El
Departamento de Estado estadounidense ubicó, por tercer año consecutivo, a
México como un país corrupto, tanto en el sector público como en el privado,
donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la
falsificación de facturas y otros fraudes, como el desvío de fondos públicos a
empresas de forma ilícita.
“A
pesar de que la corrupción del sector público y privado se puede encontrar en
muchos países, la colaboración de actores gubernamentales con organizaciones
criminales (a menudo derivados de intimidación o amenazas) presenta serios
retos para el Estado de Derecho en México”, indica el texto titulado Informe
anual sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017.
EU
recordó que México ocupó el lugar 123 de 176 en el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional 2016, el último de las 35 economías
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), cuando un año antes alcanzó el puesto 95 de 168 naciones.
“Representantes
de negocios, incluyendo compañías de EU, creen que fondos públicos son a menudo
desviados a compañías privadas e individuos debido a la corrupción, y perciben
que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados
a adquisiciones”, indicó el Departamento de Estado estadounidense.
En
el informe, en que incluye un análisis de prácticamente todos los países del
mundo sobre las condiciones que ofrecen para hacer negocios, el Departamento de
Estado de EU enfatizó en que la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto
para combatir la corrupción ha sido “lenta e ineficaz”.
Por
otra parte, ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
estimó que durante el 2016, el costo de los actos de la corrupción en el sector
privado fue de mil 600 millones de pesos, mientras que un 82.2 por ciento
consideran que dichos actos son frecuentes por parte de los funcionarios
públicos.
Estos
fueron los resultados arrojados por la primera Encuesta Nacional de Calidad
Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). En esta se conoció
que 64 por ciento de las empresas consideran que los actos de corrupción a los
que se enfrentan son para la agilización de trámites, mientras que los otras
dos principales motivos son la evasión de multas o sanciones y la obtención de
licencias.
De
acuerdo con la ENCRIGE, los costos monetarios de cumplimiento de las
regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que
representan 0.56 por ciento del PIB nacional. Mientras que el costo promedio de
corrupción por cada empresa en 2016, fue estimado en 12 mil 243 pesos.
Las
34 mil 681 empresas encuestadas estiman que el total anual que perdieron para
pagar actos ilícitos, es de mil 600 millones de pesos, durante 2016. Según la
encuesta, el Estado de México, Guerrero y Tlaxcala fueron las entidades con la
mayor tasa de corrupción al realizar trámites o inspecciones.
(SEMANARIO
ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ /MIÉRCOLES, 5 JULIO, 2017 07:50 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario