Lo que el Gobernador seguramente no dirá en su IV Informe al pueblo de Sonora Indudablemente que el tema de la construcción y operación del Acueducto Independencia, la “eliminación” del impuesto Comun para el 2014, el Estadio Sonora, el primer lugar en educación a nivel nacional, la inversión histórica en pavimentación de calles y el inicio de la presa Bicentenario, serán el eje rector de su discurso mientras los bloqueos en Vícam, el caos transportista y los golpeteos pre-electorales continúan por la falla de sus operadores…
Al
igual que la otra socia de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquídez Serrano fue
exonerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal y
administrativa del Quinto Circuito, por lo que se convierte en el
segundo implicado en lograr la absolución por la tragedia del 5 de junio
y jamás podrán ser juzgados por el caso que enlutó al país.
Al
cumplirse 4 años y 4 meses del incendio de la instancia infantil en
Hermosillo, Urquídez Serrano enfrentaba cargos por homicidio y lesiones
culposas, además de uso indebido de atribuciones y facultades; sin
embargo, el juez correspondiente determinó que éste no intervenía en la
operación, administración y dirección de la Guardería ABC, por lo que no
podrá ser juzgado ya por estos delitos.
Lo
anterior, debido a que fundamentalmente no se le puede imputar cargo
penal por no atender la normatividad en materia de Protección Civil, del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que al igual que la
señora Gómez del Campo Tonella no podrá ser llamado a cuentas por la
justicia.
De
la larga lista de implicados no se ha logrado fincar responsabilidad
penal ni civil a ningún ex funcionario de la administración pasada,
tanto del Gobierno de la República, del Estado y Municipio de
Hermosillo;
El
pasado 19 de septiembre, Dossier Político documentó que integrantes de
“Manos Unidas” recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto, a través
de un desplegado en medios de circulación nacional, su indiferencia y su
falta de compromiso de resolver las causas del incendio de la Guardería
ABC, promesa que empeñó como candidato el pasado 19 de junio del 2012.
La
promesa como candidato la hizo en Ciudad Obregón durante una gira de
trabajo por Sonora “me quiero comprometer ante ustedes a ser sensible a
este problema, darle la atención; de llegar al Gobierno tendrán la
garantía de que este decreto se mantenga y, eventualmente, amplíe
derechos”.
Ese
19 de junio, Dossier Político documentó la promesa cuando en compañía
del diputado federal y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones,
el hoy presidente de la República aseveró que “he escuchado las
peticiones que sintetizan, primero que se aplique justicia, que la PGR
realmente se ocupe de la investigación, la atención debida por parte del
IMSS a los niños que resultaron con quemaduras y lesiones”.
“Es
lamentable y penoso, lo más grave es querer medrar y hacerlo parte de
la discusión política, entiendo la percepción que tienen que los
derechos no vayan a permanecer, tengan la seguridad de la atención a las
peticiones y demandas suyas; me parece legítimo que tengan la
preocupación; si llego al Gobierno se mantendrá el decreto del 20 de
julio de 2010; tengan la tranquilidad que en el cambio de Gobierno no
tendrán afectación”, dijo.
El
lunes, la señora Ofelia Vázquez Ruelas reveló a DP que una vez más
solicitaron al mandatario que haga valer su voluntad política para
resolver el caso que por 4 años, 3 meses y 5 días ha permanecido
“empantanado” y no ha registrado avances significativos pues hasta el
momento ninguna persona señalada como responsables ha pisado la cárcel.
En
el posicionamiento publicado en los principales medios de circulación
nacional al cual este medio tuvo acceso, exponen que “ante la
imposibilidad de hacerlo en forma personal, toda vez que hasta el
momento no se nos ha concedido un audiencia con Usted, la cual hemos
solicitado con mucha anterioridad, los padres y madres de niños
fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, que integramos el grupo MANOS UNIDAS POR NUESTROS
NIÑOS, nos vemos en la necesidad de utilizar este medio para poner en su
alto conocimiento la situación que prevalece en torno al caso y que
desde luego por lo extremadamente delicado del mismo, se requiere desde
ya la toma de decisiones para su total resolución”.
Además,
precisan que en este sentido permítanos decirle que reconocemos los
esfuerzos que hace la Procuraduría General de la Republica en la labor
de investigación para el esclarecimiento del caso, sin embargo el ritmo
de trabajo que imprime a las investigaciones es tan lento que
tranquilamente pasara su sexenio sin que haya una determinación y esta
situación ha propiciado que una persona señalada en la investigación
como uno de los participantes en la provocación del incendio que costó
la vida de nuestros menores hijos y cuya identidad por razones obvias
nos reservamos, recientemente falleció en un aparente “suicidio” con
motivo de un extraño operativo policiaco.
“Créanos
señor Presidente que esa noticia nos causó mucha rabia, impotencia e
indignación y más aún al saber que PGR no había realizado acción alguna
para su localización y/o detención, no obstante que dicha autoridad
tenía conocimiento de su responsabilidad en la muerte de nuestros hijos
desde dos meses antes de su supuesto suicidio.
Consideramos
la muerte y lesiones de nuestros hijos como un CRIMEN DE ESTADO, toda
vez que se produjo como consecuencia directa e inmediata de una acción y
decisión de gobierno, tomada y ejecutada por personas que ostentaban el
poder en el sexenio anterior del Gobierno del Estado de Sonora, quienes
sin ningún recato ordenaron la destrucción de documentación oficial que
eventualmente revelaría la comisión de prácticas y actos ilegales en el
ejercicio de los recursos públicos.
Mucho
se habla de la violencia e inseguridad que se vive en el país y ambos
males tienen un mismo origen, el de la IMPUNIDAD, ya que mientras se
sigan cometiendo delitos sin que sean castigados los responsables,
seguiremos padeciendo y sufriendo, ya que mientras no se castigue a los
responsables directos de la muerte y lesiones de nuestros hijos (PGR ya
sabe quiénes son) no tendremos paz para vivir el duelo por tan grande
perdida.
Le
recordamos que en su carácter de candidato presidencial hizo un
compromiso con nosotros que de resultar electo Presidente de la
Republica, se tomarían las decisiones necesarias para resolver el caso y
fincar las responsabilidades correspondientes en contra de todos los
involucrados sin importar la posición política o económica que tengan y
aún estamos esperando que se dé cumplimiento y no le tiemble la mano
para que los responsables por la muerte y lesiones de nuestros hijos, se
pongan a disposición de la autoridad judicial para que respondan a la
sociedad por sus graves acciones.
Asimismo
también se comprometió a que el Estado Mexicano cumpliría con la
obligación que le corresponde en cuanto al tema de la reparación del
daño, tal y como al efecto lo señalo el Dictamen emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver la Facultad de Investigación
No. 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18
de Noviembre de 2010 y que incluso el Gobierno Federal ha merecido dos
exhortos del Poder Legislativo Federal, sin que hasta la fecha el IMSS,
que es la entidad responsable por parte del Gobierno Federal de dar
cumplimiento a esta obligación, lo haya realizado, motivo por el cual
nuevamente solicitamos su intervención para que de una buena vez y por
todas se resuelva esta situación.
El
27 de agosto, el representante legal de los padres integrantes del
grupo “Manos Unidas”, Lic. Gabriel Alvarado Serrano, reveló en la
primicia y exclusiva para Dossier Político los alcances de la resolución
que revoca la exoneración de Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam
y Eduardo Bours, donde confía en que ya no existan más los “intocables”
en las investigaciones de la tragedia de la Guardería ABC.
El
abogado Alvarado Serrano precisó a DP que con esta resolución, la
Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con los elementos
suficientes para consignar a los implicados señalados a un Juzgado; sin
embargo, expuso, “aún falta que la resolución judicial quede firme ya
que los ex funcionarios aún pueden objetar y el caso volvería a subir a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que muy
probablemente estará del lado de las víctimas”.
Alvarado
Serrano describió que la exoneración que diera la PGR en mayo del 2012
que hoy fue revocada, será evaluada de manera objetiva por las nuevas
autoridades de la dependencia federal, por lo que confía en que en
cualquier momento la PGR pueda consignar a Molinar Karam, Bours y
Ernesto Gaytán ante un Juzgado.
Explicó
que existe el recurso de revisión donde los involucrados pueden objetar
tal resolutivo, por lo que existe el riesgo de que con su poder
político y económico éstos podrían ejercer presión sobre jueces y
magistrado como aparentemente sucedió en el pasado y durante los juicios
en el caso de la tragedia de la Guardería ABC.
El
representante legal de “Manos Unidas” dijo además que en caso de que
los presuntos acudan a la revisión en un Juzgado Colegiado, el caso
pasaría directamente a la SCJN, instancia que con seguridad dará la
razón a la revocación de la exoneración vigente.
“Se
corre el riesgo de que estas personas recurran al recurso de revisión,
pero más aún que puedan e intenten presionar a jueces y a los mismos
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el riesgo
siempre existe lamentablemente”, indicó en exclusiva a Dossier Político.
Gabriel
Alvarado Serrano señaló también que esta acción del juez Martínez
Martínez da un giro de 180 grados en las investigaciones del llamado
“ABC: El Expediente de la Impunidad”.
Destacó
que a petición expresa de los integrantes de “Manos Unidas” y sobre
todo por el manejo puntual, objetivo y por ser el medio de comunicación
en México más informado sobre el caso ABC, se determinó en consecuencia
dar la primicia y exclusiva a Dossier Político sobre la revocación de
la exoneración a los ex funcionarios señalados, así como posteriores
avances en las investigaciones.
Desorden financiero
El
15 de septiembre, Dossier Político informó que abonando al colapsado
sistema de pensiones del IMSS e Issste que el Gobierno de la República
puso “en coma” en México, ahora el Gobierno del Estado saqueó el Fondo
de Pensiones pues además de adeudar más de 40 mil millones de pesos
también se perdieron las reservas por aportaciones y de 2 mil 300 sólo
quedan 200 millones para los 12 mil pensionados y jubilados que para el
2015 serán más de 17 mil en Sonora.
Al menos, en la primera lectura que arroja la revisión de la Cuenta Pública 2012.
El saqueo
Derivado
del análisis de la Cuenta Pública 2012 del Gobierno por parte del
Congreso del Estado al informe que ominosamente rindió el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), órgano que en apariencia
habría incurrido en proteccionismo, omisión y negligencia, se logró
establecer que al menos 6 mil millones de pesos del erario público no
comprueban uso ni destino sólo el 2012, falta ver lo que saldrá del
2013.
El
diputado Carlos Navarro López, férreo opositor a la carga impositiva en
Sonora, puso el dedo en la llaga al acusar del saqueo inmisericorde de
las puntuales aportaciones que han realizado casi 60 mil burócratas del
Estado, de los 72 Municipios y Universidades al Isssteson por concepto
de Fondo de Pensiones que debería superar los 2 mil 300 millones de
pesos; sin embargo, asegura que en este momento el fondo tiene 2656
millones.
Indignado,
cuestionó ¿dónde quedaron los 2 mil 100 millones de pesos que aportan
miles de ciudadanos para nuestra jubilación?, es increíble que no
expliquen en qué se gastaron esos recursos que hacen falta, el ISAF no
lo explica, su informe está incompleto y tiene que concluirlo, los
diputados del PAN se están haciendo los payasos; esto es algo serio, es
indignante lo que está pasando”-
Por
si fuera poco, “resulta espantoso documentar que en la revisión
contable a las arcas de esta institución se hayan hecho 100
observaciones, creo que es urgente que los directivos de la dependencia
renuncien a sus cargos por el grave desorden que existe en el manejo de
los recursos de los trabajadores al servicio del Gobierno”.
El “desorden”
Y
es que el miércoles, diputados del PRI, PVEM y del PRD en sesión
extraordinaria reprobaron el dictamen del informe de los análisis de la
Cuenta Pública del Estado en su ejercicio fiscal del 2012, presentado
por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización.
Cabe
recordar que en un Resumen Ejecutivo leído el miércoles en la Comisión
de Vigilancia por la legisladora del PRI Karina García, señaló una serie
de irregularidades encontradas en el Informe del ISAF en la Cuenta de
la Hacienda Pública del año pasado, de 2 mil 519 observaciones quedan
pendientes por solventar 673 irregularidades.
Calificaron
como “el mayor desorden administrativo” en la historia del Estado de
Sonora en dependencias como Fondo para la Modernización del Transporte
(FEMOT) Isssteson y la Secretaría de Gobierno.
La
legisladora del PRI reveló que se desconoce el destino de los créditos
contratados por $400 y 200 mil pesos que aprobó la 59 Legislatura el 24
de marzo del 2011 en el Decreto número 101 y modificado el 7 de
diciembre del 2001 en el Decreto número 152.
Se
detectó el pago de 30 millones de pesos de manera indebida a servidores
públicos, de los cuales 17 millones de pesos fueron a parar al
Isssteson, lo que significa que el Gobierno del Estado no cumplió con el
Plan de Austeridad.
En
el caso de la partida 25301 denominada Productos Farmacéuticos, en
donde se encontró la existencia de pagos de más de 9 millones de pesos
con comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales en virtud de
que no cuentan en el cuerpo de la factura, la cantidad, descripción y
precio unitario de los medicamentos adquiridos por la dependencia.
Se
comprobó –aseguró la legisladora- un déficit en la constitución del
“Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones” por 40 mil millones 768 mil
888 pesos con 97 centavos.
En
el caso de la Secretaría de Gobierno no exhibió documentación
comprobatoria que ampare el gasto de 135 millones de pesos; un caso
similar es el de la Secretaría de Educación con 76 millones; Fomento al
Turismo 22 millones y la Secretaría de Salud 8.8 millones de pesos.
Carlos
Navarro López legislador del PRD pidió a los integrantes de la Comisión
que se elaborara un dictamen para ser turnado al Pleno del Congreso del
Estado como se hacía antes en donde los diputados realmente
fiscalizaban, “es muy penoso que ISAF haga el trabajo que le toca a los
diputados.
El
ISAF no sólo debe de hacer observaciones o mencionar las anomalías; hay
que aplicar sanciones administrativas o sanciones penales contra quien
haya hecho mal uso de los recursos públicos.
Navarro
López recordó que en el año de 1997 los diputados del Congreso del
Estado “abdicaron de calificar las Cuentas Públicas del Gobierno del
Estado.
Por
su parte, Abel Murrieta Gutiérrez lamentó que las irregularidades
detectadas vayan en aumento, incluso, se refieren con daño patrimonial
que la Ley de Fiscalización los califica como delitos graves, el órgano
auditor sí tiene “dientes” y no como lo ha venido sosteniendo el Auditor
Mayor, Eugenio Pablos Antillón; el priísta citó el Artículo 41 de la
ley que establece la obligación de informarnos, además de resarcir los
daños.
Además
la ley señala “que si en el ejercicio de fiscalización superior
aparecieran irregularidades que permiten presumir la existencia de un
delito es su obligación presentarla”; en el Artículo 43 señala que las
acciones resarcitorias tiene como objeto restituir al Estado y los
Municipios o Cuentas Públicas correspondientes el monto del daño
patrimonial y del daño que se ha causado respectivamente a la Hacienda
Pública.
También
el Código de Procedimientos Penales contempla en el Artículo 188, “que
toda persona que en el ejercicio de sus funciones públicas tenga el
conocimiento de un delito que debe de perseguirse de oficio está
obligada a participarlo inmediatamente ante el Ministerio Público
trasmitiendo todos los datos que obtuviere.
Mientras
que el Artículo 180 de la misma Ley señala como “abuso de autoridad”
por incumplimiento de un deber legal… en su Fracción 8va dice: “procure
la impunidad de los delitos o faltas que tengan conocimiento en el
ejercicio de sus funciones, absteniéndose a hacer la denuncia de hechos o
entorpeciendo su investigación”.
Gildardo
Real Ramírez, a nombre de la bancada del PAN, dijo que las
observaciones que hacen los legisladores de Karina García, Abel Murrieta
y Carlos Navarro son políticas más no técnicas, que las irregularidades
de las que hablan los tres legisladores el ISAF tiene la facultad desde
hoy, iniciar los procedimientos de tipo administrativo o legal.
Insistió
en que las observaciones de los legisladores son juicios de valoración
partidista y pidió al presidente de la Comisión José Luis Marcos León
Perea que se asentara en el acta que su bancada hará un posicionamiento
del mismo juicio de valor que se está planteando.
Por
su parte Eugenio Pablos Antillón en la reunión del miércoles de las
Comisión de Vigilancia aclara que el Estado tiene 30 días más los
inhábiles que puedan solventar las 673 irregularidades de las 2 mil 519
observaciones y aclaró que el hecho de que en la Cuenta Pública del 2012
se hayan presentado más observaciones no quiere decir que haya más
negligencia.
En
el caso de las observaciones a Femot, cuando llega la denuncia del PRI y
del PVEM ya se estaba observando y ahora se están viendo ambas; en el
caso del Isssteson aseguró que son más de las 100 observaciones que
presentó el PRI y sólo esperan que el Congreso del Estado oficialice
esas observaciones para entrarle al procedimiento que sigue.
La quiebra
Después
de las reiteradas denuncias públicas expuestas a Dossier Político de
parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PVEM y de
PRD sobre desvíos de recursos y un grave “boquete” financiero, ahora
los diputados del PRI advierten de “histórico desorden financiero” en el
Gobierno del Estado.
A
través de un desplegado, los legisladores aseveran que “los sonorenses
reprobamos la Cuenta Pública del Estado, el mayor desorden financiero en
la historia, malos manejos, no comprobación del Gasto, desaparición de
recursos, uso de cuentas bancarias no autorizadas, 70 % de la obra
pública con irregularidades y Gasto excesivo”.
En
el documento, denuncian además “histórico desorden en finanzas del
Estado revela reporte del ISAF, no se cumplieron metas programadas en el
Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado obtuvo más de 6 mil
millones de pesos de recursos excedentes y aún así no cumplieron el 40 %
del Plan Estatal de Desarrollo”.
Sobre
el transporte público, los legisladores sonorenses del tricolor exponen
que “se desconoce el destino y aplicación de los créditos contratados
por 400 millones y 200 millones para determinar si se aplicaron conforme
la autorización realizada por el Congreso, hay denuncias ante la PGR
por peculado y otros delitos en contra del secretario de Hacienda y el
ex director del Femot por estos hechos”.
En
la exposición y largo “rosario”, los priístas aseguran que “la deuda a
proveedores se tiene registrada por la cantidad de 956 millones 542 mil
pesos, los adeudos a proveedores significan un desorden mayúsculo en las
finanzas estatales; se piden servicios y productos pero no se pagan o
se pagan únicamente a los amigos”.
“No
exhibición de documentación comprobatoria que ampara el gasto de 409.9
millones de pesos, 30 millones de pesos de pagos indebidos a servidores
públicos, 17 millones del Isssteson, 9 millones de pesos en los que no
se comprobó ni cantidad ni qué clase de medicamentos adquiridos”,
critican.
Y
manifiestan que con la Reconducción Presupuestal no hicieron caso de la
ley, gastaron de más y como castigo recibieron únicamente un regaño y
entre los recursos del Femot y las irregularidades de las dependencias
estatales suman 6 mil millones de pesos que no pueden comprobar”.
“La
Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado reprueba la Cuenta
Pública del Gobierno del Estado e instruye al ISAF para que en caso de
que el Gobierno no solvente en el término de 30 días, promueva ante las
autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad
administrativos y penales que resulten procedentes, así como la
exigencia de la devolución de los recursos mal utilizados”, exponen en
sus conclusiones.
Padrés, debe irse
“Definitivamente
el gobernador Guillermo Padrés debe irse y no sólo eso, debe ser
desaforado y sometido a un proceso por los agravios a los sonorenses”,
aseveró el líder de la Izquierda, Gerardo Fernández Noroña, en visita a
Dossier Político como parte de su gira de trabajo “Porqué sí oponerse a
la reforma energética”.
En
exclusiva para DP, el ex legislador federal por el Partido del Trabajo
destacó en esta Casa Editorial que Padrés “le quedó ´chico´ a las
demandas y al sentir de los sonorenses pues no ha cumplido como
gobernante, yo lo he dicho y no cambio mi discurso, los sonorenses deben
ir a Palacio de Gobierno y sacarlo del poder, así de sencillo”.
En
la amplia entrevista concedida a este medio el férreo defensor de la no
privatización de Pemex, expuso que el próximo 15 de septiembre la gente
debe salir a dar el tradicional Grito a la plaza Zaragoza aún con el
anuncio del Gobierno que implementará un operativo de seguridad con una
serie de “filtros” similares a los del Estado Mayor Presidencial.
“La
gente ya está cansada, se siente ofendida, agraviada, ni tres vallas
pueden detener ´El Grito´ ciudadano, ´mega-mentada´ como se dice aquí y
tiene derecho, por esa sistemática forma de ofender al Pueblo, insisto,
no sólo debe irse, renunciar, debe ser sometido a un proceso y debe ser
encarcelado”, consideró.
Contextualizó
que el Gobierno utiliza a las Policías y al Ejército para acallar las
voces de los mexicanos sumidos en el hartazgo por la manera en que un
selecto grupo de poder se sigue beneficiando con el erario público,
donde el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desempleo es una
constante en un país que además no lee.
“Convoco
a los sonorenses, a los mexicanos a la desobediencia civil, a defender a
la Patria, a participar en la defensa del petróleo, no estamos pidiendo
dádivas ni limosnas, Pemex es de todos los mexicanos, dejemos un mes de
ver la televisión, sobre todo Televisa, paremos todo al menos por 20
días y obtendremos respuestas de parte del Gobierno”, precisó.
STEUS, sin pensiones
El
pasado 21 de marzo de este 2013, con el ofrecimiento del 3.9 de
incremento salarial y 0 por ciento a las prestaciones sociales, el
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora
(STEUS) en Asamblea General determinó emplazar a huelga a las
autoridades de la Unison, reveló en entrevista para Dossier Político el
M.A. Modesto Torres Valerio.
La
Asamblea General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad de Sonora emplazó a huelga a la institución luego de que las
autoridades negaran beneficios sociales a la planta laboral sobre todo
en lo concerniente al tema de las jubilaciones al no recibir ningún tipo
incremento en prestación social.
El
secretario general del STEUS lamentó que en las Mesas de Negociaciones
la Universidad sólo pretende orillar a los sindicatos a tomar medidas
extremas como paros, manifestaciones y huelga a fin de que la Opinión
Pública critique las acciones del Derecho Laboral y no el desinterés del
Rector y la Comisión Revisora por dignificar la vida del trabajador.
¿¡Universidad con Responsabilidad Social?¡, cuestionó el maestro Modesto Torres.
En
la entrevista con DP, lamentó que la Universidad de Sonora solamente
haya ofrecido un 3.9 de incremento salarial y 0% para prestaciones no
ligadas al salario, según Oficio No. SGA/097/2013 firmado por la
secretaria general Administrativa, M. E. Rosa Elena Trujillo Llanes.
“Consideramos
que no es un trato serio el de la Comisión Revisora de la Unison, una
vieja estrategia de retardar los ofrecimientos; la Universidad debe de
entender que es otra la forma de negociar en base en argumentos y
sustentos económicos y financieros, sino parecería que esperan las
medidas de presión que tanto afectan a los estudiantes”, criticó.
Amplió
que “en esta revisión tenemos ejes principales como son jubilación
integral, homologación de la despensa, reestructuración del tabulador,
zona de vida cara, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores,
fondo complementario de pensiones y jubilaciones”.
Paradójicamente,
el 11 de marzo, fecha del 37 Aniversario del STEUS, por su labor
educativa, trabajo de vinculación con los sectores productivo y social,
investigación, servicios a la comunidad, producción cultural, acciones
en sustentabilidad y otros rubros, la Universidad de Sonora recibió por
quinto año consecutivo la distinción de Organización Socialmente
Responsable.
Se
trata del distintivo ESR 2013, el cual se otorga a empresas e
instituciones al cumplir, más allá de sus obligaciones legales, con la
gestión de políticas, procedimientos y programas que inciden
positivamente en las comunidades en que opera y, en general, el entorno
social de la región Noroeste de México.
Jubilación Integral
Torres
Valerio precisó a Dossier Político que “parte de nuestro liderazgo es
el estar ocupados por el futuro de nuestros adultos mayores, para poder
encontrar una solución al problema de la pensiones y poder llegar a una
jubilación integral, estamos dispuestos a que esto sea gradual para que
se pueda tener un sustento económico, en el que se vean variables de
antigüedad pero también de vejez”.
Señaló
que en este tema no existe beneficio social exagerado, por ello, “es
necesario evaluar para reformar este esquema tan injusto de jubilación,
una reforma suficiente con sustento financiero; entrémosle de manera
tripartita sindicatos universidad e Isssteson”.
El
Secretario General del STEUS explicó “una jubilación que es necesaria,
pues es muy fuerte la disminución de los ingresos cuando los compañeros
se jubilan, así como de la asistencia médica; como sindicato estamos
trabajando en la conformación de un Fondo Complementario de Pensiones y
Jubilaciones, en el cual estamos solicitando también que se le inyecté
recursos, pero esto es aparte de la solicitud de jubilación integral, es
un esfuerzo de nuestro gremio”.
Describió
que, por otra parte, “tenemos un seguro de gastos médicos mayores el
cual ya no podemos pagarlo, sería un gran avance poder tener una opción B
para esta prestación, una póliza que esté a nuestro alcance de pago, no
importa que no tuviera la misma cobertura ya que son menos de 300 los
compañeros con esta póliza actualmente de más de mil 941 asociados”.
Explicó
a DP que la póliza del seguro de vida tiene más de diez años que no se
aumenta, “tenemos una póliza de 330 mil pesos y estamos solicitando un
incremento a 500 mil pesos”.
En
resumidas cuentas, dijo, “nuestros compañeros no se jubilan porque se
van con menos del 60% de su sueldo, sin un servicio público suficiente,
sin una póliza de estos de gastos médicos mayores y con una reducción en
su póliza de vida a menos de la mitad de los activos; esto no es ser
socialmente responsable”.
Indicó que otros puntos de estudio son:
Homologación de la despensa como la reciben los trabajadores de confianza de mil 900 pesos.
Actualmente se nos paga mil 300 pesos.
Reestructuración del tabulador, 5% para distribuirse al tabulador actual.
Sin
embargo, pese al esfuerzo del líder del STEUS para evitar al máximo el
emplazamiento a huelga y afectar con ello a la Comunidad Universitaria,
determinaron “planchar” las banderas rojinegras e iniciar con el Plan de
Acción los primeros días de abril próximo.
El
pasado 27 de febrero, el secretario general del Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), M.A.
Modesto Torres Valerio, reveló a DP que este año, más de 200
trabajadores se encuentran en tiempo de jubilación, por lo que se hace
necesario priorizar el tema de las pensiones en la revisión contractual
2013 entre el STEUS y la Unison, que inicia a partir de hoy con la
instalación de las Mesas de Negociaciones.
En
entrevista exclusiva para Dossier Político, el secretario general del
STEUS destacó que para fortalecer el Fondo de Pensiones y Jubilaciones
que tiene proyectado el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad de Sonora, solicitan a las autoridades universitarias una
aportación adicional de 2 millones de pesos, recursos que serán
depositados en un fideicomiso que administra dicho fondo.
Torres
Valerio describió que para antes del 2015, el 20 por ciento de los mil
941 trabajadores y empleados integrantes del STEUS estarán en tiempo de
jubilación, por lo que resulta imperativo contar con un fondo acorde a
las necesidades de este sector laboral que requiere de la atención de
las autoridades.
Expresó
que la mayor parte de los trabajadores que llegan a su etapa de madurez
laboral al cumplir 28 años de servicio, en el caso de las mujeres y 30,
en el caso de los hombres, prefieren quedarse más años en servicio
porque hasta el momento la Universidad de Sonora ofrece pensiones del 60
% del salario, de ahí la imperiosa necesidad pugnar por un fondo que
permita mejorar la condición de vida de los pensionados y jubilados de
la Unison.
El
Secretario General del STEUS dijo a DP que en el tema de la
transparencia y rendición de cuentas, el Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad de Sonora se encuentra a la vanguardia, por
lo que los mil 941 integrantes del sindicato reconocen que se ha
trabajado bajo el marco legal y de respeto al interior del gremio.
Torres
Valerio insistió además en la necesidad de revisar y reformar la Ley 38
del Isssteson a fin de mejorar la calidad de vida de las personas
jubiladas y pensionadas, por lo en esta revisión se pide además analizar
el convenio para establecer el fondo complementario.
Los 230 mil viejitos
Y
apenas el 4 de septiembre, Virgilio Arteaga denunció a Dossier Político
que la Ley de Adulto Mayor sigue siendo “letra muerta” en Sonora y que
el Gobierno del Estado cobra al adulto mayor mil 500 pesos y no 900 como
está estipulado, por lo que la herencia de más de 230 mil “viejitos” se
encuentra en riesgo.
El
representante de Abuelos Trabajando, Virgilio Arteaga González, asegura
a DP que las autoridades estatales ignoran la Ley de Adultos Mayores
del Estado de Sonora publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre
del 2007, les están cobrando a quienes pretenden realizar su testamento
mil 500 pesos cuando el año pasado este cobro era de novecientos.
Sin
embargo, según la ley en su Artículo 14, en su Cláusula Primera, indica
que el Gobierno del Estado deberá absorber los costos que el trámite
del testamento represente en las Notarías, así como la asistencia
jurídica:
Artículo 14.- A la Secretaría de Gobierno le corresponde:
I.-
Proporcionar a los adultos mayores asesoría jurídica gratuita en los
procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte,
entendiendo preferentemente aquellos que se refieren a la seguridad de
patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria; los representantes
de los adultos mayores acudieron al área de gestión Social del PRI
estatal para solicitar su apoyo con las autoridades ya que el 80% de las
personas mayores de 60 años no están en condiciones de pagar.
Como
si no fuera suficiente la apatía de las autoridades en cumplir para
cumplir la ley durante esta administración, dijo, se nombró un Consejo
Ciudadano de la Ley del Adulto en donde se tomó protesta incluso por el
coordinador de los panistas, Javier Neblina, teniendo como recinto el
Salón Gobernadores.
Expuso
que el Consejo ciudadano de la Ley del Adulto ha sido ignorado o sólo
se cumplió un protocolo para darle realce a la ley al aparente
compromiso del Gobierno en turno con los adultos mayores, pero que solo
quedo en palabras; actualmente el 10% de la población en Sonora tiene
más de 60 años esto significa que 230 mil personas tienen problemas o
tendrán en su momento cuando tramite su testamento.
La Secretaría de Salud
El
7 de mayo pasado, Dossier Político documentó que de acuerdo a informes
proporcionados por el Dr. Carlos Manuel González Méndez, el secretario
de Salud, Bernardo Campillo, se hizo millonario de la noche a la mañana y
llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera con un
saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los
pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.
El
Dr. González Méndez sostiene que existe desabasto de medicinas y una
deuda superior a los 600 millones de pesos en el Sector Salud, hechos
que han provocado la muerte de pacientes ante la falta de equipamiento
luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de Salud con una mansión
de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo Guaymas, lo que no
podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo Sonora.
El
14 de junio del 2012, dos días después de su despido del Hospital
General, el médico sostuvo una entrevista con Dossier Político, denunció
que después de 20 años ininterrumpidos como neurocirujano, fue
despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en pro de la
transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de Salud
de Sonora.
En
entrevista exclusiva con Dossier Político, el galeno expresó que “los
abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el
esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos
podido despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago
completo de nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.
González
Méndez describió que “la lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno
autoritario boursista contra los 54 médicos que decidimos a través de
los tribunales laborales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir
nuestro sueldo completo y nuestras prestaciones para una jubilación
justa, ya algunos médicos han fallecido sin haberlo logrado”.
Amplió
que con la llegada del nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido
su palabra, Bernardo Campillo y Gustavo López Caballero, “solamente la
traición y la avaricia los ha mantenido deteriorando los sueldos de los
empleados de salud y desviando los sueldos a sus arcas propias, se logró
en agosto del 2010 constituir un sindicato legítimo, con toma de nota y
registro, pero nunca al servicio de los corruptos, nació el SESSS”.
Los “aviadores”
Expuso
que el SESSS inició demandas históricas contra los 104 aviadores del
sindicato de Villalobos, “líder corrupto que no cuenta con registro ni
toma de nota y coordinador de la campaña de López Caballero a la
Alcaldía.
Resultado,
una Contraloría solapadora. Un movimiento por la transparencia se
inició para conocer el desvío de recursos de las nóminas de los
trabajadores de Salud, logrando mediante manifestaciones que se nos
entregaran, auditamos y encontramos irregularidades desde el 2006, pero
desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que envía la
Federación”.
El
Dr. González indicó que el último año se enviaron 187 millones de pesos
y se “prestaron” a programas sociales del Gobierno del Estado como
Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90 millones.
“Este
año, desde febrero se nos inician descuentos a todos los trabajadores
de la Salud, con seguros de vida inventados que no solicitamos y nunca
entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se nos descuentan prestamos
inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y actuamos requiriendo el
cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara parcialmente”,
precisó.
El
día de hoy (jueves), en base a un proceso de levantamiento de acta
administrativa abusando de testigos falsos, del Director Administrativo
del Hospital General del Estado Huberto García Astiazarán, “sujeto
represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa como
supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la
transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante
20 años fue donde ejercí como neurocirujano”.
Aseguró que ante la adversidad, su lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza.
“La
verdad saldrá a flote y los responsables de los desvíos de recursos
tendrán su castigo; el movimiento no termina con el terrorismo laboral
del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene cuentas pendientes con sus
trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”, finalizó el secretario
general del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora
(SESSS).
Sonora Ciudadana
El
pasado 21 de junio del 2012, Sonora Ciudadana emitió un comunicado
donde expone que tras una persecución constante por parte de los
directivos del Hospital General del Estado, el neurólogo y líder del
SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir transparencia en el
manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los
procedimientos legales correspondientes para defenderlo de tal
decisión.
Este
es un hecho sin precedentes pues el Sindicato cuenta con toma de nota y
registro ante las autoridades competentes, pero no goza del
reconocimiento político/administrativo de Servicios de Salud de Sonora.
Con este despido injustificado se consolida el “terrorismo laboral” que
se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte de distintos
trabajadores.
“Nuestro
actuar no es político-partidista, nuestras demandas empezaron en el
anterior sexenio y continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con
sus compromisos de campaña. Mi despido es por recordarles esos
compromisos y es una muestra de la situación que guardan nuestros
derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr. González.
Desde
hace cinco años el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de
Sonora, que integra a 400 trabajadores de la salud, ha exigido
transparencia en el manejo de los recursos que envía el Gobierno Federal
para pagarle a los empleados la llamada homologación salarial, por lo
que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para que las
autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones
debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales.
“Preocupa
que las autoridades crean que pueden anular derechos básicos de los
trabajadores como el derecho a manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega
Esparza, Director de Sonora Ciudadana AC, quién además recordó que
solamente el año pasado el Gobierno Federal envió más de 185 millones de
pesos para los salarios de los trabajadores y no todo llega a sus
manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación que
realizamos con el SESSS”.
Señaló
que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos, los tribunales
competentes y se hará uso de todos los recursos legales nacionales e
internacionales para proteger los derechos de los trabajadores de la
salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Sonora a
permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de
asociación y de manifestación.
“No
preocupa mi situación, pues sabemos que tarde o temprano los tribunales
me reinstalarán en mi trabajo, lo que preocupa es que quieran
aniquilar un movimiento sindical de forma tan autoritaria”. Concluyó el
Doctor.
Para mayor información: Dr. Carlos González, celular (662) 2762141
Antecedentes
•
En 1998 inicia la Sociedad de Médicos del Hospital General del Estado a
solicitar a ISSSTESON, Servicios de Salud de Sonora y Gobierno del
Estado a que se entreguen prestaciones para pensiones del sueldo
homologado obtenido por la descentralización (1997).
•
En enero de 2007 (sexenio de Eduardo Bours) médicos del Hospital
General inician proceso para demandar laboralmente a los Servicios de
Salud de Sonora por la nula respuesta a la integración de la
homologación para una pensión.
•
En marzo 2007 se integran 56 demandas laborales por no recibir el
salario como es debido. A lo largo de los años se han sumado otros hasta
llegar a 205 demandas.
•
En abril 2007 inicia la represión contra médicos que demandaron
laboralmente, con amenazas de despido, cambio de horarios y turnos de
trabajo, videograbaciones al entrar y salir del hospital, entre otras
prácticas de acoso.
•
En julio 2007, diez especialistas insustituibles (únicos en el estado)
solicitan, a manera de protesta, permiso sin goce de sueldo. Ceso la
represión y el acoso, regresando a sus labores.
(DOSSIER POLITICO/ Redacción/ 12 de Octubre 2013)
(DOSSIER POLITICO/ Redacción/ 12 de Octubre 2013)
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