Foto: Hilda Rios/Cuartoscuro.com
Desbordado el robo de hidrocarburos,
autoridades y legisladores buscan soluciones. En los primeros dos meses del año,
los “huachicoleros” alcanzaron el 24 por ciento de las tomas clandestinas de
todo 2016. Las bandas fueron detectadas desde 2008-2009 en los estados de
México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, pero no fueron
desmanteladas. Similar al combate al narcotráfico, el uso de las Fuerzas
Armadas contra los “chupaductos” ha permitido la corrupción de algunos de los
militares
De no poner un freno a la
ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y disponer de candados
legales para impedir que los ladrones de hidrocarburos recuperen su pronta
libertad, 2017 estará condenado a batir todos los récords en cuanto a este tipo
de ilícito en México, según esbozan los indicadores durante los primeros meses
del año.
Tan solo entre enero y
febrero del año en curso, los grupos criminales que perforan la red del
trasiego de combustible para extraer los diversos productos han dejado la
huella de su accionar en mil 647 tomas clandestinas, según estadísticas
proporcionadas por la Unidad de Transparencia de PEMEX, lo que representa el 24
por ciento de la totalidad de horadaciones perpetradas por los delincuentes
durante el año inmediato anterior, cuando fueron 6 mil 873.
Los estados que lideran la
deshonrosa actividad delictiva son Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, el
Estado de México e Hidalgo, donde el número de extracciones ya rebasa los tres
dígitos, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a la paraestatal y en
ocasiones desabasto momentáneo en estaciones de servicio.
Al problema se suma la coacción
de los delincuentes organizados a algunos franquiciatarios para que adquieran
gasolina o diesel robados, así como la impunidad de que gozan los criminales
que llegan a ser apresados por las autoridades, pues recuperan su libertad de
manera rápida al no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva
oficiosa.
Según datos de la
Procuraduría General de la República (PGR)
durante los últimos diez años han sido capturados 2 mil 934 presuntos
delincuentes que participan en la cadena de perforación, extracción, trasiego y
venta de combustible de los ductos de PEMEX, de los cuales fueron consignados
mil 652, sujetos ante diversos jueces federales, recuperando su libertad mil
282 de ellos; es decir, el 44% del total. El pretexto más recurrente en el antiguo
sistema de justicia, mixto-tradicional, es la mala integración de las
indagatorias.
Destaca el hecho de que en
ese lapso de tiempo, 144 trabajadores de PEMEX han sido llevados ante el
Ministerio Público de la Federación y/o ante jueces. La mayoría de estas
detenciones ha ocurrido en los mismos estados señalados como los de mayor
incidencia delictiva.
Foto: Hilda Rios/Cuartoscuro.com
Luego de los hechos violentos
registrados el 3 de mayo en Palmarito, en el Estado de Puebla, donde murieron
cuatro soldados y seis civiles en un enfrentamiento relacionado con el robo de hidrocarburos, el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, advirtió que la
sustracción de gasolina a través de tomas clandestinas es un problema añejo que
creció por las omisiones de algunas autoridades.
Por su parte, el ex
Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pidió que se destinen recursos
para capacitar y depurar a los policías estatales y municipales, con lo que se
podría hacer frente al robo de combustible. En tanto, legisladores de la Cámara
alta planean realizar reformas para dotar de herramientas jurídicas y punitivas
de mayor envergadura a las autoridades de procuración y administración de
justicia, y revertir el flagelo.
BANDAS IMPUNES
La identificación de las
principales bandas de “chupaductos” obra en archivos de PEMEX y en
averiguaciones previas de la PGR. Algunos de los miembros de estas células
fueron detenidos y sus cómplices-no capturados- se encargaron de fortalecer
nuevos grupos delictivos. Con el tiempo, unos de los aprehendidos recuperaron
su libertad al contratar a defensores que se han convertido en “expertos” en
destrabar los entuertos de la “justicia”.
