El
estado del Pacífico está marcado por los tentáculos de la narcopolítica, el
atentado en contra de un exgobernador, la disputa de los cárteles de la droga
por Manzanillo y ahora la anulación de la elección por la gubernatura
El
nuevo proceso electoral de Colima deberá ser organizado por el Instituto
Nacional Electoral (INE)
No
hay quizá en México un estado donde se reflejen más los tentáculos de la
narcopolítica como Colima, el pequeño estado del Pacífico mexicano.
En
dos semanas ocurrió lo impensable en esta entidad: un atentado contra un
exgobernador, la anulación de la elección por la gubernatura y el embate del
huracán más poderoso en la historia del país.
Colima
sobrevivió al paso de “Patricia”, que dejó solo daños en infraestructura y
viviendas, pero probablemente no tenga la misma suerte en la disputa que existe
por el poder político y la guerra que libran los cárteles de la droga por el
puerto de Manzanillo.
Estos
“huracanes” de Colima son más devastadores que los naturales.
Esta
semana concluye su sexenio el gobernador priista Mario Anguiano, que deja un
estado inmerso en una crisis por la violencia y la inestabilidad política.
Anguiano
tendrá que cargar con los dos ataques que sufrieron durante su gobierno dos ex gobernadores.
Uno, Silverio Cavazos, quien fue
acribillado hace cinco años. Y hace dos semanas Fernando Moreno Peña sobrevivió
a un ataque a balazos.
En
este contexto violento se anunció la semana pasada otro ciclón: la decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección
por la gubernatura de Colima por la intervención del gobierno del estado a
favor del candidato priista Ignacio Peralta, que había ganado por menos de mil
votos la contienda al senador del PAN, Jorge Luis Preciado.
La
anulación de la elección de Colima despierta sospechas por una posible
concertacesión del gobierno federal con el PAN, acuerdos como los que hubo
durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
En
el salinato se negoció con el PAN la gubernatura de Baja California, a favor
del panista Ernesto Ruffo Appel, y otras elecciones como la Alcaldía de
Monterrey para el primer alcalde albiazul.
No
hay duda que Colima enfrenta sus propios huracanes, más temibles, más
devastadores que incluso “Patricia”.
Diez
días antes de que tomara posesión como nuevo gobernador de Colima, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la
elección y quitarle el triunfo al priista José Ignacio Peralta.
La
anulación en Colima llega en un momento políticamente complicado. La cercanía
de la elección de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y una baja en la credibilidad de las instituciones, han llevado a
algunos sectores a denunciar que se trata de una negociación entre el PAN y el
PRI para obtener beneficios mutuos.
Es
la tercera vez que el máximo tribunal electoral del país decide anular una
elección a gobernador. En todas, el común denominador ha sido la intervención
del gobierno estatal.
La
primera vez ocurrió en el año 2000, cuando el Tribunal anuló la elección a
gobernador de Tabasco por la intervención del priista Roberto Madrazo, entonces
mandatario de la entidad.
Ocurrió
después en el 2003, también en Colima, donde se comprobó la intervención del
priista Fernando Moreno Peña, entonces gobernador -quien fue herido por un
ataque a balazos el 12 de octubre pasado en la capital estatal-.
Ahora,
el TEPJF comprobó la intervención del gobernador priista Mario Anguiano.
El
Congreso local deberá nombrar a un gobernador interino, que tome protesta este
1 de noviembre, y convocar a nuevas elecciones.
Otra
vez, los ciudadanos de Colima vivirán la campaña política y acudirán a las
urnas para elegir a su nuevo gobernador. Esta vez, idealmente, sin la
intervención de ninguna autoridad para coaccionar el voto.
José
Ignacio Peralta negó que haya habido intervención del gobernador y afirmó que
los votos los obtuvo limpiamente.
Jorge
Luis Preciado, senador y candidato del PAN a la gubernatura, afirmó que no sabe
si volverá a ser el abanderado de su partido porque eso lo decidirán los
panistas en los próximos meses.
Preciado
fue declarado perdedor por apenas 503 votos.
LA ELECCIÓN MÁS CONTADA
Luego
de las elecciones del 7 de junio pasado, la de Colima fue la única que se
complicó.
