Los trágicos hechos recientemente ocurridos en el penal de Apodaca muestran la complicidad entre autoridades carcelarias y bandas delictivas en la guerra por el control de las prisiones.
Un familiar de uno de los internos en el Cereso de Apodaca,
en Monterrey, aguarda a las afueras del inmueble, la madrugada del 21 de febrero
pasado. Foto: Josué González/ Reuters
MONTERREY, NL.- El 19 de febrero parecía un día normal. Con
ejecutados, enfrentamientos y detenciones... nada que interrumpiera la regia
calma dominical. Hasta que los acontecimientos pusieron el sazón amargo al
almuerzo familiar: una aparente riña entre internos del Centro de Readaptación
Social (Cereso) de Apodaca ponía en evidencia, una vez más, el vacío del
gobierno estatal y hasta dónde es capaz de llegar el crimen organizado, sobre
todo cuando cuenta con la complicidad de algunas autoridades.
El principio del fin. La debacle. El ridículo para la administración de
Rodrigo Medina, quien, a través del vocero Jorge Domene Zambrano, intenta apagar
fuegos para evitar que la situación se salga de control.
Hasta que se supo la
verdad: entre las dos y las cuatro de la madrugada, por lo menos 18 celadores
empezaron a sacar internos al patio de los ambulatorios Coca y Delta, donde la
madrugada del domingo fueron asesinados 44 reos.
Lo que para el gobierno estatal
fue en principio un zafarrancho entre reclusos de bandos rivales se convirtió
pronto en un campo de tortura al aire libre, lo que culminó en la peor masacre
del país dentro de un centro de seguridad.
No se trataba en una película de terror. Las escenas transcurrían en las
instalaciones de un reclusorio de alta seguridad: el Cereso de Apodaca, Nuevo
León.
“Todo apunta a que se facilitó el arribo de estas personas al dormitorio
donde aparentemente fueron extraídos y donde ultiman y matan con objetos
contundentes a estas personas que sufrieron golpes en la cabeza.
Alrededor de
las 2:20 horas empieza esta masacre, donde empiezan a ultimar a reos del otro
dormitorio”, reconoció Domene Zambrano dos días después.
A las puertas del penal, en Monterrey, una mujer muestra
una lista de algunos de los reos muertos en la riña del 19 de febrero. Foto:
Julio Cesar Aguilar
“NI UNA PINCHE LISTA”
En el patio central del Cereso una plancha de cadáveres, algunos desnudos, otros con la ropa desgarrada, todos con severos golpes, ensangrentados, algunos con tubos en la boca, le da la bienvenida a la calma del domingo.
Horas antes, con puntas de fierro, piedras y barrotes, más de 40 internos, integrantes del cártel del Golfo, fueron prácticamente sacrificados como animales por sus contrincantes, Los Zetas, en un ritual sanguinario sin precedentes en el país.
En grupos empiezan a llegar los familiares de los reos. La malla de alambre
de dos metros que protege la entrada principal del reclusorio está a punto de
ser derribada, ente gritos y llanto de parientes desesperados por encontrar
indicios de vida o de muerte, entre el desconcierto y la indignación.
La ira
aumenta a medida que entran y salen autoridades, camionetas del Servicio Médico
Forense (Semefo) y uniformados de todas las corporaciones. Y nadie ofrece una
versión confiable de los hechos.
Niños, señoras mayores, mujeres jóvenes arremeten contra la reja de la
entrada. Los policías antimotines se atrincheran, se repliegan, se alejan.
Cuando ven que la malla está a punto de caer ante la furia humana, hacen frente
a los inconformes, unas 500 personas, y las repliegan.
Nadie le cree a Filiberto Ceseña, director de general de Gobierno recién
estrenado, cuando se acerca a la malla y suelta una cifra: 20 muertos.
Tampoco
cuando se trepa al capacete de una patrulla de Policía y duplica el número: 40
muertos.