Entre 2008 y 2009,
trabajadores de PEMEX, de distintos rangos, señalaron la problemática a los
investigadores de la paraestatal y a agentes del Ministerio Público federal, y
de algunas de las entidades federativas con mayor incidencia en este tipo de
ilícitos. Ahí se conoció de la implicación de algunos trabajadores con las
bandas delincuenciales.
Uno de los grupos más
antiguos, con antecedentes desde 2003, es el de Pedro González Vallejo “El
Camisa”, según refieren trabajos de inteligencia realizados en el Estado de
México. Los “huachicoleros” ofrecían dinero a representantes de autoridad para
que les permitieran transportar hidrocarburo robado en la zona de Toluca.
Trabajadores de Exploración y Producción de PEMEX, en Tierra Blanca, Veracruz,
estaban coludidos.
Jefes de los departamentos de
Seguridad Física en Coatzacoalcos y Salamanca fueron investigados en la época,
pues denuncias anónimas, presuntamente formuladas por propios trabajadores de
la petroquímica, los señalaban como soplones y protectores de ladrones de
hidrocarburos, entre ellos uno al que apodaban “El Pollo”, quien les retribuía
sus servicios con cantidades de dinero que no se conocieron.
De la información recabada a
principios de la década, se estima que las mismas organizaciones criminales,
más otras tantas nuevas, continúan operando. En los informes de inteligencia se
cita a un “gasotraficante” que opera a nivel nacional bajo el seudónimo de “El
Patrón de Patrones”. En la lista se incluye a elementos policiales que
engrosaron las filas de la delincuencia y a propietarios de estaciones de
servicio que compran el producto robado a PEMEX.
En la Superintendencia de
Inteligencia de PEMEX se cuenta con información de los grupos criminales,
pasados y presentes, que sustraen hidrocarburos de las redes de ductos de la
paraestatal. En su declaración, un empleado de dicha área atestiguó ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) que además se recababan datos de empresas que compraban los productos
robados.
La banda de “Los Mondragón”
es encabezada por Joel Mondragón, quien opera en Vega de Alatorre, Cardel y
Tuxpan, Veracruz. Mientras que la célula delictiva de Otón Muñoz Bravo, realiza
perforaciones en ductos de Veracruz, La Tinaja y en Puebla. En Tula, Hidalgo y
en el Estado de México, se menciona la actividad ilícita de la banda de Antonio
Estrada Gutiérrez “El Lagarto”.
La banda de “Los Diablos”,
liderada por Israel Quijano Arenas, opera en Poza Rica, Veracruz, así como en
Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Tamaulipas; mientras que, la célula
delictiva del “Comandante” Carlos López Cobos, tenía su centro de acción en
Nopala, Hidalgo.
Foto: Hilda Rios/Cuartoscuro.com
Entre personajes del ámbito
político se relaciona a una ex presidenta municipal de Otumba, Estado de
México, como familiar y coordinadora de la banda de “Los Espinoza Franco”,
junto con Francisco de los mismos apellidos. A un sujeto de nombre Jorge Montero
Viveros, se le relaciona con la dirección de otro clan de ladrones de gasolina
con influencia en el Estado de México, Coatzacoalcos, Tabasco, Tamaulipas y
Salamanca, Guanajuato.
Los líderes de otras bandas
han sido detenidos. Unos siguen presos librando procesos penales y obteniendo
cambios de prisiones de máxima seguridad a centros carcelarios menos rígidos.
Otros han recuperado su libertad y puesto en duda su presunta reinserción a la
sociedad.
Así cayeron los jefes de las
organizaciones delictivas “Villanueva Virgen” y Guízar Pavón, quienes tuvieron
por destino penales en Puente Grande, Jalisco. El primero, apodado “El Roba
Vacas”, operaba en Salamanca y tenía varias gasolineras en Oaxaca y Veracruz,
las cuales se encontraban entre Orizaba y Córdoba, otra en Matías Romero,
Oaxaca y Sabino, en Toluca. El segundo tenía control en Tierra Blanca,
Veracruz, y Monterrey, Nuevo León, con conexiones en otros estados. Finalmente,
la banda de Rubén Rivera Canseco operaba en Tierra Blanca.
Hoy los líderes “huachicoleros”
más buscados son: Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, originario de la junta
auxiliar de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, en Puebla, donde el 3
de mayo se enfrentaron a balazos presuntos delincuentes y soldados con saldo de
diez personas muertas, seis de ellas militares y once lesionados.
“El Toñín”, al que conocen en
su tierra como “El Amigo” por su supuesto altruismo hacia la clase
socioeconómica más necesitada, es protegido por los pobladores, a quienes
entrega despensas, regalos y dinero en efectivo.
Además, en Palmarito son
señalados Ruselbi Vargas Hernández “El Ruso” o “El Rucel” y Gustavo Adolfo
Jiménez Martínez “La Vieja”, con su lugarteniente Noé Bernardo Silva “El Cuca”,
quienes según investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la
fiscalía estatal, pagan 12 mil pesos mensuales a mujeres y niños para servir de
“escudos” y “halcones”.
También en Puebla, son
considerados “gasotraficantes”, el ex policía municipal y ex comandante de
Acultzingo, Saúl y/o Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanans”, jefe de “Los
Buchanans”, en el poblado de Los Ricardos, en Ciudad Cerdán. Y Areli Pérez Juan
“La Negra”, quien ordena la extracción de combustible y otros delitos en los
límites de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
SOLDADOS EN QUEMA
Así como el uso de las
Fuerzas Armadas en el combate contra el tráfico de drogas trajo como
consecuencia la corrupción de algunos de sus elementos -que se vincularon con
los narcotraficantes-, en el caso de Puebla, el apoyo del Ejército Mexicano en
el combate de los “huachicoleros” no está exento de la cooptación de algunos
soldados.
En agosto de 2015, el
Teniente de Transmisiones, Domingo Murrieta, adscrito al Octogésimo Batallón de
Infantería, fue acusado de sustraer hidrocarburos del interior de una bodega
asegurada en la colonia San José Tuzuapan, municipio de Quecholac, Puebla, para
venderlos a un particular. Un piquete de soldados al mando del señalado
resguardaba el inmueble en espera de que el Ministerio Público federal obtuviera
una orden de cateo de parte de un juez de distrito.
El acto nefasto fue conocido
gracias a la valiente denuncia del soldado que estaba comisionado como
vigilante durante la madrugada, mientras sus compañeros descansaban en una
camioneta de la dependencia castrense. Su superior trató de silenciarlo
ofreciéndole la cantidad de 100 pesos.
“Ten wey, cien varos”, le
dijo el teniente al vigía, quien observó cuando el primero se introdujo hasta
en tres ocasiones a la finca para sacar tres garrafas con unos 50 litros de
gasolina y dos bombas electromecánicas de agua, mismas que entregó a un civil
que había llegado en una camioneta y presuntamente pagó 400 pesos por el
combustible y los objetos.
A pesar que Murrieta estaba
al mando de esa comisión, a la mañana siguiente fue arrestado por órdenes del
General Comandante del referido batallón. El militar negó su responsabilidad en
los hechos, pero el testimonio del soldado, y posteriormente del civil que fue
localizado y rindió declaración, fueron concluyentes.
Aunque la averiguación previa
por el suceso fue iniciada de inmediato, fue hasta mayo de 2016 cuando al
Teniente de Transmisiones le fue ejercitada la acción penal, quedando a
disposición del Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar,
quien le dictó auto de formal prisión por su probable participación en la
comisión de los delitos de infracción de deberes militares correspondientes a
cada militar, según su comisión o empleo, ejercicio indebido de servicio
público y cohecho. Murrieta fue internado en la Prisión Militar en la Ciudad de
México.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /
Investigaciones Zeta/ Lunes, 29 Mayo, 2017 12:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario