MÉXICO,
D.F., (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó a
un particular la versión pública de los acuerdos de extradición de
cuatro capos de la droga en México.
En cumplimiento a una
resolución del Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos (Ifai), la dependencia entregó los acuerdo de extradición de José
Antonio Acosta Hernández, integrante del Cártel de Juárez; Benjamín
Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, y Juan Carlos de la Cruz Reyna y
Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo, quienes fueron
extraditados a Estados Unidos para ser procesados por diversos delitos.
En
su solicitud inicial un particular solicitó los acuerdos y pidió que se
incluyera la parte considerativa, los nombres de los extraditados, de
las víctimas del delito, de los cómplices, así como de los fiscales y
jueces a cargo del caso.
La SRE proporcionó las versiones públicas
de los acuerdos de los cuatro capos mencionados, pero omitió la parte
considerativa de cada acuerdo, con el argumento de que se trataba de
información reservada.
Inconforme, el solicitante presentó un
recurso de revisión ante el Ifai, en el que reiteró su interés de
conocer la parte considerativa de los acuerdos y argumentó que las
cuatro personas ya habían sido sentenciadas en Estados Unidos.
En
alegatos, la SRE reiteró la reserva de la información, debido a que su
difusión, aseguró, revelaría el expediente completo que el país
requirente (Estados Unidos) tiene para procesar a dichas personas y sus
posibles cómplices, así como los datos personales de víctimas y terceros
involucrados en el proceso penal.
El caso fue turnado a la
comisionada María Elena Pérez-Jaén, quien en una audiencia con
autoridades de la SRE tuvo acceso a la información reservada y advirtió
que la parte considerativa de los acuerdos contiene los documentos y
pruebas que el Estado requirente debe presentar para acreditar la
probable responsabilidad de la persona solicitada en extradición.
De
esas pruebas y documentos se desprenden los nombres de testigos y de
las personas relacionadas con los hechos, así como de las autoridades
norteamericanas que intervinieron en la investigación.
Tras la
audiencia, la Cancillería proporcionó nuevas versiones públicas de los
acuerdos de extradición con la parte considerativa de la resolución pero
sin la transcripción y el análisis de la información proporcionada por
Estados Unidos para justificar la solicitud de extradición.
Sobre
esta nueva versión Pérez-Jaén determinó confirmar la reserva de la
información invocada por la SRE, en razón de que su difusión “podría
causar un daño presente, probable y específico al desarrollo de las
relaciones internacionales de México con otros Estados, en el caso
concreto, con los Estados Unidos”.
Daño presente porque se
pondrían en riesgo procesos penales e investigaciones en curso, no de
los extraditados, sino de las personas de las organizaciones delictivas a
las que pertenecían los extraditados.
Daño probable porque,
argumentó Pérez Jaén, “se menoscabarían las relaciones diplomáticas
entre México y Estados Unidos”, debido a que las pruebas y la
investigación fueron proporcionadas, única y exclusivamente, como
soporte a su solicitud de extradición.
Además, señaló, se
alertaría a otras personas involucradas en la comisión de los delitos
por los que fueron acusados los extraditados.
Finalmente la
comisionada expuso que causaría daño específico debido a que los
testigos y las víctimas pueden no comparecer y dejar sin materia el
proceso penal acusatorio.
Asimismo, sostuvo, se pondría en riesgo
la integridad física de las personas que declararon e identificaron
plenamente a los capos reclamados, así como de los fiscales a cargo de
las investigaciones y los jueces que llevan los procesos.
Por ello
la comisionada del Ifai, propuso confirmar la versión pública de los
acuerdos de extradición propuestos por la SRE, mismos que puso a
disposición del requirente.
/4 de noviembre de 2013 )
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