En México, la clase política y su
estrategia contra el crimen ha fracasado, afirma Edgardo Buscaglia. Más bien,
dice, políticos y criminales operan juntos. El especialista e investigador en
materia de seguridad internacional afirma que ellos, los políticos, creen que
con estas medidas punitivas, en donde ponen en juego además la vida de soldados
y de policías, que los hay honestos, para sacarse el problema de encima, no
consideran a las instituciones que deberían atacar la raíz de las redes
criminales. Éstas, asegura, están afincadas en sus protecciones de Estado. “No
existe delincuencia organizada trasnacional sin protección de Estado, de
pedazos del Estado; entonces, tratar de combatir a esa delincuencia organizada
a través de sus operativos es un show de reemplazables, y la historia es que
quieren hacerlo sin tocar las fuentes de financiamiento de sus campañas
políticas”, afirma en entrevista.
Ciudad de México, 6 de
diciembre (SinEmbargo).– Desde que el presunto capo sinaloense Joaquín Guzmán
Loera, “El Chapo”, fue reaprehendido la primera vez, en 2014, el investigador
Edgardo Buscaglia planteó la necesidad de que al arresto siguieran
investigaciones que mostraran las redes políticas y financieras que, durante
más de dos sexenios, le permitieron operar y lavar sus ingresos producto del
narcotráfico.
Otras medidas necesarias, ha
insistido Buscaglia por años, son una Reforma Política que abra a votaciones
las listas de candidatos a cargos de elección popular, así como la institución
de unidades de investigación patrimonial, autónomas, en la Federación y en los
estados, que sean vigiladas por los poderes legislativos.
“Esas unidades se dedican a
identificar a las redes que rodean a los políticos, y a identificar sus
fábricas, casas, carros, y todas esas propiedades tangibles que uno puede tocar
y que en México abundan”, dice Buscaglia en entrevista con SinEmbargo.
“México es la tercera
economía ilícita más importante del planeta, después de China y Rusia, de
acuerdo con el Reporte de Integridad Financiera (…) Sería una mina de oro para
cualquier fiscal con este tipo de instituciones”, agrega.
Autor de libros como “Lavado
de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada” y
“Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana”, Buscaglia
advierte que en México faltan auditorías preventivas, modificaciones a las
leyes electorales, control al financiamiento de los partidos e investigaciones
internas a los integrantes del sistema judicial, entre otras medidas, para
combatir la infiltración mafiosa en la política.
“México tiene que asumir que
hay una orgía de dinero público mezclado con dinero criminal, como en
Coahuila”, dice.
Pero al sistema político
mexicano, afirma, no le interesa aplicar ninguna medida de este tipo debido a
la impunidad pactada entre sus miembros. El costo: decenas de miles de pérdidas
en vidas humanas desde que inició la denominada “guerra contra las drogas” hace
una década.
“Se resisten colectivamente a
aplicarlas porque saben que sucederá lo mismo que sucedió en Italia, en
Colombia o en Indonesia, que empiezan a caer sus colegas, sus mismos miembros
de partido comienzan a caer inmediatamente después de instaladas estas
instituciones”, dice el también académico de la Universidad de Columbia, en
Nueva York.
“Por lo pronto, estos 10 años
han sido 10 años quemados, perdidos en la Historia mexicana, donde la principal
lección que hemos aprendido en México, y que ya se conocía en otros países
donde esto sucedía décadas atrás, es que este pacto político de impunidad,
donde toda la clase política es cómplice por acción u omisión, se traduce en
decenas de miles de desaparecidos y en decenas de miles de muertos”, agrega.
***
Calderón lanzó la guerra para
legitimarse, y su personalidad lo llevó al punto de no retorno
–¿No son suficientes las
instituciones contra el lavado de dinero que hay en México, como la Unidad de
Inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda?
–Existen de adorno. Las
tienen muchas veces para investigaciones puntuales, como las de la maestra Elba
Esther Gordillo, como mecanismos políticos o de castigo a enemigos del poder, o
para los peces muy pequeños. Pero no te encuentras que esta Unidad de
Inteligencia Financiera se esté coordinando con 32 unidades de investigación
patrimonial no financiera en México, que no existen; son vacíos de Estado.
