barroterán, Coahuila, a pesar
de tratarse de un día de descanso obligatorio.
Inicialmente, el
patrón, Juan Manuel Lares, había dado instrucciones a sus trabajadores de que
no se presentaran a trabajar hasta enero; sin embargo, de último momento cambio
de opinión y citó a cuatro trabajadores. Poco antes de terminar el turno, una
enorme roca se vino abajo, cubriendo por completo a Javier Alejandro Martínez
Álvarez.
La roca cayó sobre
su cabeza, la quijada se le fracturó. Las secuelas del golpazo son más que
evidentes: actualmente, presenta convulsiones, su rostro está cubierto por
marcas de costura que no cicatrizan. No puede mover los hombros y tiene todas
las vértebras saltadas. El frío del norte, a veces bajo cero, lo hace gritar
del dolor en la pierna izquierda, sujeta por cinco clavos que llevará de por vida
para mantener su extremidad en su lugar. Javier Alejandro tiene 32 años, esposa
y dos hijos pequeños.
Hace siete años, su
tío Jesús Álvarez, murió en la mina Pasta de Conchos. Como sucede en esa
región, las familias de obreros mueren en la miseria, por accidentes en minas
propiedad de otras familias que viven millonarias por el carbón… como Javier
Alejandro, empleado de Juan Manuel Lares, en cuyos pocitos han quedado lisiados
varios mineros y dos han muerto.
El pasado 19 de
febrero, al cumplirse siete años del derrumbe en el que murieron 65
trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de Enrique Peña
Nieto informó que se realizaría un peritaje para determinar si es posible
recuperar los 63 cuerpos que continúan dentro de la estructura colapsada.
Durante los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la secretarías del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) se valieron de informes falsos y
dictámenes tergiversados, para avalar que la mina continuara cerrada y los
cuerpos insepultos. Fue imposible saber qué ocurrió y a la averiguación previa
federal se le dio carpetazo.
De acuerdo con el
oficio número OS/057/13, de fecha 11 de febrero de 2013, el titular de la STPS,
Alfonso Navarrete Prida, solicitó al procurador general, Jesús Murillo Karam,
un nuevo peritaje para saber si las condiciones de Pasta de Conchos hacían
factible la recuperación de los cuerpos, como piden los deudos agrupados en la
organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).
La información fue
dada a conocer durante la misa en la que cada día 19 de cada mes, participa la
FPC frente al edificio corporativo de Grupo México –propietario de la mina—en
la colonia Polanco de esta ciudad. En su mensaje, la presidenta de la FPC, María
Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, fallecido en Pasta de Conchos,
calificó el anuncio como “una luz de esperanza” y reconoció que Navarrete Prida
había cumplido su palabra, pero advirtió que era apenas el comienzo.
El lema del memorial
fue “Rescatar a los vivos para honrar a los muertos”, pues a la FPC se han
sumado familiares de los 94 mineros fallecidos en accidentes posteriores a
Pasta de Conchos.
En total, se cuentan
159 trabajadores muertos por condiciones inseguras en siete años, la mitad en los
tiros verticales, llamados pocitos que abastecen a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Política letal
A diez años de su
creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo
Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la
subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad
social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
En los pocitos han
muerto cientos de trabajadores y otros muchos están incapacitados de por vida,
sin siquiera estar registrados en el IMSS; por sus condiciones estructurales,
utilizan a menores de edad, y, por los vacíos legales de que gozan, el narco
está en el negocio.
Creada por decreto
del entonces gobernador, Enrique Martínez y Martínez –actual secretario de
Agricultura de Peña Nieto—, desde el 28 de marzo de 2003 la Prodemi funge como
intermediaria de los “pequeños productores” de carbón, a quienes compra el
mineral para vendérselo a la CFE. Los poceros no cumplen regulaciones
internacionales a las que está obligada la CFE y, con Prodemi, se le saca la
vuelta a los impedimentos.
La CFE cuenta con
dos carboeléctricas en el municipio de Nava, en Coahuila, que se nutren de
carbón metalúrgico. Casi la mitad del carbón que usan (47%), es comprado a los
poceros vía Prodemi, por encima del precio internacional so pretexto de
procurar el desarrollo de la región.
En la proveeduría de
las minas mortales han resultado beneficiados actores políticos del PRI, PAN y
de la izquierda, ya sea como propietarios de minas, brokers o por controlar la
Prodemi desde el gobierno estatal. (Proceso 1801 y 1805).
Desde su creación,
la Prodemi retiene un porcentaje por tonelada comprada a los productores, de
manera que obtiene cerca de 500 millones de pesos anuales cuyo destino se desconoce.
Por si fuera poco,
el gobernador Rubén Moreira y la Procuraduría General de la República (PGR)
revelaron el año pasado que la operación de los pocitos fue infiltrada por el
narco y varias de las proveedoras de Prodemi se encuentran bajo investigación
federal.
Con todo, Rubén
Moreira ha rechazado que los pocitos sean cerrados, en tanto, en el ámbito
legislativo federal, una oscura maniobra canceló la posibilidad de la
prohibición de esas explotaciones mineras, durante la reforma laboral aprobada
a finales del año pasado.
El 28 de septiembre,
la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que, en el artículo 373-A de
la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El
párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los
grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón.
Con ello, los
poceros y la Prodemi, aspiran a un contrato superior a los 3 mil millones para
este año, que se encuentra en proceso de concretarse con la CFE, no obstante
las irregularidades detectadas en el padrón de empresas y contratistas que
integró el gobierno de Coahuila.
El padrón reordenado
Con informes falsos,
ilícitos impunes y, en investigación por presuntas implicaciones con el narco,
empresarios carboneros de Coahuila, pretenden limpiar su historial de
trabajadores muertos y heridos, para renovar los contratos con CFE.
El gobernador de Coahuila,
Rubén Moreira y su hermano, el exgobernador Humberto, dijeron, por separado,
que en la minería carbonífera se había metido el narco. El 20 de agosto, el
gobernador Rubén, sostuvo que se había planteado el reto de ordenar el sector,
pero el mismo tiempo, rechazó el cierre de los pocitos y pidió trabajar en el
reforzamiento de las medidas de seguridad.
En los meses
siguientes iniciaron los trámites para la renovación contractual. Conforme al
Manual de Asignación de Contratos, publicado en enero de 2011 en el Periódico
Oficial de Coahuila, en el comité no figuran la STPS ni el IMSS, ni la
secretaría de Hacienda.
Dicho manual y la
conformación del comité de asignación, hace posible que se mantenga en la
opacidad cómo se obtienen 2.57 millones de toneladas de 71 empresas, ni cómo se
cumple con casi 800 mil toneladas más, pues el contrato de Prodemi con CFE es
por 3.3 millones de toneladas. La STPS detectó que existen 48 contratistas con
pocitos clandestinos, que venden a las proveedoras de Prodemi, pero el gobierno
del estado desestimó la información.
La STPS pidió el
listado de las 71 empresas que tienen o tendrán contrato con la CFE, a fin de
realizar un operativo de inspección. APRO obtuvo el listado tras las
inspecciones y el resultado fue revelador:
En el contrato de
2010, se asignaron 2.15 millones de toneladas de carbón y había mil 849
trabajadores registrados en el IMSS; ahora, para el nuevo contrato, se asignan
2.57 millones de toneladas, pero sólo hay mil 308 trabajadores registrados en
el IMSS.
Lo anterior es
posible a través de las 71 empresas que Prodemi pretende contratar, de las
cuales 23 carecen hasta de registro patronal y, por lo tanto de trabajadores
registrados en el IMSS. Se trata de las empresas Black Fossil; Carbonífera La
Moderna; Excamin; Genaro Quiroga Rivera; Impulsora JBN; Grupo Empresarial MG;
Minera Don Beto; Fósiles Minerales y Minera Carbonífera Mupo.
También Drumak;
Fósiles Industriales; Logística y Recursos Comerciales; Mex Monclova; Dinsa;
Comercializadora de Minerales y Derivados La Encantada; Fénix Tecnoservicios;
Minerales y Transportes; Fósiles Industriales; Logística y Recursos
Comerciales; Mex Monclova; Fluorita de Muzquiz; Impulsora Especializada en
Desarrollo Carboníferos y, Carbonífera Morín.
Al realizar la búsqueda
de las empresas que no tienen trabajadores en el IMSS, y contrastarla con el
listado de las 71 empresas, APRO encontró que 18 de éstas tienen menos de 15
trabajadores registrados, siendo que esa es la cantidad mínima para operar un
pocito conforme a la reglamentación vigente.
