CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-
La abogada Mónica Reyes, quien defendió ayer a los ejidatarios golpeados y
detenidos por agentes estatales de Chihuahua, dio a conocer que fueron
liberados anoche e informó que las aprehensiones se hicieron sin la presencia
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que entre los detenidos se
encontraba un menor de edad.
“Algo está muy mal en
Chihuahua, se reprime a los ciudadanos sin diálogo, sin la presencia de un
representante de derechos humanos, sin un notario y están los videos de
evidencia. Un jovencito tratado como adulto ¿qué nos pasa? Es para reflexionar
y espero que las autoridades se den cuenta de lo que hicieron porque los
ciudadanos en muchos estados si se dieron cuenta de cómo fueron tratados un
grupo de ciudadanos de Chihuahua “, sostuvo la activista y abogada.
El problema se originó porque
el gobierno estatal construyó un muro de contención para que los ejidatarios y
habitantes de Sacramento no pasen por un camino vecinal, que utilizan porque no
consideran justo pagar la caseta de peaje de manera cotidiana, que se encuentra
entre la ciudad de Chihuahua y el ejido, a unos 25 kilómetros.
La Secretaría de Hacienda
informó está mañana que la actual administración aumentó en casi un 35 por
ciento la cantidad de tarjetas de descuento en el cruce de la caseta Sacramento
de la carretera Chihuahua-Juárez, en beneficio de pobladores de las zonas
aledañas a dicha instalación.
El gobierno anterior otorgó
mil 368 tarjetas preferenciales, con distintos porcentajes de descuento.
El gobierno de Javier Corral
Jurado aumentó la cantidad de tarjetas a mil 839 tarjetas preferenciales
autorizadas, de las que 880 tienen “tasa cero”.
Del total de tarjetas ya
autorizadas, sólo faltan 141 por entregar, porque no han acudido a recogerlas.
“La puesta en operación de
una brecha para permitir el libre paso a la altura de la caseta ha ocasionado
pérdidas para el Gobierno del Estado por más de 4 millones de pesos.
“Se estima que entre los
meses de abril, mayo y junio de 2018, en los que se abrió esa brecha, dejaron
de cruzar por la caseta más de 47 milvehículos, lo cual generó la pérdida antes
mencionada”, justifican así la agresión en un comunicado.
Y agregan que el dinero
recaudado en las casetas de peaje ubicadas en las carreteras del estado se
destina, en gran medida, a pagar la deuda adquirida con la emisión de bonos
carreteros que hizo el gobierno de César Duarte Jáquez, los ingresos por ese
concepto quedaron comprometidos hasta el año 2038.
Aseguran que el gobierno
estatal tiene disposición para resolver los diferendos a través del diálogo y
la conciliación entre los habitantes de las zonas aledañas a la caseta
Sacramento y respetar los descuentos y beneficios que ha otorgado a través de
las tarjetas que ya fueron emitidas.
Por su parte, la Fiscalía
Zona Centro aseveró en otro comunicado, que la detención de seis personas del
ejido, estuvo apegada a derecho y que todos fueron puestos en libertad, bajo
las reservas de ley.
“Los cinco adultos y un menor
de edad arrestados ayer viernes, inmediatamente puestos quedaron a disposición
de la autoridad ministerial de la Fiscalía de distrito Zona Centro para el
inicio de las investigaciones correspondientes.
“Dichas personas dañaron una
barrera metálica y de concreto que fue colocada por el Gobierno del Estado en
el camino de terracería del ejido Sacramento para evitar la circulación
vehícular con la evasión del pago de la caseta de peaje”, confirman.
Justifican que el actuar de
los policías fue supervisado por la titular de la dirección de Control Interno
de la FGE, Erika Jasso en el lugar de los hechos, quien constató que no se
ejerció violencia innecesaria, que se respetaron los derechos humanos y que no
hubo abuso de autoridad.
El Ministerio Público
adscrito a la Unidad de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado
Desarrollo de la Justicia, Contra la Paz, la Fe Pública y la Seguridad de las
Personas, determinó poner en libertad a los detenidos, “bajo las reservas de la
ley y posteriormente ejercer la acción penal por los delitos que se les
acreditó”.
(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/ 7 JULIO, 2018)
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