El
Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) llevó a cabo el procedimiento
del conteo voto por voto y, ocurrió algo que levantó la sospecha de los
panistas.
El
11 de junio, cuando se dio a conocer el cómputo final de la elección, la
consejera presidenta del IEE, Felicitas Alejandra Valladares, dio el triunfo al
panista Jorge Luis Preciado. Sin embargo, minutos más tarde, anunció que no se
le había proporcionado el resultado de una casilla en Manzanillo y la tendencia
era favorable a José Ignacio Peralta.
La
diferencia entre ambos candidatos era de 547 votos.
Vino
entonces el recuento del voto por voto. Una vez que éste terminó, la diferencia
de votos se redujo a 503, con ventaja para el priista.
El
PAN comenzó la batalla legal para defender el triunfo.
La
defensa recayó en Javier Jiménez Corzo, representante del PAN ante el IEE, y en
Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del PAN.
Se
presentaron casi 500 pruebas ante el TEPJF sobre irregularidades en el proceso
de elección. Como que 16 personas ya fallecidas habían emitido su voto.
Se
demostró también que 100 personas que viven en el extranjero, supuestamente
votaron. Los propios familiares de estas personas dieron fe, ante Notario
Público, de que estaban fuera del país ese día.
Esas
pruebas, sin embargo, fueron desechadas por el TEPJF; incluso, acusaron al PAN
de hacer mal uso del padrón electoral para presentarlas.
Dentro
del cúmulo de pruebas, los panistas presentaron también una grabación donde se
escucha al secretario de Desarrollo Social estatal, Rigoberto Salazar,
coaccionando a una persona para que dé su apoyo a Ignacio Peralta.
Es
una ley no escrita en política: gobernador deja a gobernador; presidente deja
presidente. Esa es su responsabilidad. Y si tú estás aquí por Mario (Anguiano),
debes apoyar a Mario para que deje un gobernador priista”, se escucha a Salazar
en la grabación.
A
pesar de esta prueba, el anteproyecto del magistrado Manuel González Oropeza,
del TEPJF, consideraba hasta unas horas antes de la resolución, mantener el
triunfo de Peralta.
Sin
embargo, antes de las 5:00 horas de ese miércoles, el PAN ingresó al TEPJF su
última carta: una grabación proporcionada por la diputada local panista Julia
Licet Jiménez.
En
dicha grabación se escucha a Rigoberto Salazar reconocer que es su voz la de la
grabación anterior. La declaración fue hecha el martes 20 de octubre, en su
comparecencia ante el Congreso local.
Tomando
como prueba las grabaciones entregadas por los panistas, González Oropeza
decidió que sí se comprobaba la intervención del gobernador Mario Anguiano, por
lo que modificó totalmente su proyecto de sentencia, anulando la elección.
En
un tribunal incompleto, con seis de siete magistrados –pues no se ha nombrado
al sustituto de Alejandro Luna Ramos-, el TEPJF avaló la anulación.
LA DEFENSA EN DOS FRENTES
El
PRI y el PAN llevaron el juicio en dos frentes: por un lado, la batalla
jurídica ante el Tribunal; por otro, la lucha política ante la ciudadanía.
Casi
de inmediato, el PAN convocó a ciudadanos de Colima a marchas y mítines para
defender lo que consideraba un triunfo robado.
El
PRI, por su parte, mantuvo su posición de triunfo en todo momento. Incluso, a
pocos días de las elecciones, Peralta afirmó que las de Colima habían sido “las
elecciones más transparentes de todo México”.
El
PAN nombró a Javier Jiménez Corzo -un abogado panista que fue representante del
PAN ante el IEE-, como responsable del proceso legal.
En
el PRI, fue nombrado Rogelio Rueda Sánchez, un político priista que ha sido
legislador y parte de la estructura de gobierno.
Tanto
el PRI como el PAN atravesaron por los procesos internos para renovar sus
dirigencias nacionales.
Sin
embargo, el proceso pegó más fuerte en el tricolor.
Al
llegar Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del Revolucionario
Institucional, lo acompañó un nuevo equipo en todas las áreas. Tardó varias
semanas a nombrar a los encargados de sus nuevas carteras.
Algunos
priistas consideran que esto determinó en la forma en que el tricolor llevó la
defensa de su triunfo en Colima.
José
Ignacio Peralta y los priistas colimenses, se quedaron solos en su defensa y en
el cabildeo ante el Tribunal.
Esto
empeoró con el hecho de que Peralta es un hombre cercano al Gobierno federal
–es amigo de Luis Videgaray-, alejado de Mario Anguiano, el actual gobernador.
En
el PAN, en cambio, la transición fue más suave y la defensa fue sostenida. El
hecho de que Ricardo Anaya, cercano a Gustavo Madero, ganara la elección,
garantizó que la defensa siguiera su curso.
Además
de que, para Anaya, la defensa de Colima fue una bandera desde el momento que
tomó posesión como presidente nacional del PAN.
LA SOSPECHA
La
anulación de la elección en Colima despertó sospechas sobre el motivo del
cambio de parecer del TEPJF.
Hay
quienes aseguran que la anulación es para abrir el paso a una negociación rumbo
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La
negociación sería a favor del PAN para lograr, a cambio, un voto favorable para
los candidatos que proponga el presidente Enrique Peña Nieto hacia la SCJN, en
especial para favorecer a Raúl Cervantes o a María del Carmen Alanís Figueroa.
También
se dice que el acuerdo podría ir en otro sentido: desde impulsar reformas hasta
sacar adelante un pacto para impedir que se investiguen actos de corrupción.
A
esa conclusión llegó, incluso, Andrés Manuel López Obrador, quien denunció que
el acuerdo puede ser hasta por un voto a favor de la reforma de aguas o hasta
una alianza rumbo al 2018.
“Esto
fue un acuerdo de cúpulas; se reunieron (PRI y PAN) con Peña Nieto y con Osorio
Chong. Hay que ver a cambio de qué. Hay que ver qué van a dar a cambio de esta
anulación”, expresó López Obrador.
Los
magistrados del TEPJF que votaron a favor de la anulación no utilizaron
argumentos políticos en su posición, sino posturas legales para establecer por
qué sí quedaba comprobada la intervención del gobernador Anguiano.
Ricardo
Anaya, líder del PAN, negó que se negociara con un tema tan sensible como es la
voluntad de los colimenses sobre quién los gobernará.
“La
ley y la voluntad de los ciudadanos no se negocia; en el caso de Colima solo
pedimos justicia para que se respetara el voto”, señaló Anaya.
Manlio
Fabio Beltrones, dirigente del PRI, reconoció que fueron las acciones de
Rigoberto Salazar las que hicieron que les fuera quitado ese triunfo.
“En
Colima hubo un candidato triunfador y ese fue Ignacio Peralta, el candidato del
PRI, lo hicimos con mayoría de votos, como debe ser una elección democrática.
“Lamentablemente
el Tribunal tuvo consideraciones de otro tipo por la intervención de un funcionario
público del gobierno de Colima que echó a perder esa elección”.
A
pesar de las faltas de Salazar y la presunta injerencia del gobernador Mario
Anguiano, no podrá haber sanciones en su contra porque no se ha reglamentado el
artículo 134 de la Constitución Política, que refiere a la intervención de las
autoridades y funcionarios en procesos electorales.
LO QUE SIGUE
El
fallo del TEPJF indica que el Congreso de Colima debe nombrar un gobernador
interino, que tome protesta el próximo 1 de noviembre, y convocar a elecciones
extraordinarias.
De
acuerdo con la Constitución Política del Estado de Colima, el Congreso nombrará
un gobernador interino de una terna que presentará el partido del gobernante a
sustituir, el PRI.
Para
ser electo el gobernador interino, se requerirá solo del voto de la mayoría de
los diputados presentes.
A
partir de que se nombre al gobernador interino, el Congreso tendrá un plazo de
10 días para expedir la convocatoria para la elección extraordinaria.
Esta
elección deberá realizarse en un plazo máximo de un mes, a partir de la emisión
de la convocatoria.
Martha
Leticia Sosa Govea, diputada local del PAN y presidenta del Congreso de Colima,
anunció que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria.
Los
partidos deberán emitir sus convocatorias para la elección de los candidatos.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal, ni Peralta ni Preciado están
impedidos para volver a participar.
La
resolución del máximo tribunal electoral establece también que se debe dar
vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que
investigue si hubo un mal uso del padrón electoral por parte del PAN.
(REPORTE
INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2015)
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