Hace diez años, en agosto de 2003, un dirigente de pescadores, Jesús
María Leal Leyva, fue detenido por la Policía Federal Preventiva. El
gobernador era Juan Millán Lizárraga. Junto con cientos de pescadores de
la región centro norte de Sinaloa, acompañados de sus esposas e hijos,
había tomado la caseta de cobro ubicada en Cuatro Caminos y esto
fue suficiente para que lo detuvieran. Exigían ser tomados en cuenta en
el reordenamiento pesquero pero eso era mucho pedir para los que se
creen y actúan como dueños de las riquezas del mar.
Se pasó años en la cárcel. Frente al operativo de la Policía Federal
estuvo el general Francisco Arellano Noblecía, acusado de asesinar a un
grupo de campesinos en San Ignacio Río Muerto, Sonora, en los tiempos en
que gobernaba el defenestrado Carlos Armando Biebrich.
En el caso de los pescadores se dijo que, aunque la orden de desalojo
la había dado el entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro
Gerzt Manero, la petición había emanado del gobernador.
Diez años después la historia se repite. El viernes pasado fue
detenido Alejandro Cervantes Sotelo, quien un día antes había encabezado
el bloqueo de la carretera Internacional México 15, a la altura de
Guasave. Exigen que se les paguen los apoyos pendientes para el maíz,
sorgo y el Procampo.
Elementos de la Policía Ministerial llegaron a su casa y, según
denunció el mismo líder campesino, los agentes golpearon a una de sus
hijas al momento de llevárselo. Cervantes Sotelo fue trasladado a
Culiacán “como vil delincuente” y horas después de declarar ante el
director de Averiguaciones Previas, fue dejado en libertad.
No es la primera vez que dirigentes sociales son detenidos bajo la
actual administración. En julio del año pasado cinco comuneros de Villa
Unión fueron detenidos por la Policía Ministerial y trasladados a
Culiacán, con el mismo estilo con que fue prácticamente secuestrado
Cervantes Sotelo en Guasave.
Los comuneros de Mazatlán habían bloqueado el Libramiento III en
construcción porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no los
había indemnizado después de la expropiación de sus predios y solo
estaban reclamando sus derechos.
Pero el gobernador, que ante la detención arbitraria de Cervantes
dijo que hay que privilegiar el diálogo (con el garrote de por medio),
ha preferido criminalizar las protestas porque le parece la vía más
rápida de resolver un conflicto.
Lo mismo ha ocurrido en diversas ocasiones con los comuneros de la presa Picachos, pero la más reciente fue la víspera del Carnaval Internacional de Mazatlán,
cuando al menos 30 miembros de ese movimiento fueron sacados por la
Policía Ministerial de su propio local y llevados a la cárcel pues
planeaban hacer una parodia de la corrupción que priva en el Gobierno
durante el desfile.
Tiene dos maestros de oro en esta escuela: uno es Juan Millán, al que
ha reconocido como su “padre político”, y el otro Antonio Toledo Corro,
que hizo lo mismo con campesinos, colonos y estudiantes en una de las
administraciones estatales más represivas que ha tenido Sinaloa… hasta
ahora.
En el caso de Malova hay un ingrediente adicional que lo
hermana con Juan Millán. En el caso de Jesús Leyva, era jefe de la
Policía Ministerial Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, al frente de la
Policía Federal Preventiva estaba el general Noblecía, un gorila acusado
de asesinar campesinos. En el caso de Cervantes y los comuneros de
Villa Unión y de Picachos, al frente de la Policía Ministerial se
encuentra de nuevo Chuytoño, acusado de enriquecimiento
inexplicable y de proteger a los cárteles de la droga… durante la
administración de Millán Lizárraga, razón por la cual se convirtió
durante años en prófugo de la justicia.
En estos hombres se han apoyado los gobiernos para “aplicar la ley”. Al hablar del tema, Malova
dijo que “en este país de lo que estamos urgidos es que sí haya
gobierno pero que también haya autoridad”. Y es verdad. El problema es
que no se mira en el espejo.
Bola y cadena
AL GOBERNADOR MALOVA, a pesar de dársela de chistoso, le falta
sentido del humor. Nadie lo obliga a leer los periódicos por la mañana
(ni por la noche), aunque sí los lee, que no se haga… En todo caso le
falta inteligencia para disimular su molestia con cierta prensa. Una vez
le preguntaron a Carlos Fuentes qué opinaba de sus críticos y respondió
que se los desayunaba todos los días.
Sentido contrario
PRONTO SE SABRÁ REALMENTE qué ha estado pasando con los exámenes de
control y confianza a nuestros mandos policiacos, toda vez que el IFAI
acaba de ordenar a la PGR que dé a conocer las evaluaciones de los
exámenes realizados a mandos de todo el país entre 2011 y junio de 2013.
Que nadie sufra, al final, el gobernador pedirá para los reprobados una
“segunda oportunidad”.
Humo negro
EL CASO DEL PROFESOR INDÍGENA, Alberto Patishtán, es un fracaso para
la justicia mexicana y debiera ser una vergüenza, aunque esto último ya
no es tan seguro. Que se haya tenido que reformar la legislación en
materia de indulto para resarcir las fallas e injusticias de los
tribunales, muestra el nivel en que se encuentra el sistema judicial
mexicano, obsoleto y corrupto. Ahora hay que volver a empezar, para que
se sepa quién mató a los siete policías que le endilgaban a un hombre
que estuvo 13 años en la cárcel sin haber cometido más delito que ser
tzotzil.
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