Vieja demanda contra los
Coppel Lemmenmeyer…
La maestra Rosa Delia
Coronado López denunció por enésima ocasión a Dossier Político que el actual
gobernador Guillermo Padrés Elías solapa presuntos actos de tráfico de
influencia y corrupción de Eduardo Bours al intentar despojarlos de las tierras
aledañas a la presa Abelardo L.
Rodríguez, pues la autoridad afirma que son de la familia Coopel
Lemmenmeyer…
Omar de la Vara
Hermosillo, Sonora (DP).- Familias que viven en el vaso de la presa desde
hace más de 40 años, denuncian a DP que las autoridades estatales pretenden
despojarlas de sus predios como lo intentó y en algunos casos logró, el ex
gobernador Eduardo Bours.
La vocera de más de cien familias, la maestra Rosa Delia Coronado López,
dijo que las autoridades actuales en el Gobierno en un principio se
comprometieron a titularles los predios; sin embargo, luego de dos años
continuaron con las mismas estrategias del Gobierno anterior.
Intimidaciones, amenazas las cuales en algunos casos dio frutos pues
algunos ocupantes han abandonado sus propiedades, la docente asegura cómo se
comprobó en años atrás que la familia Coppel Lemmemeyer, en confabulación con
el Gobierno, se apoderaron de varios predios pero desean la totalidad de estos.
La denunciante destacó a DP que una prueba de que están defendiendo su
patrimonio es varios juicios se han ganado sobre todo aquellas familias
renuentes a dejar sus tierras e insisten a las autoridades de su derecho
“Hablamos con el gobernador y nos prometió en aquel entonces que todos los
juicios que estaban pendientes por resolverse se iban a desistir, que él no
tenía intenciones de seguir en acciones claramente de despojo, que era evidente
la actitud de hostigamiento que había habido en el sexenio anterior y que nos
iban a titular, esto fue el 19 ó 23 de octubre del 2009; es hecho que todavía
andamos paliando nosotros que se nos titule, aparentemente empezó a cumplir
pero después ya no”, lamentó.
Según la maestra, la situación fue evidente por parte de las autoridades de
Gobierno para favorecer a la familia Coppel cuando el jurídico quien ya les
había entregado varios desistimientos les informo el 2011 que no podían hacer
nada porque el Gobierno anterior tituló los terrenos a nombre de la familia
Coppel a través de la empresa “Misión XXI”.
“Hemos comprobado que nuestras propiedades no están dentro de las
escrituras que avalan esos terrenos por lo que sospechamos que sean apócrifas
esas escrituras”, expuso.
Sin embargo, continúo, a pesar de haber ganado asuntos, Bienes y
Concesiones y el Registro Público de la Propiedad no reconoce ser los legítimos propietarios a pesar de que el
gobernador les ordenó atender el asunto a sus funcionarios, estos insistieron
en que no, que los únicos propietarios eran la familia Coppel.
“No se nos hace justo porque están utilizando son instancias
gubernamentales, instituciones para acreditar hecho delictuosos, fue un delito
esto es un delito, fue evidente en el gobierno anterior, pero en este se ha
estado solapando”, criticó la maestra.
El 9 de agosto del 2009, el periodista y jefe de Información de Dossier
Político, Alejandro Matty Ortega, publicó que “La ambición jamás se detiene, ni
siquiera en la cima de la grandeza”, dijo Napoleón en 1769 y 240 años después,
la máxima del emperador francés se pretende imponer en el desalojo de decenas
de familias del Vaso de la Presa «Abelardo L. Rodríguez» para la construcción
del complejo residencial denominado Colinas del Pitic.
Moradores del lugar manifiestan que desde el inicio de la administración
del gobernador Eduardo Bours Castelo, los posesionarios que habían ocupado
aproximadamente 250 hectáreas desde 1957, poco a poco han sido desalojados,
unos presionados a vender, lo que finalmente hicieron; otros por la fuerza
pública después de ser demandados penalmente por el Gobierno del Estado.
El pasado viernes, denunciaron a Dossier Político que hombres armados
lanzaron disparos «al aire» y sin mostrar identificación alguna, desalojaron
una de las propiedades supuestamente del Estado.
La representante legal de los posesionarios, Rosa Delia Coronado, sostuvo
que el gobernador Bours pretende beneficiar «a unos cuantos con la ilegal
apropiación de terrenos que no les pertenecen».
«Llegaron sin identificarse, sin orden de desalojo y nada, mientras que
sabemos que este caso está en tribunales el Gobierno del Estado actúa
atropellando los derechos elementales».
Y lamentó: «¡Qué forma de despedirse del Gobierno del señor Bours!».
Se cree que la familia Coppel, emparentada con el mandatario estatal, prevé
que el proyecto Colinas del Pitic les genere al menos un millón de dólares por
un terreno de 20 por 50 metros, es decir, mil metros cuadrados con un costo de
mil dólares el metro, o sea, un millón de dólares, pero pretenden pagar
solamente un peso por metro a los actuales moradores.
De acuerdo a los denunciantes, el concepto residencial de la familia
Coppel, consuegros del Gobernador Bours, estaría constituido por varios
fraccionamientos de lujo, campos de golf, áreas comerciales de primer nivel,
haciendas e hipódromo propio en una superficie superior a las 3 mil hectáreas
del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.
Los posesionarios denunciaron además que en una de las propiedades de los
Coppel ya tienen trabajando un pozo para extraer agua para regar los cultivos y
los jardines del Rancho El Mayordomo, propiedad de los Coppel y donde cuidan y
alimentan los caballos del gobernador, según versiones de los quejosos
El pasado 4 de agosto del 2008, Dossier Político también publicó un
reportaje de José Gil Olmos, de Proceso, donde expone que en 2003, cuando
Eduardo Bours Castelo llegó al gobierno de Sonora, no faltó quien pensara que,
por el hecho de provenir de una familia adinerada, el político priista no
utilizaría el poder para enriquecerse.
Pero ahora, al cabo de cuatro años y medio de gobierno, ya son muchos los
sonorenses desengañados y los que, incluso, han padecido los excesos del
mandatario, como el despojo de tierras para beneficiar a socios y hermanos.
Uno de los casos recientes es el de los terrenos del vaso de la presa Abelardo
L. Rodríguez, cercanos a la capital, sobre los cuales se proyecta construir un
enorme fraccionamiento residencial, con clubes de golf, caballerizas y casas de
lujo a cargo de la inmobiliaria Misión Veintiuno, propiedad del empresario
sinaloense Luis Coppel Lemmen Meyer.
De acuerdo con documentos oficiales, obtenidos por Proceso, la familia
Coppel –con la cual emparentó este año el gobernador Bours luego del enlace de
su hija Lourdes con Alejandro Gaxiola Coppel, sobrino de José Coppel Lemmen
Meyer– compró mil 90 hectáreas por 8 millones 515 mil pesos para la
construcción de un fraccionamiento. En este proyecto, denominado Colinas de
Pitic, los propietarios invertirán inicialmente 430 millones de pesos.
Durante décadas esas tierras estuvieron abandonadas y grupos de campesinos
y colonos expulsados de la capital las utilizaron para cultivar hortalizas o
construir casas humildes.
El 26 de septiembre de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un
decreto a favor del municipio de Hermosillo por medio del cual expropió 6 mil
782 hectáreas de terrenos comunales del antiguo ejido de Villa de Seris, donde
se ubica el vaso de la presa, para impulsar el desarrollo urbano.
Más de medio siglo después, el 21 de agosto de 1997, el gobernador Manlio
Fabio Beltrones Rivera expropió una franja de 2 mil 398 hectáreas del mismo
vaso e intentó expulsar de la zona a los campesinos y colonos que habitaban y
cultivaban las agrestes tierras. Por esas fechas, la presa había dejado de
funcionar.
Sobre esa extensión proliferaron en los últimos años colonias populares
como Parque Industrial, San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, La Victoria, El
Tazajal y Las Amapolas, entre otras, en las que habitan más de 500 familias de
escasos recursos; así mismo, integrantes de la Unión de Productores
Agropecuarios trabajan desde hace varios años las tierras de cultivo de la
zona. Pero ni los colonos ni los campesinos pudieron obtener sus títulos de
propiedad, a pesar de intentarlo en diversas ocasiones ante las autoridades.
El gobernador Eduardo Bours supo aprovechar esa situación de irregularidad.
En 2006, por ejemplo, interpuso algunas demandas judiciales contra los
campesinos y colonos que se niegan a vender a la inmobiliaria Misión Veintiuno
los predios que ocupan; a otros los presionó para que aceptaran como pago de
uno a cinco pesos por metro cuadrado, según denuncian a Proceso algunos de los
afectados.
Afirman que el modus operandi del mandatario es el siguiente: En primera
instancia, funcionarios de la coordinación estatal de Bienes y Concesiones se
presentan ante ellos y les hacen una oferta de compra. Si los usufructuarios de
los predios se niegan, los “compradores” los acusan de invasores ante la
procuraduría estatal. Lo mismo hacen los empleados de Misión Veintiuno, encabezados
por Luis Rivas.
Sobre Marcelino Doramen Aguilar, quien vive con su familia en un predio de
dos hectáreas, pesan cuatro demandas. En una situación parecida se encuentra la
familia Coronado López, cuyos integrantes tienen una casa en las afueras de la
colonia Amapolas: llevan dos años viviendo en la zozobra, luego de que las
autoridades amenazaron con despojarlos de su vivienda.
Según la maestra Rosa Delia Coronado, el gobernador Bours actúa peor que
sus antecesores. A diferencia de éstos, sostiene, él utiliza a la policía, e
incluso ordenó desaparecer documentos oficiales para evitar que los colonos
pudieran defenderse.
La maestra Coronado, quien es abogada y defiende a varios de sus vecinos,
explica que tuvo que ir al archivo de la Universidad de Sonora para conseguir
los diarios oficiales de 1946, en los que se demuestra que el gobierno federal
expropió los terrenos del vaso de la presa en beneficio del ayuntamiento de
Hermosillo y no del gobierno estatal.
Jorge Luis Mada, otro de los demandados, dice al reportero que en 2005 el
gobierno de Bours lo obligó a vender la mitad del terreno de 30 hectáreas que
ocupaba. Según el entrevistado, para presionarlo el mandatario le dijo que si
accedía a vender le retiraría una demanda en su contra por la presunta siembra
de estupefacientes. Al final, relata José Luis, tuvo que venderlo todo. Y,
afirma, la demanda no solamente existe, sino que ahí sigue.
A su vez, Ramón Ángel Salazar asegura que él y su familia llevaban años
cultivando sus tierras, pero en 2004, luego de negarse a venderlas, fueron
desalojados por policías estatales. Tras dos años de litigio, él y otros
afectados consiguieron que el 21 de noviembre de 2006 el Congreso estatal
aprobara un punto de acuerdo para investigar sus casos. Desde entonces, dice,
no ha habido ninguna respuesta oficial.
Otro caso más es el de la Unión de Productores Agropecuarios, una
asociación civil formada hace dos años por 21 familias que poseen 236
hectáreas. Celso Quintero, presidente de la agrupación, sostiene que el
representante de la inmobiliaria de la familia Coppel, Luis Rivas, se acercó a
ellos para proponerles la compra de sus terrenos a un peso el metro cuadrado.
“¡Es un abuso!”, exclama Quintero. Y expone que sus representados piden mil
pesos por metro cuadrado; además, señala que el gobierno del estado les propuso
reubicarlos en un rancho localizado en la Sierra del Seri, en donde no hay
agua.
El dirigente de la Unión de Productores Agropecuarios está molesto porque,
dice, el pasado 17 de julio descubrió que dentro de uno de sus terrenos la
empresa de Coppel ya había levantado un cuarto con paredes prefabricadas en el
que pretendía alojar a sus trabajadores, quienes iban a cercar el área que aún
es de la asociación.
Quintero advierte que no están cerrados a la venta de algunas hectáreas, y
añade que incluso le propusieron a los de Misión Veintiuno ser partícipes del
proyecto residencial, pero los Coppel se negaron.
“Nosotros les pedimos que nos dejen trabajar. Si no quieren vernos porque
somos pobres, pues que pongan una barda en su campo de golf y se acabó el
problema. Nosotros también tenemos derecho a tener una casita campestre, pero
ellos no quieren convivir con la gente pobre. Nos dijeron que nosotros no
podíamos estar en el fraccionamiento.”
Según el dirigente, la inmobiliaria le explicó que ya tienen las maquetas
del fraccionamiento de lujo que se construirá en las tierras del vaso de la
presa, similar al que Misión Veintiuno construyó en Culiacán para las familias
más ricas de Sinaloa.
Así, poco a poco, mediante el despojo y la intimidación, el gobierno de
Bours logró apropiarse de gran parte de los terrenos adyacentes a la vieja
presa Abelardo L. Rodríguez. Incluso las autoridades colocaron una malla
ciclónica y un anuncio con la leyenda: “Terreno propiedad del gobierno del
estado”. Además, policías armados realizan rondines todo el tiempo para
custodiar los terrenos de la familia Coppel.
Negocios, negocios
“Cuando uno pasa por todos los municipios del estado, la gente dice: ‘este
es negocio de Ricardo Bours’, ‘esto es del gobernador’, ‘este de la familia
Bours’. En muchos lugares han hecho grandes negocios. Eduardo Bours no llegó
para gobernar sino para enriquecerse más y más. No tiene llenadera, ni él ni su
equipo; tampoco su familia”, denuncia la diputada local por el PRD, Petra
Santos Ortiz.
La legisladora perredista hace referencia a los negocios que miembros de la
familia Bours y funcionarios de la administración han realizado desde 2006.
Menciona, por ejemplo, que a finales de ese año el gobierno autorizó la compra
de 270 autobuses de transporte a la agencia Camiones y Tractocamiones de
Sonora, S.A. de C.V., de la cual es director general José Gerardo Bours
Castelo, hermano del gobernador.
El mandatario impulsó en ese entonces el programa denominado Sistema de
Modernización del Transporte Urbano del Estado (Suba), lo que implicaba el
cambio de rutas y la sustitución de mil 370 unidades de transporte, las cuales
estaban siendo compradas a la empresa Camiones del Noroeste, S.A. de C.V.
(Caminosa), que distribuye la marca Internacional.
Sin embargo, el responsable del programa, Jorge Luis Muñoz Almada, decidió
favorecer a la compañía de José Gerardo Bours, que distribuye la marca Benz,
con el argumento de que así se ahorraba combustible.
En una primera fase del programa Suba se compraron 270 unidades con un
enganche de 30 millones de pesos, pero los camiones adquiridos eran
inapropiados para las calles de las colonias populares de Hermosillo. Además,
el cambio de rutas provocó un caos en la ciudad de tal tamaño que las policías
Municipal y Estatal tuvieron que rescatar a decenas de personas varadas lejos
de sus casas.
Ante el fracaso de ese programa, el gobierno desistió de aplicarlo en los
demás municipios del estado, por lo que el hermano del gobernador ya no pudo
hacer negocio.
Otra iniciativa que ha redituado ganancias a la familia y los funcionarios
de la administración Bours es el proyecto de desarrollo Música, Arte y
Exposiciones (Musas), que prevé la construcción de un complejo cultural en la
zona conocida como Vado del Río. Para ello tuvo que ser destruido el parque
Villa de Seris, pese a las protestas de ambientalistas y promotores de derechos
humanos; algunos de ellos incluso fueron encarcelados. El proyecto incluye la
construcción del Teatro de la Ciudad, así como galerías y museos.
Musas fue promovido por el fideicomiso público Operadora de Proyectos
Estratégicos del estado de Sonora, conocido como Impulsor, creado en 2005 por
el Ejecutivo estatal y dirigido por Ricardo Bours, otro de los hermanos del
gobernador.
Ambientalistas del grupo Cactus Azul y de la Red Fronteriza de Salud se
oponen a este proyecto, para el cual, afirman, el gobierno destinó 300 millones
de pesos. Ellos han denunciado que antes de iniciar la obra, Jorge Laborín,
cuñado de Eduardo Bours; Emeterio Ochoa, secretario particular del gobernador;
Raymundo García de León, primer secretario de desarrollo económico, y Roberto
Mazón, coordinador de la campaña de Bours, acapararon los terrenos aledaños.
Los denunciantes dijeron a los legisladores que familiares y amigos del
mandatario sabían de antemano que al lado del complejo cultural se levantaría
el centro comercial Galerías, lo que elevaría la plusvalía de la zona.
Los regidores del PAN Martín Miranda y Guadalupe Morales, quienes
encabezaron el movimiento ciudadano de protesta contra Musas, aseveran: “La
voluntad del gobernador se impuso, hubo corrupción y se destruyó uno de los
pocos pulmones de Hermosillo. Es un capricho y un negocio redondo de los
Bours.”
Por lo que atañe a Impulsor, el fideicomiso fue ideado por el exsecretario
de Hacienda Pedro Aspe Armella, asesor del gobernador Bours. Además de Musas,
este fideicomiso maneja otros cuatro proyectos en el estado cuya inversión
pública y privada es cercana a los 124 mil millones de pesos. El más ambicioso
de todos es la construcción de la carretera costera del Mar de Cortés, donde
también confluyen los intereses de la familia Bours.
En un informe dado a conocer en el Congreso estatal en 2007, la diputada perredista
Petra Santos señaló que tan sólo para este proyecto carretero se manejarán
recursos por 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el análisis
programático-presupuestal de Impulsor, durante el cuarto trimestre de 2007 se
van a enajenar más de 100 hectáreas del municipio de Caborca para vendérselas a
inversionistas a 69 mil 21 dólares la hectárea.
Este asunto despertó la ambición del gobierno de Bours. Según una carta
enviada al gobierno de Felipe Calderón a principios de julio por 70 familias
del ejido Rodolfo Campodónico, del municipio de Caborca, el 20 de junio pasado
40 patrullas de la Policía Estatal Investigadora intentaron desalojarlos de sus
tierras ejidales, ubicadas frente al Mar de Cortés.
Se trata de un terreno de 3 mil 900 hectáreas que ocupan las familias de
pescadores sin tener títulos de propiedad. En su misiva, los firmantes
denuncian que la familia del gobernador Bours, así como de Roberto Mazón, están
interesados en posesionarse de esas tierras para edificar ahí hoteles de lujo
para el turismo estadunidense. Así lo hicieron, dicen, en Puerto Peñasco, donde
construyeron Sonora Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort, a
través de la empresa Sonoran Resort, donde tienen 33% de las acciones.
El senador Javier Castelo Parada, del PAN, tío del mandatario por línea
materna, dice que entre los sonorenses son conocidos los beneficios de la
familia Bours Castelo y de los allegados a Eduardo Bours por medio de contratos
de obras públicas.
“No tengo datos concretos, pero eso lo escuchamos todos los días”, admite
Castelo Parada en entrevista realizada en Ciudad Obregón.
Según él, durante cuatro años el gobernador ha mostrado poca claridad en el
manejo de los recursos públicos, como es el caso del Plan Sonora Proyecta, para
el que se emitieron bonos por 10 mil millones de pesos, de los cuales poco más
de la mitad serían destinados a la reestructuración de la deuda y el resto para
obras públicas.
Advierte que cuando los diputados del PAN en el estado vieron los excesos
del esquema financiero ideado por Pedro Aspe en 2005, interpusieron un juicio
de inconstitucionalidad, lo cual detuvo la emisión de bonos. Ante esto,
precisa, el gobierno de Bours pidió ese mismo año un préstamo por 4 mil
millones de pesos para obras, pero hoy “ya no sabemos con qué dinero las están
haciendo, lo cual es delicado porque no hay transparencia en la rendición de
cuentas”.
Por su parte, el periodista y reportero de Dossier Político, José Luis
Jara, publicó el 4 de diciembre del 2008 que Doña Remedios Aguilar es una
señora que tiene 80 años y vive en la colonia Las Amapolas, que se encuentra en
el Vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.
Vive en este lugar desde 1959 en un hogar sencillo. Sufre de alta presión
sanguínea y de manera constante requiere medicamentos para controlar la
diástole y la sístole de su corazón.
Cualquiera se podría imaginar cualquier cosa de ella, menos pensar que es
una delincuente.
Sin embargo, sobre ella –incluida a su familia- pesa una demanda de
desalojo de la casa que habita y el predio que posee junto con dos hijos y una
nuera.
A pesar de que tienen la documentación que comprueba pagos por este predio,
la inmobiliaria Siglo 21 los demandó para que desalojen su hogar, porque en ese
predio pretende construir un fraccionamiento que supuestamente tendrá lagos
artificiales, un club hípico, campos de golf y un fraccionamiento residencial.
Igual o parecido al proyecto que desarrolló la familia Coppel en Culiacán,
Sinaloa.
Pero la loza que carga doña Remedios no sólo pesa lo que pesa el poder de
José Coppel. A ello se le suma el poder del gobernador Eduardo Bours, quien
tiene una relación familiar debido a que su hija se casó con un integrante de
esta poderosa familia.
Bajo esa tesitura, la inmobiliaria Misión 21 tiene todo el respaldo
jurídico y de diferentes instancias de gobierno, como lo es la Dirección de
Bienes y Concesiones.
Pero el poder de los Coppel también llegó a influir en el Poder Judicial.
Los afectados denuncian el trabajo parcial que realizan los juzgados civiles
donde se llevan esta serie de demandas.
Ellas se encargan de enderezar los expedientes para que queden de acuerdo a
los intereses de la inmobiliaria Misión 21.
Marcelino Dórame, hijo de doña Remedios, explicó la historia del conflicto.
Es muy parecido al que sufrieron las hermanas Coronado, quienes en lo
particular lograron el desistimiento de la demanda de desalojo.
A diferencia de ellas, esta familia sigue en el conflicto y bajo el fuego
cruzado del poder de los Coppel y las acciones del gobierno del estado y sus
asesores.
Marcelino recordó que en un principio los visitó Francisco Muñoz y Manuel
Rivas, como representante de Misión 21. Llegaron ofreciendo un terreno a cambio
del predio de 2 mil 300 metros que tiene toda la familia.
Le pidieron que propusiera algún terreno que le interesara a cambio, la
inmobiliaria lo compró y a final de cuentas, decidieron quedarse con ese predio
también. Luego
Marcelino les pidió el dinero que equivalían tres casas de un
fraccionamiento. Y cuando le dijeron que regresarían con la respuesta,
volvieron pero con la demanda de desalojo en las manos.
-¿Cuándo ocurrió esto?
-Fue en octubre del año pasado. La demanda la interpusieron en abril de
este año donde nos plantean que estamos como invasores y quedó dividida en tres
expedientes. Y cada expediente se distribuyó en tres juzgados diferentes.
En el caso de doña Remedios, la demanda fue para que desalojara la casa. A
Marcelino lo demandaron para que desalojara el patio y al hermano de Marcelino
y su esposa los demandan para que desalojen la parte trasera del hogar. Toda
una galimatías legal que provoca que todos los gastos y costas del juicio se
multiplique por tres.
Esta estrategia legal, significa para la familia un desgaste económico y
emocional que ha llegado a afectar la economía de esta familia, al, grado que
doña Remedios se ha quedado sin dinero para comprar las pastillas que utiliza
para controlar su presión sanguínea.
Marcelino Dórame aseveró que los juzgados civiles donde se llevan estos
expedientes, se han portado a la altura de los intereses de los Coppel. Ello se
comprueba –explicó- cuando la inmobiliaria presentó a sus testigos, quienes de
acuerdo a la ley no deben tener intereses con alguna de las partes.
Los expedientes se distribuyeron en los juzgados primero, segundo y tercero
de lo civil.
Los testigos de la empresa fueron Manuel Riv as y Francisco Muñoz, quienes
trabajan para la familia Coppel.
Sin embargo, cuando los afectados impugnaron la validez de estos testigos,
el juez civil los aceptó como testigos válidos y con ello empezaron a manipular
el expediente para bien de los Coppel.
Otra de las pruebas que relató Marcelino que demuestran la parcialidad de
los jueces, ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando la actuaria Analín Peña
Murguía del juzgado segundo de lo civil, acudió al predio para realizar una
inspección. En ese evento, la sumisión de la actuaria fue evidente porque hizo
lo que le dijeron los testigos de la inmobiliaria, a pesar de que sus
señalamientos del predio estaban por fuera de la realidad.
La actuaria no admitió ningún señalamiento de Marcelino y cerró la
inspección con la versión de la inmobiliaria. Ante ello, Marcelino envió un
escrito al juez donde denunció a la actuaria por actuar de manera déspota en
contra de ellos. Pero la respuesta que dio el juez fue de no aceptarla porque
“estaba muy repetitiva”.
Marcelino afirmó que este pleito legal los ha desgastado en lo económico y
lo emocional. Su madre, doña Remedios tiene 80 años y el sacrificio económico
que han realizado para defenderse legalmente, los ha obligado a dejar a la
señora sin pastillas para controlar su presión.
Ellos tienen tres demandas, en juzgados diferentes que les afecta de tal
manera que los gastos los tienen que multiplicar por tres porque a su mamá la
demandaron para que desaloje la casa, a él para que desaloje el patio y a su
hermano y cuñada para que desaloje la parte trasera del predio.
Después de esta explicación, Marcelino se preguntó si lo que están
sufriendo ellos, en concreto su madre de 80 años, es el resultado de la
política social del gobernador o es el producto de la ambición de la familia
Coppel, que a final de cuentas, tiene el apoyo del Gobierno del Estado.
El 14 de mayo del 2009, de nueva cuenta, el gobierno de Eduardo Bours la
emprendió contra los moradores del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez para
respaldar a su consuegro José Coppel Lemmenmeyer en la construcción de un
millonario fraccionamiento residencial en este lugar.
La maestra Rosa Delia Coronado, vecina de este lugar y representante legal
de otros más, dijo: estamos en la pelea jurídica, porque en la actualidad se
está dando una celeridad a estos casos de manera increíble, como que tienen el
plan de desalojar a estos moradores antes de que termine el sexenio del
gobernador Eduardo Bours.
De nueva cuenta la está emprendiendo –abundó. La prueba que tiene es que
ella había logrado que el gobierno se desistiera en su demanda de desalojo.
Pero ahora, todo indica a que el mismo gobierno volvió a demandar a su familia
para desalojarlas de manera definitiva.
La maestra consideró que los juzgados donde se llevan estas demandas de
desalojo, se han trabajado con parcialidad. Incluso denunció al abogado
Othoniel Gómez Ayala de ufanarse de tener todos los privilegios en estos
juzgados para que resuelvan a su favor, como ocurrió en el caso de Jorge Luis
Mada, uno de los vecinos que ahora está siendo amenazado con despojarlo del
terreno donde se encuentra su casa y la de sus padres, que tienen viviendo
desde 1955.
Rosa Delia Coronado externó su preocupación en el caso de Jorge Luis Mada,
que se encuentra en segunda instancia, porque no admitieron las pruebas que
presentaron para su defensa. Normalmente, en esta instancia este tipo de
asuntos se tardan más de lo debido. Pero ahora existe una sospechosa celeridad
para resolverlo, sobre la base de haber rechazado las pruebas que presentamos
para su defensa.
La maestra Coronado explicó que en este caso existe un grave error de
inicio, porque el gobierno del estado demanda a Jorge Luis Mada y el juez
sentenció a Jorge Luis Mada Domínguez. El error consiste en que son personas
diferentes y no puedes demandar a uno y sentenciar a otro. Por eso, con este
error, se debe rechazar la sentencia de Mada. Además de ello, la maestra señaló
que el juez rechazó indebidamente la impugnación que presentó contra el
nombramiento del procurador Abel Murrieta.
Ella explicó la situación: fue el procurador Abel Murrieta quien demandó al
señor Mada de desalojo. Y a la hora de acreditarse como procurador presentó un
documento firmado por «Eduardo Bours Castelo», quien le otorgó dicho
nombramiento. Pero el caso es que el que puede acreditar el nombramiento de un
funcionario como el procurador es el gobernador del estado, quien en el sentido
legal estricto, su nombre es José Eduardo Robinson Bours Castelo, no «Eduardo
Bours Castelo».
Y desde el punto de vista jurídico, no tienen validez los movimientos que
haga «Eduardo Bours Castelo» porque el gobernador de Sonora tiene el nombre de
José Eduardo Robinson Bours Castelo. Pero además de esta incongruencia, se dio
otra que dio luces de la parcialidad de los jueces. Pero para entender esta
trama, la maestra recordó que en el caso del señor Mada, la familia Coppel ya le
había arrebatado 30 hectáreas donde este señor utilizaba para trabajos
agrícolas.
En medio de este proceso jurídico, con el fin de delimitar los predios de
cada uno de los demandados, se acudió a un tercer perito, es decir un topógrafo
para delimitar los terrenos. Y en el trabajo que arrojó este perito se demostró
que esos terrenos no entraban en supuesta propiedad del gobierno del estado,
por lo que sustentaba que la demanda del procurador para desalojar a estos
vecinos, carecen de fundamentos en virtud de que no son dueños del terreno.
No obstante estas situaciones, la maestra Coronado advirtió que el gobierno
de Eduardo Bours emprendió otra envestida contra los moradores de la presa.
Y trabajan con celeridad, porque ya se acerca el final de su sexenio,
apuntó esa ocasión.
(Dossier Politico/ Omar
de la Vara / 2013-03-04)
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