El juez Rogerio Favreto, del
Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto
Alegre, concedió este domingo un “habeas corpus” y pidió que la medida sea cumplida
en régimen de “urgencia”, para que se libere al expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva, según
confirmaron fuentes oficiales a la agencia EFE.
Luiz Inácio Lula da Silva,
quien fue presidente de la República Federativa de Brasil entre el 1 de enero
de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, afirmó antes de entregarse, que es
“inocente” y “la historia probará que la justicia estaba equivocada”, por lo
que cumpliría con la orden de arresto en su contra por una condena a 12 años de
cárcel por corrupción, misma que dictó el juez Sergio Moro.
El pasado 4 de abril, el
Supremo Tribunal Federal de Brasil no aceptó el “habeas corpus” presentado por
la defensa del ex presidente, para evitar una condena de 12 años de prisión por
un caso de corrupción, de uno de los procesos que se desprenden la
investigación conocida como “Lava Jato” (autolavado, en portugués), esto, a tan
sólo a seis meses de las elecciones, con sondeos y encuestas que lo tienen como
favorito.
El juez Sergio Moro ordenó la
prisión de, al menos, una veintena de personas, entre ellos políticos y
empresarios, acusados de cohecho y malversación pública. Mientras que “Lava
Jato” es una investigación sobre corrupción en la que las élites brasileñas aceptaban
sobornos a cambio de contratos públicos, especialmente con la petrolera estatal
Petrobras.
En julio de 2017, el juez
Moro, declaró culpable al ex presidente Lula da Silva y lo sentenció en primera
instancia, a una pena de nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y
corrupción pasiva, crimen que presupone que el funcionario público acusado
realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja
como contrapartida por ello.
El líder del Partido de los
Trabajadores (PT), fue condenado por presuntamente haber aceptado de la empresa
OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos, ubicado en Guarujá, en
la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en
sus negocios con Petrobras.
La defensa jurídica del ex
mandatario brasileño, de 72 años de edad, interpuso un recurso de apelación en
segunda instancia, sin embargo, un tribunal de alzada de Porto Alegre, el TRF4,
rechazó dicho recurso en enero de 2018 y, además, aumentó la pena a 12 años y
un mes de prisión.
El ex mandatario, quien ha
negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución
política y judicial”. En 2016, su partido cerró un ciclo de 13 años de gobierno
cuando su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de
manipular las cuentas públicas, y reemplazada por su vicepresidente, el
conservador Michel Temer.
(SEMANARIO ZETA/ INTERNACIONAL / CARLOS ÁLVAREZ/
DOMINGO, 8 JULIO, 2018 09:32 AM)
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