SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS …Y TIENEN OTRA ‘CHAMBA’

A pesar de que la ley los restringe y hasta les impide tener varios empleos públicos a la vez, representantes populares electos mediante el voto de los ciudadanos reciben doble pago del erario, porque además de la remuneración económica que perciben por su desempeño ocupan otros cargos como funcionarios por los que también cobran.

Tal es el caso de seis diputados locales de la actual Legislatura, que con la autorización del mismo Congreso del Estado, reciben de manera simultánea doble pago del sector público porque además del cargo para el que fueron elegidos cobran como maestros o directivos de instituciones educativas.

Con excepción del priista Francisco Caro Velo, quien bajo el principio de mayoría relativa representa el Distrito 12 con sede en el municipio de Camargo, los congresistas con dobles percepciones públicas son diputados de representación proporcional o plurinominal.

Los legisladores plurinominales con dobles remuneraciones son América Victoria Aguilar Gil y Héctor Hugo Avitia Corral, del Partido del Trabajo (PT); Gustavo Martínez Aguirre y Rosemberg Loera Chaparro, del Partido Nueva Alianza (PANAL), y María Elvira González Anchondo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque de acuerdo con abogados el marco legal que regula las licencias de los diputados se advierte contradictorio en ciertos puntos, la Constitución Política del Estado establece a los legisladores que no podrán desempeñar ninguna otra comisión, cargo o empleo por los que se perciba remuneración.

Sólo exceptúa de esta disposición a quienes, cuando menos desde hace dos años antes al día de la elección, ejerzan “actividades docentes en instituciones oficiales de educación superior”.

De los seis diputados que tienen permiso para continuar con su desempeño como docentes y, por lo tanto, cobrar, sólo la legisladora Elvira González es académica de una institución de educación superior, en este caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) campus Delicias.

El resto de los legisladores imparten clases o dirigen escuelas de nivel básico o medio superior, aunque el diputado Gustavo Martínez, actual secretario del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitó el pago porque asegura prestar sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal del Gobierno del Estado, donde tiene una plaza como “docente en el nivel superior”, pero no da cuenta de escuela alguna en la que se ocupe.

Un caso similar al de los diputados es el de la regidora juarense Marisela Sáenz Moriel, quien hasta el 2 de enero de este año, 14 días después de asumir el cargo para sustituir a Mireya Porras Armendáriz en el Ayuntamiento de Juárez, solicitó licencia a su cargo como coordinadora de la Defensoría de Oficio adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte.

Aunque la regidora afirma haberse separado de su cargo dependiente de la Dirección de Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno el mismo día que asumió el cargo como edil, el 20 de diciembre del año pasado, lo cierto es que la licencia la solicitó por seis meses a partir del 2 de enero de este año y hasta el 2 de julio de 2014.

Además, se pudo constatar durante la entrevista realizada en la presidencia municipal que desde ahí sigue dando asesoría en materia penal a ciudadanos que recurren a ella aparentemente por su experiencia como defensora pública.

La Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua establece que los defensores públicos están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en cualesquiera de los órdenes de Gobierno, salvo las actividades docentes, tal como lo señala también la Constitución estatal que, en el caso de los regidores, desde la contienda electoral indica que no deben ser servidores públicos.

Para el abogado Salvador Urbina Quiroz, secretario Ejecutivo Nacional de la Confederación de Colegio de Abogados de México, estos casos exhiben la ilegalidad en la que operan los representantes populares que de manera simultánea tienen varios empleos en el sector público.

“Es muy claro que cuando son elegidos deben dar prioridad a la voluntad popular y renunciar a cualquier otro cargo para ocuparse exclusivamente de la encomienda que les fue conferida por el pueblo, pero con esto lo único que nos hacen ver es cómo juegan con la voluntad y los recursos de la gente, porque al final de cuentas los dos sueldos que cobran provienen de los ciudadanos”, expone.

En el caso de particular de la regidora indica que incurrió en una falta grave porque al no separarse de su encargo como defensora pública, legalmente sus actos como regidora quedan sin efecto, por lo que procede abrir una investigación para determinar el impacto de su actuación y si es sujeta a una sanción por violentar la ley.

Sin embargo, en el caso particular de los diputados, el abogado José María Sifuentes destaca que el marco regulatorio estatal se observa contradictorio y sin armonía, porque mientras el artículo 42 de la Constitución les impide ocupar otros cargos públicos y sólo les permite ejercer la docencia en instituciones de educación superior, los legisladores fundamentan sus solicitudes en los artículos 191 y 192 que exceptúan de esta restricción “las actividades de enseñanza”.

Mientras que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado que se encuentra vigente también se exceptúa del impedimento las actividades docentes, aunque ahí se menciona que de “instituciones oficiales de cualquier nivel”.

“Por lo que se observa es evidente que hay contradicciones en el marco legal que regula a los diputados en cuanto a las incompatibilidades con sus funciones, pero también queda muy claro que por encima de cualquier ordenamiento jurídico tiene supremacía la Constitución y ahí se menciona específicamente que los diputados pueden impartir clases sólo en nivel superior”, dice.

En tanto, avalados en un marco legal ambiguo, los legisladores se aprueban entre sí licencias o permisos en decretos que aparecen publicados en el Periódico Oficial del Estado, en los que les permiten desempeñar las dos funciones y percibir de manera simultánea los sueldos que en todos los casos salen del erario.

SUELDOS SUPERAN LOS 58 MIL PESOS MENSUALES

Los seis diputados que actualmente tienen permiso para devengar salarios de manera simultánea de la esfera pública lo obtienen del presupuesto estatal, de donde también se paga su sueldo, compensaciones y prestaciones mensuales que se otorgan al Poder Legislativo.

Con ello, los ingresos mensuales de los legisladores superan los 58 mil 528 pesos mensuales que perciben por concepto de salario y compensaciones, así como los 19 mil 675 pesos que también reciben como prestaciones para apoyo para celular, combustible y viáticos para el distrito.

Lo anterior sin contar que cuando asumen un cargo en la mesa directiva en turno reciben una compensación adicional de acuerdo con la función que ocupen, partida que va de desde los 10 mil pesos para el presidente, hasta los 2 mil 663 pesos para los vocales.

Mientras que los coordinadores y subcoordinadores de las bancadas también reciben apoyos extra que pueden alcanzar los 59 mil 850 pesos y hasta 2 mil 680 pesos.

En las solicitudes presentadas al Congreso del Estado para que les autoricen continuar con su desempeño como docentes y cobrar por ello, argumentan sobre la importancia que tiene continuar en el ejercicio académico porque asumen un compromiso social y les resulta compatible con la función legislativa, aunque no rinden cuentas de los horarios en los que llevarán a cabo esa tarea.

Por ejemplo, el diputado Rosemberg que se ostenta como maestro de primaria indígena en la comunidad La Joya, en Guachochi, argumenta que le resulta necesario continuar en la actividad de la docencia, porque durante 14 años se ha dedicado a satisfacer muchas necesidades que tienen los pueblos y comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua.

“... mis funciones han sido de diversa índole, realizar gestión ante autoridades indígenas y de Gobierno del Estado para satisfacción de necesidades docentes frente a grupo, dar pláticas sobre diferentes tareas a las etnias, coordinar gobernadores tarahumaras para poder acceder a programas oficiales, federales y estatales, preparar maestros bilingües”, entre otros argumentos expuso en su solicitud.

Sin embargo, al ser entrevistado informa que se encuentra en espera de cambio de comisión y de adscripción a la ciudad de Chihuahua, donde actualmente reside, por lo que aún no sabe qué funciones desempeñará, pero asegura que hasta el momento no ha recibido sueldo doble.

“Estamos esperando el cambio de centro de adscripción, no me llega, se tiene que hacer el trámite a través de Servicios Educativos y ya está a punto de salir... mientras no he recibido cheque porque es un proceso administrativo que se tarda un tiempo en salir”, afirma.

El diputado Hugo Avitia, quien es director de la Escuela Secundaria Técnica Número 89, ubicada en el fraccionamiento Villa Colonial en Ciudad Juárez, asevera que no se ha desatendido sus funciones, porque aun cuando las sesiones regularmente son los martes y los miércoles, se mantiene al pendiente de la institución de la que se dice fundador.

“Si se quiere encontrar un conflicto, lo va a encontrar, pero yo no he tenido ninguno, sigo trabajando en mi escuela, sigo firmando, sigo siendo el responsable directo de la escuela y cumpliendo con mis responsabilidades y mi función, incluso hoy sostuve la reunión del consejo técnico en la mañana y ahorita ya me vengo a Chihuahua a la sesión”, explica.

Y es que según se observa en el calendario de sesiones, durante la actual legislatura si bien la actividad se ha concentrado los días martes y miércoles, también han tenido reuniones en lunes, jueves, viernes y sábado, como ocurrió este fin de semana.

Para la diputada María Elvira González Anchondo, quien apenas hace unos días concluyó su función como presidenta de la mesa directiva del Congreso y una de las pocas legisladoras que están en el supuesto legal porque da clases en institución superior, esta situación se debe analizar y revisar a fondo para no incurrir en una falta, aunque también le parece conflictivo que los obliguen a dejar sus plazas como docentes.

Explica que en su caso también está sujeta a la Ley Orgánica de la UACH, donde los maestros de tiempo completo como ella están impedidos para ocupar cargos públicos o políticos, por lo que sólo se quedan con medio tiempo.

“Tendríamos que ver, revisar bien porque hasta donde sé yo no estoy incurriendo en falta, lo estaría si no hubiera pedido permiso, si estuviera de abusona cobrando como tiempo completo y no llevar a cabo la labor como académico, pero en mi caso sí lo hice y sólo hablo como Elvira González”, precisa.

Los legisladores América Victoria Aguilar, Gustavo Martínez y Francisco Caro Velo no fueron localizados para conocer su postura al respecto, pero de acuerdo con las solicitudes presentadas al Congreso del Estado, en las que utilizan argumentos y formatos similares, están convencidos de que su actividad como académicos empata con la legislativa.

América Victoria argumenta que desde hace más de seis años, cuando apenas tenía 21 y todavía estudiaba la Licenciatura en Relaciones Internacionales –según da cuenta en su currículo oficial–, se desempeña como maestra en el Centro Escolar Preparatoria y Secundaria Profesor Genaro Vázquez Rojas, que dirigió su padre, el también ex diputado Rubén Aguilar, quien también en su momento cobró de manera simultánea.

Gustavo Martínez, quien fue líder sindical de la Sección 42 del SNTE, expone que tiene 34 años de antigüedad en el subsistema federal y requiere “seguir retroalimentándose y nutriéndose de mi trato permanente con los maestros”.

Mientras que Francisco Caro, quien se ostenta como maestro de la Escuela Secundaria No. 3032, con sede en Camargo, también requiere continuar en el ejercicio de su profesión que ha desempeñado durante cuatro años ininterrumpidos por vocación.

REGIDORA TIENE LICENCIA DE SEIS MESES

En el ámbito municipal, la regidora Marisela Sáenz Moriel estuvo en una condición muy similar a la de los diputados, cuando al ser llamada a ocupar el cargo en el Ayuntamiento luego de la renuncia de Mireya Porras, se vio obligada a renunciar a su función en la defensoría pública que depende del gobierno estatal.

Aunque actualmente cuenta con licencia para separarse de su función como defensora y supuestamente es sin goce de sueldo, la regidora no se retiró de manera inmediata de ese cargo sino hasta dos semanas después de su ingreso el Gobierno Municipal.

Moriel Sáenz no exhibió la copia de la licencia que presentó porque la tenía “traspapelada”, pero asegura que la solicitó a partir del 20 de diciembre que fue llamada a cubrir el cargo porque era la regidora suplente.

El director estatal de la Defensoría Pública, Jorge Neaves Chacón, expone que la también abogada de profesión presentó la licencia el 8 de enero de este año, pero la pidió del 2 de enero al 2 de julio, por seis meses, porque es el tiempo máximo que se puede otorgar.

Cuando termine esa licencia, asegura el funcionario estatal, se analizará su caso para ver si legalmente están en condiciones de otorgarle otra anuencia, pero también sin goce de sueldo porque la defensoría atraviesa por una situación de austeridad.

“Voy a determinar si está dentro de mis facultades que pudiese otorgar más tiempo o tengo que pedir autorización superior o ver qué tengo que hacer, pienso que sí es justificada su ausencia porque ella tiene que asumir el cargo, es un cargo de elección popular”, argumenta Neaves.

Por lo que, mientras, designó al abogado Javier Carlos Díaz Ramos en ese puesto que califica como muy modesto hasta económicamente y sin facultades de mando, aunque Marisela Sáenz explica que como coordinadora tenía “muy buen trabajo” y a su cargo estaban seis defensores.

“En realidad no tenía ninguna necesidad pero sí un compromiso que tengo que cumplir, que es con la misma ciudadanía que me propuso, y en ese tenor vine a dar aquí, porque dije: tengo muy buen trabajo y todo, pero también tengo un compromiso y ahí es donde valoras”, explica.

La regidora comenta que le queda muy claro que legalmente no puede ocupar dos cargos públicos a la vez y cobrar, pero también sus valores no lo permiten “andar agarrando dos salarios en dos lugares diferentes siendo que nada más trabaja en uno”, por lo que asegura haberse separado de su función desde el mismo día que asumió su actual cargo, es decir, el 20 de diciembre del año pasado.

Afirma que no dejo ningún pendiente en esa función aunque es mencionada en varios procesos penales que actualmente siguen su curso, además de que la gente la busca para recibir orientación como defensora legal, pero dice que no cobra y tampoco tiene autoridad para representar a las personas en los juicios o ante el Ministerio Público o acceder a la carpeta de investigación. Sin embargo, desde la oficina que ocupa en el tercer piso de la Presidencia recibe personas y da asesoría vía telefónica sobre la materia que evidentemente domina.

“Se tiene que ir a Ciudad Judicial, váyase a información, dígales que su hijo tiene audiencia, con el nombre, ahí le van a decir si tuvo o no, si ya tuvo vaya a la defensoría de oficio y dígales que a quién le tocó, allá hay un abogado y le va a explicar qué está pasando, luego viene para acá”, le dice a una mujer con la que hablaba vía telefónica mientras se desarrollaba la entrevista en su oficina.

Para Jorge Neaves esta situación no es irregular porque lo hace como regidora y abogada, no como coordinadora de la defensoría pública local, por lo que a su juicio ella puede opinar y asesorar “a quien le dé su gana”. (Gabriela Minjáres/El Diario)

gabrielam@redaccion.diario.com.mx

(Gabriela Minjáres/ El Diario | 2014-03-02 | 23:50)