La emboscada a un convoy del
Ejército el viernes pasado en Culiacán fue una declaración de guerra al Estado
Mexicano. El Gobierno no se ha dado cuenta. Lo que hizo un grupo de criminales
al servicio del narcotráfico fue vulnerar la última frontera de la seguridad
nacional, las Fuerzas Armadas, que no respondieron al tamaño de la afrenta
frente a un grupo que, ante la debilidad mostrada, sometieron en número y
capacidad de fuego a los militares, y los humillaron al quemar a dos de los
soldados a quienes dejaron ardiendo en llamas en la carretera.
¿Por qué una declaración de
guerra? Las Fuerzas Armadas, que por definición son y representan el poder
militar de un país, tienen la obligación constitucional de defender la
integridad, independencia y soberanía de la Nación, así como garantizar la
seguridad interna, por lo que son la última frontera de protección al Estado
Mexicano. Después de ellas no hay nada más que proteja a la Nación, por lo que
una vulneración de ellas es equivalente a una declaración de guerra en donde se
tiene que actuar en consecuencia. La respuesta debió haber sido proporcional a
la afrenta, como cuando en el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, llevó a una respuesta inmediata y
contundente militar antes de empezar una negociación política.
En el caso de la emboscada en
Sinaloa -secuela del derribamiento del helicóptero militar en 2015 y de
secuestros políticos de soldados-, la sevicia con la que trataron a los
soldados, no debió quedarse en reacciones políticas tímidas, fallidas, o
retórica violenta como la del Secretario de la Defensa, General Salvador
Cienfuegos, cuya molestia reflejó más bien, la impotencia frente a la debilidad
institucional. Cuando se cuestionó al comandante de la Tercera Región Militar,
General Alfonso Duarte Múgica, por qué no respondieron proporcionalmente el
fuego y hubo tantas bajas cuando llevaban vehículos blindados y armamento para
enfrentar a los criminales, respondió como policía, no como militar. Se
siguieron protocolos de uso proporcional de la fuerza, sugirió. Un Ejército que
no responde con todo su poder a una declaración de guerra, es un Ejército que
no se respeta. Un Ejército que no se respeta, no sirve para salvaguardar a la
Nación.
¿Por qué el Gobierno no se ha
dado cuenta de que le declaró el narcotráfico la guerra? Para entender la
magnitud de lo que esto significa hay que analizar cómo respondió a la afrenta.
La reacción oficial fue a través de twitter, por donde el Presidente Enrique
Peña Nieto expresó la postura del Gobierno. “El ataque a elementos del Ejército
Mexicano en Sinaloa no quedará impune”, escribió desde Jerusalén, donde se
encontraba por las exequias de Shimon Peres. “Los responsables de estos hechos
responderán ante la Ley. Mis condolenciaas para los familiares de los
fallecidos y para toda la @SEDENAmx. Deseo pronta recuperación a quienes
resultaron heridos”. Peña Nieto dedicó 41 palabras al ataque, contra 18 que usó
para lamentar la muerte del escritor Luis González de Alba, o 17 para expresar
sus condolencias por la muerte del empresario Guillermo Zambrano. Es decir,
prácticamente lo mismo para unas que para otras muertes.
No era de él la voz que debió
haber salido, sino la del jefe del gabinete, el Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien también respondió en twitter. “Condeno los
cobardes actos contra personal de en Sinaloa. Mi solidaridad con los familiares
de elementos fallecidos y los heridos”, escribió. Las Fuerzas Federales no
descansaremos hasta llevar a los culpables ante la ley. Estos actos no quedarán
impunes”. La Procuradora Arely Gómez, que debió haber dado la cara para hablar
sobre la parte legal -que no es tema del Secretario de Gobernación-, guardó
silencio.
Las condenas de senadores y
diputados de condenas de respaldo a las Fuerzas Armadas, sólo confirmó que
quienes están en la cima del Estado Mexicano, no saben que es el Estado
Mexicano. La pregunta a todos es cuándo y dónde extraviaron al Estado Mexicano.
Valdría la pena que voltearan
a ver el caso colombiano. O cuando menos leer el reportaje que publicó The
Washington Post el 18 de septiembre sobre el Plan Colombia, celebrado en
Washington porque después de 16 años y 10 mil millones de dólares en asistencia
militar y envío de militares y contratistas del Pentágono, lograron frenar el
“baño de sangre” en aquella nación. El Plan Colombia fue resultado de algo que
se está viendo en México, el asesinato de militares, cada vez más vulnerables y
rebasados ante los enemigos del Estado. “En una forma crítica -apuntó el
diario-, la intervención de Estados Unidos dio un giro a la guerra. Le dio una
inyección de confianza a las instituciones colombianas, particularmente a su
Ejército”.
En Washington se congratulan
de esa intervención. En México no se ha llegado al punto que el Pentágono envíe
formalmente oficiales y contratistas de seguridad para combatir el
narcotráfico. No tardará mucho que empiecen sus presiones para que el Gobierno
de Peña Nieto les abra las puertas. La derrota del Ejército ante los cárteles
de las drogas es la victoria de los criminales. La reacción institucional es la
de una clase política que no ve el alcance de sus omisiones. Un Estado
controlado por narcotraficantes no es lo que sueñan en Estados Unidos como
vecino modelo. Pero eso es lo que por ignorancia aquí se está construyendo.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 05/10/2016 | 01:13 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario