MÉXICO,
D.F. (apro).- Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del
panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam,
durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los
vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.
Todavía
más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN,
PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López
Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente
municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo,
el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.
Sólo
la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa,
Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo,
fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un
proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.
El
argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto
es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en
general.
Prueba
de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth,
quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los
policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.
Quien
diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en
Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre
el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.
Hoy
se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales
conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán
Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo”
Guzmán. Pero no se les hizo nada.
Más
tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su
cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La
Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.
Las
autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y
Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años
que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en
lo político, económico y criminal.
Por
lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos
normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de
amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige
que esto pare y se haga justicia.
Si
no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de
exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar
nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.
Twitter:
@jesusaproceso
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JESUSA CERVANTES/ 16 DE
OCTUBRE DE 2015)
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