Se
supone que el revés les debió provocar, al menos, un poco de desagrado,
contrariedad, molestia… pero lo que hubo en el Congreso del Estado fue
bailongo, festejo, choque de copas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
echó abajo la fórmula con que esta Legislatura calculó el financiamiento de los
partidos, pero con la salvedad de que podrá usarse en el proceso electoral que
ya está en marcha.
La
fórmula, que beneficia sobremanera al PRI e incrementa el monto total a gastar
—cuando la demanda ciudadana es que se gaste menos— fue cuestionada en diversos
aspectos por los partidos Sinaloense, Nueva Alianza, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena. Ganaron la acción de
inconstitucionalidad, pero perdieron la batalla respecto al proceso de 2016,
clave para las luchas de poder que se dan a partir de que se emite la
convocatoria para la elección constitucional, en la que se elegirán alcaldes,
regidores, diputados y, la cereza del pastel: nuevo gobernador.
Por
eso la fiesta. En realidad muchos de los que participaron en este entramado de
intereses que culminó en el dictamen que fue discutido el 28 de junio pasado,
son parte, abierta o cerradamente, del partido más beneficiado, el PRI. Y se
justifica de los que en el partido laboran, incluso del propio Jesús Enrique
Hernández Chávez, que no está en el Congreso para representar a otros partidos
sino al suyo.
Sin
embargo, fue evidente —y hay en el propio Congreso y en el partido tricolor
mucha gente que lo constató— que en la elaboración del dictamen para aprobar el
financiamiento de los partidos participó Jacinto Pérez Gerardo. Y no hubiera
sido condenable salvo por el pequeño detalle de que, cuando lo hizo, fungía aún
como presidente del Consejo Estatal Electoral.
Jurista
de profesión, había trabajado antes en el Congreso estatal como Secretario
General, de tal forma que si alguien de los que participaron en la elaboración
del dictamen conocía el tema, fue él. Así, Jacinto estuvo en este enjuague como
priista sin ser militante, como congresista sin laborar en el Congreso y como
presidente del Consejo Estatal Electoral sin que fuera legal ni moral.
Otro
personaje que participó activamente en la propuesta que se aprobó el 28 de
junio y que rechazó la Suprema Corte, es Jesús Ricardo Salazar Leyva, jefe del
departamento de proyectos y dictámenes del Congreso, pero al mismo tiempo
presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI.
Se
supone, en estricto apego a la Ley, que los dictámenes deben elaborarse en el
Congreso del Estado, pero éste se diseñó, elaboró y afinó en el PRI. No pasó
por el departamento jurídico de la Legislatura más que para firma sin ver y del
ahí al pleno. El resto lo hizo la aplanadora priista en contubernio con el PAN.
Pero,
aun conocedores del derecho, hicieron las cosas con las pezuñas. Ganaron, sí,
porque la Corte les permitió que la fórmula se aplique en esta elección, pero
el revés queda ahí como uno más de los yerros de un Congreso que se ha esmerado
en acumular pifias de gran calado, aparejado con un ejecutivo no menos torpe.
Por
eso la fiesta en el Congreso el día que la Suprema Corte resolvió. Era medio
bizarro el momento, pero tenía su explicación. En realidad los que diseñaron el
dictamen tenían calculado un resultado así, que le diera al menos la
posibilidad de jugar con esta fórmula en una elección estratégica, la de 2016.
Parte
de la misión se había cumplido. La otra parte le correspondía a Jacinto Pérez
Gerardo, pero ya como presidente del Consejo Estatal Electoral. En sesión extraordinaria
del 27 de agosto, el Consejo aprobó el gasto de los partidos y el presupuesto
de egresos del Instituto Estatal Electoral (INE), dando ambos una cifra total
de 583 millones 192 mil pesos. Más de 207 millones de pesos serían para los
partidos, distribuidos, en su mayor parte, entre el PRI y el PAN.
BOLA Y CADENA
CLARO,
COMO AMOR CON AMOR SE PAGA, en la partida para la operación del Instituto
Estatal Electoral, estaba incluida, por supuesto, la liquidación del presidente
y de seis consejeros, cuantiosa, lucrativa, impune. Solo Jacinto Pérez se llevó
casi medio millón de pesos. Fue legal, eso sí, porque el Congreso había
contemplado esta liquidación en un artículo transitorio al aprobarse, el 30 de
junio, la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Sinaloa, que dice que
a los consejeros debía liquidárseles de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
SENTIDO CONTRARIO
EL
COMAL LE DIJO A LA OLLA… Llama el gobernador Malova a los ayuntamientos a dejar
finanzas sanas y a no dejar obras inconclusas. Los nuevos hospitales, entonces,
serán puestos en marcha antes de que se vaya. Y las finanzas, como por arte de
magia, serán ordenadas, las deudas pagadas, las observaciones aclaradas. Buen
chiste, gobernador, pero el buen juez por su traspatio empieza.
HUMO NEGRO
SI
PARTIMOS DE QUE EL CHAPO se fugó con la complicidad del gobierno mexicano y la
complacencia del gobierno gringo, su búsqueda se antoja ahora como el siniestro
juego del gato con el ratón. La gente se pregunta en la calle ¿si ellos lo
dejaron ir por qué ahora lo andan buscando? ¿Cuál es la explicación? Peligroso
el juego, por cierto: el gato se ha mostrado más bien torpe y el ratón puede
ser más infecto de lo que parece.
(RIODOCE/ Columna “Altares y Sótanos” de Ismael
Bojórquez/ 25 octubre, 2015)
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