Alejandro Maciel/ Proceso
San Diego— Después de jurar lealtad a Estados Unidos y de luchar en
los conflictos bélicos de Vietnam, Kosovo, Granada, el Golfo Pérsico, Irak y
Afganistán, 3 mil veteranos de guerra han sido deportados a sus países de
origen, 80% de ellos a México.
En los hechos perdieron una batalla legal ante
un enemigo inesperado: el Gobierno de la nación por la que se jugaron la vida.
Irónicamente sólo podrán regresar después de morir, pues la ley les permite ser
sepultados en un cementerio estadounidense.
Mientras volaba sobre territorio
estadounidense en marzo de 2003, Héctor Barajas revisó mentalmente algunos
detalles. Al escuchar el ruido de los motores sabía que el avión iba a una
velocidad crucero de 700 millas por hora y sólo con asomarse a la ventanilla
calculó que se encontraba a unos 11 mil pies de altitud.
El vuelo entre
Bakersfield, California, y Phoenix, Arizona, le pareció muy tedioso. A
diferencia de lo que había hecho en los últimos años, cuando era parte de la
Brigada 82 de Paracaidistas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, esta vez no
iba a saltar.
“Miré una vez más mis manos encadenadas y me sentí más enojado
que nunca. Me sentí traicionado por el gobierno del país que una vez juré
defender”, dice al recordar el día en que fue deportado a México: 23 de marzo de
2003.
“Me soltaron en Nogales y de repente me encontré en una ciudad extraña,
sin dinero ni familiares. Todas mis pertenencias y mi vida se habían quedado del
otro lado de la frontera”, señala.
Barajas es uno de los 3 mil veteranos de
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que según la organización Banished
Veterans han sido deportados a sus países de origen de 1996 a la fecha; 80% de
ellos a México.
En la mayoría de los casos la historia se repite: al terminar
su servicio activo les es difícil integrarse a la vida civil y tienen problemas
con la justicia. Eso pasa con 40% de los veteranos de guerra, según un estudio
del centro de análisis Cato Institute.
Cuando el veterano tiene la
nacionalidad estadounidense, debe cumplir la sentencia que le dicte un juez,
pero si sólo es residente el problema se complica: después de cumplir la
sentencia lo deportan. Los jueces en materia migratoria no toman en cuenta sus
méritos en combate.
‘Gracias, pero…’
Barajas pertenecía a una brigada de paracaidistas de élite. Lo entrenaron
para efectuar las misiones más peligrosas de la Fuerza Aérea. “Siempre me sentí
orgulloso de pertenecer a ese cuerpo”, dice durante la entrevista con Proceso en
su departamento de Rosarito, Baja California.
Muestra orgulloso fotografías
de su participación en el cuerpo de paracaidistas y las condecoraciones que
obtuvo: al Mérito Militar, Buena Conducta, a la Defensa Nacional, al Servicio
del Ejército y al Mérito Humanitario.
No había pasado un mes desde que se dio
de baja –en noviembre de 2001– cuando se metió en un problema de drogas. “Andaba
en malas compañías y no me di cuenta a tiempo”, dice mientras muestra la foto de
su hija que vive en Los Angeles y padece esclerosis múltiple. “Lo que más me
duele es que desde aquí no la puedo ayudar con sus medicamentos”,
comenta.
Dice que todo pasó muy rápido: “Desde un auto en el que me
encontraba se inició un tiroteo. Un testigo aseguró que yo había disparado y me
llevaron a la cárcel”. Estuvo dos años en prisión. Después lo
deportaron.
Barajas llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años. La mayor
parte de su vida la pasó en Compton, una ciudad que forma parte de la zona
metropolitana de Los Angeles y donde desde hace décadas las pandillas se
enfrentan a balazos para controlar la venta callejera de drogas.
En ese
ambiente “le entrabas o le entrabas” a las pandillas, recuerda Barajas. Sólo
había una forma de escapar de esa violencia: ingresar a las Fuerzas Armadas.
“Mis reclutadores me aseguraron que ahí podría hacerme ciudadano
estadounidense”, recuerda.
“Entrar a la Fuerza Aérea fue lo mejor que me pudo
haber pasado. Estudié para mecánico de aviación y mis planes eran ingresar a la
aviación comercial cuando terminara mi servicio”, comenta.
Pero las cosas
cambiaron y antes de que se diera cuenta ya estaba metido en el ciclo de
violencia del que había tratado de escapar. Barajas argumentó ante un juez que
él tenía la nacionalidad estadunidense desde que había hecho el juramento
militar de alianza permanente con Estados Unidos.
“El juez me dio las gracias
por mis servicios a la patria, pero me dijo que lo sentía, que tenía que
deportarme”, dice molesto.