La cifra oficial final fue de 44 internos muertos y 30 reos en
fuga.
El dato ofusca, hace soltar el llanto, indigna a los familiares de los
presos. Quieren la lista de las personas fallecidas. Lo exigen a gritos mientras
arrojan piedras, palos y botellas de plástico contra los uniformados. También
hay mujeres desmayadas.
Los indignados refuerzan sus acciones: ahora bloquean un
tramo de la carretera a Salinas Victoria, frente al reclusorio. Demandan
información que por el momento no existe.
Todos quieren tener noticias de sus
vivos, de sus muertos o de sus heridos.
Una unidad del Semefo, que transporta a los primeros cadáveres, es bloqueada
por los inconformes. Llueven objetos y golpes sobre los policías. Hasta que se
impone la fuerza de la Policía Civil y las cosas se calman un poco. Algunos
amanecieron allí:
“Y ni una pinche lista”.
Enfrentamiento entre la policía y familiares de los
detenidos en el Cereso la tarde del domingo 19 de febrero en Monterrey. Foto:
Julio Cesar Aguilar/ AFPCOCA VERSUS DELTA
Los enfrentamientos en el ambulatorio Delta no son novedad. En junio de 1997
una derrota de la selección mexicana de futbol trajo como consecuencia una pelea
en la que participaron más de 300 internos. Por esos días un grupo de presos
incendió colchones y sábanas porque las autoridades del penal no les permitieron
ver la película El motín.
Al finalizar ese año de 1997, unos 250 reos mantuvieron como rehenes a
un grupo de celadores. Exigían mejor trato y la renuncia del director del
reclusorio. Poco antes de la celebración de Navidad del mismo año, la Policía
controló un disturbio a punta de balazos, granadas y gas lacrimógeno.
Lo que siguió: bebidas embriagantes decomisadas, secuestro de custodios y
enfrentamientos entre reos. Pecata minuta para lo que vendría el 20 de
mayo de 2010, cuando un incendio en el área de Psiquiatría dejó como saldo 14
muertos; otros internos sufrieron quemaduras y síntomas de intoxicación.
Vinieron también ejecuciones de presos y custodios.
Recientemente, por lo menos tres ataques con granadas y armas largas,
custodios ejecutados a balazos y amenazas constantes han ocurrido en las
instalaciones de este centro de seguridad.
Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, no quiso abrir los ojos cuando los
medios lo alertaron, en junio del 2011, sobre el pasado poco confiable del
director del penal de Apodaca, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, quien había sido
cesado como director del penal de Santa Martha Acatitla por Marcelo Ebrard, jefe
de Gobierno del Distrito Federal, en julio de 2009.
CRUELDAD SIN LÍMITES
Lejos está Nuevo León de llamar la atención como emporio financiero y punta
de lanza de la industria nacional, como sucedía en otras épocas. Al igual que
con la tragedia del Casino Royale en agosto del 2011, Nuevo León acapara hoy las
primeras planas en los principales diarios del mundo.
Poco a poco comienzan a salir las piezas de lo que parecía un rompecabezas.
Lo que las autoridades manejaron en principio como un zafarrancho entre internos
rivales, devino en una nueva masacre en la que esta vez las víctimas son 44
integrantes del cártel del Golfo. Sus verdugos, Los Zetas, contaron con
el apoyo de la autoridad carcelaria.
Los 44 reclusos fueron asesinados uno a uno. “Con ayuda de celadores,
internos pertenecientes a Los Zetas sacaron a un grupo de prisioneros
del ambulatorio Delta y del área de visita conyugal para aniquilarlos a batazos
y con puntas de fierro.
Los 44 reos masacrados en el Cereso de Apodaca no
perecieron en una riña.
Con ayuda de custodios, fueron identificados y
entregados uno a uno a sus verdugos, quienes los recibían a batazos, tubazos y
pedradas en cara y cráneo, así como puñaladas en el corazón y el abdomen”.
Quince minutos antes de la masacre, al menos 15 reos escaparon por la torre
seis del Cereso, de donde descendieron a través de cuerdas. Otros 15 presos
escaparon durante el asesinato en masa.
Todo indica que la crueldad ha perdido sus límites. A los familiares de
quienes murieron poco les importa la separación del cargo de Andrés Martínez,
director del penal de Apodaca, así como de Juan Hernández Hernández y Óscar
Deveze Laureano, subdirector y jefe de seguridad del reclusorio,
respectivamente, quienes, para variar, ahora lo reconocen las autoridades,
fueron comprados por Los Zetas.
Y si ellos recibían dinero de un
cártel, qué puede esperarse del resto de la tropa.
Ahora se sabe por Domene Zambrano: 80 por ciento de los celadores del Cereso
no han sido sometidos a pruebas de confianza, además de que existe un déficit de
dos mil custodios en la entidad.
“Hemos ido en las etapas como hemos venido haciendo con policías, después
tránsitos, algunos custodios; llevamos un avance de alrededor de 20 por ciento
en las evaluaciones de los custodios.
Tendremos que ver la posibilidad de
acelerarlas en los próximos días, estamos en contacto con el Centro de
Evaluación para ver sus capacidades y poder acelerar el proceso”. Señales de
humo.
Al salir del penal, un vehículo forense con cuerpos de los
fallecidos en la riña carcelaria fue interceptado por las familias de los reos.
Foto: Julio Cesar Aguilar/ AFP
CALDO DE CULTIVO
Desde Ginebra, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Ravina Shamdasani, urge “a las autoridades mexicanas a que se lleve a
cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes y la fuga de
prisioneros.
Los responsables, incluidas autoridades penitenciarias relevantes,
deben ser llevados ante la Justicia, y se deben tomar todas las medidas
necesarias para prevenir que estos ataques vuelvan a producirse”.
Asimismo, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhorta al gobierno mexicano “a
garantizar que hay unos estándares mínimos en las condiciones de las cárceles
federales y estatales, garantizando que la seguridad y la integridad de los
detenidos es respetada de acuerdo con las obligaciones internacionales
contraídas por México”.
“El mayor problema de la prisiones en Latinoamérica es la superpoblación. Las
prisiones albergan 30 por ciento más de prisioneros de lo que deberían, pero en
muchos casos se llega hasta el 100 por ciento, lo que facilita las tragedias”,
dice Rupert Colville, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos.
Todo parece quedar en gritos de ahogado. Para un cártel, muerto el perro se
acabó la rabia.
Otros comienzan a preparar la venganza en frío y anuncian
descaradamente a través de blogs que la película de terror apenas empieza. Será
—dicen— después de las ocho de la noche y tendrá como escenario restaurantes,
sitios concurridos y las calles.
Familiares de los detenidos intentaron atacar con cartones
prendidos a la policía ubicada junto a la alambrada de la centro carcelario.
Foto: Josue González/ Reuters
CON LOS OJOS CERRADOS
En momentos de caos el teléfono descompuesto suena a la perfección.
Las
versiones se pasan de un celular a otro, de un familiar a otro. El traslado de
Marco León Quiroga o José Andrés Mireles Quiroz, El Comandante Chabelo;
Jorge Francisco Gámiz Vega, El Extraño, y Mario Andrés Alcorta Ríos,
El Junior, al penal de Puente Grande, en Jalisco, calentó de nuevo los
ánimos del reclusorio.
Otra vez la carretera a Salinas Victoria fue
obstaculizada por los familiares de los internos. El fuego a mitad de la
carretera, los balazos adentro del reclusorio, los deudos de los muertos
reclamando cuerpos en el Hospital Universitario, tres internos muertos y 17
heridos en el penal de Topo Chico son parte de la disputa por los espacios
carcelarios entre Los Zetas y el cártel del Golfo, lo que es una
historia negra que parece no tener fin.
Para el presidente Felipe Calderón, “lo más importante es reconstruir y
fortalecer el tejido social. Es decir, la red, los entramados, las relaciones
entre padres, vecinos y miembros de una comunidad para que ese tejido social
esté fuerte y no pase por ahí la delincuencia, ni caigan los jóvenes en las
garras de las drogas, de las adicciones o de la violencia criminal que los
recluta”.
Para el gobernador de Nuevo León “lo que pasa con las corporaciones
policiacas... puede uno practicar el examen de control de confianza en este
momento y el día de mañana, pasado o en un mes el policía puede caer, puede caer
en complicidad, entonces tenemos que estar haciendo las evaluaciones
constantemente.
Lo que sucedió el día domingo en la madrugada, en primera
instancia nos hace suponer que sí hubo esa complicidad, algunos de manera
directa, quizá otros de manera indirecta, hubo otros no participando en la
escapatoria de estos prófugos sino en otro tipo de actos con algunas de las
bandas internas del penal, es lo que ahorita estamos determinando”.
“Los nombres y los retratos de estos maleantes serán colocados en lugares
públicos (…) ofrecemos una bolsa de hasta 10 millones de pesos como recompensa a
quienes nos ayuden efectivamente a encontrarlos y a recapturarlos”, señaló
Medina.
Gerónimo Miguel Andrés Martínez (sexto de izquierda a
derecha), director de la cárcel de Apodaca, y 26 custodios más fueron
arraigados. Foto: Daniel Becerril/ Reuters
Los líderes fugados
Las autoridades de Nuevo León reconocieron que a la par del asesinato de más
de 40 presos, también se registró la fuga de 30 reos pertenecientes a Los
Zetas.
Entre ellos sobresalen cuatro, considerados como líderes de ese
cártel en Nuevo León: Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña; Juan
Cristóbal Flores Alcorta, El Golón; Javier Puente Macías, El
Choco, y Rogelio Chacha Quintanilla, El Yeyo.
Familiares de los internos del penal de Apodaca dicen que desde el sábado 18
de febrero, al filo de las nueve de la noche, recibieron llamadas del interior
de la cárcel para comentarles de movimientos fuera de lo normal en el área de
detención de presos considerados de máxima peligrosidad.
Por eso algunos familiares comenzaron a congregarse en las afueras del centro
penitenciario mientras adentro se desarrollaban la fuga de unos reos y la
terrible matanza de otros. Las fuerzas policiales llegaron cuatro horas después
de los hechos.
LA ARAÑAConocido también como El Spider, es originario de un barrio popular en San Bernabé, al norte de Monterrey, y fue uno de los organizadores de los bloqueos que paralizaron la ciudad en 2009. Pasó de ser un simple roba taxistas a uno de los sicarios más temidos de la zona norte de la ciudad.
Lugarteniente de Héctor Raúl Luna, El Tory, detenido el nueve de
junio de 2010, controlaba el sector norponiente de Monterrey hasta García,
Escobedo y los accesos a la ciudad por el libramiento noroeste.
Bernal Soriano mantenía una relación muy estrecha con Juan Francisco Zapata
Gallegos, alias El Billys o El Pelón, y fue apresado por las
fuerzas armadas el 29 de agosto del 2010 en Juárez, Nuevo León.
Ya se le
señalaba como el cabecilla de la plaza en Monterrey; su sello más característico
era la manera cruel y sanguinaria de asesinar a los integrantes del cártel del
Golfo.
Se le atribuye una serie de secuestros y homicidios entre los que
destacan el de varios militares en la Central de Autobuses en Monterrey.
