La Viña del Señor
En su intento de aclarar lo
alcances del resolutivo calibre “misil” que la Sala Regional de la Primera
Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Federal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de Guadalajara emitió el pasado 1º. de marzo dentro
del Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano expediente
SG-JDC-1127/2012 al reportero Héctor Apolinar del portal Dossier Político,
Antonio Astiazarán se desnudó de cuerpo entero, no por lo que dice, que es en sí
un monumento a la ignorancia y al disparate, sino por lo que calla y que todo
Guaymas y principalmente los priístas exigen que aclare.
De entrada debemos
dejar establecido que el colega Héctor Apolinar, no necesita defensa alguna
conocida su capacidad y sagacidad que como hombre de medios ha demostrado
durante su trayectoria. Así que ese punto lo dejamos a un lado porque su trabajo
lo defiende solo y habla por sí mismo.
El meollo del asunto es otro sabida
la enorme ignorancia del Toño Astiazarán en cuestiones jurídicas y ahí no
podemos pedirle peras al olmo, pues al egresado de Rochester se le conocen otras
habilidades y capacidades como la de mandar a la calle sin remordimiento alguno
a más de cien trabajadores del servicio de limpia condenando a vivir un duro
viacrucis a esos hombres y sus familias o como el hecho de promover venta de
terrenos a precio de ganga o “regalarle” 366 hectáreas a su compadrito Eduardo
Lemmen Meyer para el proyecto Playa Miramar o despojar a ciudadanos de bien de
terrenos con buen valor comercial mediante embargos por supuestos adeudos de
predial.
Para esos menesteres Astiazarán se pinta solo y para ello contó con
el cuadro edilicio que lo acompañó en su desgobierno y su principal cómplice fue
su sucesora Susana Corella Platt, involucrada también en la falsificación de la
convocatoria que nunca existió para renovar el Consejo Político Municipal del
PRI en octubre pasado.
Abogados de oídas
Por eso urge que alguien
les explique al par de “abogados” –ambos al parecer de oídas-- el alcance del
resolutivo venido desde la Perla Tapatía, porque el punto tratar por la Comisión
de Justicia Partidaria presidida por Oscar López Vucovich, y que el Tribilín
intentó ocultar con su anulado carpetazo versará precisamente sobre los
documentos espurios, parte de la indagatoria en manos de la PGJE y la Dirección
General de Notarías por la participación de Olivia Acuña Murillo, esposa de
Fabrizio Cano Lara, secretario del tricolor en el municipio y en donde la
autoría intelectual del desgarriate apunta hacia el diputado Otto Claussen, ni
más ni menos.
La carta a Eufemia del Toño
Y nada
para agarrar botana analicemos lo que el exalcalde dice en su misiva aclaratoria
enviada a Oscar Castro director de Dossier:
“Estimado Oscar: En relación a
la nota sobre la resolución del TRIFE, me permito anexarte algunas líneas de
comunicación que considero importantes, pues existe una mala interpretación
sobre los alcances de la misma. Estoy a tus órdenes para cualquier duda".
De
acuerdo con el ex alcalde guaymense "el mandato del Tribunal fue hacia la
Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, a fin de que ésta la otorgue a
ALAN JARAMILLO y PEDRO ROMANO, la garantía de audiencia, en un recurso de
inconformidad que presentaron contra el proceso de elección del Consejo Político
Municipal.
La resolución no es contra el Comité Municipal del PRI, ni contra
el Consejo Político Municipal del PRI, sino en contra del procedimiento seguido
por la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI;
El Consejo Político
Municipal está vigente, y los integrantes del mismo podrán participar en el
proceso electivo de las Candidaturas Locales, una vez que se emita la
Convocatoria.
Las Candidaturas a cargos de elección popular federales, que
fueron electas bajo el método de Asamblea de Delegados, como los son los
Candidatos a Senadores y Diputados Federales, no tienen afectación alguna por
esta resolución".
El CDE del PRI podrá continuar con el proceso de selección
de los Candidatos a Presidente Municipal y Diputado Local de Guaymas".
De la
lectura de lo vertido por el Toño y compartido por Corella en declaraciones por
separado podemos concluir que ambos son una nulidad como abogados, de que el
Polito Corona es mil veces más serio en eso de agarrar con formalidad la
profesión a pesar de las golpizas recibidas sobre el encordado pues hasta
película le hizo Antonio Banderas y que ninguno de los dos saben de lo que
hablan para tranquilidad de sus contrarios y si no cheque el amable lector el
dato:
En primer término, debe destacarse que en los juicios de protección de
los derechos políticos del militante bajo expedientes JPDM-04/2011 y
JPDM-05/2011, se impugna la renovación ilegal del Consejo Político Municipal del
PRI sin convocatoria de por medio y en donde aparecen involucrados la propia
Susana Corella, Fabrizio Cano, Gabriel Davis, presidente de la Comisión de
Procesos Internos del PRI guaymense, la notaria Olivia Acuña y Raúl Molina y
Francisco Vea, supuestos testigos de su publicación en los estrados del partido.
Cuestión esta que fue desmentida por Caritina Espinoza, miembro de dicha
comisión quien negó ante la propia Claudia Pavlovich, que ésta haya siquiera
sesionado.
Por otro lado falla Astiazarán cuando en lugar de aclarar enreda,
pues dice que la sentencia del TRIFE es en contra de la Comisión Estatal de
Procesos Internos del PRI, lo cual es impreciso, toda vez que la resolución del
Tribunal no involucra a dicho órgano partidario, si no que deja sin efecto una
sentencia de fecha 19 de diciembre del 2011 dictada por la Comisión Estatal de
Justicia Partidaria del PRI, instancia del partido competente para conocer
cuestiones como las hechas valer en los juicios de protección de derechos del
militante referidos.
Así, el tribunal federal puso las cosas en su casillero
y dejó en claro el proceder ilegal del órgano de justicia partidista el cual en
lugar de velar por la legalidad interna actuó en forma facciosa para favorecer a
un grupo de interés en este caso el que mantiene secuestrado al partido en
Guaymas.
Pactos de civilidad
Con hueca
palabrería el Toño pretendió ocultar el fondo del problema, consistente en el
cochinero existente al interior del partido en el puerto, en la misma cuna de su
fundador y les parece poco al dúo de indiciados en la averiguación previa Número
1135/2011 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector I la
comisión de delitos con el fin de obtener una ventaja política, para lo que es
peor seguir prendidos de la ubre presupuestal, que es la meta inocultable de
ambos cuando la vocación de servicio es lo que menos los mueve y ahí tanto
Marcos Ulloa de Morena, Fermín Trujillo del PANAL y hasta Israel Quiroz del PAN,
por estar escasamente quemados en la farándula le llevan sobrada ventaja rumbo a
la elección de diputado federal en el 04 distrito ante la división provocada al
interior del tricolor y partido que ameritará casi una gran obra de
reconstrucción ingenieril para que recobre el camino antes de que la elección
del candidato a la alcaldía y a la diputación por el XIII distrito local
pulvericen aún más el consenso interno.
Por eso para enderezar la imagen le
urge llenar el expediente de demócrata apareciendo en la foto signando “pactos
de civilidad” con el resto de los contendientes. Aunque el Cachorro ya se
enganchó en la maniobra para mayor desconfianza del quienes le dieron
posada.
Dejan de lado tanto Toño como Susana que efectivamente los procesos
de selección de candidatos podrán continuar, pero los mismos al final estarían
afectados de nulidad por no apegarse a la normatividad interna y esa causal la
podrían hacer valer hasta los otros partidos políticos rivales como terceros
interesados. Ahí nomás pa´ que carburen el dúo los alcances jurídicos de dicha
impugnación.
Incultura jurídica y política
Si
como políticos el Toño y la Susana han demostrado gran incultura jurídica y
política y falta de sensibilidad pues desde siempre han navegado con red de
protección y de impunidad con padrinos como Eduardo Bours y con la complicidad
de Claudia Pavlovich Arellano, desde la dirigencia estatal del PRI, para
ascender en sus carreras políticas y hacer y deshacer en el partido en Guaymas,
como abogados no ganan una jurisdicción voluntaria.
Ahora, para ripley, nada
más falta que para librar la empapelada por sus desfalcos a las arcas
municipales aleguen que fueron sorprendidos por Lemmen Meyer cuando trató de
quedarse con las 366 hectáreas de Miramar y de que no sabían que el terrenito de la
salida norte del puerto que vendieron a precio de ganga estaba embargado por el
SAT.
¿Los sucesos al interior del Grupo Sendas que terminaron mal para el
Chavalón Uribe, del grupo de los tres alegres compadres junto a Gastón
Villaseñor y el Beto Vázquez, les indicarán algo al par de tarolas?
Por algo
dicen que decía Goring el siniestro fundador de la Gestapo “cuando oigo la
palabra cultura desenfundo mi pistola”
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