miércoles, 5 de octubre de 2016

ROSARITO SE QUEDA CON SANTA ANITA, ENSENADA RECURRIRÁ A LA SCJN


Fotos: Enrique Botello

A dos meses de que concluyan las administraciones municipales, los poblados de Santa Anita y La Misión, con sus dos mil habitantes, quedarán integrados como parte de Playas de Rosarito y no de Ensenada.

La decisión del Congreso causó molestia a los ensenadenses, cuyo gobierno advierte con interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En cuestión de días, el lunes 3 o el martes 4 de octubre, el Congreso de Baja California emitirá el estatuto territorial que reconocerá a Santa Anita como parte del territorio de Playas de Rosarito y no de Ensenada.

Con ello, se ordenará al Ayuntamiento de Ensenada, por medio del Diario Oficial de Baja California, que transfiera y dé posesión al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de las oficinas, archivos y documentos concernientes a los servicios públicos.

También serán notificados el resto de los ayuntamientos, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, tribunales y Procuraduría, así como otras áreas de gobierno, de la resolución territorial a favor de Rosarito.

Así lo decidió la XXI Legislatura con la aprobación del dictamen 137 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Roberto Dávalos, el miércoles 28 de septiembre.

Con 20 votos a favor y solo tres en contra, los de los diputados del PT, Armando Reyes y Julio César Vázquez, y del priista Armando Espinoza, suplente del próximo alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo, se aprobó que los 168 kilómetros cuadrados que comprenden los poblados de Santa Anita y La Misión, tras 21 años en disputa, pertenecen a Rosarito.

El argumento que imperó en la decisión de los legisladores es que históricamente, los límites del quinto municipio llegan hasta el río o arroyo San Miguel.

 Así lo explicó Tomás de la Rosa, síndico de Playas de Rosarito y encargado de integrar el expediente de Santa Anita, con el cual el Ayuntamiento de Rosarito presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que este órgano ordenara al Congreso de Baja California, emitir el estatuto territorial para la entidad.

“El Congreso, al entrar a un análisis de todas las pruebas, tuvo que sujetarse a la parte jurídica-legal que existe como la Ley Orgánica de 1989, cuando todavía éramos parte de Tijuana y como delegación, se nos reconoció el territorio de Santa Anita”, señaló.

El funcionario municipal también citó el decreto 166 de creación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en 1995, cuando Tijuana concedió el territorio que, como delegación, Rosarito poseía para que formara parte de su jurisdicción.

Por último, hizo mención del transitorio sexto de la Ley de Régimen Municipal, en 2001, el cual estableció que los límites territoriales en los municipios se conservarían intactos hasta que el Congreso emitiera el estatuto territorial.  



EN ENSENADA CULPAN A HIRATA

Mientras tanto, sectores defensores de los límites territoriales en Ensenada, culparon al alcalde Gilberto Hirata Chico de lo que consideraron un despojo ordenado desde el gobierno estatal. Apenas en agosto, el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada, representado por Andrés Armenta, denunció que en el Congreso había “desaparecido” un expediente consistente en ocho cajas de documentos que sustentaban la territorialidad en disputa a favor de Ensenada.

Entre las reacciones en aquel entonces, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, Óscar Hernán de la Peña, informó que interpondría denuncias tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado como en los órganos internos del Congreso, pero no lo hizo.

Mientras las declaraciones de descalificación de la decisión han salido de las bocas petistas del diputado Armando Reyes, quien integra esta Legislatura y de la próxima legisladora Claudia Agatón, quien tuvo su oportunidad de resolver el conflicto territorial cuando ocupó una curul, los funcionarios municipales se han mostrado más cautelosos.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal de Hirata Chico anunció que interpondrán una controversia constitucional ante la SCJN por la decisión del Congreso local. Si bien, señalaron que por el momento no cuentan con los elementos jurídicos para poder emitir una opinión respecto a las consideraciones que tomaron en cuenta los legisladores, el boletín de prensa afirma “sí es posible señalar que el Municipio de Playas de Rosarito desistió de la demanda presentada y no contestó la reconvención o contrademanda que por su parte interpuso el Municipio de Ensenada, dejó de oponer excepciones y defensas, y menos aún ofreció pruebas”.  

Rosarito esperará documento para proseguir Si bien, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de su secretario general de Gobierno, Fernando Serrano, vio como “atinada” la decisión del Legislativo, en Rosarito esperarán hasta la notificación oficial para tomar la jurisdicción de los 168 kilómetros cuadrados adicionales para sumar 513 kilómetros cuadrados en total.

Con la próxima notificación y ordenamiento del Congreso, “el municipio de Ensenada tendrá que dejar de ejercer cualquier acción de gobierno dentro de nuestro territorio”, comentó el síndico Tomás de la Rosa. En los dos meses restantes de administración, el Ayuntamiento de Rosarito espera que el subdelegado despache desde una oficina en Santa Anita, y que los alrededor de 2 mil habitantes de este poblado gocen de certidumbre legal. Lo mismo ocurrirá con los conflictos legales, peleas en tribunales por la incertidumbre de a quién pertenece. Una vez con el estatuto territorial y definidos los límites territoriales de los cinco municipios, con eso evitaremos cualquier confusión”, expresó.


(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Juan Carlos Domínguez /Lunes, 3 octubre, 2016 12:00 PM)

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