Por no dar con el domicilio
de la casa donde vivía la familia de Usiel, el menor que murió tras ser
golpeado, una trabajadora social de la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia dejó de investigar el caso de maltrato infantil reportado por el
Sistema Educativo Estatal (SEE).
El 1 de junio de 2016, la
coordinación del Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del SEE,
envió un oficio a la Procuraduría, perteneciente al Sistema DIF Estatal, para
informar que docentes y personal del kínder Cecilia Grierson, ubicado cerca del
Parque Industrial Pacífico IV en Tijuana, habían detectado un caso de maltrato
infantil.
Una menor de cinco años de
edad, hermana de Usiel Alejandro, quien falleció el viernes 8 de julio por
traumatismo craneoencefálico, mostraba quemaduras en las manos y su madre había
aceptado que la golpeaba a manera de castigo.
La procuradora de Defensa del
Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, explicó en entrevista con ZETA, que
cuando personal del jardín de niños, donde la pequeña cursaba el tercer año de
preescolar, cuestionó a la mamá por las lesiones que presentaba, “la madre dijo
que la niña se portaba mal y la castigaba, le llegaba a pegar y también otra
disciplina que implicaba situaciones de violencia”.
A pesar de que personal del
SEE llenó el reporte de inmediato para que el DIF actuara –organismo
responsable de investigar casos de maltrato infantil – la trabajadora social
asignada al caso, acudió el viernes 3 de junio, dos días después de haber
recibido el reporte, al domicilio referido.
“Tenemos constancia que (la
trabajadora social) refiere que no le fue posible localizar el domicilio que se
asentaba en el documento y por lo tanto, no pudo llevar a cabo la investigación
con éxito”, dijo la funcionaria estatal.
Transcurrieron 25 días hasta
que la empleada de la Procuraduría solicitó información adicional al SEE para
dar con la vivienda de la familia mediante un oficio fechado el 28 de junio.
Dos semanas después, la
fotografía de Usiel aparecía en medios de comunicación, en publicaciones en
redes sociales y volantes para dar con su paradero.
El pequeño de tres años fue
primero reportado como desaparecido por su madre Karely Flores.
Luego se supo que murió en
manos de Rafael Luviano, padrastro del menor y pareja de Karely, con quienes la
familia vivía en la privada San Octavio.
El cadáver fue localizado en
una bolsa de plástico a la orilla del bulevar 2000 la noche del martes 12 de
julio.
Cuestionada sobre la falta de
actuación de la Procuraduría ante un caso de maltrato infantil ya documentado
por la escuela donde estudiaba la pequeña y por qué se dejaron transcurrir 25
días para solicitar información adicional, su titular, Consuelo Luna Pineda
aseguró “estamos llevando a cabo una investigación para saber si hubo alguna
negligencia por parte de nuestro personal en darle la atención debida al caso”.
Detalló que personal de la
Procuraduría inició el levantamiento de actas administrativas para así “dar
vista si se considera que hubo alguna falta por parte del personal en el
seguimiento puntual al caso, a la Controlaría Interna para que lleven a cabo el
procedimiento administrativo que corresponde y en su caso emitan la sanción que
consideren de acuerdo a la gravedad de la falta”.
(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos
/Martes, 19 julio, 2016 05:30 PM)
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