EL GOLÓN
Juan Cristóbal Flores Alcorta o Cristóbal Flores Peña o Cristóbal Flores López, El Golón, fue detenido en Anáhuac, Nuevo León, junto con Manuel Bernardo Mendoza Gaytán o Bernardo Mendoza Gaytán, El Berna, y Tania Geraldine Camacho López, La Güera, el 15 de julio del 2011, cuando militares los sorprendieron en un recorrido en la zona centro del municipio y les encontraron armas y droga en el interior de una camioneta.
Se afirma que era uno de los líderes de Los Zetas, y que controló
durante ocho años a los integrantes de este grupo en la zona norte de Nuevo León
y de Coahuila.
EL CHOCO
Francisco Javier Puente Macías, El Choco, fue detenido el 28 de octubre del 2010 por elementos de la Policía Federal, quienes al momento de su captura le decomisaron armas de alto poder y más de tres mil cartuchos, una granada de fragmentación, 90 cargadores, cuatro chalecos antibalas y diversos artículos tácticos.
Se le considera responsable de la privación ilegal de la libertad de
integrantes de grupos antagónicos, así como de cobrar fuertes cantidades de
dinero a cambio de protección.
Controlaba en las colonias de Santa Catarina la
venta al menudeo de droga y se encargaba de asesinar a los vendedores de grupos
rivales.
Además era el encargado de cobrar cuotas a las personas a cambio de
protección.
EL YEYO
Rogelio Chacha Quintanilla, El Yeyo, líder de una célula de Los
Zetas en Guadalupe, fue detenido el 14 de diciembre de 2010; portaba un
uniforme militar y usaba una gorra con la leyenda “AFI”.
Es originario de Boca
de Río, Veracruz, y al ser capturado se le decomisaron 26 vehículos de modelos
recientes —la mayoría con reporte de robo—, 30 kilos de marihuana, cuatro armas
largas (AR-15), dos pistolas, 35 cargadores, mil 212 balas hábiles de AR-15, 125
de AK-47, 60 de 7.62 mm para el rifle de asalto Heckler & Koch G3, 15 Nextel
y cuatro celulares.
Se le aseguró una tabla para torturas con la leyenda “El Terror”, y tenía por
lo menos a 10 policías del municipio de Guadalupe como colaboradores cercanos.
Una de las características era que contaba con un grupo de mujeres jóvenes,
entre ellas menores de edad, a quienes usaba para “enganchar” víctimas o
cómplices, especialmente dentro de las filas policiacas.
Tras la fuga de estos cuatro cabecillas de Los Zetas que controlaban
una buena parte del área urbana del norte, oriente y poniente de Monterrey, así
como de la zona rural del norte de Nuevo León y Coahuila, se temen mayores
índices de violencia, sobre todo por la probable venganza del cártel del Golfo y
por el posible ataque a los delatores de las actividades ilícitas de estos
delincuentes, como el caso del asesinato de cinco taxistas, pues varios de los
fugados supuestamente fueron detenidos por filtraciones de integrantes de este
gremio.
Por lo pronto, algunas prácticas usadas por los miembros del crimen
organizado, como la utilización de personas contratadas para participar en los
bloqueos carreteros, volvieron a irrumpir en la escena regiomontana.
Prueba de
ello fueron los bloqueos y los actos violentos llevados a cabo afuera del penal
de Apodaca por decenas de personas que mostraban su inconformidad ante el
inminente traslado de algunos reos a otras prisiones. En los actos participaron
mujeres, algunas de ellas utilizando a menores de edad como escudos, y también
jóvenes, la mayoría con el rostro cubierto.
Los manifestantes bloquearon las carreteras a Laredo y a Salinas Victoria con
barricadas y escudos humanos, además de quemar las tarimas que llevaron con el
fin de contener el tránsito. A la menor provocación, respondían violentamente en
contra de quienes les cuestionaban su conducta.
En la vida cotidiana de los barrios de origen de los delincuentes que
escaparon, el miedo y el temor ya es una constante, y un recorrido por esas
zonas revela que prácticamente las calles están vacías. (Lorenzo
Encinas)
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