Para los veteranos deportados su lucha por
regresar a Estados Unidos se convierte en una ironía, ya que de acuerdo con las
leyes vigentes para los veteranos éstos tienen derecho a ser sepultados en un
cementerio nacional. “Quieran o no, mi regreso está garantizado”, dice con una
sonrisa. “Lo malo es que primero tengo que morirme”.
La organización Banished
Veterans –formada en julio de 2009 por veteranos de guerra– ha solicitado al
gobierno y al Congreso estadounidenses que reformen el Acta de Inmigración y
Nacionalidad con el propósito de que cualquier extranjero que jure servir a las
Fuerzas Armadas obtenga automáticamente la ciudadanía. Además exige que esta
modificación sea retroactiva para permitir el regreso de miles de veteranos
deportados.
Esta organización estima en más de 30 mil el número de miembros
de las Fuerzas Armadas que no tienen la nacionalidad estadunidense.
‘Delitos menores’
Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela todavía visten sus uniformes azules
con la boina típica de la era de Vietnam.
Manuel fue marine y realizó decenas
de misiones de rescate. Su hermano Valente estuvo en el ejército y participó en
numerosos combates. En uno de ellos fue herido. Por sus méritos recibió la
Estrella de Bronce.
Los hermanos, ambos sexagenarios, libran una batalla
legal contra un enemigo inesperado: el gobierno del país por el que combatieron.
Tratan de evitar la orden de deportación que pesa en su contra.
A fines de
enero pasado participaron en una manifestación en la frontera entre México y
Estados Unidos, justo frente a la garita de Tijuana. El lugar es simbólico para
ellos: si pierden su caso, por esa puerta giratoria saldrían deportados.
Al
igual que ellos, una veintena de veteranos de guerra sacaron sus uniformes, se
colocaron sus condecoraciones en el pecho y portaron las banderas de sus
batallones. Intentaban llamar la atención de la gente y de las autoridades
migratorias.
“Necesitamos mostrar lo que hemos hecho y lo que nos hemos
sacrificado”, dice Manuel. “Somos estadunidenses. Pudimos haber perdido la vida
por este país”.
Lauren Mack, vocera de Departamento de Inmigración y Aduanas,
asegura a Proceso que un veterano objeto de un proceso de deportación “siempre
es tratado de manera diferente y con más suavidad que el resto de los
inmigrantes indocumentados”.
Sostiene que “sin duda el servicio militar es un
factor positivo que los jueces toman en consideración al decidir si inician el
procedimiento de deportación”. En el caso de los más de 3 mil deportados no
parece que su condición de veteranos de guerra haya impresionado a los
jueces.
“Si ellos se hubieran hecho ciudadanos de este país, no estarían en
esta situación”, explica a Proceso Rob Baker, director de la Oficina de Campo de
Inmigración y Aduanas en San Diego. Agrega que el personal militar puede hacerse
ciudadano en tres años, pero para eso es necesario iniciar el trámite.
“Los
veteranos de guerra tienen derecho a una vía rápida. Pero si no realizan el
trámite son vulnerables a la deportación como cualquier otro residente
permanente que comete un delito serio; incluso delitos menores pueden concluir
en su deportación”, agrega.
Baker ha revisado numerosos casos relacionados
con veteranos y tiene la facultad de evitar la deportación de los exmilitares.
Pero de 25 casos que ha revisado, no ha resuelto ninguno en favor de
ellos.
“Como veterano de la Fuerza Aérea y de las Reservas de la Fuerza Aérea
durante más de 23 años, realmente admiro el hecho de que estas personas hayan
servido a nuestro país. Sin embargo, el que sean veteranos no los hace inmunes a
las leyes civiles”, argumenta.
En el caso de los hermanos Valenzuela –quienes
viven en Colorado– su proceso de deportación se inició después de que cometieron
“delitos menores”, según afirma su abogado Fennis Hartley. Manuel, por ejemplo,
tiene en su expediente “conducta desordenada” y “resistirse al arresto” de la
Policía. Valente enfrentó acusaciones de violencia doméstica. Según su abogado,
ambos cometieron esos delitos hace más de 10 años.
Los hermanos Valenzuela
nacieron en Chihuahua. Su madre los trajo a Estados Unidos cuando eran niños.
Debido a que su madre nació en este país, siempre pensaron que eran “ciudadanos
americanos”. Su creencia se confirmó el día que hicieron el juramento militar de
lealtad a Estados Unidos. “Cuando levantamos nuestra mano, pensamos que ya
éramos ciudadanos americanos”, dice Manuel.
Y añade: “En el frente de guerra
no había distinciones entre ciudadanos o residentes, ahí todos éramos iguales
¿Por qué en la vida civil no es así?”. (Alejandro Maciel/Proceso)
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario