El Universal
Distrito Federal– La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), aseguró que tras el homicidio de los dos estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue alterada la escena del crimen y se desaparecieron pruebas en la investigación.
En conferencia de presa, Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo, aseguró que fueron policías ministeriales de Guerrero, los que dispararon en contra de los normalistas, dos de los cuales murieron al ser alcanzados por las balas de armas de alto poder que fueron utilizadas en día de la refriega el pasado 12 de diciembre sobre la autopista del Sol, en su trama que pasa por Chilpancingo.
Detalló que entre las irregularidades, se encuentra el que autoridades de Guerrero no tenían control exacto de las armas que fueron utilizadas durante el desalojo en el que perdieron la vida los dos jóvenes.
El subprocurador dijo que por el momento se han ralizado 215 solicitudes sobre el caso de Ayotzinapa, en la que se investiga a nueve funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJEG).
Sobre la presunta participación de elementos federales en el caso, Salinas negó que haya elementos exonerados.
El día de ayer se dio a conocer que un juez en Guerrero concedió 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos federales en contra de un civil y nueve funcionarios y ex funcionarios de la PGJEG, entre los que se encuentra el ex procurador estatal, Alberto López Rosas.
El juez determinó que los nueve servidores y ex servidores públicos de la PGJEG son presuntos responsables de delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 mencionado código federal.
Además, el ex procurador López Rosas es investigado por encubrimiento, "en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, prevista en el artículo 400 del Código Penal Federal".
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