Tienes una situación de ausencia de inspectorías y de controles internos de los
eslabones del sistema de administración de justicia, de los policías, fiscales
y jueces, donde no hay investigaciones patrimoniales internas de los mismos
actores del sistema; por lo tanto, para cualquier red criminal en México es muy
fácil comprarlos y venderlos. Son 45 instituciones hoy ausentes, que la clase
política las conoce muy bien, un [Senador perredista Miguel] Barbosa, un Manlio
Fabio Beltrones [ex dirigente nacional del Partido Revolucionario
Institucional], Ricardo Anaya [dirigente nacional del Partido Acción Nacional]
las conocen muy bien, pero se resisten colectivamente a aplicarlas porque saben
que sucederá lo mismo que sucedió en Italia o en Colombia o en Indonesia, que
empiezan a caer sus colegas, sus mismos miembros de partido comienzan a caer
inmediatamente después de instaladas estas instituciones. Entonces, es un pacto
de impunidad política muy bien aceitado el mexicano, pero tarde o temprano va a
caer, por presión internacional y por presión interna, que a medida que avancen
los años, no solamente se suman los muertos, sino la sociedad civil comienza a
reaccionar, como la vez que reaccionó con el tema de la futura Fiscalía. Y,
bueno, la sociedad civil reacciona, pero reacciona muy lento en México. Han
sido muchas décadas de un sistema prebendario que también cubría a la sociedad
civil, y ésta tarda mucho en reaccionar. Pero una vez que las presiones internas
y externas existan, como existieron sobre Colombia y sobre Italia, tendrás una
implementación de estas instituciones. Por lo pronto, estos 10 años han sido 10
años quemados, perdidos en la historia mexicana, donde la principal lección que
hemos aprendido en México, y que ya se conocía en otros países donde esto
sucedía décadas atrás, es que este pacto político de impunidad, donde toda la
clase política es cómplice por acción u omisión, se traduce en decenas de miles
de desaparecidos y en decenas de miles de muertos. Entonces, estas
instituciones y sus vacíos en México representan la otra cara de la moneda de
los 27 mil desaparecidos, de las cientos de miles de muertes. Entonces,
seguimos en la simulación. Lo mismo con la propuesta del Presidente Enrique
Peña Nieto (para el Sistema Nacional Anticorrupción), las propuestas de la
supuesta oposición en México, que antes de proponer cualquier cosa la negocian.
Es un pacto de impunidad política obsceno, donde, lamentablemente, todavía no
vemos que la clase política firmante de este pacto esté pagando el costo de la
impunidad que generan; que ellos mismos, sus patrimonios, comiencen a
desaparecer como producto del monstruo que han creado y han fortalecido. Hace
dos años, cuando Carmen Aristegui le preguntó a Carlos Navarrete [ex dirigente
nacional del Partido de la Revolución Democrática] por este término, si existe
o no el pacto de impunidad política, él lo admitió al aire. No lo estaba
admitiendo simbólicamente: hay un pacto político de impunidad en México latente,
que se traduce en el hecho de que se resisten terminantemente a implementar
estas instituciones.
–En este contexto, entonces,
la guerra contra las drogas queda como una simulación…
–Ellos creen que con estas
medidas punitivas, en donde ponen en juego además la vida de soldados y de
policías, que los hay honestos, en pos de tratar de sacarse el problema de
encima, pero sin las instituciones que deberían atacar la raíz de las redes criminales.
Porque las redes criminales mexicanas, como las rusas o como las chinas, están
afincadas en sus protecciones de Estado. No existe delincuencia organizada
trasnacional sin protección de Estado, de pedazos del Estado; entonces, tratar
de combatir a esa delincuencia organizada a través de sus operativos es un show
de reemplazables, y la historia es que quieren hacerlo sin tocar las fuentes de
financiamiento de sus campañas políticas. En todos los partidos, en más del 50
por ciento del dinero que financia las campañas individuales de candidatas y
candidatos en México, se financia a través de dinero ilícito, como lo era en
Italia y como lo era en Colombia. Para los que estudiamos estos redes
criminales de país en país, lo que sucede en México es una repetición en cámara
lenta de lo que vimos en Colombia, en Italia o en Indonesia, o que seguimos
viendo en Rusia y China. Lo que pasa es que no hay una reacción de esta clase
política; miran para otro lado; cuando les traen el dinero para sus
financiamientos de campaña ni preguntan de dónde viene, y sigue abundando el
dinero mal habido, con el que los políticos se vuelven ricos de la noche a la
mañana. Entonces, estamos en esta situación de impunidad, donde estos 10 años
han sido quemados en vidas, en una gran hoguera de la corrupción que se ha
pagado con cientos de miles de vidas.
