EL SHOW DEL CHAPO

Como suele suceder en México, cada vez con más frecuencia en crímenes donde están involucrados funcionarios de muy alto nivel o un conjunto de instituciones coludidas, el gobierno federal siempre encuentra la forma de crear un distractor para desviar la atención de lo que es fondo y no solo la forma.

En las últimas dos semanas la atención pública se ha centrado en la supuesta cacería de Joaquín Guzmán Loera, cuya búsqueda inició hace más de ese tiempo y de manera más o menos sigilosa. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le convino filtrar la información del operativo y convertir la cacería fracasada en un show, justo cuando en la Cámara de Senadores surgieron voces que exigían juicios políticos a funcionarios como el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz, por haber ocultado la existencia del video con audio de la fuga y haber dicho que no ocurría nada inusual en la celda del capo, por haber mentido sobre el tiempo en que realmente se emitió el código rojo y por haber mentido en las horas que realmente inició la búsqueda del líder del Cártel de Sinaloa.

Personas cercanas a la investigación que lleva a cabo la PGR refieren que por lo menos desde fines de agosto pasado en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), hay más de 20 personas detenidas supuestamente vinculadas en la fuga del Chapo, gente cercana. Para administrar la crisis de las exigencias del Senado y la filtración del video con audio de la fuga a través de Televisa y el fracaso de la recaptura, el 22 de octubre pasado la PGR optó por dar a conocer que habían detenido a seis cómplices “clave” de la fuga: dos pilotos, un cuñado, a su abogado, a personas vinculadas a la compra del terreno en donde se construyó el túnel por el que presuntamente escapó. Aun la PGR no dice nada de los otros detenidos bajo arraigo, entre ellos otro cuñado de Guzmán Loera, otro de los abogados que lo visitaba constantemente, y algunos otros personajes. Soltará las cartas según le acomode.

Con un dejo de drama, la Procuradora Areli Gómez afirmó el 22 de octubre: “Guzmán logró escapar de la prisión pero ni él ni quienes lo ayudaron escaparán de la justicia”. Bueno no es por contradecir a la titular de la PGR, pero de hecho los principales responsables de la fuga de Guzmán Loera siguen libres y despachando en sus oficinas en la Secretaría de Gobernación, en la Policía Federal, o en sus lugares de retiro, luego de haber sido despedidos sin ser sujetos a la acción penal.

La realidad es que las personas ya consignadas, y las otras que en estas horas lo están siendo, que trabajan para Guzmán Loera y lo ayudaron externamente, tienen un rol mínimo en comparación con todos los funcionarios públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto que fueron los verdaderos artífices de la fuga e hicieron la parte más delicada: dejarlo manejar las cosas como quiso en el penal mientras estuvo preso, planear sin obstrucción su ‘fuga’, dejarlo cavar semejante túnel pese a los cordones de seguridad del Ejército Mexicano y la Policía Federal, dejarlo trasladarse durante horas sin mayores contratiempos, e incluso aún ahora darle pitazos para que los supuestos grandes operativos fracasen. El boleto de salida de Guzmán Loera no vino de su grupo, vino del gobierno.

Cuando Guzmán Loera salió de Puente Grande en 2001, ocurrió exactamente lo mismo. La misma película que estamos viendo hoy pasó entonces, incluso algunos de los actores secundarios irrisoriamente son los mismos, como el empresario Miguel Ángel Trillo.  Buscando su nombre en google me encontré una nota que bien podría ser de esta semana “Detiene PGR a Trillo Hernández, protector de El Chapo”. La nota era de diciembre de 2001, lo detuvieron por proporcionarle casas y refugio a Guzmán Loera tras su escape.  Como suele suceder, la PGR nunca dijo cuándo y cómo lo liberó, pero es uno de los capturados por este gobierno por la mismas razones que en 2001.

En aquel entonces, como ahora, la administración de Vicente Fox nunca detuvo a los verdaderos responsables de sacar a Guzmán Loera de Puente Grande, al contrario les dieron más cargos y poder y siguieron al servicio del capo, haciendo su poder más fuerte.

En una conversación con José Alberto de la Cruz, abogado de 11 policías federales encarcelados por su presunta responsabilidad en la fuga de Guzmán Loera, me dio mucha información de todo lo que la PGR sigue ocultando. Me explicó que desde el Centro de Control donde los federales monitoreaban a Guzmán Loera y al resto de los internos, enviaban instantáneamente a las oficinas centrales de la PF en Constituyentes, todas las tarjetas de incidencias en cuanto las escribían. Es decir, informes de todas las cosas irregulares que veían. A lo largo del año y cinco meses que el Chapo Guzmán estuvo en prisión escribieron varias tarjetas.

En varias de esas tarjetas reportando que los sensores geofísicos no funcionaban, que algunas cámaras no operaban adecuadamente, de los muy extraños trabajos de impermeabilización que se hicieron en época de lluvias en el área de Tratamientos Especiales y cambio de azulejos justo dos meses antes de la salida del capo de Sinaloa, cuando las visitas de sus abogados con él duraban más de los 45 minutos reglamentarios, lo cual era muy frecuente, según informan fuentes del penal, etcétera.  Las tarjetas las mandaron Mauricio Enríquez Flores, director del Centro de Monitoreo Técnico, quien despachaba en las oficinas centrales de Constituyentes y, en la cadena de mando, llegaban a Ramón Pequeño, jefe de la  División de Inteligencia de la PF, quien fue cesado días después de la ‘fuga’ del líder del Cártel de Sinaloa.

También me explicó que tenían acceso al video con audio de la celda de Guzmán Loera no sólo los agentes del CISEN que estaban en el penal, en las oficinas del Director General del Penal, Valentín Cárdenas, y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN y las oficinas de Ramón Pequeño.

Mientras la PGR busca a Guzmán Loera con datos tardíos, no ha llamado a declarar ni a Enríquez ni a Pequeño, ni al coordinador de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) Gerardo García Benavente, jefe de los ocho elementos del CISEN asignados única y exclusivamente para vigilar al Chapo. Tampoco a Enrique Galindo, titular de la PF, ni a Eugenio Imaz, titular del CISEN, ni al subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda.

Fuentes cercanas a lo que pasa dentro de las filas del Cártel de Sinaloa, señalan que algunos están molestos porque el “show” ha afectado a personas que viven en las rancherías y poblados bajo el control de la organización criminal. Al parecer tampoco les parece entretenido hayan cateado casas de sus familiares a sabiendas que Guzmán Loera no estaba ahí. Así que señalan que en los próximos días podría haber sorpresas sobre quiénes realmente lo dejaron ir, ¿Será?

(RIODOCE/ ANABEL HERNÁNDEZ/ 25 OCTUBRE, 2015)