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Sergio Haro
El
Grupo de Ciudadanos y Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza (CCUFF),
denuncian existencia de empresas fantasma y venta de facturas en la importación
de carros; acusan que la política federal propicia la proliferación de autos
chocolate y demandan que Francisco Vega de Lamadrid los reciba y represente
ante la administración de Enrique Peña Nieto
Edgardo Silva, del grupo de
Ciudadanos y Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza (CCUFF), con
integrantes dedicados a la importación de automóviles usados, presentaron al
gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, una solicitud fechada el 22
de enero de 2016 para ser atendidos y, después de casi 12 meses, la petición no
ha sido solventada.
“Conocedores
de la negativa del Gobierno Federal sobre el tema, sentimos la necesidad de que
nuestro gobierno estatal se una a nuestra causa y sea portavoz de nuestro sentir”, anotaron en el documento,
y hasta el momento no hay respuesta a la urgente petición.
“Lo
único que queremos es que se cumplan las leyes, que se cumpla lo asentado en el
Tratado de Libre Comercio”, asume el líder del grupo de comerciantes, quienes
ya han bloqueado el cruce de la aduana Mexicali-Calexico al menos en dos
ocasiones.
Para
la importación legal de autos usados a la franja fronteriza mexicana, el
Gobierno Federal ha incrementado los aranceles, disminuido la cuota de cruce y
limitado el registro de empresas vendedoras en Estados Unidos.
De
acuerdo a los comerciantes, esto ha redundado en corrupción traducida en
amparos entregados a unos cuantos “importadores” -gente que no se dedica a
importar, pero cobra a otros importadores por permitirles usar su amparo para
hacerlo-, “provocando que unos cuantos se llenen los bolsillos de millones de
dólares”, acusa Silva.
Para
los integrantes de CCUFF, como titular del Poder Ejecutivo y representante de
los intereses de los bajacalifornianos, Francisco Vega está obligado a
apoyarlos en su lucha por condiciones más justas y a que se respeten las
condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio (TLC), pero ni siquiera
los ha recibido.
MEXICALI, CAPITAL DE LOS IMPORTADORES
AMPARADOS
Las
importaciones de autos usados de Estados Unidos a la franja fronteriza son una
historia de vaivenes.
“Ha
sido un problema de toda la vida”, refiere Edgardo Silva, quien tiene cerca de
37 años dedicado a la venta en Mexicali de autos usados.
A
finales de los 90s, tras nuevas reglas aduaneras para impedir la importación de
autos a personas que no estaban legalmente establecidas, surgió uno delos
primeros amparos contra todas esas medidas: la justicia federal falló a su
favor y al comerciante se le ocurrió extender el servicio de importación a
quienes no tenían permisos para importar.
Con
eso se abrió la era de los amparos y Mexicali fue la capital de tal
procedimiento, a través del cual llegaron a importarse 500 vehículos diarios,
recordó el comerciante.
Edgardo
Silva, comerciantes presionados
“Se
corrompieron administradores de aduanas, autoridades, llegó el momento en que
los mismos comerciantes legalmente establecidos optamos por consumir los
amparos”, lo que generó la proliferación de oficinas tramitadoras de
importaciones.
Pero
el 31 de diciembre de 2008 terminó la vigencia del Padrón de Importadores de la
Secretaría de Economía y, el 1 de enero de 2009, entró en vigor el TLC en la
parte relativa a las importaciones de autos usados ensamblados en Estados
Unidos y Canadá.
Eso
significó en la práctica que los amparos anteriores expiraran y se
establecieran nuevas reglas de importación. En ese contexto, quienes ya tenían
nexos y contactos en el sector judicial y político tramitaron y obtuvieron
nuevos amparos.
“En
2011 publicaron un nuevo decreto para las importaciones de los autos donde
violan totalmente el Tratado de Libre Comercio. Con base a ese decreto salieron
los nuevos amparos”, afirma el líder del grupo de comerciantes de autos usados.
“Llegaron
a haber en el país dos mafias de amparados, poderosísimos. Se dieron el lujo de
que, aunque había otra gente con el derecho de promover un amparo, de nada te
servían, porque ellos eran los que mandaban en las aduanas y tenías que ir con
ellos a rogarles”, rememora Silva.
En
ese tiempo se pagaban cerca de 300
dólares por trámite y en la franja fronteriza se llegaron a importar 5 mil
autos diarios, lo que significaba -por día- un monto de un millón y medio de
dólares.
QUE RESPETEN EL TLC
En
ese marco, un decreto relativo al TLC que tenía que ver con los autos
ensamblados en Estados Unidos, Canadá y México- expiró el 31 de agosto de 2014,
situación que el Gobierno Federal
aprovechó para que los amparos vigentes expiraran a partir del 1 de septiembre
de ese año.
Entonces
trascendió un acuerdo del actual presidente Enrique Peña Nieto con los
organismos vendedores de autos usados.
En
ese contexto iniciaron a organizarse en el organismo de Ciudadanos y
Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza, aunque las autoridades federales
–asegura el propio dirigente- nunca les hicieron caso.
“La
demanda central era que se respetara el Tratado de libre Comercio, si se
respetaba no había ningún problema”, mencionando la parte del acuerdo
trilateral donde se incluye la libre importación -sin restricción alguna- de
vehículos ensamblados en los tres países participantes.
AUTOS CHOCOLATE, POR TODOS LADOS
“Si
se respetara el TLC, actualmente deberían estar pasando los vehículos 2015
hacia atrás para toda la República Mexicana, sin arancel y solo con el pago del
IVA… ahorita para autos nacionales solo permiten que pasen 2008 y 2009, y el arancel es del 50 por ciento sobre
el valor del vehículo”, explica quien desde hace meses dejó de vender autos en
Mexicali; ahora la actividad la tiene que realizar en el Valle Imperial.