–¿Cuál es la responsabilidad
de Estados Unidos, que ha enviado apoyo a través de la Iniciativa Mérida?
–Estados Unidos tiene una
gran responsabilidad, porque los enormes negocios de las multinacionales que
venían financiando las campañas de todos los partidos norteamericanos eran las
mismas que llegaban a México y se les otorgaban mercados políticamente cautivos
en el sector financiero, energético, bancario. En esos sectores económicos se
les otorgaban mercados políticamente cautivos, no competitivos, sujetos a
oligopolios protegidos con enormes tasa de retorno. Y esas mismas empresas
regresan a Estados Unidos a financiarle las campañas políticas a Hillary
Clinton o a Barack Obama o a [George W.] Bush y, en todos los casos, hacen
lobby para que a México no se le toque y no se cambie nada. Eso explica por qué
Estados Unidos no aplica la misma presión enorme para limpiar a la clase
política, como lo hacía en Colombia, donde al Presidente Samper lo declararon
persona non grata; no podía salir del país; tenías a diputados en ejercicio
señalados por el Tesoro norteamericano. Había una presión enorme que no se
observa en México, por esta impunidad que también forma parte de un pacto de
multinacionales, donde México es ‘la joya de la corona’ y se le trataba de
proteger sin cambiar a los actores. O sea que, en ese sentido, también se
entiende por qué se le hacían campañas a actores políticos mexicanos que no
formaban parte de ese pacto, como Andrés Manuel López Obrador en su momento,
que tiene otros problemas de corrupción, pero en su partido. Pero digamos que
Estados Unidos quería jugar con el elenco estable, con Felipe Calderón, con los
priístas, y tener estos mercados enormemente beneficiosos para las empresas
norteamericanas, donde está más que comprobado que estuvieron, en algunos
casos, involucrados en casos penales por lavado de dinero.
La guerra contra el
narcotráfico en México comenzó el 11 de diciembre de 2006, con el despliegue de
siete mil efectivos de las fuerzas federales en Michoacán.
–¿Como el caso del banco
HSBC?
–Uno es HSBC; otro es
Citibank. Tienes una lista de los usuales sospechosos, pero el punto es que
estas empresas hacían mucho lobby para que a México no se le toque. Pero cuando
la situación es insostenible, como en el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos, donde hubo una aclamación mundial por la tragedia, este caso no
se pudo tirar por debajo de la alfombra; entonces, ahí los norteamericanos
llegan con un poquito de presión, pero no se acerca en lo más mínimo a la que
le ponían a Indonesia o a Colombia para que controlaran limpiaran a su clase
política. Entonces, cuando los norteamericanos no tienen dineros en juego,
cuantiosos dineros, ellos saben aplicar presión y lo hacen bien. En el caso de
México, son parte del pacto político de impunidad. Paradójicamente, [el
Presidente electo de Estados Unidos] Donald Trump, al romper sin darse cuenta
estos pactos de impunidad, esperemos que al tratar de cortar la relación
viciosa de estas empresas multinacionales norteamericanas con la clase política
mexicana, quizá eso haga más fácil que la presión norteamericana se acerque.
