10 años de guerra | La población
mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no
garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las
llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También
surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos
enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los
abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron
en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y
la trata de personas.
El tamaño del fracaso: 186 mil muertos
en una década de guerra en México, según datos oficiales
TERCERA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 7 de
diciembre (SinEmbargo).- En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la
historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles
armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un
grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde,
médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus
mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Pronto los policías
comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de
autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio
michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco”
del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades
locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados.
A este movimiento le
precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas,
cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo
de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante
de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la
extorsión, secuestro y trata de personas.
En este contexto, en mayo de
20111 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el
poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado
al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los
ciudadanos a manifestarse contra la violencia.
Este movimiento de
resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las
calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de
2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la
Ciudad de México.
Entonces, Sicilia Zardain
advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de
las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido.
También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia
pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como
ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz.
El Presidente Enrique Peña
Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que
el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales,
la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre
por todo el país continuaron incluso con mayor intensidad.
En febrero de 2013, en
Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que
puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña
Nieto.
“Frente a la ausencia de un
Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en
autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan
sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por
la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento
por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en
estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a
la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que
ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en
Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.
Tony Payán, director del
Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la
Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente
Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad
para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.
“Observaron lo que pasó
durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la
administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que
su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron
cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante
el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una
administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar
una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por
esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil
personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí
donde erraron”, explica el investigador.
El problema que Calderón
heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de
Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al
país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar.
LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
Mireles Valverde, el ex líder
de las autodefensas de Tepalcatepec hoy continúa preso y es considerado por
organizaciones humanitarias como un preso político.
José Manuel Mireles, ex líder
de las autodefensas de Tepalcatepec, hoy está bajo las rejas y es considerado
por organizaciones humanitarias como un preso político.
Mireles Valverde, quien se
presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del
municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una
entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos
por los que el pueblo tomó las armas.
Narró que el crimen
organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada
auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban
cuando ya estaban embarazadas”.
Antes de levantarse en armas
en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles
Valverde.
En mayo de 2013, Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército
Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a
través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía
similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe
Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto
al de su antecesor en tres puntos importantes:
“La primera es una efectiva
coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos
con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del
Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob.
A diferencia de lo que había
ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio
Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar,
explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los
barrios y las colonias de Michoacán.
El encargado de la seguridad
en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías
comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un
programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió
que nadie estará armado”.
“En el caso de Michoacán la
llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no
tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de
Gobernación.
Pero Mireles afirmó que el
operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:
“Mientras el Gobierno federal
no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a
seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos
solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24
horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.
Durante 2013 la guardia
comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero
se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte.
No sólo se estaba levantando
el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán,
permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la
violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de
Guerrero.
En julio de 2013 por lo menos
120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan,
abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de
El Cubo, El Terrero y El Guayabo.
Al lugar arribaron elementos
del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de
los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres
en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.
“Los militares sólo cuidan
las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como
tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero
nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando
y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con
este medio digital.
El 15 de enero de 2014 se
firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del
cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció
el desarme de las autodefensas.
Lo poderes de Michoacán no
desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la
creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a
cargo Alfredo Castillo Cervantes.
La nueva Comisión coordinaría
a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos
de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el
movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde,
considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.
LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO
Policías comunitarios en el estado de
Guerrero. Foto: Cuartoscuro
En 2013, a la par que la
violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a
levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria.
La desaparición en Iguala,
Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al
Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que
eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre
una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la
diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban
por impedir que la violencia devastara pueblos enteros.
En 2011, el entonces
Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero
Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico
aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un
año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su
anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del
estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936
ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.
Los ejecutados tan sólo en
Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a
los muertos de las poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y
Costa Chica.
Como en Michoacán, la
población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que
ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron
creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de
Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la
inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en
Santa Cruz del Rincón.
La Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de
los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos
Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Pero fue insuficiente. A
partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG)
se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y
otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales,
sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100
mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.
“Los pueblos se armaron para
garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión
de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por
la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las
instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como
una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre
Mario Campos en entrevista con Sinembargo.
