Iván Castaneira/FOTO
El Tribunal Unitario Agrario
de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita
en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México
para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.
Se trata de mil 100 hectáreas
que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni los ejidatarios
pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123 ejidatarios interpusieron un
amparo para revocar esa multa, porque, según argumentan, el juez ignoró sus
demandas.
Juan Antonio López,
coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa a los
comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está manteniendo
un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La
Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo 27 de la
Constitución”
En entrevista con Animal
Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá
emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.
La Sierrita era un modelo
exitoso en el que una empresa minera y los pobladores establecieron un contrato
para la explotación de territorio de manera controlada y con el pago de una
renta anual por parte de los empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió
debido a incumplimientos según alegaron ambas partes.
ACUERDO Y ROMPIMIENTO
La minera Excellon de México
S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la exploración, explotación,
producción y comercialización de minerales metálicos y pertenece al grupo
canadiense Excellon Resources Inc., según indica el registro ante la Secretaría
de Economía.
La empresa inició operaciones
en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según explica Juan Antonio López,
“engañó” a los pobladores para firmar un contrato para explotar 27 hectáreas
durante 30 años por un pago único de 1 millón 200 mil pesos.
Sin embargo, cuatro años
después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En
2008, ambas partes firmaron
un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un
monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con el aumento correspondiente a la
inflación.
En ese documento se
establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero fueron
incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta tratadora de
agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y la protección
ambiental de la zona.
La empresa tampoco cumplió
con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los puntos
importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.
Por tanto, en septiembre de
2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal
Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera argumentando los
incumplimientos.
La respuesta de la minera fue
otra demanda, argumentando que los ejidatarios habían prohibido la operación de
la mina y, por tanto, habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial
se basó en una manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia
de los directivos para solucionar el conflicto.
Sin embargo, “nunca se
prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo compuesta
por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura Juan Antonio López.
Aunque la minera pagó la
renta anual de 2008 a 2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los
pagos, aunque continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.
Finalmente, el Tribunal
agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago de 5 millones 612
mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a la empresa a entregar las
mil 100 hectáreas.
“En un juicio en que las dos
partes están demandando que la otra parte incumplió, el Tribunal dice ‘los dos
incumplieron y los dos páguense similares’”, lo cual resulta desigual para los
ejidatarios, asegura el representante legal de los comuneros.
El argumento legal del
Tribunal es que la minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante
reiteradas violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012,
por lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.
Después de estos años de
conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los tribunales para que se
haga justicia” y esperan que el Tribunal Colegiado emita una sentencia apegada
a derecho, asegura Juan Antonio López.
(ANIMAL POLITICO/ Nayeli Roldán (@nayaroldan) / diciembre 7 2016 08:48)
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