Pero los norteamericanos no han formado parte de la solución, a pesar de haber
malgastado cientos de millones de dólares en estos años del Plan Mérida y en
cuantiosos programas que no tuvieron ningún impacto positivo en la calidad de
las resoluciones judiciales mexicanas. Cuando existieron algún tipo de entregas
controladas u operativos exitosos, fue a través de mecanismos extrajudiciales
de inteligencia; pero el sistema judicial mexicano sigue funcionando tan mal,
tan pésimo como funcionaba en el año 2003. Hicimos evaluaciones en todos los
estados, a través de expedientes judiciales, para evaluar la calidad de las
resoluciones, y hoy Chihuahua y Chiapas (donde Estados Unidos financió Reformas
judiciales) están tan mal como en 2003. Entonces, Estados Unidos ha desperdiciado
dinero público en mantener a una flotilla de consultores mexicanos y
norteamericanos cobrando cifras millonarias sin ningún tipo de impacto en las
resoluciones, porque no cortaron los vínculos ni limpiaron a la clase política
mexicana, como hicieron con la colombiana. Hay que recordar que debe haber una
secuencialidad en las reformas para que sean efectivas. Antes de una reforma
judicial tienes que tener una Reforma Política, como Italia o Colombia, que
limpie a la clase política. Cuando ahí se implementó la Reforma Judicial, la
clase política había sido limpiada en gran medida. En el caso italiano, el 73
por ciento de los parlamentarios fueron procesados penalmente por vínculos con
redes criminales, en el caso colombiano fue el 62 ó 63 por ciento y, después de
esa limpieza política, de esa Reforma Política Electoral, en la que las listas
de candidatos no se hacían ya a dedo del narcotraficante Pablo Escobar o del
cacique en turno, sino a través de elecciones abiertas, se controlaban las
fuentes de financiamiento de las campañas en Italia, Colombia e Indonesia. Y,
después de esa reforma política, entras con la reforma al sistema judicial,
porque no vas a esperar que el mafioso genere reformas judiciales, que fue lo
que ocurrió en México. Desde 1994, que fue la primera reforma de Ernesto
Zedillo, a la de 2008, todas fueron reformas programadas por mafio-políticos.
Tienes que tener una reforma política que genere un control de calidad de quién
entra y quién sale de la clase política, y después todas las reformas: la
energética, la judicial. Esa secuencia se violó en México; se puso ‘la carreta
por delante del caballo’ y, por tanto, lo que tienes ahora son reformas
judiciales mafiosas, hechas por mafiosos. No es diferente a las propuestas
anticorrupción y de la Fiscalía General; lamentablemente, estamos todavía
simulando en México. El sistema político mexicano se resiste a esa reforma, lo
saben quienes lo han propuesto, porque eso implica limpiarles patrimonios, los
financiamientos de campaña, generar listas abiertas de candidaturas en
primarias donde ni Manlio Fabio Beltrones ni ningún dirigente tenga nada qué
decir de quien está en las listas. Está probado que las listas de candidaturas
cerradas, como en México, son una invitación abierta a las redes criminales
para capturar al sistema político.
–¿Cuál es la razón
geopolítica para la criminalización de las drogas?
–Hay una mezcla: por un lado,
hay mucha ignorancia en el tema. No olvidemos que estas políticas
prohibicionistas se originaron en fanáticos religiosos que se harían cargo a
principios de siglo. Entonces, como Estados Unidos fue potencia económica por
muchas décadas, impuso su política antidrogas en el planeta a través de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Básicamente, las convenciones de la
ONU que abarcan drogas fueron redactadas por agencias de Estados Unidos. Al
mismo tiempo hay muchos intereses económicos, de las farmacéuticas, por
ejemplo, de prohibir ciertas drogas que compitan con sus opioides y
psicoactivos legales. Ahora, las farmacéuticas norteamericanas se están viendo
ante la situación de que muchos de sus psicoactivos están siendo adulterados o
sustituidos por drogas de diseño. Entonces, las políticas prohibicionistas que
criminalizan los comportamientos ligados al consumo y a la producción han sido
un fracaso. Las redes criminales encuentran sustitutos, si les prohíbes una,
como la mariguana, encuentran sustitutos legales o ilegales para satisfacer la
demanda. La políticas preventivas del consumo han sido un desastre en Europa y,
principalmente, en Estados Unidos, donde hay otra vez una epidemia de adicción
a la heroína, que en gran parte viene de México. Entonces, es una situación
donde tienes que abordar no sólo la mariguana, sino todas las drogas, y
regularlas como se regulan los antibióticos.
El 1 de diciembre de 2006, Felipe
Calderón tomó protesta como Presidente de la República en tan sólo cinco
minutos. Con su guerra contra el narco, coinciden especialistas, buscaba
legitimarse. Foto: Cuartoscuro
–Si hay un contexto interno
de profunda impunidad y un contexto global de una política fallida, ¿es
entonces una farsa la guerra contra las drogas?
