LA LEY DE LA SIERRA

El Rosario.-De manera casi sigilosa y clandestina, unas ocho familias han abandonado en las últimas semanas su lugar de origen para emprender la aventura de empezar de cero en cualquier lugar del sur de Sinaloa.

No es para menos. Las células delictivas que se desplazan en la sierra rosarense no dan tregua. Y la misma condición viven los pobladores “de Santa María pa´rriba”, mientras que por el lado de Cacalotán, tierra caliente por donde ha corrido sangre, el accidentado ingreso a la sierra también está controlado.

Los retenes permanentes que instalan, por “ley” propia el grupo de civiles, no han hecho eco en las autoridades, que no se dan por enteradas y desestiman su existencia.

Don José “N” —así prefiere ser mencionado antes de revelar su identidad— se dice desesperado. Bajó de la sierra y ya no puede regresar, allá dejó a su familia compuesta por lo menos por 10 personas, y pide el apoyo del Ejército y de la Marina para ofrecerles  un lugar seguro en cualquier parte del sur de la entidad.

Las familias que han dejado sus pueblos buscan un lugar lejos de El Jumate, Palos Blancos y Sitio de Picachos, así como Matatán, Santa María, Perleros y Plomosas.

Ahí no hay tranquilidad, dicen, los grupos armados son constantes, van y vienen con semilla, materia prima, insumos y pasan largas temporadas resguardando celosamente su guarida, hasta que llega el tiempo de la cosecha.

Nadie se mete con ellos, ni los cuestionan, pero la convivencia se vuelve cada vez más peligrosa e insostenible.

Hacer una llamada telefónica desde el único servicio comunitario que hay en el pueblo es imposible, relatan algunos desplazados que han logrado salir, “uno siempre tiene a alguien por un lado escuchando lo que dice, han de pensar que los vamos a delatar”.

Las llamadas se limitan a asuntos familiares urgentes. No más.

Si las autoridades federales “se animan” a subir, saben que habrá por lo menos cuatro familias que pedirán lo mismo: ayuda para abandonar el pueblo.

Algunas versiones relacionan a los grupos armados de la sierra con los que colocan retenes en las carreteras estatales que llevan a las sindicaturas y principales comisarías de El Rosario.

La intención, dicen, es verificar quién entra y quién sale, no importa edad, sexo, condición social ni económica, pues no permiten que se filtre nadie de grupos ajenos a su territorio.

Pero esos filtros no han tenido buen fin. Las dos balaceras, una el 26 de agosto y otra el 15 de octubre, con nueve y dos muerto respectivamente, dan cuenta de ello.

Los reportes oficiales no registran los “levantones”, esos de los que nadie en el pueblo de Cacalotán quiere hablar, pues después de la balacera dos hombres fueron privados de su libertad ante la mirada atónita de los vecinos.

Habían pasado apenas dos días del segundo enfrentamiento, cuando alrededor de las 11 de la noche corrió como reguero de pólvora, “entraron camionetas como de las ganaderas con sicarios vestidos de pintos”.

Cinco días después, a este clima se le sumó la colocación de mantas en la ciudad. La consigna era la misma que la que exigían en las que fueron colgadas en el centro y norte de Sinaloa: cese a los abusos de la Marina hacia los niños y mujeres, al saqueo de casas y violación constante a los derechos humanos.

La Marina mantiene sus rondines en este municipio, que a lo largo del año ha registrado balaceras, muertes, secuestros y es calificada de bajo perfil, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno ofrezcan el resguardo y seguridad que les fue encomendada.

(RIODOCE/ REDACCION/ 25 octubre, 2015)