San Jerónimo El Grande, pueblo de
Guerrero, se levanta en armas tras el plagio de 10 habitantes
De acuerdo con datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013
al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al
contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones
se mantuvo en la media con un reporte de 174.
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50
ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San
Pedro Sula, Honduras.
Para enero de 2014 Guerrero
estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra
del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de
educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor
fue secuestrado.
A la par, unos 500 policías
comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores.
Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos
integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y
secuestrar a las personas de esa comunidad.
Ese mes miembros del Sistema
de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán,
cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad.
El 29 de enero cerca de las
20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías
comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado
en donde murió su nuera.
El entonces Gobernador Ángel
Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria
perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y
el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada”
se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.
“Fue un hecho aislado, yo le
puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no
solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.
Jesús Zambrano declaró que la
entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que
lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en
el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos
han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
#AyotzinapaDosAños: Justicia, castigo y
verdad, padres de los 43 le dicen a EPN que no se rendirán
Pero Zambrano y Ángel Aguirre
enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas
pudieron escapar.
La violencia no concluyó en
Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan
levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San
Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas
para defenderse del grupo criminal Los Tequileros.
El mes pasado, de acuerdo con
un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un
promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones
atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más
que en el mismo periodo de 2015.
El 30 de noviembre cuatro
niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados
que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.
“Mientras no se vislumbre la
seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque
alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden,
seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de
piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos
ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.
El sacerdote afirma que a
pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los
secuestros, los levantones y los descuartizamientos”.
“Es muy claro, México es un
Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración.
No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa.
Mario Campos argumenta que
encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió
con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la
solución porque la población continuará organizándose.
“El encarcelamiento de
Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento
contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente
viera resultados, no lo haría”, dice.
ESCARBAR EN BUSCA DE DESAPARECIDOS
México es una “gran fosa clandestina”,
dicen familias de desaparecidos
Mientras poblaciones como
Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra
contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de
familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el
crimen organizado.
Con Calderón la cifra
tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña
Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de
55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo
con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos.
Ante la ineficiencia de las
autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las
familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos,
hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y
ancho de la República Mexicana.
En Coahuila, Chihuahua, Nuevo
Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes
han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos,
sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar.
Lucía de los Ángeles García
Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de
desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de
ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.
“Estos 10 años han sido
terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo.
Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo
continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha
disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”,
dice.
García Henao asegura que el
Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los
desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las
autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta.
En agosto de este año, la
periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con
datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio
de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y,
con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos
de 303 personas.
“Estas autoridades son buenas
para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta
guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos
cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros
tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras
búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”,
considera.
DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE
Tamaulipas es una entidad que vive
constantes enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos criminales.
Foto: Cuartoscuro/Archivo
La violencia desatada por la
guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada
y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de
defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en
Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las
redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de
Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para
informar a la población sobre los movimientos de los criminales.
Pero esta última expresión de
defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban
en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de
las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue
amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con
su paradero.
En septiembre de 2011 el
crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su
activismo en redes sociales.
A pesar de que los grupos
delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su
labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de
Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a
través de las redes sociales sobre las actividades criminales.
La joven fue decapitada y
abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y
una cartulina.
Tres años después, la entidad
se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La
doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y
asesinada en octubre de 2014
“Valor por Tamaulipas”
confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la
doctora viva y después ejecutada.
Los criminales publicaron
desde la cuenta de Felina lo siguiente:
@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI
VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI
VIDA HA LLEGADO A SU FIN.
@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE
NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY
CUENTA QUE
@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE
NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE
LO QUE CREEN.
@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS
CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.
Para Javier Sicilia, un
hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un
Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón,
el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue
igual, lo más horrible esté por venir.
“Yo veo dos salidas: una es
la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto
limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto
se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral
del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el
Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de
Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de
salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia.
Pero hay una segunda opción:
la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la
indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás
vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza
poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país
Donald Trump.
“Veremos asesinatos de gente
que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el
país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y
esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un
camino no de no violencia”, dice.
Calderón lanzó la guerra para
legitimarse, y su personalidad lo llevó al punto de no retorno
(SINEMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL/
DICIEMBRE 7, 2016 - 12:05 AM)
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