A nivel nacional, la justicia penal dio
un vuelco a partir del 18 de junio de 2016, al implementarse una serie de reformas
que en Mexicali ya estaba vigente desde 2011 y donde incluso habían depurado y
perfeccionado el sistema; hoy deben retomar el inicial. Además, cambios en la
justicia para menores hacen más blandos los castigos, y delitos considerados
graves ya no lo son, como el robo de vehículo y portación de arma
Cuatro días antes de la
entrada en vigor a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal -el
llamado sistema de justicia Adversarial, en marcha en Mexicali desde agosto de
2010-, el Senado de la República aprobó el 14 de junio de este año un paquete
de reformas, entre éstas el Código Penal Federal y el Código Nacional de
Procedimientos Penales. Pero esta también llamada “miscelánea penal” tiene sus
claroscuros, sus puntos a favor y en contra.
Por ejemplo, en el caso de
las Policías Municipales, busca transformarlas en “policías con capacidad para
procesar la escena del hecho probablemente delictivo”, lo cual implica que los
agentes locales realicen el primer trabajo en la escena del crimen, lo que antes
hacían los Servicios Periciales -que dependen de la Procuraduría-.
Por tanto, los agentes
municipales deben contar aparte de la capacitación, con un kit especializado
con reglas, marcadores, químicos, vestuario, cámaras fotográficas y vehículos
especialmente equipados.
En el caso de Mexicali se
calcula la inversión, para satisfacer esa necesidad del nuevo sistema, en cerca
de 106 millones de pesos, de los cuales apenas habrá llegado la mitad, por
parte del Gobierno de la República.
Elias Flores Gallegos, Abogado
“Para nosotros va a significar un retroceso de seis años”, sostiene el director
de Seguridad Publica cachanilla, Alejandro Montreal, en relación al
conocimiento avanzado que tenían los oficiales a su cargo en la tarea de llenar
una docena de formatos relacionados con la escena del crimen, y ahora con la
reforma tendrán que llenar 22 de esos documentos.
Uno de los abogados
especialista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, insiste que
siguen las fallas.
Ejemplifica que con las
modificaciones, la justicia se ha convertido en una “puerta giratoria” para
delincuentes, ya que entran de un lado y, de no cumplirse con todo el
procedimiento, dan la vuelta y salen rápidamente.
En el caso de las reformas a
la Ley Penal para Adolescentes, también modificadas en esas fechas, se
redujeron las penas para los menores infractores, se fijó como tope la
reclusión por cinco años -antes era de diez- lo que posibilitó en Mexicali la
liberación esta semana del joven Adrián, ahora de 21 años, quien en julio de 2011
fue acusado y sentenciado a nueve años de internamiento por el asesinato de un
joven bachiller en el conocido como “Caso Charly”.
De acuerdo con el Juez de
Adolescentes, Álvaro Castilla, de los casi 120 jóvenes internos en el Centro de
Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) en Mexicali, la mitad podrían ser
liberados debido a estas reformas penales.
SEIS AÑOS DE RETRASO
A raíz de las modificaciones,
a las Policías Municipales las caracterizan como “primer respondiente”, lo cual
conlleva contar con policías con Capacidades para Procesar Lugares de
Intervención -así el término-, que implica la profesionalización de los agentes
municipales, expone Alejandro Monreal.
“Nos dan esa facultad y ese
equipamiento para conservar, recolectar, fijar, buscar, localizar los indicios
en un lugar de intervención”, refiere el jefe policíaco, lo que implica que
hayan conseguido mil 900 kits de evidencias para el grueso de los agentes, un
tipo para policías en patrulla y otro para los de tierra.
Antes de la reforma, los
municipales, primeros en llegar a un incidente, únicamente acordonaban la
escena y esperaban la llegada de Servicios Periciales.
“Ahora vamos a tener un papel
más profesional, más activo, vamos subiendo de nivel”, justifica Monreal y
muestra el protocolo donde se define que “al realizar correctamente el
procesamiento de los indicios o elementos probatorios que se encuentren en el
lugar de la intervención, se evita su contaminación, alteración, pérdida o
destrucción, disminuyendo el riesgo de inutilizarlos, lo que se traduciría en
un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos”.
La capacitación que se ha
dado a los agentes trata de que las pruebas estén protegidas para que pueden
utilizarlas en el juicio, “vamos en rumbo de tener una Policía científica
porque ya tenemos esa facultad para procesar”, reflexiona el titular de
Seguridad Pública en Mexicali.
En su opinión, los de
Servicios Periciales se enfocan más a delitos de impacto -homicidio por
ejemplo-, y es más difícil que laboren en delitos menores como robos simples o
domiciliarios.
