México, DF.- De 2007
al 2012, el robo de vehículos asegurados en el país aumentó 38.2%, lo que
refiere la pérdida de 419 mil 136 unidades, reportó la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS).
Sin embargo, en 2012
se robaron en el país 73 mil 878 autos, lo que significó una reducción de 11.7
por ciento en comparación con 2011, cuando la delincuencia se llevó 83 mil 676
vehículos.
En conferencia de
prensa, Recaredo Arias, presidente de la Asociación, detalló que entre 2007 y
2012 el robo de autos creció 100% en Jalisco, 72% en el Estado de México, 55%
en Nuevo León y se redujo 28% en el Distrito Federal.
Arias precisó que en
el sexenio se robaron en Jalisco 32 mil 354 unidades, mientras que en el Estado
de México desaparecieron 95 mil 780 vehículos y en Nuevo León fueron hurtados
46 mil 785 autos.
En tanto, en el
Distrito Federal se reportaron como robadas 83 mil 644 unidades en el periodo
2007-2012.
Asimismo, el
presidente de la AMIS informó que en 2012 creció 15% el robo de autos en el
Estado de México respecto al 2011, mientras que en Jalisco aumentó 9 por
ciento.
En Nuevo León y en
el Distrito Federal se registró una reducción de 51 y 4%, respectivamente.
La recuperación de
unidades robadas se elevó 45.7% a escala nacional, pero se redujo 2.7% en 2012
respecto al 2011.
De esta forma, se
recuperaron 167 mil 694 unidades en el sexenio y 33 mil 38 en el 2012.
Esto significa que
40% de los autos se recuperaron en el sexenio a nivel nacional y a nivel anual,
en 2012, se recuperó el 45% de las unidades.
MÁS VIOLENCIA
Arias destacó que el
robo con violencia se ha incrementado desde el 2008, pues 55% de los robos en
2012 se realizaron bajo esta modalidad.
Desde el año 2008 y
en los años subsecuentes, esta proporción fue de 34, 36, 48 y 54%, respectivamente.
El 80% de los robos
con violencia ocurrieron en ocho entidades federativas, entre las que destacan
Sinaloa, donde 72% de los delitos de este tipo fueron cometidos con violencia,
así como el Estado de México y Nuevo León, ambos con 62 por ciento.
El Tsuru de Nissan
es el vehículo más robado, seguido por la pick up de la misma marca, el Jetta
clásico en modelos de 1999 a 2011, así como el Sentra de Nissan y el Bora de
Volkswagen.
Exculpan a jueces
del ‘michoacanazo’
Un tribunal federal
resolvió en definitiva negar las órdenes de aprehensión en contra de los jueces
federales Martín Adolfo Santos Pérez y Osbaldo López García, al estimar que no
cometieron un delito al negar cateos contra los inmuebles de Efraín Cázares, el
juez del “michoacanazo”.
De acuerdo con
información del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Primer Tribunal
Unitario Penal del Distrito Federal, que dirige el magistrado Manuel Bárcena
Villanueva, rechazó girar las capturas de los juzgadores y sus secretarios
Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez.
A los titulares de
los juzgados Segundo y Cuarto Federales Penales Especializados en Cateos,
Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la SEIDO los acusó de
quebrantamiento del sigilo y obstaculización de la investigación de un hecho
delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia.
Este último ilícito
es grave y, de haber procedido la imputación, hubiese significado para los
juzgadores la imposibilidad de suspender la aprehensión y de evitar la cárcel,
en caso de ser detenidos y procesados.
La consignación de
la indagatoria contra los impartidores de justicia ocurrió en el contexto de la
mayor confrontación registrada en la historia reciente entre la PGR y el PJF,
que tuvo lugar a fines de la Administración de Felipe Calderón y que incluso
incluyó solicitudes de cateo contra instalaciones de juzgados.
Para Santos Pérez,
López García y sus respectivos secretarios, todo empezó cuando a mediados del
año pasado la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada pidió catear inmuebles relacionados con Efraín Cázares López.
Este último, en su
calidad de Juez Primero de Distrito en Morelia, liberó a buena parte de los
implicados en el “michoacanazo” y concedió la suspensión provisional que
permitió que Julio César Godoy, en ese momento prófugo por un delito grave,
asumiera como diputado federal.
El juez Osbaldo
López García negó a la SEIDO la orden de cateo, por estimar que los indicios
eran insuficientes; la subprocuraduría, sin avisar de esta resolución, tomó su
solicitud y la volvió a tramitar, pero ahora ante el juez Santos Pérez, quien
también rechazó autorizar el cateo.
Cuando la SEIDO
revisó las resoluciones, descubrió que eran prácticamente idénticas, pues decenas
de párrafos fueron copiados textualmente, hecho que para el Ministerio Público
constituyó una violación al sigilo de la averiguación por parte de los jueces.
La subprocuraduría,
en ese entonces a cargo de Cuitláhuac Salinas, pidió las capturas de los
juzgadores y sus secretarios, con base en la averiguación
PGR/SIEDO/UEIARV/052/2012, pero Ricardo Delgado Quiroz, juez tercero de
Distrito en el Reclusorio Norte, negó las aprehensiones.
Delgado dijo que sus
colegas no cometieron un delito o que al menos la PGR no lo tenía debidamente
acreditado; la procuraduría se inconformó ante el Primer Tribunal Unitario,
donde el magistrado Bárcena ahora ratificó que no eran procedentes los mandatos
de captura.
Abren a debate el
plan anticorrupción
La iniciativa de
reforma Constitucional que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, propuesta
por el presidente Enrique Peña Nieto, se abrirá a la discusión de expertos,
académicos y de la sociedad en general, informó ayer el senador del Partido
Verde Pablo Escudero.
A partir del próximo
mes se realizarán foros, en los que también se incluirá a contralores internos,
para conocer la opinión de los distintos sectores de la sociedad sobre qué
modelo de Comisión podría funcionar mejor.
“La idea es abrir el
debate a la sociedad y todos los interesados para enriquecer el análisis y
podamos tomar las mejores decisiones, algo similar a lo que hicimos con la ley
de transparencia”, señaló el legislador, quien es presidente de la Comisión
Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara alta.
Escudero recordó que
en el Senado están tres iniciativas que contemplan la creación de la Comisión,
una presentada por el PAN, otra por el PRD y la que el Partido Verde y el PRI
presentaron a nombre del presidente Peña.
Cada una de estas
iniciativas, dijo, contemplan un modelo distinto de órgano anticorrupción por
lo que es importante recoger todas las opiniones para que una vez que los
legisladores tengan que dictaminarlas, cuenten con la mejor información.
Una de las
diferencias fundamentales, sobre todo entre la iniciativa propuesta por el
Ejecutivo federal y la presentada por el senador perredista Armando Ríos Piter,
explicó Escudero, es que la primera no tiene facultades de persecución penal,
en cambio la segunda sí prevé darle estas atribuciones que hasta el momento son
exclusivas del Ministerio Público.
ZOCALO DE SALTILLO/Reforma/ 16/01/2013 - 04:03 AM
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