Es el primer caso en 10 años que se
presenta en la historia de Baja California, donde un ciudadano demanda a un
funcionario público y pide que responda con su patrimonio. La señora Muzquiz
actúa contra el juzgador que la declaró “incapacitada por demencia”
(EDICIÓN IMPRESA) El caso
está radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es un
emplazamiento contra el juez Gustavo
Adolfo Villarespe, titular del Juzgado Segundo Familiar en Tijuana, y fue
interpuesto por Gloria Dávila de Muzquiz para que responda con su patrimonio
por los daños causados por privación de los derechos personales y
patrimoniales. El juicio 332/2014 deriva de un juicio de controversia del orden
familiar radicado en dicho Juzgado. Y es contra el Juez que la declaró
“incapacitada por demencia”.
Cabe recordar que Carlo
Muzquiz, hijo de la denunciante, fue señalado de despojarle de su fortuna por
medio de argucias. Después de llevar el juicio, finalmente hubo una resolución
a favor de la ofendida en julio de 2015, desde esa fecha está en todo su
derecho de recuperar sus bienes, según una sentencia por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
En calidad de abogado que
lleva el caso, Raúl Corona Sesma recordó:
“Como el Tribunal resolvió
que no había justificación para que se hiciera eso (acusar de demencia a la
denunciante), la señora Gloria Dávila de Muzquiz decidió que no debe quedar
impune la actuación del juez, razón por la cual me instituyó para que demandara
al Juez por daños y perjuicios, pues durante un año la inhabilitó, creo que es
el primero en la historia de Baja California”.
Fue el 15 de septiembre de
2015 cuando se presentó la demanda y el 9 de noviembre se radicó; para el
martes 24 del mismo mes, se ordenó emplazar al juez por daños y perjuicios,
quien tendrá nueve días para presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia
y contestar la demanda.
En otras palabras, comentó,
habrá un litigio para determinar si le causó daños y perjuicios a la señora por
haber estado inhabilitada durante un año de la capacidad de reclamar lo que su
hijo le despojó.
— Si se tuvieran que
cuantificar los daños, ¿a cuánto asciende el monto?
“Se tiene que llevar el
proceso; cuando se resuelva y si procede, entonces peritos tendrán que
determinar el monto y él tiene que responder con su patrimonio. Quiero comentar
que esta acción legal la pueden llevar a cabo en todos los casos que un
ciudadano es agraviado por un funcionario público”, acotó.
EL ANTECEDENTE Y LA DEMANDA
El 11 de julio de 2015, el
caso de Gloria Ofelia Dávila Muzquiz tuvo resolución a su favor. La señora está
en todo su derecho de recuperar sus bienes, según estableció el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Habría que recordar que el
juez Gustavo Adolfo Villarespe, titular del Juzgado Segundo Familiar en
Tijuana, despojó de personalidad jurídica a Dávila de Muzquiz por considerarla
“incapaz por demencia”.
En su momento, Raúl Corona
Sesma expuso que ante la determinación del juez que dictaminó que la señora
Gloria no era capaz de valerse por sí misma, se promovió el incidente en
revisión civil 414/2014, lo cual finalmente tuvo frutos.
“Esta sentencia es del Colegiado. Ya no se
puede discutir, ni alegar, ni modificar. Ordenó al Juez de Distrito le ordenara
a Villarespe que cumpliera con la sentencia.
“Villarespe ya cumplió con la
sentencia y dejó sin efecto la tutoría; envió a los jueces y notarios que la
señora Gloria ya pueda firmar como quiera, sin depender de nadie”, indicó en su
momento el legista.
De acuerdo con el consultado,
los magistrados federales establecieron que “sin justificación alguna y sin
pruebas”, a la señora se le quitó la autodeterminación, lo cual fue grave,
fundamento para que ahora Gloria Ofelia Dávila de Muzquiz decida no dejar el
caso en la impunidad, y presentar un juicio de responsabilidad civil contra el
Juez Segundo de lo Familiar en Tijuana.
En la demanda -en poder de
ZETA- se lee:
“Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 714, 715, 716 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, vengo a promover acción
de responsabilidad civil en contra de Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz en
injustificada actuación dentro del expediente número 332/2014, relativo a una
Controversia del orden Familiar donde me privó de mi derecho para disponer
libremente de mi persona y de mi patrimonio”.
Por lo anterior, menciona el
texto, se solicita el pago de los daños causados por Villarespe Muñoz en
ejercicio de sus funciones como Juez Segundo de lo Familiar en Tijuana, al
privarle de sus derechos para disponer libremente de su persona y patrimonio,
todo establecido en el expediente 332/2014, relativo a una controversia del
orden familiar, lo que se debe determinar en una ejecución de sentencia.
“Como consecuencia de la
prestación anterior se demanda el pago de los perjuicios causado a la suscrita
con motivo de los daños a que se refiere la prestación que antecede”.
Aunado a lo anterior, se
requiere el pago de los gastos y costos generados por dicho juicio.
Información obtenida por ZETA
da cuenta que es la primera vez en los últimos diez años que el Tribunal
Superior de Justicia del Estado recibe un juicio de responsabilidad civil en
contra de un funcionario público, donde se pide la restitución de los daños con
su patrimonio.
CONTESTARÁ SEÑALAMIENTOS
Entrevistado por este
Semanario, el titular del Juzgado Segundo Familiar en Tijuana, Gustavo Adolfo
Villarespe, declaró: “La verdad es una cuestión legal que tengo que contestar y
es lo que estoy haciendo. Si me pongo a dar una declaración es seguir el juego
de la persona y prefiero omitirlo. Es cuestión del trabajo de uno y estamos
sujetos a este tipo de incidencias”.
(SEMANARIO ZETA/REPORTAJEZ/ Francisco
Navarro Fausto / Fotos. Francisco Navarro/
30 de Noviembre del 2015 a las 12:05:32)
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