Fernando Rosales
Montreal
refiere que ya tiene policías capacitados, agentes con licenciatura en
criminalística, preparados, capacitados, cuentan con el kit de apoyo con
banderillas, lámpara, gises, luces y una cámara fotográfica compacta; sólo les
falta el vehículo equipado.
De hecho ya participan 20
elementos en dos vehículos. Para este equipamiento presupuestaron 106 millones
de pesos, de los cuales 40 millones serían para 81 vehículos de transporte
terrestre.
El paso atrás para Monreal,
es que cuando en agosto de 2010 entró el Nuevo Sistema de Justicia Penal en
Mexicali, se aplicaron los 22 formatos, pero al pasar del tiempo y la práctica,
el sistema se depuró y perfeccionó hasta quedar simplificado en 12 actas, pero
ahora que entró en vigor en todo el país, se impusieron los 22 formatos también
para Mexicali. Esto, dice, es un retroceso de seis años para ellos.
El director de Seguridad
Pública no pierde la esperanza:
“No vamos a quitar el dedo
del renglón, vamos a presentar iniciativas para mejorar esa puesta a
disposición, deben escucharnos y ver cómo se avanzó en Mexicali”.
Con el cambio al Nuevo
Sistema se reduce el número de detenidos y puestos a disposición, entre el
aprendizaje, la tardanza y el proceso de llenados de formatos, con ejemplos
como Rosarito, donde a un mes de vigencia llevan cinco detenidos.
“Eso es lo que hay que cuidar
entre las corporaciones, que no se vea reflejada esa disminución”, sentenció
Alejandro Monreal.
CLAROSCUROS
El licenciado Fernando
Rosales, fundador de Abogados Penalistas, considera que de los seis años con el
NSJP, en Mexicali el delito se incrementó, generando más impunidad, al grado de
tener una estadística documentada del robo diario de alrededor de 25 vehículos,
con pocos resultados en la investigación.
Explica que en la capital del
Estado, desde agosto de 2015 está vigente el Código Nacional.
“No puedo concebir que en
este momento algunos jueces estén apenas tomando decisiones del Código
Nacional, cuando aquí tenemos prácticamente un año de vigencia. En Tijuana, la
Zona Costa y el resto del país inició la vigencia por decreto el 18 de junio”.
Rosales ilustra que en
Mexicali se llegaron a tener tres códigos: el Código Vigente tradicional de
1989, el Código Estatal de 2007 y el Código Nacional de 2015, “eso implicaba
que dependía de la fecha en que se cometió el delito, el que se aplicara uno u
otro”.
Amplía: “Esos errores que se
gestan, por falta de responsabilidad, pueden generar errores a la hora de
integrar las carpetas de investigación”.
Alvaro Castillo, Juez de
adolescentes
Ejemplifica con lo que sucede en Sonora, donde el Código Nacional
ha resultado un verdadero problema para la aplicación, debido a la falta de
preparación de las corporaciones policiacas, o el caso de Tijuana, donde se
empezaron a preparar hasta los últimos meses previos a la vigencia.
“Por eso insisto en que hay
un vacío de preparación, donde no se atiende el problema desde antes. Quieren
solucionarlo y empezar a lamentar las cosas cuando ya tienes la vigencia de un
código”, expone el especialista, y resalta otro fenómeno: la falta de
capacitación de algunos abogados -dado lo costoso de algunos cursos-, ya que el
Estado se preocupó por capacitar a los actores, tanto del Poder Judicial como
de la Procuraduría o la Defensoría de Oficio, dejando a un lado a los
defensores particulares.
Del nuevo código, Rosales
subraya la incorporación de figuras procesales, como el caso de la intervención
de las comunicaciones -antes era materia federal- y en otro rubro, los delitos
graves, donde ahora el robo de vehículo quedó excluido, siendo que en el código
de 2007 sí lo era, igual en el de 1989.
Otro ejemplo: la portación de
armas de fuego, lo cual ahora no está catalogado como delito grave y
susceptible de prisión preventiva, y según el especialista, especialmente aquí
en la frontera resultará un elemento muy perjudicial.
Por reformas penales, liberan
a joven homicida de adolescente La madrugada del martes 19 de julio de 2016,
minutos después de cumplir cinco años de internamiento, el joven Adrián Islas
cruzó la reja de salida del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes
(CEMA).
Acusado en julio de 2011 del
asesinato del estudiante de bachillerato
Carlos Oceguera Farías, a quien sus amigos conocían como “Charly”, en ese
entonces el agresor tenía 16 años de edad, igual que Cristina, su novia,
también detenida y acusada de complicidad. Del móvil, argumentaron en aquel
tiempo, fue el sentimiento de celos el que llevó a Islas a cometer el crimen.
En un Juzgado para Adolescentes,
Adrián recibió una medida de internamiento de nueve años, y Cristina -entonces
embarazada-, de cinco años y seis meses.
Ella recuperó su libertad el
15 de junio de 2015, al cumplir las tres quintas partes de su condena y mostrar
buena conducta. Dio a luz en el tiempo
de reclusión. Pero en junio de este año, el Senado de la República aprobó una
nueva Ley Nacional de Adolescentes, la cual -entre varios agregados- incluye la
disminución a las penas máximas, de los nueve años con que se intentaba corregir
a los menores, de entre 18 y 19 años por la comisión de delitos graves, se
redujo a cinco años de internamiento.
Ese precepto abrió la puerta
para que la madrugada del 19 de julio, Adrián, quien es hijo del periodista
Víctor Islas, obtuviera la libertad.
“Es una porquería lo que
hicieron”, considera el profesor Eduardo Oceguera, padre de Charly, el joven
victimado.
Adelanta que no interpondrán
recurso alguno, pero advierte preparará un documento para plasmar su parecer al
respecto.
La libertad de Adrián Islas
se determinó en una audiencia privada que el viernes 15 de julio encabezó el
Juez de Garantías, Gerardo Aceves.
El titular del Juzgado
Especializado en Adolescentes, Álvaro Castilla Gracia, confirmó que el Artículo
Cuarto Transitorio de la nueva Ley Nacional para Adolescentes, prevé que las
personas que ya estén cumpliendo una sentencia podrían solicitar la revisión de
ésta, acogerse al nuevo precepto y salir libres.
“Ésta no es una Ley de
Indulto, ni es una Ley de Amnistía, sino que está previendo un procedimiento
litigioso y contencioso ante un Juez de Ejecución de Medidas”, explicó y
refirió que con la misma reforma, el internamiento máximo para adolescentes
entre los 14 y 16 años, será de 3 años, sea el caso de delitos graves como
homicidios, secuestros.
Castilla acepta que desde el
punto de vista ciudadano se tiene la percepción que las leyes para adolescentes
son cada vez más blandas, pero recalca que una de las partes esenciales de la
Ley es la prevención.
De los 110 jóvenes que en
Mexicali se encuentran en el CEMA, con la aplicación de estas reformas, cerca
de 68 podrían solicitar la revisión y en caso de así decidirlo el juez, quedar
libres.
El profesor Eduardo Oceguera
caracteriza como una “sarta de barbaridades” el contenido de la nueva Ley de
Adolescentes, en su opinión, no tiene nada de análisis y se van a tratados
internacionales -la mayoría de Estados Unidos- de donde copian todo, pero
contradictoriamente, allá no aplican lo que aquí sí hacen.
“Es una porquería y esa
reglamentación la estamos analizando en círculos de estudio con mi familia,
vamos a hacer un comparativo con la anterior, que de por sí ya tenía muchas
deficiencias y ésta, que es una porquería, es la palabra más adecuada”.
Oceguera agregó que una vez
que tenga el proyecto de familia externarán su punto de vista sobre lo que
consideran “todas las atrocidades” que están plasmadas en la nueva Ley.
Niega la posibilidad de
interponer algún recurso, y sostiene:
“Ya; sobre ese fulano
(Adrián) espero jamás saber de él, nada más. Como dijo su papá, que tiene mucho
dinero y que lo va a mandar estudiar al extranjero o fuera de la ciudad, pues
eso me parece correcto…”.
El profesor refiere que
después del incidente de hace cinco años sostuvieron una serie de reuniones con
funcionarios y diputados, buscaban que no disminuyeran las penas por delitos
graves. Al final la reforma para disminuirlas fracasó, no fue aprobada.
De su proyecto, adelanta que
será un documento -asesorado por abogados, familiares y amigos-donde plasme su
inconformidad ante la Suprema Corte y el Congreso de la Unión.
Además de hacer llegar ese
documento a familiares de víctimas que pudieran atravesar una situación
similar, y convocarlos a manifestarse.
“No me parece justo que los
que no tenemos problemas en ese sentido seamos los más perjudicados, y la bola
de asesinos, rateros y demás, salgan casi con Premio Nobel, como es el caso del
asesino de mi hijo…”, puntualiza Oceguera.
Sergio Haro/ZETA Mexicali
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Sergio Haro/
Edición Impresa/ Sergio Haro Cordero Lunes, 25 julio, 2016 12:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario