REJAS CRIMINALES

El sistema penitenciario mexicano: concesión al crimen organizado Paúl Mercado     En las cárceles de México se reconoce no solo un problema de sobrepoblación, violación a derechos humanos, corrupción de autoridades carcelarias y el autogobierno, sino también una criminal omisión gubernamental que parece expedirle al crimen organizado una concesión tácita para hacer de los centros penitenciarios auténticas sucursales del infierno o certificadas universidades del crimen. El penal de Apodaca, Nuevo León, con sus 44 presos asesinados a manos de Los Zetas y 30 más fugados la madrugada del domingo 19 de febrero, se convirtió en la prueba inobjetable de que el Gobierno en sus tres niveles no solo ha perdido las calles con su lucha anticrimen, sino también el control de las cárceles. La masacre de reos en Apodaca, la peor tragedia en un penal durante el sexenio de Felipe Calderón, fue la “bomba de tiempo” que en las 32 entidades federativas la sociedad siempre ha temido y teme que de un momento a otro explote, y de ello no queda exento Sinaloa. Los ingredientes que se combinaron en el Centro de Readaptación Social de Apodaca para que ocurriera la tragedia, según el propio Gobierno local y la Segob: el hacinamiento, deficientes controles de seguridad, disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado y corrupción, son los mismos que se cocinan en las cárceles sinaloenses y de ello ya dio cuenta la matanza de 29 reos ligados a Los Zetas-Beltrán Leyva en el penal de Mazatlán el 14 de junio del 2010. En medio de tanto muerto y evadido de las cárceles mexicanas, la omisión gubernamental, sea federal o estatal, figura como un acto criminal, pues pese a saber que las cárceles son un “polvorín”, no solo han dejado de invertir recursos y de aplicar políticas públicas en el sistema penitenciario, sino que también se ha permitido a la impunidad hacerle creer a los reos que gobiernan el interior de las cárceles, que tienen licencia para hacer y deshacer a su antojo. Después de la tragedia en Nuevo León, el gobernador Mario López Valdez se sumó a las voces temerosas que advierten, como César Luis Vea Vea, ex presidente de la FAS, que lo ocurrido en Apodaca no está muy lejano de suceder en Sinaloa: “Seguramente esto puede traer repercusiones entre los grupos que pretendan vengarse de lo que pudo haber ocurrido en ese penal. Estamos cada vez más atentos reforzando la vigilancia”, dijo el mandatario estatal, tras advertir también que las cárceles del estado no son de máxima seguridad y sí muy vulnerables. Otro ingrediente que inquieta de frente a la posibilidad de una crisis penitenciaria en el estado es el hecho de que Sinaloa se mantiene en el último lugar de calificación, con 3.88, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2010 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación que guardan las cárceles del país. Lo curioso es que Nuevo León y Tamaulipas son de los mejor calificados, superando el 7 y el 8, respectivamente. El doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reveló en su momento que en respuesta a la recomendación 37/2011 del 19 de septiembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal había emprendido acciones como el cierre de doce cárceles, quedando solo en operación las de Mazatlán, Los Mochis, Culiacán, Guasave y Angostura. Pero la recomendación no era solo sobre la infraestructura carcelaria, sino para que se atienda una verdadera política penitenciaria. Sobre esto, el gobernador Malova, como titular de la Mesa de Trabajo dentro de la Conago denominada Sistema Penitenciario Nacional, dio a conocer el 11 de julio de 2011 acuerdos para mejorar la situación de las cárceles en el país, con lo que se proponía a la Federación una reingeniería carcelaria. La mayoría de los acuerdos fueron ignorados. Malova señaló incluso que el sistema penitenciario era el último en importancia a la hora de asignar los presupuestos: “Lamentablemente también ha ocupado el último eslabón en las prioridades específicas de las políticas públicas en la materia”, dijo en tono autocrítico en Chihuahua. Ya para entonces todas las instancias del Gobierno sabían del diagnóstico negativo de las cárceles en el país: crisis de seguridad nacional, rezago en profesionalización, falta de equipamiento, tecnología e infraestructura física, sobrepoblación, corrupción, violencia y fallas en procedimientos de reinserción. Malova, de ser promotor de esta iniciativa, pasó al confort de las declaraciones y ahora, de frente a los hechos de Nuevo León, solo se limita a decir lo que está a la luz de todos: “Cada vez los delincuentes están dispuestos a cosas de mayor peligrosidad. En México necesitamos tener centros de readaptación, no las verdaderas universidades del crimen que hoy representan”. Y sobre la corrupción del personal carcelario admitió que los sueldos de los celadores son muy bajos y “pueden ceder a ofertas tentadoras que pueda hacer el crimen, o ante las propias amenazas”. Pero su secretario de Seguridad, Francisco Córdova, no ve lo que otros y asegura que la situación ya no es tan crítica en las cárceles estatales, ya que, después de la masacre de 29 reos en Mazatlán, se han modificado una serie de cosas y es por eso que ahora los internos están separados por grupos, peligrosidad y fuero. Incluso asegura que a partir Nuevo León se realizaron otros ajustes, como extremar la vigilancia con al Grupo Élite en los penales, sobre todo el de Aguaruto, en Culiacán. “No vemos una situación crítica en los penales, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar muy vigilantes, que no vaya a pasar eso aquí en Sinaloa”, dijo el funcionario. Sin embargo, el jurista César Luis Vea Vea dijo a Ríodoce que la posibilidad de que se replique en Sinaloa lo de Nuevo León no es remota: —¿Qué tan posible es que lo de Apodaca se pueda reeditar aquí en Sinaloa? —No estamos muy lejos de ello, acuérdate que ya han ocurrido hechos así en Los Mochis, Mazatlán… No se puede descartar, no estamos exentos de ello; (las autoridades) creen que no va a pasar a pesar de que hoy en día hay reos de mayor peligrosidad y las cárceles no están acondicionadas. Incluso la CNDH, a partir de Apodaca, hizo un llamado a todas las autoridades responsables de centros penitenciarios para que apliquen acciones preventivas en las cárceles del país, a efecto de evitar “incidentes” de esta naturaleza. Otro hecho que ilustra la omisión gubernamental en materia penitenciaria es que el 24 de agosto de 2011, en la Ciudad de México, Malova recibió en su carácter de miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago una propuesta de la UNAM denominada Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia. En dicho documento, que la Conago se comprometió a elevar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el rector José Narro se pronunció por llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Cuatro meses después, el 6 de diciembre de 2011, en reunión plenaria de la Conago, Malova dio a conocer los acuerdos tomados en el foro que se realizó en octubre en Mazatlán. Antes de enumerarlos, el gobernador advirtió que se estaba fallando en la readaptación, que hay mucha violencia dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios, que “tenemos fugas, tenemos una sobrepoblación enorme en muchos de ellos y una insana convivencia mezclar a reos de alta peligrosidad con reos del fuero común. Sentimos que es importante en esta cadena de la búsqueda de la justicia, de la procuración e impartición de justicia, voltear a ver a los centros penitenciarios”. Uno de los acuerdos fue solicitar la intervención de los secretarios de Gobernación, Marina y Defensa Nacional, para que se puedan establecer estrategias de colaboración temporal y poder resguardar la vigilancia perimetral y control de aduanas en aquellos centros que se encuentran en situación crítica y de riesgo grave. De haberse llevado a cabo este acuerdo, tal vez lo ocurrido en Apodaca se hubiera evitado. Mucho ruido, pocas nueces Fue el presidente Calderón, más con un dejo de derrota y la prisa por pasar a otro asunto, quien se refirió al motín de Apodaca aceptando que algunos estados como Tamaulipas y Nuevo León padecen una crisis en el sistema de reclusorios. Sobre lo que hará su gobierno al respecto, presumió que se construyen ocho nuevos centros penitenciarios, mismos que entrarán en operación este mismo año, antes de que culmine su sexenio. Pero en el anuncio también hubo crítica a los culpables de este mal: “Es un esfuerzo que no se había hecho por lo menos en 20 años en México”. Y fue todo. La ONU por su parte pidió a México aclarar la matanza, castigar a los responsables, incluidas autoridades penitenciarias, y refirió a través de su portavoz, Ravina Shamdasani, que apenas una semana antes, a partir de los hechos de Comayagua, Honduras, donde cientos de reos murieron tras un incendio, había advertido del estado de alarma que priva en las cárceles de América Latina. En la sesión del martes 21 de febrero de la Cámara de Diputados, los legisladores se refirieron al problema, evidenciando que el sistema penitenciario del país no está ni siquiera en la agenda del debate político. El penal de la 300 De acuerdo con la SSP estatal, actualmente los penales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis albergan en conjunto 2 mil reos federales y la opción que se tiene para resolver la sobrepoblación es enviarlos al Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Nor-Poniente en Guasave, donde hay 608 reos bajo un nivel de mediana seguridad. Dicho penal quedó incorporado al sistema penitenciario federal desde septiembre de 2010 y a decir de los guasavenses está convertido en una “olla de presión”. Cárceles en cifras —252 reos muertos del 2006 a la fecha en cárceles mexicanas. —35% es la sobrepoblación promedio en los penales. —231 mil 510 reos es la población penitenciaria total en México. —429 centros hay en total para albergar 182 mil 905 internos. FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública Federal. Superpoblación en cárceles de México y Centroamérica             % Hacinamiento        Capacidad        Ocupación México           137                   167.434          229.426 El Salvador    253.5                    9.060            24.283 Panamá         171                      7.187             12.293 Guatemala     159                      6.974             11.140 Honduras       137.9                   8.230             11.846