CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- En una carta, 20 militares presos por delitos cometidos en
el marco de la guerra contra el narcotráfico, acusaron al Estado Mexicano por
haberlos usado para una función distinta a la que estaban capacitados.
“Fuimos
usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó
hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón (Hinojosa), ex comandante
supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un
término muy desafortunado”, escribieron los militares en la misiva enviada hace
unos días al presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder
Judicial de la Federación y difundida por el semanario Zeta.
“Fuimos
usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una
cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca
graduación en prisión”, añadieron.
Y
cuestionaron: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? (Que) ‘Estamos
haciendo una función para la que no estamos preparados’, (que) ‘ninguno de
nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las
Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.
En
la carta, escrita en un momento en que en el Congreso de la Unión se discute
delimitar o permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública, los militares citaron declaraciones del propio secretario de
la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró el
pasado 9 de diciembre que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo
delincuentes. “Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir
enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que
tenga que ver con derechos humanos”, afirmó al pedir una ley que regule la
presencia del Ejército en las calles.
Tras
su llegada al poder, el gobierno de Felipe Calderón lanzó la “Operación
Conjunta Michoacán”, con la cual los militares salieron de sus cuarteles y
asumieron el papel de la policía en varios estados del País, y en la que
participaron casi 7 mil efectivos con apoyo terrestre y aéreo, indica Zeta.
Calderón
se apoyó en el artículo 29 de la Constitución, que permite echar mano del
Ejército cuando exista una “perturbación grave de la paz pública”, con la idea
de depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los cárteles
del narcotráfico. Esto se vio reforzado cuando el 30 de junio de 2008, como
parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos dio a México mil 600 millones de
dólares para apoyar su estrategia frontal contra el crimen organizado.
Diez
años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin funcionar y la solución
momentánea de usar las Fuerzas Armadas se ha convertido en permanente. En todo
este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado en
decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. Ni
siquiera existe claridad sobre el impacto de la guerra de Calderón en cifras.
Los muertos como consecuencia de este conflicto podrían ser alrededor de 150
mil, los desaparecidos casi 30 mil, indica la nota del semanario Zeta.
Según
cifras oficiales al menos 106 mil 378 personas fueron asesinadas en 10 años. En
los cuatro años que Peña Nieto lleva como presidente, la Procuraduría General
de la República (PGR) ha registrado un total de 28 mil 515 homicidios
vinculados a la delincuencia organizada, según detalló un informe elaborado por
el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi).
Sin
embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
la Secretaría de Gobernación (Segob) y procuradurías locales, que contabilizan
el número de homicidios dolosos sin importar si fueron a causa del crimen
organizado, se detalla que durante ese mismo periodo ocurrieron al menos 63 mil
crímenes.
(PROCESO/
LA REDACCIÓN/2 ENERO, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario