Las desavenencias en torno al manejo del Fondo de Pensiones
de la Universidad de Colima se intensifican. Este centro de estudios,
creado hace 30 años, atraviesa por una trama de problemas laborales
inéditos, amén de graves, según el diagnóstico del Sindicato Único de
Trabajadores de la institución. Por ejemplo, no encuentra cómo acabar
con la expedición irregular de cheques, las jubilaciones onerosas, las
violaciones a la reglamentación y la opacidad en el manejo de los
recursos, que implican a varios exrectores.
COLIMA, COL. (Proceso).- El fondo de pensiones de la Universidad de
Colima se encuentra en riesgo, pero no sólo por el rápido crecimiento
del número de trabajadores en retiro –que se elevó más de 100% en el
periodo 2005-2011–, sino también por presuntos actos de corrupción y
otras irregularidades en el manejo de los recursos.
Reportes de revisiones contables practicadas al Fondo Social de Apoyo
al Pensionado (Fosap) de la institución, cuya bolsa actual es de
alrededor de 700 millones de pesos, revelan que si no se corrige la
situación, en unos años podría ser insuficiente el capital para pagar
las pensiones, por lo que el fideicomiso resultaría inviable para el fin
que fue creado.
Según hallazgos de auditores del gobierno estatal, con cargo a ese
fondo se pagan jubilaciones cuantiosas para algunos personajes; se
cubren prestaciones que deberían ser otorgadas desde otra partida
presupuestal; prevalece la opacidad en la disposición de los recursos, y
se cometen diversas violaciones a la reglamentación de la materia.
Y por si lo anterior fuera poco, el secretario general del Sindicato
Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Leonardo
César Gutiérrez Chávez, denuncia una presunta malversación de dinero del
Fosap por parte de directivos universitarios.
Según el líder sindical, desde una cuenta bancaria de la que se han
realizado pagos a jubilados, también se expidieron cheques por
cantidades –que superan incluso el monto de la jubilación de un
exrector– a nombre de personas ajenas a la nómina universitaria. Para
sustentar sus afirmaciones, Gutiérrez Chávez incluso entrega al
corresponsal copias de 32 documentos cobrables de este tipo, fechados
el 12 de febrero de 2007.
Mientras que para el exrector jubilado Jorge Humberto Silva Ochoa fue
expedido como pago de esa quincena un cheque por 41 mil 940 pesos,
proveniente de la cuenta tradicional 51274094406 del Banco Santander, en
esa misma fecha y desde esa misma cuenta fueron emitidos al menos 18
cheques por 60 mil pesos cada uno a nombre de otras personas, de acuerdo
con las evidencias obtenidas por este semanario.
Los presuntos beneficiados fueron Rogelio Robles Cárdenas, Arturo
Zamora Pineda, Pedro Gutiérrez Hinojosa, Alberto Riojosa Álvarez,
Rogelio Alcántar Sánchez, Juan Antonio Guerra Molina, Roberto Lorenzana
Cortés, Mariano Luján Quintero, Arturo Ordorica Peralta, Anastasio
Riojano Suárez, Alberto Lozano Mendoza, Calixto Andrade Ortega, J.
Refugio Camacho Ortiz, Arturo López Cervantes, Ángel Carmona Lara,
Leandro Ramírez Ortiz, Reynaldo Robledo Careaga y Ricardo Lomelí
Anguiano.
Otros 14 cheques emitidos con cargo a la misma cuenta a favor de
otros beneficiarios amparan cifras que van de 25 mil a 50 mil pesos.
Después de una revisión minuciosa, el SUTUC descubrió que esas
personas no forman parte de la nómina de jubilados ni de trabajadores
universitarios en activo, sostiene el dirigente sindical. Duda incluso,
dice, de su existencia y estudia la posibilidad de solicitar una
auditoría a la casa de estudios.
A nombre de un supuesto beneficiario de uno de los cheques, Ricardo
Lomelí Anguiano, por ejemplo, existe una cuenta en la red social
Facebook, en la que la identidad del usuario es un mural de la
Universidad de Colima; no hay foto, por lo que se presume que se trata
de troll (provocador).
Los cheques que cuestiona Gutiérrez Chávez, emitidos en la primera
quincena de febrero de 2007, suman un millón 596 mil 250 pesos. Si esos
cobros se realizaron de manera periódica, podrían significar un
quebranto al fondo de pensiones cercano a 40 millones de pesos al año,
calcula el dirigente universitario.
Antes de que, en abril de 20012, Miguel Ángel Aguayo López dejara la
rectoría –estuvo dos periodos en el cargo– para convertirse en diputado
federal por el PRI, Gutiérrez lo cuestionó sobre la emisión de esos
cheques; le preguntó también sobre la identidad de los beneficiarios.
“No aclaró nada, sólo dijo que eran pagos a vigilantes, pero son
montos demasiado altos para que sea así; debe investigarse a fondo este
asunto. Y si se siguen haciendo estos pagos quincenalmente, sería una
burla para los trabajadores. Que esas personas ‘levanten la mano’ si
efectivamente son vigilantes y recibieron los cheques”, exhorta el líder
del SUTUC.
Desde 21 de octubre, a través de la Coordinación de Comunicación
Social de la universidad, el corresponsal solicitó una entrevista con el
rector José Eduardo Hernández Nava para abordar el tema de los manejos
del Fosap. Hasta el cierre de edición no había respondido.
Un conflicto larvado
Desde 2002 la universidad colimense tenía su fondo de pensiones,
creado por recomendación de la Subsecretaría de Educación Superior e
Investigación Científica de la SEP.
Ese mismo año, según la normatividad, debió crearse el comité técnico
del Fosap, con tres representantes de la rectoría y tres del sindicato,
para vigilar el depósito bancario de las aportaciones de los
trabajadores (5% de su sueldo) y de la universidad (el equivalente al
10% de la nómina), así como verificar el buen uso de los recursos en
general.
Sin embargo, no se creó el comité técnico y desde entonces la
rectoría ha manejado los recursos de manera unilateral. Según Leonardo
Gutiérrez, al SUTUC ni siquiera se le han proporcionado los dictámenes
de jubilación para verificar si los beneficiarios cumplen los requisitos
y reciben el monto que realmente les corresponde.
Desde 2005 el sindicato advirtió a la institución que no estaba
depositando a la cuenta del Fosap los recursos descontados a los
trabajadores y los correspondientes a la institución, pero sólo recibió
largas sobre el asunto.
A través del oficio 302/2007, enviado el 6 de septiembre de 2007 al
sindicato, el tesorero de la Universidad reconoció que –en violación al
reglamento del Fosap– faltaba depositar 109 millones 721 mil 141 pesos,
por concepto de aportaciones de 2005, 2006 y 2007, de los que 36
millones 573 mil 646 pesos fueron descontados a los trabajadores y 73
millones 147 mil 495 pesos correspondían a la universidad.
El conflicto por el fondo de pensiones estalló en marzo de 2011,
cuando el sindicato exigió públicamente transparentar el manejo de los
recursos y denunció los depósitos faltantes. A propuesta del entonces
rector Aguayo López, al mes siguiente se conformó por primera vez el
comité técnico del Fosap con la encomienda de revisar la documentación
respectiva y determinar si existían adeudos y, en caso de que los
hubiera, definir su monto.
De acuerdo con Gutiérrez Chávez, desde la instalación de este comité,
Aguayo adujo que a partir de 2005 se había pagado la nómina de
pensionados y jubilados con cargo a los recursos del Fosap, pero “esto
fue irregular, porque lo hacían de manera unilateral, violando
flagrantemente el Reglamento del Fosap y el Contrato Colectivo de
Trabajo”, donde se establece que esos recursos deben ser manejados de
forma mancomunada entre el rector y el secretario general del SUTUC.
Después de meses de trabajo, el comité técnico no alcanzó acuerdos.
Al rendir en diciembre de 2011 el tercer informe de su segundo periodo
rectoral, con la inasistencia del líder del SUTUC al acto, Aguayo
anunció que hasta noviembre de ese año la cuenta del Fosap tenía 623
millones 402 mil 433 pesos. Asimismo dio a conocer un dato revelador:
entre 2005 y 2011 creció a más del doble el número de jubilados y
pensionados en la Universidad, al pasar de 190 a 407 en ese periodo.
Tras asegurar que había cumplido con el compromiso esencial de
transparencia y manejo honesto de los recursos bajo su resguardo, Aguayo
indicó que durante los siete años de su gestión rectoral, la
universidad pagó 247 millones de pesos por concepto de la nómina de
pensionados y jubilados.
En entrevista posterior, el entonces rector aseveró que una auditoría
externa encargada al despacho capitalino Consultores Asociados Juan
Rodríguez Turcato determinó que con esos pagos la rectoría aportó “en
exceso” 44 millones de pesos al fondo de pensiones.
Los enredos
En marzo de 2012, tras un año sin avances en el conflicto y poco
antes de que Miguel Ángel Aguayo iniciara su campaña para diputado
federal, intervino el gobernador Mario Anguiano Moreno, a petición de la
rectoría y el sindicato, para que auditores del gobierno estatal
revisaran el manejo de los recursos del Fosap en el periodo de 2001 a
2011.
Tres meses después, los comisionados gubernamentales Arturo Flores y
José Luis Villa rindieron un informe preliminar en el cual reportaron
que la rectoría no proporcionó documentos para corroborar si los
descuentos y aportaciones al fondo fueron correctos; tampoco presentó
estados financieros de bancos para verificar los movimientos que, según
un estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2011, arrojaron un
saldo de 625 millones 424 mil 460 pesos.
Entre otras anomalías, los auditores detectaron que “terceras
personas firmaron de recibido el cheque correspondiente al pensionado,
sin que medie carta poder que lo autorice plenamente a realizar dicha
acción”, por un total de 38 millones 618 mil 698 pesos.
Asimismo, “no fue proporcionado documento alguno que señale mediante
firma de recibido los importes cobrados por los ciudadanos Fernando
Moreno Peña (exrector), Gustavo Ceballos Llerenas (exdirigente sindical,
cuñado de Moreno Peña) y Juan José Guerrero Rolón (director general de
Recursos Humanos)”, por 17 millones 428 mil 249 pesos.
Otra de las observaciones fue en el sentido de que “los pagos hechos a
pensionados vía nómina no se efectuaron con las cuentas bancarias
propiedad del Fosap, sino con cuentas bancarias de la Universidad, no
identificándose el nombre del banco ni la cuenta con la que realizaron
dichos pagos”.
Este informe preliminar fue entregado a las partes con la promesa de que posteriormente se les entregaría el informe definitivo.
Un dictamen contable elaborado en diciembre de 2012 por el contador
público José Antonio Nande Mercado por encargo del SUTUC advierte que el
Fosap “denota serias irregularidades en perjuicio de los trabajadores,
ya que se observan operaciones irregulares y actos jurídicos mediante
los cuales se ha motivado afectación y puesto en riesgo la viabilidad
del fideicomiso”.
En el manejo de diversas cuentas bancarias, señala, la Universidad de
Colima “ha omitido dar transparencia y faltado a la rendición de
cuentas” respecto a la cantidad de 87 millones 896 mil 713 pesos que
resultan por concepto del antiguo fondo de pensiones.
“A la fecha –añade –se desconoce la cuenta o destino de dicha
cantidad, requisito necesario para que se realice el registro contable
correspondiente, pues de lo contrario debe registrarse como adeudo al
fondo”.
A juicio de Nande, la universidad colimense ha afectado seriamente la
viabilidad del Fosap cuando hay pensiones que exceden “por mucho” la
pensión máxima de 25 mil 198 pesos al mes considerada en la Auditoría de
Desempeño efectuada al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, contenida
en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2010.
Entre los pagos que exceden la pensión máxima, señala la del exrector
Moreno Peña, posteriormente gobernador del estado, quien cobraba
entonces 125 mil 541 pesos mensuales, en tanto que Jorge Humberto Silva
Ochoa percibía 96 mil 987 pesos al mes como rector.
Otros jubilados que excedían la pensión mensual máxima son Juan José
Guerrero Rolón, con 82 mil 37 pesos; Ángel Mario Martínez Torres, 66 mil
398; Francisco Lepe Aguayo, 60 mil 771, y Eduardo Barragán Vázquez, 54
mil 284.
El SUTUC, excluido
En las condiciones actuales, el dirigente del SUTUC estima que los
recursos del Fosap serán insuficientes en un plazo menor de siete años,
pero el rector José Eduardo Hernández Nava es más optimista. Según él,
el fondo de pensiones tiene una década de vida, por lo que consideró
necesario buscar nuevas fuentes para fortalecerlo.
Tras una etapa de negociaciones entre las partes, en marzo pasado el
gobernador Anguiano Moreno anunció una serie de acuerdos con los que
parecía llegar a su fin el conflicto del Fosap.
Acompañado del rector y del dirigente sindical, Anguiano dijo en
rueda de prensa que el procedimiento unilateral del pago de la nómina de
jubilados y pensionados por parte de la rectoría “no se apegaba
totalmente a la normatividad vigente, por lo que la universidad y el
SUTUC convinieron que a partir del 15 de abril de 2013 las aportaciones
de los trabajadores y las de la universidad se depositarán íntegras a la
cuenta del Fosap; asimismo acordaron que a partir del 1 de mayo de 2013
la nómina del Fosap se cubriera con la citada cuenta mediante cheque
mancomunado” entre la universidad y el sindicato.
Otro acuerdo fue el compromiso de la universidad de aportar 90
millones de pesos adicionales a la cuenta del Fosap, en cuatro
parcialidades anuales para compensar los pagos de prestaciones a
jubilados los últimos años con cargo al fondo de pensiones, cuando el
reglamento de éste establece que de ahí sólo de cubrirá el salario base.
No obstante, denuncia el líder sindical, siete meses después de la
firma de los acuerdos éstos no han sido cumplidos y la rectoría continúa
excluyendo al SUTUC del manejo de los recursos.
El 10 de octubre pasado, Leonardo Gutiérrez invitó al rector
Hernández Nava a un escrutinio público que debió realizarse el día 16,
para que cada uno ofreciera sus argumentos y pruebas sobre el caso del
fondo de pensiones. El directivo universitario no asistió.
Mediante un documento enviado al líder sindical, el funcionario
expuso que uno de los principios fundamentales de la vida universitaria
es el debate y la libre discusión de las ideas, pero aseguró que “el
tema del Fosap ya fue discutido, encontrándose una solución definitiva
el pasado 23 de febrero”.
Divisiones intrasindicales
Ante las desavenencias por las irregularidades en el manejo del
Fosac, la universidad atraviesa por una situación inédita, pues a 30
años de su fundación es la primera vez que se ve inmersa en un conflicto
laboral.
Hay pasado casi tres años de que se iniciaron los desacuerdos, Al
principio, los trabajadores comenzaron a laborar bajo protesta; después
recurrieron a los paros escalonados en algunos campus, incluso se
manifestaron ante la sede del Encuentro Regional Parlamentario
organizado por la institución en Manzanillo.
A principios de octubre, tres miembros del comité ejecutivo central
del SUTUC, encabezados por el secretario general suplente, Jorge García
Pérez, pretendieron desconocer a Leonardo Gutiérrez como su dirigente.
Arguyeron que su elección fue irregular; algunos mencionaron que recibe
ingresos extras a través de una plaza de confianza.
Y aun cuando los inconformes no encontraron eco entre los agremiados
al SUTUC, Gutiérrez responsabilizó a las autoridades universitarias de
alentar ese movimiento con el propósito de debilitar la lucha por la
transparencia del Fosap.
En la segunda quincena de octubre, el SUTUC inició una serie de
marchas en demanda del cumplimiento de los compromisos, la más reciente
fue la del día 22, en la que participaron alrededor de 300 trabajadores,
quienes al final realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno.
A la fecha, el sindicato no descarta la posibilidad de una huelga,
tras un emplazamiento presentado en marzo de este año por violaciones a
la cláusula contractual del Fosap. Luego de que en mayo pasado el
expediente fue archivado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
el sindicato promovió un amparo contra ese organismo por violar sus
garantías procesales, que se encuentra pendiente de resolución.
Otro amparo fue interpuesto contra el gobernador Anguiano Moreno por
no haber respondido la petición de entregar el informe definitivo de la
revisión realizada a las cuentas del Fosap por parte del gobierno
estatal.
En este periodo, la organización sindical presentó también una queja
ante la Condusef contra el Banco Santander, por negarse a entregar
estados financieros del fideicomiso del Fosap. En dos ocasiones, la
institución crediticia fue multada por su renuencia; finalmente el caso
fue turnado a la Procuraduría General de la República para su trámite
por la vía penal.
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