DENUNCIAN NUEVAMENTE VENTA DE FACTURAS
Actualmente, a través de las movilizaciones han
logrado que la Secretaría de Hacienda acepte para importaciones el valor
factura, dado que antes tenían que pagar con base a precios estimados en un
tabulador elaborado desde la Ciudad de México.
Hoy
los únicos vehículos que se pueden importar a la franja fronteriza son de 2007
a 2012.
Pero para poder hacer bueno el valor factura,
el remate donde se adquieran los autos tiene que estar activados en un padrón
electrónico que maneja el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que
ha propiciado una nueva irregularidad porque quienes están en el padrón son, de
acuerdo a los integrantes del CCUFF, “una suerte de empresas fantasma,
dedicadas más que nada a la expedición de esas facturas”.
Como
ejemplo mencionaron a la empresa denominada Big Bear, con domicilio en Otay,
California, que operaba presuntamente en colusión con líderes de comerciantes
del lado mexicano.
Por
los cuestionamientos fue eliminada del padrón, aunque los comerciantes de autos
usados de Mexicali presumen que se reactivaron inmediatamente con un registro
diferente: el de Pastrana Enterprises.
“Ahora
el negocio ha sido activar a empresas que las mismas mafias de la importación
manejan”, dice en relación a giros que expenden las facturas hasta en 500
dólares.
Antes,
con los amparos por trámite el comerciante pagaba cerca de 150 dólares.
“Como
comerciantes en la franja fronteriza hemos percibido que los que mandan en la
importación de autos en nuestro país no es la Secretaria de Hacienda o la de
Economía, es la industria automotriz de México, se hace lo que ellos quieren”,
comenta Edgardo Silva en referencia a la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos y Asociación
Nacional de Vendedores de Autos.
“Hemos
tratado de hablar con el gobernador, le mandamos cartas a Luis Videgaray
(titular de Hacienda), nada pasaba. Cuando hicieron caso fue cuando la
industria automotriz se enteró de esto”, dice en relación a las insistentes
denuncias de irregularidades relativas a la importación d automóviles, como la
del padrón ficticio de expendedores de facturas.
“Incluso
dijeron que iban a venir a jalarle las orejas al gobernador de aquí, por la
ocurrencia de hacer un padrón de vehículos chocolates”, denuncia.
DE LOS AUTOS CRUZADOS ILEGALMENTE
Las
restricciones para la importación legal de autos y las reglas aduanales se han
incrementado a la par.
El
administrador de la Aduana en Mexicali, Enrique Orantes González, así lo
explica:
“Si
un vehículo pasa por un recinto fiscal de Estados Unidos a México con placas de
ONAPPAFA o de alguna otra, si le toca rojo y en términos de las facultades que
tenemos se puede aplicar una orden de verificación de mercancías al transporte.
Si no se acredita la legal estancia de esa mercancía en el país, tenemos que
aplicar un procedimiento administrativo en material aduanal. Queda embargado el
vehículo”.
CIRCULAN MILES DE AUTOS SIN PLACAS
Según el funcionario federal,
existe una resolución de precios estimados para la importación definitiva de
vehículos, ya sea a la franja fronteriza o al interior de la República.
“Nosotros no controlamos eso, es una política emitida por la propia
Secretaria”.
Agrega
que las importaciones se siguen dando “con el cumplimiento cabal a cierta normatividad”,
asegurando que semanalmente importan entre 35 y 55 vehículos por Mexicali.
“Es
la capacidad de respuesta que tenemos en el sistema, nos hemos encontrado con
temas de subvaluación, de documentación apócrifa, cosa que poco a poco se ha
ido regularmente”.
—
¿Por dónde pasa tanto auto chocolate?, se le pregunta.
“No
sabría decirle, lo desconozco…”.
LA ÚNICA ACCIÓN DEL ESTADO
Por su parte, el director de Ingresos del Gobierno del
Estado, Nolberto González, afirma que un total de 23 mil vehículos fueron
registrados en un padrón inicial de autos no importados que circulan en Baja
California, luego de una mesa de trabajo donde participaron funcionarios y
diputados federales.
La
idea es presentar un programa de regularización, pero debe ser aprobado por
autoridades federales.
“Lo
que hizo el secretario (de Planeación y Finanzas) fue presentar los resultados
del censo al jefe de Servicios Administrativos Tributarios para buscar las
acciones y alternativas. El convenio de colaboración establece que el Gobierno
del Estado no puede otorgar elementos de identificación vehicular a ningún
vehículo que no se encuentre legalmente internado, es facultad exclusiva del
Gobierno Federal”, amplía.
En
el caso de los autos que en vez de placas portan un engomado, acusó que son completamente irregulares, ya
que las leyes de tránsito son muy claras en el sentido de que no pueden
circular vehículos sin identificación vehicular expedidos por una autoridad.
Menciona
un antecedente con el programa Placa BC -durante la pasada administración-, que
fue de carácter social aparejado con un programa federal fronterizo con el cual
se permitió la importación de vehículos de ciertos años y modelos por un
periodo determinado; el Gobierno del Estado les otorgaba los elementos de identificación
y, se estima, cerca de 60 mil vehículos se inscribieron en el programa, de los
cuales 30 mil se regularizaron.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /SERGIO
HARO CORDERO DOMINGO, 1 ENERO, 2017 12:00 PM)
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