A John Moreno se le acusa de ocupar
furtivamente el territorio en donde se desarrolla la construcción del inmueble.
Pese a que no se han presentado pruebas para acreditar el delito. Bajo el Nuevo
Sistema de Justicia Penal, el delito de despojo está considerado como no grave,
por lo que debería ser liberado inmediatamente, además de que no ha ocurrido un
juicio, fue sentenciado directamente, de modo que se viola el principio de dar
celeridad a los procesos en este Nuevo Sistema.
Los pescadores de la comunidad Tres
Santos se oponen a la construcción de una villa de lujo de 435 hectáreas que
está causando afectaciones a un sistema de humedales aledaño, y la cual corre a
cargo de un corporativo de Denver ligado a una empresa del cuñado del ex
Presidente Salinas.
Ciudad de México, 14 de julio
(SinEmbargo).- El abogado y activista John Moreno permanece preso en una cárcel
de Baja California Sur desde el pasado 19 de mayo por oponerse a un proyecto
mobiliario en una comunidad pesquera, y el cual está a cargo de una empresa
ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Organizaciones civiles
denunciaron este viernes que el Gobierno del panista Carlos Mendoza Davis está
incurriendo en una grave violación a los derechos humanos al mantener preso a
John Moreno, quien se ha dedicado a la defensa de la comunidad de pescadores
del Pacífico Tres Santos.
Se trata de un proyecto a
cargo de Black Creek Group, de Denver, Colorado, un holding al que pertenece
MIRA, compañía ligada a Jerónimo Gerard, cuñado del ex Presidente Salinas de
Gortari.
Todos Santos se encuentra a
unos 50 kilómetros al norte de los extensos desarrollos turísticos conocidos
como Los Cabos. Foto: Google Earth
En 2013, Black Creek Group ya
era propietario de Tres Santos, donde inició un proyecto para construir más de
4 mil viviendas en un desarrollo de tres partes alrededor de Todos Santos, una
pequeña comunidad costera de 6 mil habitantes. Un primer paso importante fue la
construcción de un complejo hotelero y residencial en la playa Punta Lobos
utilizado por las cooperativas pesqueras de la zona.
Todos Santos se encuentra a
unos 50 kilómetros al norte de los extensos desarrollos turísticos conocidos
como Los Cabos. Muchos temen que su pequeño pueblo se convierta en “otro Cabo”
si Tres Santos continúa más allá de su primera fase, con el recientemente
inaugurado Hotel San Cristóbal.
Para entonces, los
desarrolladores inmobiliarios publicaron planes para adquirir control total de
la playa de Punta Lobos, desplazando a los pescadores.
Los pobladores que conforman
la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opusieron desde
el inicio al desarrollo del proyecto inmobiliario porque afecta el suministro
de agua de la zona, además de que los pescadores tienen sus viviendas en las
inmediaciones.
Complejo mobiliario en Tres Santos.
Foto: Truthsantos.org
Sin embargo, durante una de
sus manifestaciones y bloqueos, que iniciaron desde hace cuatro años, fueron
replegados por 200 granaderos enviados por el Gobierno estatal.
John Moreno abogó por que la
Cooperativa se incluyera en el litigio con base en su histórica concesión.
Victor Manuel Núñez Villalobos, el tesorero de la Sociedad, comentó entonces
que “la preservación de la playa será una gran victoria para las futuras generaciones
de pescadores y el pueblo.”
Moreno, protegido bajo el
mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación (Segob) tomó el caso de los pescadores, lo que motivó
a su detención el pasado 19 de mayo, acusado de despojo, en un proceso en el
cual, además de presentar diversas irregularidades no se han presentado pruebas
concluyentes que acrediten su culpabilidad, por lo que, de acuerdo con el Nuevo
Sistema de Justicia Penal, esto debería significar su liberación, sin embargo,
continúa preso.
Las organizaciones que han
dado seguimiento al caso condenaron que además de pretender despojar a los
pescadores de sus tierras, el desarrollo inmobiliario representa daños
considerables al ecosistema de Todos Santos.
El 15 de junio, se intentó
entregar una carta firmada por organizaciones en defensa de los derechos
humanos, dirigida al Gobernador Mendoza Davis para ponerlo al tanto de la
situación, pero su personal se negó a recibir dicha misiva por cuestiones
burocráticas.
Recientemente, un Tribunal
del Poder Judicial de la Federación (TPJF) falló a favor del derecho de los
pescadores para proteger su territorio y sus viviendas, por lo que no pueden
ser desplazados, sin embargo, el proyecto inmobiliario no se ha detenido y
existe incertidumbre por parte del Gobierno sobre el destino de los pescadores,
pues se desconoce si serán reubicados y bajo qué condiciones.
A John Moreno se le acusa,
sin pruebas, de ocupar furtivamente el territorio en donde se desarrolla la
construcción del inmueble. Pese a que no se han presentado pruebas para
acreditar el delito. Bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el delito de
despojo está considerado como no grave, por lo que debería ser liberado
inmediatamente, además de que no ha ocurrido un juicio, fue sentenciado
directamente, de modo que se viola el principio de dar celeridad a los procesos
en este Nuevo Sistema.
Las organizaciones, amparadas
por el Observatorio de Derechos Humanos, hicieron un llamado a la sociedad civil
para que se sumen a la exigencia. Además, resaltaron que la victoria de los
pescadores en ese estado podría ser un precedente para otras pequeñas
comunidades que exigen la protección de sus recursos y tradiciones contra el
crecimiento desenfrenado.
(SIEMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JULIO 14, 2017, 6:45 PM)
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