–Ha sido una gran farsa para
los que miramos y no hemos perdido familiares y seres amados en este horror.
Esto ha sido una tragedia para cientos de miles de personas. Pero sí: es una
farsa, porque se sabe que, en el fondo, estas políticas no tienen impacto. Toda
política pública se propone salvar vidas, de consumidores, de víctimas, y si mides
a través de ese indicador la política de criminalizar las drogas ha sido un
gran fracaso. No hay ninguna duda. Los países están experimentando. Algunos,
como Uruguay, comienzan con la mariguana, con una regulación de la producción y
el consumo, no con toda la cadena de distribución en la regulación, que será la
política del futuro. Podemos discutir si Uruguay lo está haciendo bien o no al
permitir monopolizar la producción en campos estatales, pero hay que ir a una
regulación del consumo, de la producción y de la distribución de todas las
drogas. Tenemos que generar instituciones preventivas de la adicción mucho más
efectivas, como se empezó a hacer con el cigarrillo. Recordarás que las tasas
de fumadores eran mucho más altas haces décadas, y como en Estados Unidos se
generó una política preventiva muy efectiva, bajó la tasa de consumo. Hay que
imitar esas políticas. Porque, ciertamente, el canal penal ha sido el menos
efectivo para abordar estos problemas. Los sistemas penitenciarios están
abarrotados de personas que han sido encarceladas por el consumo de drogas en
Estados Unidos y en México, en centros que se han transformado en centro de
doctorados de la delincuencia organizada.
–¿Hay similitudes entre
guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo, ambas con un enemigo
abstracto o proclives a instaurar estados de excepción?
–Veo un patrón similar. Y me
refiero a los niños de 12, 13 ó 14 años que son reclutados por el Estado
Islámico o Al Qaeda. Lo estoy viendo en Kosovo, en un pueblo donde estoy
parado, de 30 mil personas, que tiene la tasa más alta de reclutamiento del
Estado Islámico de toda Europa. Están reclutando a menores de edad con ciertos
patrones de comportamientos similares, que no van a la escuela, que han tenido
problemas de adicción o de violencia familiar o vecinal. Hay todo un patrón de
factores que son similares a los que tienes en Sinaloa o en Chiapas, entre los
jovencitos absorbidos por redes criminales, con bajas tasas de trabajo formal o
donde el mercado informal es el caldo de cultivo para la delincuencia
organizada, y no porque la informalidad sea deshonesta, pero es donde la
delincuencia organizada recluta muchos jóvenes, y tienes disfuncionalidades de
acceso a la educación, a la salud, a viviendas. Todo eso lo observas en las
áreas como ésta, que tiene las tasas de desempleo más altas de cualquier ciudad
en Kosovo. Hay factores sociales preventivos que sí puedes abordar. Yo trabajo
para los sistemas judiciales en estos países, pero tienes que ir a la raíz
misma del reclutamiento, de la base operativa de estos grupos que cometen actos
de terrorismo, no sólo en Medio Oriente, sino en México también. Ahí encuentras
comunes denominadores en cuanto a los factores que hacen atractivo incorporarse
a un culto de violencia que, en muchas ocasiones, se disfraza de religión o de
canales de acceso a una vida material más abundante, que hace que en México
veas que un capo es el modelo de vida de muchos jóvenes. Entonces, ese tipo de
motivaciones siempre llegan a jóvenes con vacíos, con patologías de interacción
social, y eso hay que abordarlo como un problema latente en los sistemas
preventivos, donde en México todavía hay enormes vacíos. [El Subsecretario de
Gobernación, Roberto] Campa llegó a este Gobierno con cientos de millones de pesos
para la prevención social de la delincuencia organizada, y todo ese dinero de
la Secretaría de Gobernación lo terminaron usando alcaldes corruptos, amigos
del PRI, y no llegó a las potenciales víctimas: los menores de edad que siguen
siendo succionados por las redes criminales.
El tamaño del fracaso: 186 mil muertos
en una década de guerra en México, según datos oficiales
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto /diciembre 6, 2016 - 10:00 pm)
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