En su operativo, la
STPS detectó datos falsos. Minera Agropecuaria Ejidal La Angostura; Minera
Internacional de México; Minera 2G; Minera La Misión, y Pech&Mining, dieron
ubicaciones de pocitos donde no existen, pero la Prodemi las dio por buenas.
Peor aún. Debido a
la falsa información que proporcionaron las empresas a la Prodemi, la STPS
encontró que 32 empresas no tenían antecedentes de inspección ni historial de
capacitación, adiestramiento ni verificación de condiciones generales de
trabajo.
Impunidad total
Este año hay
elecciones municipales en Coahuila. En Progreso, el exalcalde Federico
Quintanilla quiso ser candidato del PRI por segunda ocasión, pero no lo logró.
Hace unos meses, el 25 de julio, en uno de sus pocitos de carbón murieron siete
trabajadores.
Conocido como Lico,
el político es dueño de Minera El Progreso, y de Rodamientos y Equipos de
Sabinas, en la que murió un trabajador en 2010. Su actividad empresarial
acumula ocho muertos en dos años.
El domicilio legal
de sus empresas es el mismo que el de Operadora Industrial Minera, pero en los
trámites para ser proveedor de Prodemi aparece otro representante. La Prodemi
considera darles un contrato a cada una que, entre las tres, suman 45 mil toneladas
de carbón. Las tres, tienen sanciones pendientes de la STPS.
Entre las empresas
que la Prodemi desea mantener en su padrón, se encuentran varias de las que
tuvieron siniestros con saldo de muertos y heridos. De las 71 empresas del
listado, 37 tienen sanciones pendientes por infracciones graves a las normas de
seguridad e higiene.
Las sanciones del
trabajo, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, deben ser cobradas por el
estado o el municipio, pero los poceros tienen influencias, como en el caso de Lico
Quintanilla, o de la familia González Garza, por ejemplo. Los González Garza,
son propietarios de varias empresas mineras algunas en asociación con la
familia Montemayor Seguy, la familia de Rogelio, el exdirector de Pemex.
En mayo de 2011, 14
carboneros murieron en un pocito, propiedad de los González Garza-Montemayor.
El alcalde de Sabinas es Jesús María Montemayor, hijo de uno de los
accionistas. (Proceso número 1805).
Con las multas
impagas y teniendo como único cliente al gobierno de Coahuila, nadie cobra las
multas y nadie las paga. Mucho menos se abren averiguaciones previas por las
muertes.
Son los casos de
Alvaram de Agujita, de Vanessa Álvarez, en cuyo pocito murió un trabajador el 1
de mayo de 2012. La STPS emitió una sanción en abril de 2012. Carbonífera
Manantial, representada por Genaro Garza Guerra, es dueña del pocito Los
Sabinos, donde se registró un accidente con saldo de un muerto en diciembre de
2007.
Otro caso es Minera
Díaz, propiedad de Jesús Díaz. En febrero de 2012, cuatro de sus trabajadores
sufrieron un accidente en el trayecto al pocito. Murió un trabajador y un menor
de edad quedó lisiado. De los cuatro obreros, tres no estaban registrados ante
el IMSS.
También Minera
Zeduvik, que tenía un pocito clandestino en el que, en 2009, tuvo un trabajador
muerto que no tenía registro en el IMSS.
Aun cuando hay
empresas en investigación federal por vínculos con el narco (Proceso 1880) se
les asignará contrato. Entre esas está Grupo Empresarial MG, cuyo representante
fue detenido por el ejército en Saltillo, en abril de 2012, y presentado como
operador de Los Zetas.
También Impulsora
JBN, así como Minera Carbonífera Las Cuatas, cuyo representante es Joel Bermea
Castillo, hermano de José Reynol, propietario de Carbonífera La Mariana, quien
fue detenido por la Marina.
A las numerosas
irregularidades en que incurren 69 de las 71 empresas, en materias de trabajo,
seguridad social, seguridad laboral, e incluso, fiscal y penal, se suman los
contratistas con minas clandestinas, como aquella en que quedó discapacitado
Javier Alejandro Álvarez, y que, sin tener contrato con Prodemi, abastecen a
las mineras que si son proveedoras de carbón para generar electricidad.
(PROCESO/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 19 DE MARZO DE
2013)
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