Redacción/ Proceso
SALTILLO, Coah.,
(proceso.com.mx).- Medios impresos del noreste del país han sufrido al menos 15
ataques con explosivos y armas de grueso calibre por parte de grupos del crimen organizado en
los últimos dos años.
Importante diarios
de la región noreste como El Norte de Monterrey, El Mañana de Nuevo Laredo, Expreso de Ciudad
Victoria y El Siglo de Torreón han sido atacados con armas largas, granadas de fragmentación e incluso con un
“coche bomba”.
El periódico el
Siglo de Torreón ha registrado, desde noviembre del 2011 hasta la fecha, media docena de ataques que van desde el
incendio de un automóvil,
disparos de fusiles de asalto calibre AK-47 contra sus instalaciones, hasta el
secuestro de cinco de sus trabajadores.
El Norte de
Monterrey también registra media docena de atentados, la mayoría con granadas de fragmentación. El último
ocurrió domingo 29 de julio del año pasado, cuando un par de hombres armados
incendió con combustible una edición
suburbana que forma parte del Grupo Reforma.
La fachada del
semanario Hora Cero de Reynosa también
resintió impactos de arma de fuego el 7 de mayo de 2012. Lo mismo le ha
ocurrido en diversas ocasiones al Periódico El Mañana de Nuevo Laredo. El
Expreso de Ciudad Victoria fue víctima
de un atentado con “coche bomba” la noche del 19 de marzo de 2012.
Los ataques a los
medios de comunicación “es una
situación que se ha vuelto común en México”, dijo Balbina Flores, portavoz de Reporteros Sin
Fronteras.
El organismo, con
subsidiarias en los cinco
continentes, tiene registrados más de 35
atentados a instalaciones de medios mexicanos de 2007 a 2012.
Flores destacó que
los ataques con explosivos a los medios del noreste pretenden someter a los
periodistas para que no informen sobre las actividades de la delincuencia
organizada.
“Desde hace dos
años, Coahuila y Tamaulipas son una de las grandes preocupaciones para
Reporteros Sin Fronteras, por la
inseguridad en la que se ejerce el periodismo”, enfatizó Flores.
Desde marzo de 2010
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registran una inusitada violencia debido a la disputa por la región
por el cártel del Golfo y los Zetas, antiguos aliados que rompieron relación.
El año pasado, esa
“narco guerra” entre esos dos carteles provocó alrededor de cuatro mil asesinatos violentos, según estadísticas de
la Procuraduría General de la República.
En el caso de
atentado a reporteros, cifras oficiales
arrojan que desde 2000 han sido asesinados en todo el país alrededor de 80 comunicadores y al menos una docena se encuentran
desaparecidos.
Ante los ataques,
los periodistas del noreste adoptaron nuevos protocolos de seguridad. Las
medidas van desde ya no firmar las notas, la cobertura en grupo y
principalmente la autocensura.
Reporteros
entrevistados por Proceso contaron, bajo
la condición de mantener su anonimato, sus experiencias y los “nuevos
protocolos de seguridad” que han adoptado para informar sobre actos
relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Los comunicadores
que acuden a esas coberturas en Monterrey ahora tienen prácticamente prohibido salir
por las noches a zonas rurales de Nuevo León.
En caso de ser
estrictamente necesario, los nuevos protocolos exigen desplazarse en caravana a las zonas rurales y los
vehículos con logos de
las cadenas televisivas deben encabezar
el convoy.
Desde meses atrás
los periodistas abandonaron la competencia
entre ellos en el tema del narcotráfico.
Ya no importaba
quién sacaba primero la nota. En esta fuente también se han acabado las
“exclusivas”. Las empresas, los
jefes de redacción y los editores con
sus exigencias de contar con las primicias pasaron a segundo plano.
Ahora se
necesitaban proteger el uno al otro y
por ello se avisan y coordinan a la hora
de asistir a cubrir enfrentamientos,
“ejecuciones” y todo tipo de crímenes relacionados con la “narco-guerra”.
“El periodismo de
investigación quedó proscrito en este campo, a menos que se quiera poner en
riesgo la vida”, dijo un corresponsal de un importante periódico de la capital
del país.
“Ahora las notas se
deben redactar centrándose únicamente en los hechos y en el informe oficial de
las autoridades. Ya no se puede especular
por qué ocurren esos eventos y quiénes están involucrados”, agregó
“La autocensura es
la principal protección con la que contamos los periodistas de zonas
calientes”, concluyó.
Los reporteros
incrementaron sus medidas de seguridad después de que en varias ocasiones grupos como los Zetas regresaban a recoger a
sus miembros asesinados en enfrentamientos con rivales.
Los periodistas se
toparon varias veces con los sicarios a
pesar de que las escenas de crimen ya
estaba resguardad por policías municipales y agentes ministeriales estatales.
Todo lo anterior
obligó a los periodistas a nunca más arribar a la escena del crimen si sólo
estaba resguardada por agentes estatales o municipales. Ahora deben esperar a
que lleguen efectivos del Ejército mexicano o de la Marina.
Periodistas de
Tamaulipas contaron que los periódicos
de ese estado tienen ya más de dos años que no informan sobre esos
eventos, debido a la amenaza de los cárteles.
Eso mismo está
ocurriendo en Coahuila. El pasado 11 de marzo el diario El Zócalo anunció su
decisión de suspender información relacionada con los carteles del narcotráfico
o la violencia de la delincuencia organizada.
“En virtud de que no
existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el
Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha,
abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”,
señaló una editorial de Zócalo.
El texto precisó que
la decisión de suspender esa información “se fundamenta en nuestra
responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil
trabajadores, sus familias y la nuestra”.
El pasado 7 de
marzo aparecieron alrededor de 50
narco-mantas en diversos puntos de Coahuila
amenazando a la familia Juaresti, dueños del diario que tiene
subsidiarias en Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras.
“En ciudades como
Torreón también se está imponiendo la práctica de suprimir la información
sobre ciertos eventos”, dijo uno de los reporteros entrevistados.
La violencia e
inseguridad que priva en la región noreste
obligó a tres empresas, el Grupo Reforma, la Cadena Televisa y la
Agencia Reuters, a comprar chalecos antibalas
a sus reporteros.
En Monterrey al
menos una docena de reporteros “policíacos” solicitaron cambio de fuente.
Algunos fueron sacados de las calles y
trasladados a la redacción. Otros prefirieron abandonar la profesión y
cambiaron de empleo.
(PROCESO/REDACCIÓN/19 DE MARZO DE 2013)
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