Genera la impresión de “acuerdos” entre
PRI y PAN…
Luego de las reiteradas promesas de la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que ningún ex funcionario de PAN o
PRI quedará en la impunidad, la nota del contralor general lastima la
conciencia colectiva y a las familias sonorenses hartas del saqueo, la corrupción
y la complicidad oficial…
Hermosillo, Sonora (DP).-
Tras el anuncio del contralor general del Estado, Miguel Ángel Aispuro, sobre
los más de 100 ex funcionarios padrecistas a los que les prescribió el delito,
la indignación generalizada es insoportable porque genera la impresión de
acuerdos políticos entre PRI y PAN.
Luego de las reiteradas
promesas de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que ningún ex
funcionario de PAN o PRI quedará en la impunidad, la nota del contralor general
lastima la conciencia colectiva y a las familias sonorenses hartas del saqueo,
la corrupción y la complicidad oficial.
Aunque la prescripción de
delitos como el de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos,
auditorías incompletas, incumplimiento de deberes de los servidores públicos,
entre otros, es administrativamente, la promesa de que se perseguirán de forma
penal no genera confianza en la sociedad porque igual el tiempo sigue
transcurriendo.
Más de 100 ex funcionarios
del gobierno de Guillermo Padrés Elías desde secretarios, subsecretarios y
directores, se salvaron de enfrentar la justicia y no serán sancionados luego
de prescribir los delitos cometidos, informó el contralor del Estado.
Miguel Ángel Murillo Aispuro
dio a conocer que administrativamente, la Contraloría General del Estado no
podrá sancionar a estos ex servidores públicos en tiempos de Padrés Elías; sin
embargo, harán lo posible para fincarles responsabilidades del orden penal.
Externó que se encuentran
realizando investigaciones exhaustivas a fin de establecer nuevos procesos
ahora penales contra estos malos funcionarios que desviaron recursos en el
gobierno panista denominado Nuevo Sonora.
Dossier Político advirtió
hace días que la fianza de 20 mil pesos otorgada por el Juez de Distrito,
Herminio Armando Domínguez Zúñiga a Francisco Ávila Quiroga, abre el camino a
la total impunidad al ex gobernador Guillermo Padrés Elías y sus funcionarios
acusados del desvío multimillonario.
El juez concedió la libertad
bajo caución al ex coordinador Ejecutivo de Auditoría Fiscal de la Secretaría
de Hacienda en el gobierno de Padrés Elías, por considerar el desvío de mil 700
millones como un “delito menor”, decisión que fue impugnada por la Procuraduría
General de la República (PGR).
Con este hecho, todos y cada
uno de los implicados en el multimillonario desvío de recursos públicos en el
sexenio 2009-2015 quedarán en la impunidad.
El lunes, el delegado de la
PGR en Sonora, Darío Figueroa Navarro, reveló que al ex director de Auditoría
Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías
que fue detenido la semana pasada por “moches fiscales” que superan los mil 700
millones de pesos, no lo dejó en libertad la procuraduría sino el juez.
Figueroa Navarro externó que
al presunto implicado se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y
facultades mismo que no se considera grave, “no es la procuraduría la instancia
que lo liberó”.
Aclaró que “no es un delito
grave, no obstante la procuraduría interpuso un recurso de impugnación en
virtud de que no estamos conforme con la cantidad fijada (de 20 mil pesos),
ahora será decisión del tribunal”.
Cabe señalar que Francisco
Ávila Quiroga fue acusa por presuntamente desviar más de mil 700 millones de
pesos durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías.
El 13 de marzo, Dossier
Político consignó que con la ausencia de Guillermo Padrés Elías, Teresa
Lizárraga, Bernardo Campillo, Carlos Navarro Sugich y Jorge Luis Ibarra
Mendívil, la Contraloría General del Estado reveló la lista de inhabilitados
que encabezan Carlos Villalobos, Alberto Martínez, Mario Cuen, Roberto Romero
parte del daño patrimonial superior a los 6 mil 259 millones de pesos en total
En conferencia de prensa,
Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio a conocer que suman 25 los ex funcionarios
inhabilitados por 10 años y sancionados donde destacan Villalobos Organista por
2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos; a
Alberto Martínez, director general de Control de Fondos y Pagaduría, por
3 mil 029 millones 501 mil pesos y Cuen Aranda, tesorero del Estado por 329 millones
346 mil 473 pesos con 12 centavos.
Murillo Aispuro apuntó que
“los nombres que hoy revelamos corresponden a personas que recibieron una
sanción administrativa por irregularidades detectadas durante su desempeño como
funcionarios, atendiendo a principio de la Ley de las Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora”.
Precisó además que lo
anterior “en correspondencia con el grado de participación en los hechos
imputados, se trata de sanciones de carácter administrativo independientes de
los procesos penales que pudieran derivar con la autoridad judicial”.
El monto del daño al
patrimonio de los sonorenses que acumulan estas 18 personas es por 6 mil 259
millones 140 mil pesos.
1.- Javier Alberto Martínez Verduzco, director general
de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica
por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.
2.- Carlos Manuel Villalobos Organista, tesorero del
Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años;
sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.
3.- Mario César Cuen Aranda, tesorero del Estado.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 329 millones 346 mil 473
pesos con 12 centavos.
4.- Roberto Romero López, secretario del Gobierno del
Ejecutivo del Estado. Inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía
Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos
que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo
trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.
5.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica
por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.
6.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general
de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 14
millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.
7.- Cynthia Zaraith Orozco Atondo, contador interno
del Fideicomiso Puente Colorado. Inhabilitación por 10 años, sanción económica
11 millones 326 mil 304 pesos.
8.- José Germán Valenzuela Aganza, residente de Obra,
Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora.
Inhabilitación por siete años; sanción económica 5 millones 223 mil 208 pesos.
9.- Roberto Molina Acedo, director general de
Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua,
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 millones 318 mil 850 pesos.
10.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 273 mil 731 pesos.
11.- Luis Alberto Sotelo González, director general de
Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 104 mil 433 pesos.
12.- Idolina Salazar Ortiz, administradora del
Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud.
Inhabilitación por tres años; sanción económica por 578 mil 338 pesos.
13.- Jesús Humberto Cuadras Rojo, administrador del
Hospital General de Puerto Peñasco. Inhabilitación por tres años; sanción
económica por 72 mil 775 pesos.
14.- Ramón Eduardo Ruiz Zapata, director general de
Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano. Inhabilitación por tres años; se turnará a la Fiscalía
Anticorrupción.
15.- Martín Romero Méndez, director de Licitaciones y
Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.
16.- Cristian Gerardo Chávez Espinoza, policía estatal
de Seguridad Pública, inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía
Anticorrupción.
17.- Luis Rey Chong Zambrano, servidor público
adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como director del
plantel Escuela Federal 31 de Octubre ubicada en el ejido 31 de Octubre del
municipio de Cajeme, destitución del puesto e inhabilitación por cinco años. No
se aplicó sanción económica porque el servidor público reintegró la cantidad
derivada y comprobó la diferencia restante.
18.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector
general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa. Inhabilitación por tres años.
Recientemente, panistas
sonorenses presentaron ante el presidente de la Comisión Anticorrupción del
Consejo Nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, una denuncia por el desvío de
más de 400 millones de pesos por concepto de cuotas que debieron llegar a las
arcas del PAN Sonora durante el sexenio de Guillermo Padrés.
Dossier Político obtuvo
informes que el pasado viernes 29 de julio, el líder anticorrupción del Partido
Acción Nacional recibió a una comitiva de panistas sonorenses quienes
fundamentaron el presunto desvío de recursos públicos que el Nuevo Sonora
descontó de la nómina a ex funcionarios como aportación “voluntaria” al partido
del 2009 al 2015.
La denuncia presentada ante
Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional del PAN advierte que los 400
millones de pesos descontados a los funcionarios del Nuevo Sonora fueron
captados por la organización IEP Fuerza Sonora.
El documento firmado por
Leonardo Guillén exige “que se deslinden responsabilidades que pudieran
derivarse de las actuaciones de Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos
Organista y Mario César Cuen Aranda, los dos primeros en su carácter de ex
secretarios de Hacienda y el tercero como ex tesorero del gobierno estatal”.
De igual forma se solicita “se investigue a Juan
Valencia Durazo, ex presidente del CDE del PAN quien ejerció su cargo del 13 de
septiembre del 2009 al 12 de septiembre del 2015 en relación a la retención,
transferencia, administración y ejecución de recursos no enterados al PAN
provenientes de descuentos hechos en calidad de cuotas aportadas por ex trabajadores
del gobierno del Estado que militan en el PAN”.
La información proporcionada
a DP señala que también se pide que se deslinden responsabilidades que pudieran
tener Adrián Espinoza Espinoza, Lisette López Godínez y Raúl Herrera Sánchez en
relación a su participación en la constitución, representación y manejo de la
Asociación Civil denominada “IEP Fuerza Sonora A.C:” como la de cualquier otra
Asociación Civil, IAP y/o figura que haya sido utilizada para la administración
y ejercicio de dichos recursos”.
Se aclara a su vez en el
documento que no hay constancia de dichos ingresos.
“En la reunión interna
celebrada el 22 de enero del 2016,
Alejandra López Noriega, actualmente candidata a secretaria general del
PAN con la planilla de David Galván, externó
que consultó con el Comité Ejecutivo Nacional que fueron casi 400
millones de pesos en seis años los desaparecidos y que junto con otros panistas
redactó una carta para presentarla ante el comité anticorrupción en México”,
precisa el informe.
También indicó la existencia
de 50 millones de pesos más que había en una fundación –no menciona cuál- que,
deja entrever, desaparecieron también. Alegó entonces que con esos recursos
pudieron haber generado la base para seguirse sosteniendo en el poder y no el
estrépito político que llevó al PAN a perder la gubernatura.
Leonardo Guillén por su parte
dijo en esa reunión:
“Unos me decían ¿en qué se
gastó?, no sé, porque aquí en las cuentas del partido no está, así me lo
dijeron de manera muy clara y estaremos con toda puntualidad y claridad, aquí
no hay espacio para la simulación”.
La denuncia ante Bravo Mena,
además de exhibir presuntos nuevos actos de corrupción durante el sexenio de
Padrés Elías, revela también la debacle financiera por la que atraviesa el PAN
Sonora y más aún, donde el Instituto Nacional Electoral deberá investigar el
uso indiscriminado de recursos públicos para financiar la elección del 2015 que
por mucho rebasó los llamados “topes de campaña”.
¿Alejandro López Caballero,
Carlos Villalobos Organista o Mario Cuen hicieron entrega de esos 400 millones
de pesos en forma de cuota al entonces presidente del PAN Sonora, Juan Valencia
Durazo?, de lo contrario, ¿qué hicieron con ese recurso y a manos de quién fue
a parar?, son las preguntas de panistas molestos por la situación que orilla al
partido, sin pudor, al peligro de extinción.
(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega
/2016-08-16)
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