Este
12 de enero se cumplieron cinco años del desplazamiento de cientos de
habitantes de comunidades ubicadas en la zona serrana del municipio de Sinaloa.
Familiares de Ocurahui, San José de los Hornos, El Pilar y otras, andan desde
entonces como judíos errantes, de casa en casa, de pueblo en pueblo, o
cambiándose de ciudad, luego de haber sido amenazados de muerte si se quedaban
en sus viviendas, y ahora solo tienen una seguridad: no pueden regresar.
“Nos
encontramos con la total indolencia e indiferencia del gobierno. Pensábamos que
al presentar nuestro problema ante las autoridades, íbamos a tener el apoyo.
Que interviniera el Ejército, nos acompañara a nuestras comunidades, nos
resguardaran para poder volver, pero no”, dijo Esperanza Lugo, una de las desplazadas
de esta región, quien actualmente vive en Guamúchil y ha sido amenazada de
muerte al menos en dos ocasiones.
El
ex gobernador Mario López Valdez, agregó, no hizo nada, a pesar de que le
informaron sobre los desplazados y los problemas que tenían, se negó a
atenderlos y a instrumentar políticas públicas que permitieran enfrentar los
desplazamientos.
Dijo
que en estos cerca de cinco años de violencia y familias que han tenido que
dejar sus viviendas, suman cerca de 35 mil personas afectadas por este fenómeno
en la entidad, sin que nadie haga nada. El caso más reciente fue en poblaciones
como Huixiopa, en el municipio de Badiraguato, pero suman 11 o 12 los
municipios con desplazamientos de este tipo.
Muchos
de los desplazados huyeron de sus comunidades y tuvieron que caminar varios
días entre el monte, escondidos de los agresores, y ahora viven en zonas
urbanas y comunidades lejanas, dentro y fuera de Sinaloa. Algunos se dedicaron
al campo, como jornaleros, otros se emplearon como pepenadores de basura —en
Culiacán—, limpian casas ajenas o hacen tamales o pan para vender.
En
este lapso, pero sobre todo de 2012 a 2013, fueron asesinadas alrededor de 50
personas, muchas de ellas tenían su domicilio en la zona serrana del municipio
de Sinaloa.
“Se
les está apoyando a la gente que está arriba, con proyectos productivos y
recursos, cosa que hemos pedido nosotros y no nos los han dado. La diferencia
es que esos que están recibiendo los apoyos son los responsables de nuestro
desplazamiento y el gobierno lo sabe perfectamente, sabe quiénes son”.
A
pesar de tanto tiempo transcurrido, lamentó Lugo, “nos sentimos más vulnerables
y desamparados que nunca. Ya no tenemos a qué regresar, no tenemos nada qué
rescatar y nuestras casas se están cayendo o están en manos de esta gente que
nos expulsó”.
Estos
casos ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, pero el gobierno federal no ha respondido. Señaló que al mandatario
Quirino Ordaz Coppel lo abordó en Guamúchil, cuando era candidato a gobernador,
y les prometió atenderlos y respaldarlos.
“Necesitamos
que el problema se reconozca, sobre todo, y que no siga sucediendo, porque
nosotros los afectados sabemos que es un martirio, una situación muy dolorosa.
Soy una extranjera en mi propia tierra”.
—Quirino
no ha mencionado el tema de los desplazados ni en campaña ni en su toma de
protesta.
—Lo
abordamos cuando vino a Guamúchil, le planteamos el problema. Le pedimos que
nos ayudara de llegar a la gubernatura. Que el problema se reconociera, y
prometió que así sería y esperamos que cumpla. Y es que reconocer el problema
significaría llevar a cabo políticas de apoyo, que el Estado de derecho ha sido
rebasado, que estamos en una guerra interna en el país, porque no es solo
Sinaloa, hay varios estados en la misma situación: Chihuahua, Durango,
Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Jalisco, y otras.
RECUENTO DE PÉRDIDAS
Ella
es madre de una niña y ahora está embarazada. Vivó allá, en Ocurahui, luego se
vino a la ciudad a estudiar y regresó a su tierra, a trabajar. En eso estaba,
en esa vida apacible y fresca, de patios grandes y árboles añejos, cuando
fueron amenazados: tenían que irse de sus casas porque dos bandos del crimen
organizado se enfrentarían a balazos y ellos quedarían en medio. Los
“invitaron” a sumarse a uno de los bandos pero ellos se negaron. Sus vidas
estaban en peligro, por eso optaron por buscar refugio en otra comunidad o en
la ciudad.
“En
estos cinco años la mayoría de los desplazados hemos tenido solo pérdidas.
Tenemos un balance muy adverso. Los que teníamos nuestra propiedad, el trabajo,
dinero en el banco… ya todo se terminó y hasta los carros vendimos. Ahora
sufrimos muchas dificultades, y perdimos familiares y amistades, porque fueron
asesinados o murieron accidentados, y eso no puede compensarse”.
Tiene
alrededor de 35 años y es madre de familia. Cuando regresó a su pueblo, después
de estudiar, sintió el orgullo de aplicar sus conocimientos en beneficio de la
gente, sus vecinos. Pero tuvo que irse de ahí, porque su vida estaba en
peligro.
—¿Qué
le dices a la autoridad?
—Que
volteen a vernos, se pongan en nuestro lugar y piensen qué harían si se tienen
que salir de su casa solo con lo que traen puesto, sin poder llevarse nada,
ante la amenaza de perder su familia, su vida… irse a un lugar dónde nadie los
conoce, sin oportunidades, a empezar desde cero.
(RIODOCE/
JAVIER VALDEZ/ 16 ENERO, 2017)
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